Patricia Padilla Sixto

Expediente 590/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de septiembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
590/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
07/09/2020

Partes del expediente

  • Patricia Padilla Sixto

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, a siete de septiembre de dos mil veinte. Se tiene por recibido el oficio firmado por la Secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en que remite la resolución dictada en sesión de veintisiete de agosto de dos mil veinte, en el conflicto competencial CCA-8/2020, del índice del órgano colegiado oficiante; remítase constancia de recepción. Hágase saber que la superioridad resolvió lo siguiente: PRIMERO. Se DECLARA LEGALMENTE COMPETENTE para conocer del asunto al Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región con residencia en la Ciudad de México. SEGUNDO. Remítanse los autos al juez mencionado. En virtud de lo expuesto, háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y en el Libro de Gobierno; archívese el expediente como asunto concluido. En ese sentido, se advierte que el presente cuaderno de antecedentes, encuadra en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso j), del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran tres años, contados a partir del presente proveído, toda vez que NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, al no encuadrar en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del citado Acuerdo General; lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar.

  2. Principal

    Ciudad de México, doce de agosto de dos mil veinte. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, determinó levantar la suspensión de plazos y términos procesales señalados en los diversos Acuerdos Generales 4/2020 y 6/2020 del propio Pleno; asimismo, levantar la suspensión de los plazos y términos decretada del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte, y reanudar el trámite y resolución de aquellos expedientes que se hayan tramitado con anterioridad al inicio de la contingencia derivada del referido fenómeno. Derivado de lo anterior, agréguese a los autos el oficio, recibido vía electrónica, con evidencia criptográfica de firma de la Actuaria Judicial del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, mediante el cual informa que se admite a trámite el conflicto competencial suscitado en el presente juicio de amparo, el cual quedó registrado con el número C.C.C. 8/2020, de su índice. En consecuencia, se tiene al órgano colegiado oficiante informando lo indicado, de lo que este juzgado toma conocimiento. Finalmente, se hace necesario destacar que este acuerdo será firmado electrónicamente por la titular de este órgano jurisdiccional, así como por la Secretaria que firma y da fe de esta determinación, cuyas evidencias criptográficas habrán de imprimirse y agregarse al expediente; lo anterior tiene por finalidad contribuir con las medidas de prevención y sana distancia delineadas por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a través de los diversos Acuerdos Generales que ha emitido durante el periodo de suspensión de labores con motivo de la contingencia sanitaria. NOTIFÍQUESE

  3. Principal

    AGRÉGUESE A LOS AUTOS EL OFICIO FIRMADO POR SERGIO MONDRAGÓN MORA, PERSONAL ADSCRITO A LA DIVISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL "20 DE NOVIEMBRE" DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO; POR MEDIO DEL CUAL, A EFECTO DE ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO AL FALLO PROTECTOR, EXHIBE EL RESUMEN CLÍNICO DE TRECE DE MARZO DE DOS MIL VEINTE. CON COPIA DE LOS ANEXOS QUE LA PARTE QUEJOSA ACOMPAÑÓ A LA DEMANDA DE AMPARO Y TOMANDO EN CUENTA LAS MANIFESTACIONES Y ANEXOS EXHIBIDOS MEDIANTE ESCRITO CON NÚMERO DE FOLIO 3934, Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 79 Y 297, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DE APLICACIÓN SUPLETORIA A LA LEY DE AMPARO, REQUIÉRASE AL DIRECTOR Y SUBDIRECTOR MÉDICO, AMBOS DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL "20 DE NOVIEMBRE", DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA QUE EN EL PLAZO DE QUINCE DÍAS, REALICE EL PRONUNCIAMIENTO RESPECTIVO EN ATENCIÓN A LOS REFERIDOS OCURSOS, Y REMITA COPIA CERTIFICADA DE LAS CONSTANCIAS QUE ASÍ LO ACREDITEN. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  4. Principal

    Ciudad de México, a veinticuatro de julio de dos mil veinte. Vista la certificación de cuenta, se conoce que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aprobó la extensión del esquema de trabajo implementado en los órganos jurisdiccionales, así como el mantenimiento de sus actividades a distancia, prolongando el periodo de contingencia sanitaria al treinta y uno de julio de dos mil veinte. Con la demanda de amparo presentada por ***, quien se ostenta como apoderado legal de ***; fórmese cuaderno de amparo, regístrese en el libro de gobierno con el número 590/2020 y dese de alta en el sistema correspondiente. Ahora bien del estudio integral de la demanda de amparo se advierte las siguientes autoridades y actos reclamados. (.) En atención a los actos reclamados por la promovente, esta juzgadora tiene a la vista el Acuerdo General 2/20201 aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que dispone que los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, conocerán del trámite, resolución y cumplimiento de los juicios de amparo en los que se reclamen diversas disposiciones relacionadas con la emisión de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, o bien, que en esa materia se encuentren contenidas en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en la Ley de Seguridad Nacional, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el Código Fiscal de la Federación y en el Código Penal Federal; así como aquellas disposiciones relacionadas con el esquema de Austeridad Republicana, incluyendo la Ley Federal de Austeridad Republicana, y las reformas y adiciones en esa materia a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; como acontece en el caso en cuestión. El decreto impugnado se funda en los siguientes artículos: DECRETO por el que se establecen las medidas de austeridad que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal bajo los criterios que en el mismo se indican. [.] ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 89, fracciones I y II, en relación con los artículos 26, Apartado A, párrafos primero y segundo, 90 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 9, 20, 27, 31, 37 y 50 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1, 3, fracciones I, II, IV y V, 4, fracciones I y II, 7, fracciones II y III, 8, 9, 12, 16 y 20 de la Ley Federal de Austeridad Republicana; 1 y 7 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 1, 2, 3, 5 fracciones I y II y 46 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, y El cual en su fracción VIII dispone: VIII. Se aplicará la Ley Federal de Austeridad Republicana de manera rigurosa. Para mejor compresión de la relación del decreto reclamado con la Ley Federal de Austeridad Republicana, resulta necesario traer a colación lo que establece su artículo 3. Artículo 3. Son objetivos de la presente Ley: I. Establecer la austeridad republicana como un valor fundamental y principio orientador del servicio público mexicano; II. Fijar las bases para la aplicación de la política pública de austeridad republicana de Estado y los mecanismos para su ejercicio; III. Establecer las competencias de los entes públicos en la materia de la presente Ley; IV. Enumerar las medidas que se pueden tomar para impulsar la austeridad republicana como política de Estado; V. Establecer medidas que permitan generar ahorros en el gasto público para orientar recursos a la satisfacción de necesidades generales, y VI. Crear el mecanismo de operación y evaluación de la política de austeridad republicana de Estado. Como puede advertirse, de conformidad con lo que establecen los dispositivos transcritos, la emisión del Decreto reclamado tuvo como propósito cumplir con tales objetivos, entre ellos, establecer medidas que permitan generar ahorros en el gasto público para orientar recursos a la satisfacción de necesidades generales. Así, con el objeto de hacer frente a la crisis mundial que ahí señala, a la luz de los principios rectores de la Ley Federal de Austeridad Republicana, es decir, de eficiencia, honestidad, austeridad y justicia, se pronunciaron una serie de medidas de austeridad en el gasto público. Además, en el propio Decreto de que se trata, hace énfasis que se aplicara rigurosamente la Ley Federal de Austeridad Republicana, aunado a que su emisión se realizó con fundamento, entre otras, de la referida legislación. Habida cuenta, que los conceptos de violación, se encuentran encaminados meramente a controvertir las medidas de austeridad que a decir de la parte quejosa, le serán aplicadas en la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, con motivo del cargo que ocupa. Circunstancias por las que se colige que el Decreto reclamado constituye de aquellas disposiciones relacionadas con el esquema de Austeridad Republicana. En ese sentido, en cumplimiento al acuerdo referido, lo procedente es la remisión del presente asunto a la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, para que lo turne al Juzgado Federal que le corresponda. Una vez turnado al órgano judicial que corresponda, con fundamento en el artículo 48, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, atentamente solicítese el acuse de recibo correspondiente en el que informe sobre la determinación que tenga a bien adoptar. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y estese en espera de la determinación que adopte el Juez que se estima competente. Ahora, es un hecho cierto que ante la pandemia producida por el virus comúnmente denominado Covid-19, las Oficinas de Correspondencia de los órganos jurisdiccionales federales no se encuentran laborando como lo venían realizando hasta antes de la contingencia; por lo que conforme al Acuerdo General del Pleno Consejo de la Judicatura Federal corresponde conocer del presente asunto a los órganos jurisdiccionales auxiliares. Atento a lo anterior, y siendo un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de amparo en términos de su numeral 2, para este juzgado lo anteriormente expuesto, gírese atento oficio a la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, a través del correo electrónico victor.matinez.martinez@correo.cjf.gob.mx, a efecto de que registre y realice el turno correspondiente de la demanda de amparo de la que este órgano jurisdiccional declina competencia en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal 2/2020, solicitándole que una vez que realice lo anterior, remita la boleta de turno por el mismo medio electrónico o vía interconexión a este órgano jurisdiccional fin de estar en posibilidad de continuar con el trámite indicado. Se precisan los datos necesarios para el debido turno: Toda vez que en este asunto no se reclama ningún acto de los establecidos en el artículo 15, en relación con el diverso 48, ambos de la Ley de Amparo, no ha lugar a pronunciarse sobre la suspensión de los actos reclamados. Asimismo, no procede acordar respecto del domicilio que señala la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, así como de las personas que autoriza, en razón de la presente declinación de competencia. Sin embargo, a fin de no dejarle en estado de indefensión, en términos del artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones y como autorizados sólo en términos limitados a las personas que señala. También se autoriza a las partes el examen del presente juicio de amparo indirecto a través del portal de consulta de expediente electrónico en línea del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, previo registro. PROVIDENCIAS DE TRÁMITE. En caso de que las partes interpongan recursos previstos en la Ley de Amparo, se tendrá por agregado al presente expediente el acuse de recibo por parte de la Superioridad con la sola recepción del mismo en la oficialía de partes, previa certificación secretarial en la que conste la fecha y hora de recepción de la mencionada comunicación. De conformidad con la interpretación sistemática, teleológica y conforme con el derecho a la tutela judicial pronta y efectiva y al debido proceso, de los artículos 12 a 124 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 57 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, este juez determina que los oficios o escritos que presenten las partes relativos a los trámites que no incidan en la prosecución efectiva del juicio ni requieran ser acordadas mediante determinación judicial adoptada por este órgano jurisdiccional, -por ejemplo, los acuses de recibo, las autorizaciones de las partes, las notificaciones a los peritos o gestiones para hacer efectivas multas ya impuestas, etcétera- con excepción de aquellas con las que por disposición expresa de la ley deba darse vista a las partes, se glosarán en el expediente, en términos del artículo 62 del citado código adjetivo, el secretario hará constar el día y la hora en que se presentó el oficio o escrito, considerando desde este momento procedente la pretensión plasmada en el documento, quedando las partes en aptitud de imponerse de ellas y, sólo en caso de que resulte notoriamente improcedente su solicitud, se comunicará a la parte promovente tal determinación mediante acuerdo del juzgado y notificación correspondiente. Este criterio tiene como objetivo evitar dilaciones excesivas e innecesarias en observancia directa del artículo 17 constitucional y que el expediente se encuentre en la mesa de trámite el mayor tiempo posible para consulta de las partes, a fin de que puedan imponerse de las constancias exhibidas en autos y los proveídos dictados. Hágase del conocimiento de las partes que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, pero éstas podrán oponerse a la publicación de los datos personales, en términos del artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. HABILITACIÓN DE ACTUARIOS De conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones de carácter personal que se lleguen a ordenar en este asunto. A efecto de proteger la integridad de los actuarios que se encuentran adscritos a este juzgado, comisionados para realizar las diligencias de carácter urgente, se les conmina a que cuando resulte necesaria la práctica de una diligencia personal, ésta se realice en estricto cumplimiento a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Asimismo, se habilita a los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional para que, cuando se trate de un caso que por sus características implique un peligro de contagio de COVID-19, en las notificaciones que aquellos efectúen no se estampe la firma respectiva por la persona a notificar, y solamente se haga constar cómo se cercioró de que es la persona indicada y pormenorizar las circunstancias en que se encuentra. No obstante lo anterior, y hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal no emita el acuerdo de reanudación de labores que fueron suspendidas con motivo de la pandemia originada por el virus SARS-Co2 (COVID -19), se ordena que el presente acuerdo se publique de manera temporal y únicamente con fines informativos bajo las pautas del artículo 29 de la Ley de Amparo,2 para lo cual, los actuarios de la adscripción deberán fijar una lista al exterior del inmueble -reja perimetral-, misma que podrá ser consultada por las partes interesadas, o bien, si así lo desean podrán ingresar a la página https://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/expedientes/ circuitos.asp?Cir=1&Exp=1. Finalmente, se hace necesario destacar que este acuerdo será firmado electrónicamente por la titular de este órgano jurisdiccional, así como por la Secretaria que firma y da fe de esta determinación, cuyas evidencias criptográficas habrán de imprimirse y agregarse al expediente; lo anterior tiene por finalidad contribuir con las medidas de prevención y sana distancia delineadas por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a través de los diversos Acuerdos Generales que ha emitido durante el periodo de suspensión de labores con motivo de la contingencia sanitaria. NOTIFÍQUESE.

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