Patricia María Araujo Cruz

Expediente 880/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 7 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
880/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
09/11/2023

Partes del expediente

  • Patricia María Araujo Cruz
  • Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrita

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Incidental

    ... Como se hizo constar en la certificación de cuenta, en proveído dictado en esta fecha se ordenó el archivo del juicio de amparo del que deriva este incidente. Archivo. Con fundamento en Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, archívese este expediente como concluido. Destino. Respecto al original del incidente de suspensión, toda vez que se negó la suspensión definitiva, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción III del citado Acuerdo General, este expediente es destruible. ...

  2. Principal

    ... Causa estado. De la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto de cuatro de octubre de dos mil veintitrés, por medio de la cual se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo, sin que haya ejercido ese derecho. En consecuencia, con fundamento por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que causó estado el referido acuerdo. ... Archivo... archívese este expediente como concluido. ... este expediente es destruible. ...

  3. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, a cuatro de octubre de dos mil veintitrés. Manifestaciones de quejosa. Agréguese el escrito de la quejosa Patricia María Araujo Cruz, mediante el cual señala que el veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés le fue noticiado el acuerdo de ocho de junio del año en curso, dictado por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, en el juicio laboral 2632/2018, relativo a la admisión de las pruebas ofrecidas por las partes en dicho asunto, por lo cual, considera que los derechos violentados en su perjuicio han sido restituidos. Estado de autos. Del estado de autos se advierte que mediante escrito recibido en este Juzgado el once de septiembre de dos mil veintitrés, la quejosa Patricia María Araujo Cruz solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto reclamado consistente en la omisión por parte de la autoridad responsable de dictar el acuerdo de admisión de las pruebas que ofreció en el juicio laboral 2632/2018-VI. En el caso, la parte quejosa adujo que la autoridad responsable con su actuar omisivo vulnera en su perjuicio lo dispuesto por los artículos 14, 16 y 17 Constitucionales, dada la dilación procesal en la que incurrió. Sin embargo, del análisis realizado a las constancias que integran el presente juicio se estima que respecto del citado acto reclamado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Porción normativa que establece la abolición de la acción constitucional debido a la cesación de los efectos del acto reclamado, dinámica que significa que la autoridad dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación u omisión, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva del comportamiento de la autoridad (acción o inacción), sino también la desaparición total de los efectos en que se traduce el comportamiento que asumió, que pueden verse acompañados o no de la insubsistencia misma del acto, pues es lógico que el motivo o razón que justifica la improcedencia aludida no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De esta manera, la improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la agraviada en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Así, de la interpretación relacionada de lo dispuesto en los artículos 61 fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante su existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Lo anterior es así, ya que como se dijo Patricia María Araujo Cruz, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal y reclamó de la autoridad responsable la omisión por parte de la autoridad responsable de dictar el acuerdo de admisión de las pruebas que ofreció en el juicio laboral 2632/2018-VI. Y de lo manifestado por la quejosa bajo protesta de decir verdad en su escrito de cuenta se advierte que el ocho de junio del año en curso, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, emitió el acuerdo de admisión de pruebas en el aludido expediente, el cual le fue notificado por lista de acuerdos de veintiuno de septiembre del año en curso. Lo anterior, tiene como consecuencia que la omisión reclamada dejó de surtir efectos, pues ya no existe materia de estudio en el presente asunto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2ª/J 59/1999, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Ante tales consideraciones, se concluye, que han cesado los efectos del acto combatido por la parte quejosa. Es aplicable al caso la tesis I.3o.C.92 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente." Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dado que la materia del acto reclamado en esta vía, ya no puede seguir surtiendo efecto legal alguno, toda vez que ya dejó de existir, por lo que se actualiza la causal de improcedencia invocada. En consecuencia, lo que procede en la especie, es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63 fracción V, en relación con el diverso numeral 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo. Sin efectos audiencia constitucional. En virtud de lo antes expuesto, se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tendría verificativo a las once horas con ocho minutos del cinco de octubre de dos mil veintitrés. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa. Así lo proveyó el Juez Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, Fermín Santiago Santiago, ante el Secretario de Juzgado Odín Edgardo Bonastre Díaz, que autoriza y da fe.

  4. Incidental

    ----se advierte que el presente tomo I del juicio de amparo 812/2021, consta de la foja uno a la mil setenta y siete, dificultándose con ello su manejo dada su voluminosidad, en consecuencia, se ordena la apertura del tomo II, por lo que, continúese con el folio mil setenta y ocho de los autos originales.

Quedan 3 actuaciones en este expediente

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