Patricia Pasaye Contreras
Expediente 1144/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 28 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1144/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 28/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Patricia Pasaye Contreras
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiocho de diciembre de dos mil veintidós. Causa ejecutoria. De la certificación de cuenta se desprende que, a la fecha, transcurrió el plazo legal de que disponía la parte quejosa, a fin de recurrir la sentencia definitiva dictada en el presente, en la que se sobreseyó en el juicio, sin que lo hubiere hecho; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2º de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. Archivo. Se ordena el archivo definitivo de este cuaderno, para lo cual, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN. Entonces, una vez que transcurran tres años contados a partir de que surta efectos la notificación de este acuerdo, hágase lo conducente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veintiocho de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación. Incidente de suspensión. Sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento, virtud a que no se tramitó incidente de suspensión. Precisión. Sin que en el caso sea necesario realizar el cómputo relativo a la presentación del recurso por lo que ve a la autoridad responsable, pues como se advierte de los párrafos que preceden, se decretó el sobreseimiento en el juicio en que se actúa; por tanto, no le depara perjuicio alguno a ésta. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la persona secretaria Angélica Estefanía Aponte Ayala.
- Principal
VISTOS, los autos para resolver, el juicio de amparo indirecto 1144/2022, promovido por Patricia Pasaye Contreras, por alegada violación del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuida al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán; este órgano jurisdiccional ha decidido: SOBRESEER EN EL JUICIO DE AMPARO. Lo anterior al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES: PRIMERO. Precisión de la norma general, acto u omisión reclamados. En atención a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la omisión reclamada consiste en: La omisión de acordar la promoción presentada el dos de agosto de dos mil veintiuno, en la que se solicitó proveer respecto de la reinstalación ofrecida por la actora, dentro del expediente ordinario 171/2016. SEGUNDO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, es competente para resolver el presente asunto, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 35 de la Ley de Amparo, en relación con los puntos primero, fracción XI y cuarto, fracción XI, párrafo segundo, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; toda vez que la omisión reclamada se atribuye a una autoridad residente dentro del territorio en el que este órgano ejerce jurisdicción. TERCERO. Existencia de la norma, acto u omisión reclamados. La autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, al rendir su informe con justificación negó la existencia de la omisión que se le atribuye; sin embargo, dicha negativa se ve desvirtuada con base en las constancias exhibidas y manifestaciones formuladas por la propia autoridad, ya que se advierte que en la fecha de presentación de la demanda de amparo, la responsable no se había pronunciado en torno al citado escrito presentado por la parte quejosa. Lo anterior se corrobora con las constancias certificadas que exhibió la autoridad laboral, relativas al expediente 171/2016, las cuales adquieren valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Causa de improcedencia. No obstante la certeza del acto reclamado, no se estudiará el fondo del asunto, en virtud de que en el caso opera la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, En efecto, de la interpretación que se realiza de la fracción citada, se deriva la existencia de dos hipótesis de cesación de efectos: Cuando los efectos del acto reclamado desaparezcan o se destruyan inmediata, total, incondicional y materialmente; supuesto en el que, con tal destrucción, el gobernado es restituido en el pleno goce de sus prerrogativas, sin dejar huella alguna en su esfera jurídica (revocación). Cuando se da la sustitución de actos procesales; es decir, el segundo acto sustituye al primero e incide sobre su vigencia y ejecutividad (sustitución). De dicho precepto legal se obtiene que el juicio de amparo resulte improcedente cuando el acto reclamado deja de incidir en la esfera jurídica de la parte quejosa, de modo que ya no puede producir efecto alguno. Ahora, a efecto de justificar la actualización de la causal invocada, es pertinente fijar su alcance, para lo cual conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad o la abstención de llevar a cabo actuaciones en los términos y condiciones que marca la ley, generan el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, o crean inseguridad jurídica a las partes y las deja en estado de indefensión. Esto lleva aparejado determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica de la quejosa y que la legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo o la obligación de la autoridad de actuar conforme a las normas legales, por estimar que el acto o la omisión son violatorios de los derechos fundamentales o sus garantías. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos y garantías que un determinado acto u omisión de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acude a él, con el fin de restituirlo en el goce de las prerrogativas que le han sido violadas, el legislador ordinario ha establecido diversos requisitos de procedencia del juicio constitucional, los que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica de quien obtenga la protección constitucional. Entre dichos requisitos que genera la improcedencia del juicio constitucional (aludidos por la Primera Sala de nuestro Alto Tribunal en sentido positivo) se encuentra la cesación de los efectos del acto reclamado; causal respecto de la que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para su actualización es necesario que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado y, además, que se destruyan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiese otorgado el amparo o como si el acto nunca hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola interrumpido, la cesación no deje huella alguna. Lo anterior encuentra sustento en el criterio jurisprudencial 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso, la autoridad responsable subsanó la omisión que se le reclama - acordar la promoción presentada el dos de agosto de dos mil veintiuno, en la que se le solicitó proveer respecto de la reinstalación ofrecida por la actora, dentro del expediente ordinario 171/2016-, ya que el siete de noviembre de dos mil veintidós, emitió un acuerdo en el que, entre otras cosas, ordenó dar vista a la trabajadora actora ******************** para que dentro del término de tres días hábiles manifestara si acepta o no la reinstalación, determinación que le fue notificada el diecisiete del mismo mes y año; es decir, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, se atendió la promoción presentada por la quejosa y se dio continuidad al juicio laboral. Entonces, se actualiza el supuesto de cesación de los actos reclamados, por haberse restituido a la parte quejosa en el goce de sus derechos vulnerados, como si no hubieran existido. Ante ello, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 61, fracción XXI, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 9/982 , de la Segunda Sala del Alto Tribunal Constitucional, que establece: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Con relación al pedimento formulado por la Ministerio Público, el mismo constituye sólo una manifestación u opinión de una de las partes del juicio sujeta a la apreciación que del acto reclamado se haga en la presente ejecutoria. Por compartirse se cita en lo sustancial la tesis I.1o.T.5 K, de rubro y texto siguientes: "MINISTERIO PUBLICO. SU PEDIMENTO NO OBLIGA EN EL JUICIO DE AMPARO. El juzgador constitucional no está obligado en la sentencia que pronuncia, a acoger el sentido del pedimento del Ministerio Público, toda vez que conforme al artículo 5o. de la Ley de Amparo, la representación social es parte en el juicio de garantías, por lo que tal pedimento constituye sólo una manifestación sujeta a la apreciación que del acto reclamado se haga en la propia sentencia, como lo establece el artículo 78 de la misma Ley Reglamentaria." Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. SE SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMPARO solicitado por ******************** por los motivos expuestos en los considerando cuarto de la presente sentencia. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la persona secretaria Bernardo Loya Valdovinos.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintidós de noviembre de dos mil veintidós. Autoridad remite constancias. Visto lo de cuenta, téngase a la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, remitiendo copia certificada de la constancia de notificación practicada a la quejosa Patricia Pasaye Contreras, relativa al acuerdo dictado el siete de noviembre de dos mil veintidós, dentro del juicio laboral 171/2016, de su índice, en cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de once de noviembre del año en curso. Por tanto, de conformidad con el ordinal 119 de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad responsable ofertando como prueba la documental de referencia, con la cual se ordena dar vista a las partes. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la persona secretaria Bernardo Loya Valdovinos.
- Principal
Morelia, Michoacán, quince de noviembre de dos mil veintidós. 1. Estado de autos. Visto el que guardan los autos, así como la certificación de cuenta, de la que se obtiene que el oficio 33004/2022, derivado del proveído de once de noviembre pasado, por medio del cual se requiere a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, para que remita a este órgano jurisdiccional la constancia de notificación practicada a la trabajadora actora -aquí quejosa- Patricia Pasaye Contreras, relativa al acuerdo dictado el siete de noviembre de dos mil veintidós dentro del juicio laboral 171/2016, en el que refirió haber dado contestación a la petición formulada por la citada impetrante mediante escrito presentado el dos de agosto de dos mil veintiuno, está enrutado el día de hoy para ser entregado a su destinatario. 2. Diferimiento constitucional. Por tanto, para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y, en su lugar, se fijan las DOCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su verificativo. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la persona secretaria Miguel Ángel Ramírez Argüello.
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