Patricia Martínez Martínez
Expediente 121/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 121/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 28/02/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Patricia Martínez Martínez
Actuaciones
- Principal
... el oficio signado por el Juez Cuarto de Primera Instancia, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que ordenó girar exhorto al Juez competente en Tapachula, Chiapas, para que señale día y hora con la finalidad de celebrar la audiencia prevista por el artículo 157 del Código Civil vigente en el Estado de Veracruz, dictó las medidas necesarias a fin de que se realice la convivencia entre la menor y el progenitor no custodio y dejó sin efectos la multa aplicada en contra de la quejosa Ileana Griego Villalba. En consecuencia, téngase como medidas tendentes para dar cumplimiento a la sentencia dictada en el presente asunto, lo manifestado por la autoridad responsable en su oficio de cuenta.
- Principal
... Notifíquese personalmente a la parte promovente...
- Principal
EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA, NO ACUDIÓ A ESTE ORGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE DEL AUTO DE TRECE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE, DENTRO DE LOS DOS DIAS HABILES SIGUIENTES AL DEL CITATORIO, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL AUTO DE REFERENCIA QUE EN LO CONDUCENTE DICE:.. Xalapa-Enríquez, Veracruz, a trece de febrero de dos mil diecinueve. Téngase por recibida la demanda de amparo presentada por Patricia Martínez Martínez, contra actos del Tribunal Unitario Agrario del Trigésimo Primer Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, por violación a los artículos 1°, 14, 16 y 17 Constitucionales. RADICACIÓN DE DEMANDA. Fórmese expediente y anótese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 121/2019/IV-A. DESECHAMIENTO. Ahora, previo a que este órgano jurisdiccional se encuentre en condiciones de emitir un pronunciamiento sobre la admisión de la demanda que se intenta, en atención al artículo 113 de la Ley de Amparo , se analiza la procedencia de ésta, puesto que el citado precepto impone ante todo, la obligación de examinar dicho presupuesto procesal, para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano. Sentado lo anterior, conviene asentar que de acuerdo con los numerales 107, fracción III, inciso b, de la Constitución Federal, 61 , fracción XXIII, 62 , y 107 , fracción V, interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, cuando se trata de violaciones cometidas dentro de un procedimiento por regla general, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación; entendiéndose por ellos, los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. De lo anterior, se tiene que la interpretación realizada por el Tribunal del país en torno a la legislación constitucional y secundaria que rige actualmente la procedencia del juicio de amparo contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, ha sido en el sentido de que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, tutelados por la Constitución por medio de las garantías individuales, como la vida, la integridad personal, de libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, porque esa afectación o sus efectos no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga resolución favorable a sus pretensiones. Así, los actos de ejecución reparable no cuentan con dichas características, toda vez que existe la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyen para que el fallo sea adverso a los intereses de la parte quejosa; en cambio, salvo excepciones, la afectación a derechos adjetivos, sólo produce efectos de carácter formal o intraprocesal, que inciden dentro del procedimiento legal, según la intervención de las partes con vista a la obtención de una resolución favorable; por lo que si ésta se logra, tales actos se extinguen sin haber causado afectación a los derechos sustantivos del gobernado. Luego entonces, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versará en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento. De ahí que, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: El desechamiento de veintitrés de las veintiocho posiciones presentadas para la prueba confesional de Ligia María Rodríguez Vega, dentro de la audiencia agraria de veintidós de enero del año en curso, celebrada en los autos del juicio agrario 714/2017 del índice del Tribunal Unitario Agrario de Trigésimo Primer Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad. Bajo tales premisas, el acto reclamado referido, no puede ser considerado como acto de imposible reparación puesto que aquel tiene como consecuencia una afectación de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de ese tipo de actos son formales y desaparecen si la parte afectada obtiene resolución favorable; es decir, este no es un acto de imposible reparación ya que puede reclamarse con la resolución que en su momento se dicte. En mérito de lo anterior, se estima que el acto que por esta vía se reclama, no implica una ejecución de imposible reparación, que afecte de manera directa e inmediata los derechos sustantivos consagrados en la Constitución Federal o en algún tratado internacional del que México sea parte, sino que se trata de una transgresión a las leyes del procedimiento, que tiene efectos meramente procesales. Ello es así, dado que las violaciones que llegaren a cometerse al haberse desechado veintitrés de las veintiocho posiciones presentadas para la prueba confesional de Ligia María Rodríguez Vega, al encontrarse aún en trámite el procedimiento de origen, pueden quedar subsanadas con posterioridad, si en el caso, la resolución que se dicte en el expediente resultara favorable a sus intereses, o bien al impugnarla por la vía directa, si así lo estima conveniente. Lo anterior encuentra apoyo por analogía, en la jurisprudencia XXI.1o.P.A. J/1 (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, visible a página 1365, Tomo II, Libro 5, Abril de 2014, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "PRUEBAS EN EL JUICIO AGRARIO. LA OMISIÓN DE RECABARLAS OFICIOSAMENTE Y ORDENAR SU PRÁCTICA, AMPLIACIÓN O PERFECCIONAMIENTO CUANDO SEAN INDISPENSABLES PARA CONOCER LA VERDAD SOBRE LOS PUNTOS SOMETIDOS A LITIGIO, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO, ANÁLOGA A LAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 159 DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, E IMPUGNABLE EN EL JUICIO UNIINSTANCIAL. De una interpretación teleológica de los artículos 185 a 187 y 189 de la Ley Agraria, se advierte que los tribunales de la materia tienen la obligación de recabar oficiosamente pruebas y acordar su práctica, ampliación o perfeccionamiento cuando sean indispensables para conocer la verdad sobre los puntos sometidos a litigio; por tanto, la omisión de actuar en ese sentido constituye una violación a las leyes del procedimiento que afecta las defensas del quejoso, análoga a las previstas en el artículo 159 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, e impugnable en el juicio uniinstancial que se interponga contra la resolución definitiva del asunto, dado que la referida obligación probatoria resulta indispensable, a fin de que el fallo se emita conforme a derecho." Por tanto, toda vez que el acto reclamado no afecta de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo consagrado a favor de la parte quejosa, no queda en estado de indefensión alguno, además de que esa circunstancia no implica, necesariamente, que el fallo dentro del referido asunto, deba ser contrario a sus intereses. En consecuencia, al actualizarse de manera notoria e indudable la causa de improcedencia citada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de garantías origen de este asunto. Se invoca la Jurisprudencia 749, publicada en la página 505 del Tomo VI, Parte Tribunales Colegiados de Circuito, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA. El motivo manifiesto e indudable de improcedencia a que se refiere el artículo 145 de la Ley de Amparo, debe ser tan claro, evidente, notorio e indiscutible, que sin necesidad de ulterior comprobación haga inejercitable la acción constitucional." DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones, con fundamento en el artículo 27 de la ley de la materia, el precisado en el proemio de su demanda y como sus autorizados con las restricciones que impone el artículo 12 de la Ley de Amparo a Alfonso Rodríguez Flores y Laura Barradas Morales, en virtud de que no tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, tal y como se advierte en la certificación de cuenta. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS. Con apoyo en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas para efectuar las notificaciones o diligencias que se le encomienden durante la tramitación del juicio. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se comunica a las partes, con fundamento en los artículos 1º a 9º, 12 a 23, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo dispuesto en los artículos 5º a 9º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la citada Ley; que las resoluciones que se dicten en el juicio, constituyen información pública y podrán ser consultados por cualquier persona con la salvedad de lo previsto en el artículo 113, fracción V, de la ley citada; en la inteligencia de que de existir alguna oposición en términos de los artículos 8º de dicha ley y 9º del citado reglamento, la unidad administrativa determinará si tal oposición puede surtir efectos, y se omitirá la publicación de los datos personales en listas de notificación que se publiquen por vía electrónica. OBJECIÓN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES EN LAS LISTAS DE NOTIFICACIONES (FÍSICA Y ELECTRÓNICA). La parte quejosa no manifestó oposición a la publicación de sus datos personales en listas de notificación. Notifíquese personalmente a la parte promovente. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la Secretaria de Juzgado Zoila Flor Juárez San Martín, que autoriza y da fe.
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