Patricia Herrera Gutiérrez
Expediente 368/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 28 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 368/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 28
- Última actuación
- 03/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Patricia Herrera Gutiérrez
- Dirección de Prestaciones, de la Subdirección de Jubilados y Pensionados, de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán, ciudad
Actuaciones
Las 4 más recientes de 28.
- Principal
Morelia, Michoacán, tres de octubre de dos mil veintidós. 1. Efectos del fallo protector. De autos se desprende que mediante sentencia de seis de septiembre de dos mil veintiuno, se concedió a Patricia Herrera Gutiérrez, el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que las autoridades responsables, realizara lo siguiente: "1. Se deberá desincorporar de la esfera jurídica de la quejosa Patricia Herrera Gutiérrez, el artículo quinto transitorio del Decreto Legislativo 542, en sus versiones que fueron publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán el veinticinco de agosto de dos mil quince; así como su modificación mediante diverso decreto 638, publicado el cinco de octubre de dos mil dieciocho. 2. Deberán respetar el derecho adquirido que la quejosa posee, en términos del texto original aprobado por el Congreso del Estado mediante sesión extraordinaria de once de agosto de dos mil quince. 3. El Director de Prestaciones y Subdirectora de Jubilados y Pensionados de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán, en el ámbito de sus atribuciones, deberán dejar insubsistente el oficio 101/2021, de seis de abril de dos mil veintiuno, y en su lugar emitir uno nuevo, respetando el derecho adquirido de la quejosa de acceder a su pensión conforme a las condiciones anteriores, de acuerdo al texto original del artículo quince transitorio de proyecto de reformas a la Ley de Pensiones Civiles para el Estado de Michoacán, que fue aprobado por el Congreso del Estado mediante sesión extraordinaria de once de agosto de dos mil quince." 2. Recurso de revisión. Inconformes, las autoridades responsables Congreso del Estado de Michoacán y Director General de Pensiones Civiles del Estado y representante legal de la Junta Directiva, con residencia en esta ciudad, interpusieron recurso de revisión. Seguidos los trámites procesales, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, mediante ejecutoria pronunciada el diecisiete de marzo de dos mil veintidós, dentro del amparo en revisión 173/2021, confirmó la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional. 3. Causa ejecutoria. Una vez que dicha sentencia de amparo causó ejecutoria, se requirió su cumplimiento. 4. Actos llevados a cabo en cumplimiento al fallo protector. Por acuerdo de cinco de julio de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el oficio signado por el Director de Prestaciones, de la Subdirección de Jubilados y Pensionados, de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, mediante el cual remitió copia del oficio 260/2022 de treinta de junio de dos mil veintidós, por el que notificó a la quejosa que el pago por concepto de las diferencias generadas del dieciséis de febrero de dos mil veintiuno al treinta de abril de dos mil veintidós, le sería cubierto mediante transferencia bancaria durante la segunda quincena de junio el año en curso; y para acreditarlo remitió copia del oficio aludido y del comprobante de pago interbancario en favor de la quejosa por la cantidad de $139,759.47 (ciento treinta y nueve mil setecientos cincuenta y nueve 47/100 moneda nacional). Sin embargo, por auto de diecisiete de agosto de la presente anualidad se tuvo por no cumplida la ejecutoria de amparo al considerar que las autoridades responsables no habían acatado en sus términos los efectos del fallo protector, por lo que se les requirió nuevamente para que en el plazo de tres días informaran sobre el cabal cumplimiento de la sentencia de amparo. En cumplimiento a dicho requerimiento, en auto de veinticinco de agosto de la anualidad en curso, se recibió el oficio sin número signado por Sergio Eraide Chávez Portillo en representación de las autoridades responsables Dirección de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán, manifestando que con todas y cada una de las gestiones realizadas por sus representadas e informadas en su oportunidad a este órgano de control constitucional se había dado cabal cumplimiento con el fallo protector, toda vez que si bien, por sesión ordinaria de veinticinco de agosto de dos mil quince, la Junta Directiva de Pensiones Civiles del Estado, aprobó la pensión por vejez solicitada por la quejosa por la cantidad de $23,961.50 (veintitrés mil novecientos sesenta y un pesos 50/100 moneda nacional) mensuales a partir del dieciséis de febrero de dos mil veintiuno; lo cierto es, que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se ordenó a las autoridades responsables de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado, desincorporar de la esfera jurídica de la quejosa la porción del artículo quinto transitorio del decreto legislativo 542 en sus versiones publicadas en el Periódico Oficial del Estado, el veinticinco de agosto de dos mil quince, así como su modificación del diverso 638 publicado el cinco de octubre de dos mil dieciocho; y que por sesión ordinaria de veintiocho de abril de dos mil veintidós, se acordó aprobar la pensión por vejez concedida a la quejosa por la cantidad de $38,696.04 (treinta y ocho mil seiscientos noventa y seis pesos 04/100 moneda nacional), lo que se notificó a la quejosa mediante oficio 193/2022 de seis de mayo de dos mil veintidós. Cantidad esta última que refieren le ha sido cubierta a la quejosa de manera ininterrumpida desde el quince de mayo de dos mil veintidós. Precisando además que la pensión por vejez otorgada a la quejosa por la Junta Directiva de Pensiones Civiles del Estado, fue inicialmente por $11,980.75 (once mil novecientos ochenta pesos 75/100 moneda nacional), quincenales, lo que equivale a $23,961.50 (veintitrés mil novecientos sesenta y un pesos 50/100 moneda nacional) mensuales, monto que comenzó a pagarse a partir del veintiocho de febrero de dos mil veintiuno; luego, que con motivo de la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional, se estableció que la quejosa debió haber percibido la cantidad de $17,750.47 (diecisiete mil setecientos cincuenta pesos 47/100 moneda nacional) quincenales, es decir $35,500.94 (treinta y cinco mil quinientos pesos 94/100 moneda nacional) mensuales, existiendo entre ambas una diferencia de $5,769.75 (cinco mil setecientos sesenta y nueve pesos 75/100 moneda nacional) quincenales, diferencias que ascienden a $121,164.18 (ciento veintiún mil ciento sesenta y cuatro pesos 18/100 moneda nacional) por el periodo que abarca del dieciséis de febrero al treinta y uno de diciembre del dos mil veintiuno. Que además que conforme al artículo 69 Bis de la Ley de Pensiones Civiles del Estado, el monto de la pensión originalmente concedida para el año dos mil veintidós, incrementó a $13,059.02 (trece mil cincuenta y nueve pesos 02/100 moneda nacional) quincenales, esto es, $26,118.04 (veintiséis mil ciento dieciocho pesos 04/100 moneda nacional), por lo que de acuerdo con la sentencia, la quejosa debió haber percibido la cantidad de $19,348.02 (diecinueve mil trescientos cuarenta y ocho pesos 02/100 moneda nacional) quincenales, esto es, $38,696.04 (treinta y ocho mil seiscientos noventa y seis pesos 04/100 moneda nacional) mensuales, existiendo entre ambas una diferencia de $6,289.00 (seis mil doscientos ochenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional) quincenales -$12,578.00 (doce mil quinientos setenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional) mensuales-; diferencias que ascienden a $50,311.98 (cincuenta mil trescientos once pesos 98/100 moneda nacional), del periodo comprendido entre el quince de enero al treinta de abril de dos mil veintidós. Derivado de ello, afirma que la cantidad a pagar por concepto de diferencias a la quejosa por el periodo del dieciséis de febrero del dos mil veintiuno al treinta de abril de dos mil veintidós, asciende a $171,476.16 (ciento setenta y un mil cuatrocientos setenta y seis pesos 16/100 moneda nacional), monto al que le retuvo $31,716.69 (treinta y un mil setecientos dieciséis pesos 69/100 moneda nacional) por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR), quedando la cantidad de $139,759.47 (ciento treinta y nueve mil setecientos cincuenta y nueve pesos 47/100 moneda nacional) lo que se transfirió a la quejosa desde la segunda quincena del mes de julio de dos mil veintidós. Para acreditar todo lo anterior, remitió comprobantes de percepciones y deducciones a nombre de la quejosa del quince de mayo al quince de agosto de dos mil veintidós, de igual forma, remitió una hoja de cálculo correspondiente al pago de las diferencias, lo que se corrobora además con el comprobante de transferencia electrónica realizada en favor de la quejosa por la cantidad de $139,759.47 (ciento treinta y nueve mil setecientos cincuenta y nueve pesos 47/100 moneda nacional). Con todo lo anterior, se dio vista a la impetrante de amparo a fin de que manifestara lo que a su interés conviniera sin que ésta haya hecho valer ese derecho. 4. Conclusión. En tales circunstancias, la autoridad responsable restituyó a la solicitante del amparo en el pleno goce de los derechos fundamentales violados. En consecuencia, se declara cumplida la sentencia de amparo sin exceso o defecto, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. 5. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al área habilitada para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en medios electrónicos. 5.1. Valoración. En términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. Por otra parte, con apoyo en el artículo 18, una vez que transcurra el plazo de tres años, dentro de los treinta días siguientes deberá depurarse el presente juicio, conforme al penúltimo párrafo del citado numeral; hecho lo anterior transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el artículo 27 del acuerdo normativo. Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la secretaria María del Rocío Ayala Carrizales, quien da fe.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE FECHA TRES DE OCTUBRE DEL DOS MIL VEINTIDÓS, QUE EN SÍNTESIS DICE: Morelia, Michoacán, tres de octubre de dos mil veintidós. 1. Efectos del fallo protector. De autos se desprende que mediante sentencia de seis de septiembre de dos mil veintiuno, se concedió a Patricia Herrera Gutiérrez, el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que las autoridades responsables, realizara lo siguiente: "1. Se deberá desincorporar de la esfera jurídica de la quejosa Patricia Herrera Gutiérrez, el artículo quinto transitorio del Decreto Legislativo 542, en sus versiones que fueron publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán el veinticinco de agosto de dos mil quince; así como su modificación mediante diverso decreto 638, publicado el cinco de octubre de dos mil dieciocho. 2. Deberán respetar el derecho adquirido que la quejosa posee, en términos del texto original aprobado por el Congreso del Estado mediante sesión extraordinaria de once de agosto de dos mil quince. 3. El Director de Prestaciones y Subdirectora de Jubilados y Pensionados de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán, en el ámbito de sus atribuciones, deberán dejar insubsistente el oficio 101/2021, de seis de abril de dos mil veintiuno, y en su lugar emitir uno nuevo, respetando el derecho adquirido de la quejosa de acceder a su pensión conforme a las condiciones anteriores, de acuerdo al texto original del artículo quince transitorio de proyecto de reformas a la Ley de Pensiones Civiles para el Estado de Michoacán, que fue aprobado por el Congreso del Estado mediante sesión extraordinaria de once de agosto de dos mil quince." 2. Recurso de revisión. Inconformes, las autoridades responsables Congreso del Estado de Michoacán y Director General de Pensiones Civiles del Estado y representante legal de la Junta Directiva, con residencia en esta ciudad, interpusieron recurso de revisión. Seguidos los trámites procesales, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, mediante ejecutoria pronunciada el diecisiete de marzo de dos mil veintidós, dentro del amparo en revisión 173/2021, confirmó la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional. 3. Causa ejecutoria. Una vez que dicha sentencia de amparo causó ejecutoria, se requirió su cumplimiento. 4. Actos llevados a cabo en cumplimiento al fallo protector. Por acuerdo de cinco de julio de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el oficio signado por el Director de Prestaciones, de la Subdirección de Jubilados y Pensionados, de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, mediante el cual remitió copia del oficio 260/2022 de treinta de junio de dos mil veintidós, por el que notificó a la quejosa que el pago por concepto de las diferencias generadas del dieciséis de febrero de dos mil veintiuno al treinta de abril de dos mil veintidós, le sería cubierto mediante transferencia bancaria durante la segunda quincena de junio el año en curso; y para acreditarlo remitió copia del oficio aludido y del comprobante de pago interbancario en favor de la quejosa por la cantidad de $139,759.47 (ciento treinta y nueve mil setecientos cincuenta y nueve 47/100 moneda nacional). Sin embargo, por auto de diecisiete de agosto de la presente anualidad se tuvo por no cumplida la ejecutoria de amparo al considerar que las autoridades responsables no habían acatado en sus términos los efectos del fallo protector, por lo que se les requirió nuevamente para que en el plazo de tres días informaran sobre el cabal cumplimiento de la sentencia de amparo. En cumplimiento a dicho requerimiento, en auto de veinticinco de agosto de la anualidad en curso, se recibió el oficio sin número signado por Sergio Eraide Chávez Portillo en representación de las autoridades responsables Dirección de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán, manifestando que con todas y cada una de las gestiones realizadas por sus representadas e informadas en su oportunidad a este órgano de control constitucional se había dado cabal cumplimiento con el fallo protector, toda vez que si bien, por sesión ordinaria de veinticinco de agosto de dos mil quince, la Junta Directiva de Pensiones Civiles del Estado, aprobó la pensión por vejez solicitada por la quejosa por la cantidad de $23,961.50 (veintitrés mil novecientos sesenta y un pesos 50/100 moneda nacional) mensuales a partir del dieciséis de febrero de dos mil veintiuno; lo cierto es, que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se ordenó a las autoridades responsables de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado, desincorporar de la esfera jurídica de la quejosa la porción del artículo quinto transitorio del decreto legislativo 542 en sus versiones publicadas en el Periódico Oficial del Estado, el veinticinco de agosto de dos mil quince, así como su modificación del diverso 638 publicado el cinco de octubre de dos mil dieciocho; y que por sesión ordinaria de veintiocho de abril de dos mil veintidós, se acordó aprobar la pensión por vejez concedida a la quejosa por la cantidad de $38,696.04 (treinta y ocho mil seiscientos noventa y seis pesos 04/100 moneda nacional), lo que se notificó a la quejosa mediante oficio 193/2022 de seis de mayo de dos mil veintidós. Cantidad esta última que refieren le ha sido cubierta a la quejosa de manera ininterrumpida desde el quince de mayo de dos mil veintidós. Precisando además que la pensión por vejez otorgada a la quejosa por la Junta Directiva de Pensiones Civiles del Estado, fue inicialmente por $11,980.75 (once mil novecientos ochenta pesos 75/100 moneda nacional), quincenales, lo que equivale a $23,961.50 (veintitrés mil novecientos sesenta y un pesos 50/100 moneda nacional) mensuales, monto que comenzó a pagarse a partir del veintiocho de febrero de dos mil veintiuno; luego, que con motivo de la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional, se estableció que la quejosa debió haber percibido la cantidad de $17,750.47 (diecisiete mil setecientos cincuenta pesos 47/100 moneda nacional) quincenales, es decir $35,500.94 (treinta y cinco mil quinientos pesos 94/100 moneda nacional) mensuales, existiendo entre ambas una diferencia de $5,769.75 (cinco mil setecientos sesenta y nueve pesos 75/100 moneda nacional) quincenales, diferencias que ascienden a $121,164.18 (ciento veintiún mil ciento sesenta y cuatro pesos 18/100 moneda nacional) por el periodo que abarca del dieciséis de febrero al treinta y uno de diciembre del dos mil veintiuno. Que además que conforme al artículo 69 Bis de la Ley de Pensiones Civiles del Estado, el monto de la pensión originalmente concedida para el año dos mil veintidós, incrementó a $13,059.02 (trece mil cincuenta y nueve pesos 02/100 moneda nacional) quincenales, esto es, $26,118.04 (veintiséis mil ciento dieciocho pesos 04/100 moneda nacional), por lo que de acuerdo con la sentencia, la quejosa debió haber percibido la cantidad de $19,348.02 (diecinueve mil trescientos cuarenta y ocho pesos 02/100 moneda nacional) quincenales, esto es, $38,696.04 (treinta y ocho mil seiscientos noventa y seis pesos 04/100 moneda nacional) mensuales, existiendo entre ambas una diferencia de $6,289.00 (seis mil doscientos ochenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional) quincenales -$12,578.00 (doce mil quinientos setenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional) mensuales-; diferencias que ascienden a $50,311.98 (cincuenta mil trescientos once pesos 98/100 moneda nacional), del periodo comprendido entre el quince de enero al treinta de abril de dos mil veintidós. Derivado de ello, afirma que la cantidad a pagar por concepto de diferencias a la quejosa por el periodo del dieciséis de febrero del dos mil veintiuno al treinta de abril de dos mil veintidós, asciende a $171,476.16 (ciento setenta y un mil cuatrocientos setenta y seis pesos 16/100 moneda nacional), monto al que le retuvo $31,716.69 (treinta y un mil setecientos dieciséis pesos 69/100 moneda nacional) por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR), quedando la cantidad de $139,759.47 (ciento treinta y nueve mil setecientos cincuenta y nueve pesos 47/100 moneda nacional) lo que se transfirió a la quejosa desde la segunda quincena del mes de julio de dos mil veintidós. Para acreditar todo lo anterior, remitió comprobantes de percepciones y deducciones a nombre de la quejosa del quince de mayo al quince de agosto de dos mil veintidós, de igual forma, remitió una hoja de cálculo correspondiente al pago de las diferencias, lo que se corrobora además con el comprobante de transferencia electrónica realizada en favor de la quejosa por la cantidad de $139,759.47 (ciento treinta y nueve mil setecientos cincuenta y nueve pesos 47/100 moneda nacional). Con todo lo anterior, se dio vista a la impetrante de amparo a fin de que manifestara lo que a su interés conviniera sin que ésta haya hecho valer ese derecho. 4. Conclusión. En tales circunstancias, la autoridad responsable restituyó a la solicitante del amparo en el pleno goce de los derechos fundamentales violados. En consecuencia, se declara cumplida la sentencia de amparo sin exceso o defecto, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. 5. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al área habilitada para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en medios electrónicos. 5.1. Valoración. En términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. Por otra parte, con apoyo en el artículo 18, una vez que transcurra el plazo de tres años, dentro de los treinta días siguientes deberá depurarse el presente juicio, conforme al penúltimo párrafo del citado numeral; hecho lo anterior transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el artículo 27 del acuerdo normativo. Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la secretaria María del Rocío Ayala Carrizales, quien da fe.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA PATRICIA HERRERA GUTIERREZ LA DETERMINACION DE VEINTICINCO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDOS, toda vez que no acudió dentro de los días hábiles a notificarse personalmente ante este órgano jurisdiccional, no obstante haberle dejado el citatorio respectivo en el domicilio señalado para recibir notificaciones, cuyo contenido es del tenor literal siguiente: Morelia, Michoacán, veinticinco de agosto de dos mil veintidós. Vista cumplimiento. Visto lo de cuenta, se tiene al delegado de la autoridad responsable Dirección de Prestaciones, de la Subdirección de Jubilados y Pensionados, de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, desahogando el requerimiento que se le formuló mediante proveído de diecisiete de agosto del año en curso, y remitiendo las constancias con las que aduce dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo; por tanto, con ello dese vista a las partes, para que dentro del término de tres días manifiesten lo que a su interés convenga, con el apercibimiento que este juzgado con desahogo de la vista o sin ella se pronunciará con relación al cumplimiento del fallo protector. Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la secretaria María del Rocío Ayala Carrizales, quien da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinticinco de agosto de dos mil veintidós. Vista cumplimiento. Visto lo de cuenta, se tiene al delegado de la autoridad responsable Dirección de Prestaciones, de la Subdirección de Jubilados y Pensionados, de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, desahogando el requerimiento que se le formuló mediante proveído de diecisiete de agosto del año en curso, y remitiendo las constancias con las que aduce dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo; por tanto, con ello dese vista a las partes, para que dentro del término de tres días manifiesten lo que a su interés convenga, con el apercibimiento que este juzgado con desahogo de la vista o sin ella se pronunciará con relación al cumplimiento del fallo protector. Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la secretaria María del Rocío Ayala Carrizales, quien da fe.
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