Patricia Luna Ramos
Expediente 706/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 18 actuaciones registradas, la última del 19 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 706/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 19/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Patricia Luna Ramos
- Olivia González Torres
- Kevin Ernesto Zapata Pérez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Incidental
mesa 10 VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECINUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto; toda vez que el día de la fecha se ordenó el archivo del Juicio de amparo del que deriva este incidente, al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, archívense los presentes cuadernos incidentales. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, diputación, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que toda vez que en el presente expediente se negó y concedió la suspensión provisional y se negó y se declaró sin materia la suspensión definitiva solicitadas, los cuadernos incidentales son susceptibles de depuración y carecen de relevancia documental, por actualizarse la hipótesis del artículo 18, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo General, motivo por el cual: el original debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el propio acuerdo, y el duplicado, deberá destruirse transcurrido seis meses del dictado de la interlocutoria emitida en este asunto. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurrido dicho plazo de archivado el incidente, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el cuaderno original distintas a las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar o su violación. Notifíquese.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECINUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el veintinueve de enero de dos mil veintiuno, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por Olivia González Torres, Kevin Ernesto Zapata Pérez, Francisco Javier Aguilar Hernández, Raciel Merodio Rodríguez, Jonás Hernández Zapata, Isaac Vicente López y Román Hernández Hernández; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, diputación, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su destrucción, por actualizarse la hipótesis del artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el numeral 22 del acuerdo normativo. En tal virtud, hágase saber a la parte promovente que una vez transcurrido dicho plazo, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Por otra parte, toda vez que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dése vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo. Finalmente, devuélvase a la Fiscal del Ministerio Público adscrito al Centro de Procuración de Justicia de Cunduacán, Tabasco, la copia certificada de la carpeta de investigación CI-CU-_I-901/2020, que envió como anexo a su informe justificado, constancia que se manejó por cuerda separada, constante de un tomo. Notifíquese.
- Principal
MESA En Villahermosa, Tabasco, a las trece horas con dos minutos del veintinueve de enero de dos mil veintiuno, estando en audiencia pública Carlos Calderón Espíndola, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, quien actúa debidamente asistido de Marseye Sánchez Bautista, Secretaria que certifica y da fe, procede a celebrar la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, referente al juicio de amparo 706/2020-10, promovido por Patricia Luna Ramos, a favor de Olivia González Torres, Kevin Ernesto Zapata Pérez, Francisco Javier Aguilar Hernández, Raciel Merodio Rodríguez, Jonás Hernández Zapata, Isaac Vicente López y Román Hernández Hernández. RELACIÓN DE CONSTANCIAS A continuación, el juez de distrito, declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes ni persona que las represente, y la Secretaria da cuenta con el estado que guardan los presentes autos e informa de las constancias que integran el expediente, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente del Más Alto Tribunal del País, en mil novecientos ochenta y nueve, de rubro: PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, la cual resulta aplicable ya que de acuerdo al artículo 6o., transitorio del Decreto que expide la nueva Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la jurisprudencia integrada conforme a la abrogada Ley de Amparo, continuará vigente en lo que no se oponga a la nueva Ley de Amparo. Atento a lo anterior, el Juez acuerda: Se tiene por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos, las cuales fueron agregadas a este juicio con conocimiento de las partes. PERÍODO PROBATORIO Abierto el período de pruebas, se da cuenta con las constancias que adjuntó el Fiscal del Ministerio Público adscrito al Centro de Procuración de Justicia de Cunduacán, Tabasco, a su informe justificado, consistentes en copia certificada de la carpeta de investigación CI-CU_I-901/2020, las cuales obran por cuerda separada dada su voluminosidad; así como las exhibidas por el Director de Seguridad Pública Municipal de Cunduacán, Tabasco, al rendir informe de suspensión de plano. Al respecto el Juez de Distrito acuerda: con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten las probanzas de referencia y se tiene por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza. PERÍODO DE ALEGATOS Cerrada dicha fase y abierta la de alegatos se da cuenta que ninguna de las partes hicieron uso de ese derecho. Sobre el particular, el Juez de Distrito acuerda: de conformidad en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley???? de Amparo, se tienen por perdido el derecho de las partes en hacerlo con posterioridad, por lo que se cierra esta fase. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y encontrándose debidamente integrado el expediente, se procede a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 706/2020-10, promovido por Patricia Luna Ramos, a favor de Olivia González Torres, Kevin Ernesto Zapata Pérez, Francisco Javier Aguilar Hernández, Raciel Merodio Rodríguez, Jonás Hernández Zapata, Isaac Vicente López y Román Hernández Hernández, contra actos del Fiscal General del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades, por estimarlo violatorio de los artículos 14, 16 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el veintiuno de agosto de dos mil veinte, a través de la Oficina de Correspondencia Común y turnado a éste órgano jurisdiccional en esa misma fecha, Patricia Luna Ramos, a favor de Olivia González Torres, Kevin Ernesto Zapata Pérez, Francisco Javier Aguilar Hernández, Raciel Merodio Rodríguez, Jonás Hernández Zapata, Isaac Vicente López y Román Hernández Hernández, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos y autoridades que a continuación se detallan: AUTORIDADES RESPONSABLES ORDENADORAS 1. Fiscalía General del Estado de Tabasco. 2. Fiscales del Ministerio Público del Fuero Común Titulares de Delitos Flagrantes. 3. Unidad de Atención Inmediata en su Primer Turno del Centro de Procuración de Justicia de Cunduacán, Tabasco. 4. Unidad de Atención Inmediata en su Segundo Turno del Centro de Procuración de Justicia de Cunduacán, Tabasco. 5. Unidad de Atención Inmediata en su Tercer Turno del Centro de Procuración de Justicia de Cunduacán, Tabasco. 6. Director de la Policía de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Tabasco. 7. Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco. 8. Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Cunduacán, Tabasco. ACTOS RECLAMADOS De las autoridades señaladas como responsables ordenadoras, la indebida retención y detención que libraron en contra de los CC. Olivia González Torres, Kevin Ernesto Zapata Pérez, Francisco Javier Aguilar Hernández, Raciel Merodio Rodríguez, Jonás Hernández Zapata, Isaac Vicente López y Román Hernández Hernández, misma que ejecutaron las restantes señaladas como responsables ejecutoras, quienes los mantienen retenidos, detenidos e incomunicados por un delito que no han cometido. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. En proveído de veinte de agosto de dos mil veinte, se registró la demanda bajo el expediente???? 706/2020-10, y previa ratificación se admitió a trámite el veintiuno siguiente, se pidió informe con justificación a las autoridades responsables; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le compete y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en términos del Acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Lo anterior, en virtud de que el acto reclamado tiene ejecución en la circunscripción donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de garantías. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917- Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como actos reclamados:? ? La retención, detención e incomunicación, decretada en su contra. TERCERO. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Las autoridades responsables Fiscalía General del Estado, Fiscales del Ministerio Público del Fuero Común titulares de Delitos Flagrantes, Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, todos con sede en esta ciudad, y la Directora de Seguridad Pública del municipio de Cunduacán, Tabasco, al rendir sus informes respectivos justificados, negaron la existencia de los actos reclamados consistentes en la de retención, detención e incomunicación, decretada en contra de los quejosos Olivia González Torres, Kevin Ernesto Zapata Pérez, Francisco Javier Aguilar Hernández, Raciel Merodio Rodríguez, Jonás Hernández Zapata, Isaac Vicente López y Román Hernández Hernández, sin que los quejosos hayan aportado prueba alguna con las que desvirtuaran tales negativas. Ante tales circunstancias, con fundamento en lo dispuesto en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, se SOBRESEE en el presente juicio por la inexistencia de actos. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 284, visible a página 236, Tomo VI, Materia Común, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 2000, que literalmente reza: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. CUARTO. CERTEZA DE LOS ACTOS. El Fiscal de la Unidad de Atención Inmediata del Centro de Procuración de Justicia de Cunduacán, Tabasco, y el Director de la Policía de Investigación del Estado, con sede en esta ciudad, al rendir informe justificado relativo, niegan los actos reclamados; sin embargo, de la lectura de dichos informes se advierte su existencia, al manifestar que los quejosos estuvieron retenidos en esas corporaciones, relacionados con la carpeta de investigación CI-CU_I-901/2020, pero que ésta fue remitida a la Unidad de Tramitación Masiva de Causa del Centro de Procuración de Justicia de Cunduacán, Tabasco, por lo que así deberá tenerse para los efectos que se le darán a la presente resolución. Atento a lo anterior, por auto de ocho de septiembre de dos mil veinte se tuvo como autoridad responsable al Fiscal del Ministerio Público adscrito al Área de tramitación masiva de causa del Centro de Procuración de Justicia de Cunduacán, Tabasco, encargado de la carpeta de investigación CI-CU_I-901/2020, mismo que al rendir su informe justificado señaló que los quejosos Olivia González Torres, Kevin Ernesto Zapata Pérez, Francisco Javier Aguilar Hernández, Raciel Merodio Rodriguez, Jonas Hernández Zapata e Isaac Vicente López, fueron dejados en libertad bajo las reservas de ley, en virtud que hicieron falta datos para probar su responsabilidad penal, y en cuanto a Román Hernández Hernández, se vinculó a proceso y se realizó procedimiento abreviado dentro de la causa penal 114/2020.?? Lo que se corrobora con la copia de las constancias que anexó a su informe justificado consistente en la carpeta de investigación CI-CU_I- 901/2020, la cual obra por cuerda separada, a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, porque se trata de actuaciones emitidas por autoridades en el ejercicio de su encargo. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1995, Quinta Época, de rubro: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. De igual forma, sirve de apoyo la tesis VII.P.43 P, del entonces Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, visible en la página cuatrocientos ochenta y seis, tomo IV, octubre de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE ATENDERSE A LA TOTALIDAD DE LOS DATOS QUE SE PROPORCIONAN EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS EN RELACIÓN CON LAS CONSTANCIAS QUE COMO JUSTIFICACIÓN DE SU INFORME RINDA LA AUTORIDAD RESPONSABLE. QUINTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA POR CESACION. Ahora bien, debe decirse, que previo al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia del juicio de amparo, ya sea que las partes las aleguen o que de oficio se adviertan por quien ahora resuelve, por ser esta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad a lo dispuesto por la última parte del artículo 62 de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo" En ese sentido, este juzgador estima que en el caso que nos ocupa, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo y con ello el sobreseimiento del juicio en que se actúa. Dicho precepto establece lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. En efecto, el artículo 61, fracción XXI, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando, hayan cesado los efectos del acto reclamado. En ese sentido, debe decirse que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado.?????? Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En esa tesitura, la Fiscal del Ministerio Público adscrito al Área de tramitación masiva de causa del Centro de Procuración de Justicia de Cunduacán, Tabasco, encargado de la carpeta de investigación CICU_ I-901/2020, al rendir su informe justificado manifestó que los quejosos Patricia Luna Ramos, Olivia González Torres, Kevin Ernesto Zapata Pérez, Francisco Javier Aguilar Hernández, Raciel Merodio Rodriguez, Jonás Hernández Zapata e Isaac Vicente López, fueron dejados en libertad bajo las reservas de ley, el veintidós de agosto de dos mil veinte, en virtud que hicieron falta datos para probar su responsabilidad penal. Luego, resulta evidente que a la fecha de presentación de la demanda de amparo que nos ocupa, el veintiuno de agosto de dos mil veinte, indudablemente existía el acto reclamado por los promoventes, pues éstos fueron detenidos, privados de la libertad y puestos a disposición del fiscal investigador el veinte del citado mes y año; sin embargo, a la presente fecha en que se celebró la audiencia constitucional, los efectos del acto reclamado han cesado, en consideración a lo antes plasmado; por lo que, como se anticipó, se surte la causal de improcedencia que prevé' el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, transcrito con antelación y procede sobreseer en el juicio conforme al diverso artículo 63, fracción V, de la misma Ley. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, publicada en la página 210, del Tomo VII, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son del tenor siguiente: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.- Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales e inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 77 de la Ley de Amparo. SEXTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA POR CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. Por otro lado, respecto del diverso quejoso Román Hernández Hernández, el suscrito considera que se surte la hipótesis prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo; circunstancia que desde luego, hace innecesario el análisis de los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa en su demanda de garantías, con base a las razones que a continuación se exponen. El aludido numera 61, fracción XVII, dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deba considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica [.] En efecto, la improcedencia del amparo es una institución jurídica por virtud de la cual el juzgado federal se encuentra imposibilitado para determinar si el acto reclamado es constitucional o inconstitucional, ya que su estudio es preferente, lo aleguen o no las partes. Ahora, en los procedimientos penales, una situación jurídica es el conjunto de normas que condicionan y rigen la restricción de la libertad, o bien, puede ser catalogada como una etapa procesal en el juicio. El cambio de situación jurídica se presenta cuando se complementa una etapa procesal en todas sus partes, dando pauta a que se inicie el siguiente conjunto de actos que conforman una nueva. Luego entonces, de autos se advierte que el quejoso Román Hernández Hernández, fue detenido el veinte de agosto de dos mil veinte y puesto a disposición de la Fiscalía del Ministerio Público adscrito al Área de tramitación masiva de causa del Centro de Procuración de Justicia de Cunduacán, Tabasco. Posteriormente, el veintisiete de agosto de dos mil veinte, fue dejado a disposición del Juez de Control de la Región dos en Cunduacán, Tabasco, mediante oficio 1070/2020, de esa misma data, vinculándose a proceso mediante el procedimiento abreviado dentro de la causa penal 114/2020. Por lo anterior, al haberse dictado la vinculación a proceso, este juzgador estima que ha desaparecido el motivo de inconformidad planteada por el promovente de amparo, consistente en la privación ilegal de la libertad al cambiar su situación jurídica, de conformidad con la fracción XVII del artículo 61 del ordenamiento legal invocado; por tanto, deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas por no poder decidirse en el procedimiento aludido, sin afectar la nueva situación jurídica originada con la aludida resolución. Consecuentemente, al actualizarse dicha hipótesis legal, lo que procede es sobreseer en el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, en relación con la fracción XVII, del diverso 61, ambos de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso, por analogía, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 270, Tomo XXVII, Junio de 2008, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE., que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto". De igual forma, son de tomar en cuenta las consideraciones expuestas en la tesis II.2o.P.20 P (10a.), consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 2, página 1287, de rubro y texto: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. SU EMISIÓN ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO ES LA ORDEN DE APREHENSIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE MÉXICO). En el sistema penal tradicional la emisión del auto de formal prisión posterior a la orden de aprehensión, cuando ésta es señalada como acto reclamado, generaba un cambio de situación jurídica en términos de la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, que hacía improcedente el juicio de garantías. Ahora, en el actual sistema de justicia penal de corte acusatorio acontece lo mismo con el dictado del auto de vinculación a proceso, pues éste produce -en esencia- los mismos efectos que el de formal prisión; por ejemplo, según el caso y al menos indirectamente restringe la libertad del impetrante de garantías, al estar sujeto a un proceso penal instaurado en su contra con todas las consecuencias que pueda acarrear, destacándose que ambas resoluciones constituyen el inicio de una nueva y diversa fase intraprocesal que genera a futuro sus propios efectos, distintos a los que en su momento se atribuyeron a la orden, aspectos que ya no podrían analizarse en el amparo, sin afectar en su caso a la diversa situación del impetrante que ahora se encuentra bajo los efectos formales de la resolución de término constitucional. De ahí que opere igualmente la causal de improcedencia en términos de la fracción y numeral citados. Circunstancia que impide analizar el fondo del asunto, en acatamiento a la tesis de jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 335, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, con el rubro y texto siguiente: SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". SEPTIMO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de veintiuno de agoto de dos mil veinte, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículo 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Olivia González Torres, Kevin Ernesto Zapata Pérez, Francisco Javier Aguilar Hernández, Raciel Merodio Rodríguez, Jonás Hernández Zapata, Isaac Vicente López y Román Hernández Hernández, contra los actos reclamados y las autoridades precisadas en el resultando primero, por las razones y fundamentos establecidos en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. SEGUNDO. En atención a lo señalado en último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.
- Principal
MESA 10 VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTIUNO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vistos; agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio y anexo de cuenta signado por el Fiscal del Ministerio Público Investigador adscrito al Centro de Procuración de Justicia de Cunduacán, Tabasco, mediante el cual informa que ya remitió las constancias relativas a la carpeta de investigación CI-CU_I-901/2020, lo que se corrobora con el auto de catorce de enero del presente año, en donde se tuvieron por recibidas dichas constancias, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
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