Patricia Méndez Tovar

Expediente 73/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
73/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
04/06/2021

Partes del expediente

  • Patricia Méndez Tovar

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, a cuatro de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que el término de cinco días para recurrir el auto de veintidós de abril de dos mil veintiuno, mediante el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo, transcurrió en su totalidad; sin que se haya hecho valer en su contra recurso alguno, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tal motivo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y archívese el expediente como asunto concluido. En ese sentido, se advierte que el presente asunto encuadra en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran tres años, contados a partir del presente proveído, toda vez que NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, al no encuadrar en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del citado Acuerdo General; lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. En otro aspecto, agréguese el oficio firmado por la Secretaria del Cuarto Tribunal Unitario en Materias Civil, Administrativa y Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones del Primer Circuito, mediante el cual solicita se le informe si este órgano jurisdiccional aceptó la competencia declinada con relación a la demanda promovida por Patricia Méndez Tovar, registrada ante dicho tribunal unitario con el número de juicio de amparo 1/2021. Al respecto, hágase del conocimiento al tribunal, que este juzgado de distrito se avocó del conocimiento de la demanda en cuestión, y en auto de veintidós de abril de este año, tuvo por no presentada la misma, debido a que la parte quejosa no desahogó la prevención ordenada en proveído de quince de febrero de dos mil veintiuno, lo que se comunica para los efectos legales conducentes.

  2. Principal

    Ciudad de México, a veintidós de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal, así como la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días concedido a la parte quejosa para desahogar el requerimiento formulado en auto de quince de febrero de dos mil veintiuno, sin que haya dado cumplimiento a lo requerido. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído en comento, y con fundamento en el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, SE TIENE POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO. ...

  3. Principal

    QUEJOSO: NOTIFICACIONES POR LISTA. Ciudad de México, a tres de marzo de dos mil veintiuno. Se tiene por recibido el oficio con evidencia criptográfica de firma de la Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada, en que devuelve sin diligenciar el exhorto con número de orden y origen 9/2021, derivado del presente juicio, por las razones que expone la Actuaria Judicial adscrita al Juzgado antes referido. Atento a ello, se tiene al juzgado oficiante devolviendo sin diligenciar el exhorto de mérito, por los motivos indicados. En ese sentido, dése de baja en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En consecuencia, ante la imposibilidad de la que dio fe la fedataria pública, con apoyo en los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo, túrnense los presentes autos a la sección de actuaría a efecto de que se notifique por medio de lista el auto de quince de febrero de dos mil veintiuno y los autos subsecuentes; hasta en tanto la quejosa señale nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones. Apoya lo anterior, la tesis III. 3o.C. 47 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en la página 1086, Tomo XI, Febrero de 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es el siguiente: NOTIFICACIONES POR LISTA EN EL AMPARO INDIRECTO. REQUISITO PARA SU PRÁCTICA CUANDO NO SE LOCALIZA A LA PERSONA A NOTIFICAR EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA RECIBIRLAS. Cuando en un juicio de garantías no es posible notificar personalmente a los quejosos respecto de un acto que deben cumplir, debido a que de la razón asentada por el actuario del Juzgado de Distrito se desprende que éste se constituyó en el domicilio procesal de la parte aludida en varias ocasiones y no pudo localizarla, siendo informado por vecinos, que sólo esporádicamente acude alguien a dicho lugar, sin que le haya sido posible practicar la notificación en los términos ordenados, a pesar de diversos mensajes que dejó para que se acudiera al juzgado o se esperara a la hora indicada, ahora bien, como tal domicilio sí existe, aunque los profesionistas designados no acuden a él con frecuencia, resulta entonces, para que el Juez pueda ordenar que se practique la notificación por medio de lista, que en el acta respectiva se expresen los motivos que justifiquen la imposibilidad de que la notificación se lleve a cabo en el lugar señalado para tal fin. . NOTIFÍQUESE Y POR LISTA EL ACUERDO DE QUINCE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO Y LOS SUBSECUENTES.

  4. Principal

    Ciudad de México, a veinticinco de enero de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se conoce que el cuatro de diciembre de dos mil veinte, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal aprobó el punto de acuerdo relativo a la Propuesta de medidas en relación con contagios de la enfermedad Covid-19 en los órganos jurisdiccionales del Primer Circuito, con residencia en la Ciudad de México", por el periodo del cinco de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, en los órganos jurisdiccionales en el Primer Circuito, regresando al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV , del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Lo que implica que se dará trámite a los escritos iniciales que se califiquen como "urgentes", ya sea que se presenten de manera física o electrónica, y se dará seguimiento a los asuntos ya radicados que tengan esa misma calidad. Posteriormente, en sesión de ocho de enero del año en curso, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, aprobó el punto de acuerdo relativo a la "Propuesta de medidas en los órganos jurisdiccionales de la República mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de los contagios por la emergencia Covid-19", en el cual se adoptó tomar medidas especiales del 12 al 18 de enero de 2021, en el sentido de que se continúa con el esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, citado líneas arriba. En ese sentido, se recibirán y tramitarán los casos nuevos y los que puedan tramitarse en su totalidad a través del juicio en línea, "con excepción de aquellos en los cuales se requiera la celebración de audiencias o el desahogo de diligencias judiciales en las que sea necesaria la presencia física de las partes y que no puedan desahogarse mediante videoconferencias, o cuando resulte necesaria la práctica de notificaciones". Para los casos restantes, se suspenden los plazos y términos procesales, con la única salvedad de que podrán resolverse aquellos expedientes que estén listos para sentencia. Debe precisarse que en términos de la circular SECNO/7/2020, de seis de mayo de dos mil veinte, al abordar el tópico relativo a juicios en línea en la interrogante 8,1 se preció en síntesis que un expediente tramitado "en línea" es aquel en el que las partes tienen personas autorizadas para consultar, notificarse y actuar electrónicamente desde el Portal; por lo que la tramitación y resolución de casos a que alude el capítulo III del AG 8/2020 ("juicio en línea"), se refiere a aquellos juicios donde sea factible su desarrollo total por medios electrónicos, sin que sea posible la presentación de promociones físicas o la práctica 1 8. ¿Qué se entiende por "juicio en línea"? ¿Se trata de las demandas presentadas electrónicamente, o de los casos en que alguna de las partes haya solicitado ser notificada por esa vía? Para que un expediente se pueda tramitar "en línea" resulta determinante que, más allá de que la demanda, recurso, solicitud o promoción inicial se haya presentado a través del Portal de Servicios en Línea, las partes tengan personas autorizadas para consultar, notificarse y actuar electrónicamente desde el Portal. Por ello, el capítulo III del AG 8/2020 prevé la tramitación y resolución de casos mediante "juicio en línea", asumiendo la posibilidad de dar continuidad a los juicios exclusivamente de forma electrónica, sin que sea posible la presentación de promociones físicas o la práctica de notificaciones personales o por oficio. De lo contrario, se suspenderá la tramitación del asunto. De esta forma, la posibilidad de continuar con estos juicios depende la factibilidad de su tramitación total por medios electrónicos. Ahora bien, para lograr lo anterior, es importante recordar que el artículo 28, fracción III, de la Ley de Amparo prevé que cuando lo requiera el orden público, puede ordenarse que la notificación se haga a las autoridades responsables por cualquier medio oficial (como podría ser el correo electrónico), lo cual podría hacerse en caso de que aquellas continúen laborando y no cuenten con firma electrónica, Por su parte, el artículo 30 del mismo ordenamiento indica las reglas para las notificaciones por vía electrónica, o las partes podrían solicitar la notificación por la lista, aún de las notificaciones personales. de notificaciones personales o por oficio, pues de lo contrario se suspenderá la tramitación del asunto. De igual modo, al responder el cuestionamiento aludido en dicha circular, se precisó que el artículo 28, fracción III, de la Ley de Amparo prevé la posibilidad de ordenarse que la notificación a las autoridades responsables se realice por cualquier medio oficial (como podría ser el correo electrónico), lo cual podría hacerse en caso de que aquellas continúen laborando y no cuenten con firma electrónica y, que el artículo 30 del mismo ordenamiento indica las reglas para las notificaciones por vía electrónica, o las partes podrían solicitar la notificación por la lista, aún de las notificaciones personales. Derivado de lo anterior, se tiene por recibido el oficio de cuenta con evidencia criptográfica de firma del Secretario del Cuarto Tribunal Unitario en Materias Civil, Administrativa y Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones del Primer Circuito, mediante el cual remite la demanda promovida por Patricia Méndez Tovar; lo anterior, dado que mediante proveído de veintiuno de enero de dos mil veintiuno, se declaró legalmente incompetente para conocer de dicha demanda de amparo, por lo que ordenó remitir el asunto a un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en turno y solicita el acuse de recibo correspondiente. Acúsese recibo correspondiente; fórmese cuaderno de amparo, regístrese en el libro de gobierno con el número 468/2020 y dese de alta en el sistema correspondiente. Al respecto, conviene mencionar que de la lectura de la demanda se advierte que la promovente reclama: La falta de seguimiento dentro del procedimiento que puntualiza el Reglamento escolar de la Universidad Abierta y a Distancia de México, así como la baja definitiva de la promovente. En ese sentido, no se está en presencia de un acto que imponga una pena de muerte, de mutilación, de infamia, marca, azotes, palos o el tormento de cualquier especie, tampoco está relacionada con alguna multa excesiva, se haya ordenado la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales, como lo señala el artículo 22, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice: Artículo. 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado. (.) De igual forma, el acto reclamado no ataca la libertad personal fuera de procedimiento de la parte quejosa, mucho menos se advierte que exista o se alegue incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales, o que se advierta que la parte agraviada se encuentre imposibilitada para promover el amparo, razón por la cual lo ejerce por cualquiera otra persona en su nombre incluido un menor de edad y en cualquier tiempo, en términos de los numerales 15 y 17, fracción IV, de la Ley de Amparo, que se citan a continuación: Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado. Una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo. Si éste la ratifica por sí o por medio de su representante se tramitará el juicio; de lo contrario se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efecto las providencias dictadas. Si a pesar de las medidas tomadas por el órgano jurisdiccional de amparo no se logra la comparecencia del agraviado, resolverá la suspensión definitiva, ordenará suspender el procedimiento en lo principal y se harán los hechos del conocimiento del Ministerio Público de la Federación. En caso de que éste sea autoridad responsable, se hará del conocimiento al Procurador General de la República. Cuando haya solicitud expresa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se remitirá copia certificada de lo actuado en estos casos. Transcurrido un año sin que nadie se apersone en el juicio, se tendrá por no interpuesta la demanda. Cuando, por las circunstancias del caso o lo manifieste la persona que presenta la demanda en lugar del quejoso, se trate de una posible comisión del delito de desaparición forzada de personas, el juez tendrá un término no mayor de veinticuatro horas para darle trámite al amparo, dictar la suspensión de los actos reclamados, y requerir a las autoridades correspondientes toda la información que pueda resultar conducente para la localización y liberación de la probable víctima. Bajo este supuesto, ninguna autoridad podrá determinar que transcurra un plazo determinado para que comparezca el agraviado, ni podrán las autoridades negarse a practicar las diligencias que de ellas se soliciten o sean ordenadas bajo el argumento de que existen plazos legales para considerar la desaparición de una persona. [.] Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: (.) IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. [.] . Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. En consecuencia, se reserva proveer lo que en derecho corresponda respecto de la demanda de amparo, hasta en tanto, se restablezcan las labores jurisdiccionales de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. Finalmente, se hace necesario destacar que este acuerdo será firmado electrónicamente por la titular de este órgano jurisdiccional, así como por la Secretaria que firma y da fe de esta determinación, cuyas evidencias criptográficas habrán de imprimirse y agregarse al expediente; lo anterior tiene por finalidad contribuir con las medidas de prevención y sana distancia delineadas por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a través de los diversos Acuerdos Generales que ha emitido durante el periodo de suspensión de labores con motivo de la contingencia sanitaria. NOTIFÍQUESE.

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