Patricia Gallegos Hernández

Expediente 132/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 5 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
132/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
03/05/2021

Partes del expediente

  • Patricia Gallegos Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    MESA 6 VILLAHERMOSA, TABASCO, TRES DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto; agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Secretario del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite el testimonio de la ejecutoria pronunciada el veintidós de abril de dos mil veintiuno, en el recurso de queja 32/2021, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por Patricia Gallegos Hernández, por propio derecho; en virtud de haberse resuelto el recurso de queja que hizo valer la citada promovente, en contra del auto de diez de febrero de dos mil veintiuno, mediante el cual se desechó la demanda que instó. Acúsese recibo. Por cuanto de la ejecutoria de que se trata, se advierte que el Tribunal revisor en su punto resolutivo determinó: ÚNICO: "Esta queja es infundada.". Ahora bien, del ocurso de cuenta se advierte que el Tribunal de Alzada no devolvió el expediente original del juicio de amparo del cual deriva el presente cuaderno de antecedes en que se actúa, el cual fue remitido junto con el escrito de expresión de agravios para la substanciación del citado recurso. En ese contexto, solicítese amablemente al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Circuito, con sede en esta ciudad, que de no tener inconveniente legal alguno devuelva a este órgano jurisdiccional, el citado expediente original 132/2021-6; por tanto, resérvese proveer lo conducente respecto al archivo del presente asunto, hasta en tanto el Tribunal oficiante devuelva el aludido juicio de amparo. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA 6 VILLAHERMOSA, TABASCO, ONCE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista; agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, signado por la Secretaria del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Circuito, con sede en esta ciudad, en el cual transcribe un proveído de ocho de marzo del año actual, en el que se admitió el recurso de queja interpuesto por Patricia Gallegos Hernández, registrándose bajo el número 32/2021, de su índice, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese.

  3. Principal

    MESA VILLAHERMOSA, TABASCO, DOS DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista; agréguese a los autos el escrito de cuenta, por medio del cual la quejosa Patricia Gallegos Hernández, interpone recurso de queja contra el proveído de diez de febrero del año en curso, en el que se desechó de plano la demanda de amparo. En tales condiciones, se tiene a la parte quejosa promoviendo recurso de queja en términos de los artículos 97, fracción I inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo. En consecuencia, se rinde informe en el sentido de que es cierto el acto reclamado, toda vez que mediante proveído de diez de febrero de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional desechó de plano la demanda de amparo promovida por Patricia Gallegos Hernández, en razón que este juzgador consideró que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. En consecuencia, agréguese a este expediente una de las copias del escrito de expresión de agravios que se provee y remítase el original del expediente en que se actúa al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Circuito, para lo que a bien tenga determinar, adjuntándole el original del escrito de expresión de agravios; dejándose cuaderno de antecedentes de este asunto, con copias certificadas de las constancias necesarias que permitan conocer su historia procesal completa. Notifíquese.

  4. Principal

    MESA 6 VILLAHERMOSA, TABASCO, DIEZ DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO. TRAMITACIÓN DE LA DEMANDA Visto; el escrito de demanda mediante el cual Patricia Gallegos Hernández, por su propio derecho, solicita el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclama del Juez de Control de la Región Judicial Nueve, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades, que estima violatorios de los artículos 8, 17 y 20, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmese cuaderno de amparo y regístrese en el libro de gobierno con el número 132/2021-6. DESECHAMIENTO A efecto de proveer lo conducente, se hace necesario traer a contexto lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 113.- El juez de distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Del precepto anterior, se desprende que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el juez de distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por manifiesto lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por indudable, que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse a las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad hace la promovente en el escrito de demanda de amparo, y así considerarla probada sin lugar a dudas, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría a la parte quejosa de su derecho a instar el juicio de amparo contra un acto que pudiera causarle perjuicio. Lo anterior, conforme a la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 448, XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. Ahora, de la demanda que nos ocupa, se advierte que el acto reclamado por la quejosa consiste en: El proveído de catorce de enero del año en curso, dictado en el Toca Penal 01/2021-IlI-C; en donde la Tercera Sala Penal Tradicional y de Oralidad del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, decreta como inadmisible el recurso de apelación promovido en contra de la decisión emitida en la audiencia intermedia de cinco de noviembre de dos mil veinte, dentro de la causa penal 2054/2019, relativa a la admisión de pruebas ofrecidas por el Fiscal del Ministerio Público. sí el suscrito juzgador estima que en el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de Ley de Amparo, que disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Articulo 107.- El amparo indirecto procede: (.) . Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.) Sobre el particular el numeral 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, instituye en su fracción III, lo siguiente: Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan. El Máximo Tribunal del país ha sostenido que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, el artículo 107, en dos de sus fracciones precisa el alcance de la expresión "actos de imposible reparación La primera de ellas -fracción III- dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. La segunda -fracción V-, cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. Con base en estas disposiciones, afirmó que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos. Es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo. Y la segunda, en el sentido de que estos derechos afectados materialmente revistan la categoría de sustantivos, expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consideraciones que dieron origen a la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En esa tesitura, podemos colegir que el artículo 107, fracciones IV y V de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, establece los supuestos de procedencia del amparo en la vía indirecta que comprenden todos los actos que pueden llevarse a cabo fuera y dentro de un procedimiento judicial, así como después de concluido, en ejecución de una sentencia. Esa regulación, con alguna diferencia, estaba en el artículo 114, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo abrogada, mismas que fueron interpretadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que el concepto de ejecución de imposible reparación, entendido como la afectación directa e inmediata a un derecho sustantivo, podía ser aplicada para los actos en ejecución de sentencia, a condición de que se tratase de afectación a derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada. Ese criterio, en cuanto a la aplicación del concepto de "ejecución de imposible reparación" con la definición que hace la actual fracción V del artículo 107, es aplicable al caso de la nueva Ley de Amparo. Por tanto, el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio o en ejecución de sentencia que sean de imposible reparación, entendida como la afectación material directa a un derecho sustantivo, solamente que en ejecución debe tratarse de derechos ajenos a la cosa juzgada. Así las cosas, el suscrito considera que el acto reclamado que impulsa el trámite de la presente controversia no produce la afectación material de un derecho sustantivo, por lo que no reviste el carácter de "imposible reparación", conforme a lo ya apuntado. Se razona en tal sentido, debido a que el acto reclamado en el presente asunto, como se indicó anteriormente, consiste en el proveído de catorce de enero del año en curso, dictado en el Toca Penal 01/2021-IlI-C, en el cual la Tercera Sala Penal Tradicional y de Oralidad del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, decreta como inadmisible el recurso de apelación promovido en contra de la decisión emitida en la audiencia intermedia de cinco de noviembre de dos mil veinte, dentro de la causa penal 2054/2019, relativa a la admisión de pruebas ofrecidas por el Fiscal del Ministerio Público, lo cual no constituye para la parte aquí quejosa un acto de imposible reparación, por lo que no se satisface el requisito de procedibilidad de la acción constitucional establecido en la fracción V, del numeral 107, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, toda vez que si bien no se tuvo por admitido el recurso de apelación promovido por la impetrante, el cual interpuso con motivo de la admisión de diversas pruebas ofrecidas por la Fiscal del Ministerio Público en la etapa intermedia, dicha determinación en ésta etapa del procedimiento no afecta derechos sustantivos reconocidos por la Constitución Federal y los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano, ya que se está frente a una violación procesal susceptible de ser reparada durante el desarrollo del juicio oral, en donde la parte quejosa puede controvertir el desahogo y valoración dichas pruebas, por lo que no se surte el supuesto previsto por el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en virtud de que no es un acto cuyos efectos sean de imposible reparación. En efecto, se considera de esa manera, debido a que con ese pronunciamiento de la responsable no se afecta materialmente, de manera directa e inmediata, algún derecho sustantivo de la parte quejosa, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener un resultado favorable al momento de resolverse el procedimiento de origen; lo anterior, considerando que la resolución combatida, por más que cause, en mayor o menor grado, una molestia en la parte interesada en el expediente de origen, por sí mismo no justifica la procedencia del amparo indirecto contra la referida determinación; sin embargo, en caso de obtener resultado favorable al resolverse éste, se repararían las posibles violaciones que hubieran acontecido en la determinación que aquí reclama. Sirve de apoyo, por analogía, la jurisprudencia sustentada por el Pleno del Decimoséptimo Circuito, de rubro y texto siguiente: JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, NO PROCEDE CONTRA LAS DETERMINACIONES DEL JUEZ DE CONTROL, CONSISTENTES EN LA ACEPTACIÓN DE MEDIOS DE PRUEBA OFRECIDOS POR ALGUNA DE LAS PARTES, EN LA ETAPA INTERMEDIA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. Hechos. Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes analizaron si es procedente el juicio de amparo indirecto contra la determinación del Juez de Control en la etapa intermedia, de admitir medios de prueba, arribando a conclusiones distintas, pues uno consideró que, por regla general, es procedente por afectar en forma preponderante y superior los derechos sustantivos de acceso a la justicia y defensa adecuada y los restantes concluyeron que no es impugnable a través de ese medio de control constitucional, porque no implica un acto de ejecución irreparable. Criterio jurídico: Las determinaciones del Juez de Control, relativas a la aceptación de los medios de prueba ofrecidos por alguna de las partes -o a la forma en que se pretendan recibir o desahogar-, por regla general, constituyen actos de naturaleza intraprocesal que no son susceptibles de impugnarse en el amparo indirecto. Justificación: Lo anterior es así, ya que con esas actuaciones normalmente no se violan derechos sustantivos contenidos en la Constitución General, sino sólo se afectan derechos adjetivos o procesales, los cuales no generan la afectación extrema que obligue a efectuar un inmediato análisis de la constitucionalidad de los actos procesales en cuestión; por tanto, no se ubican dentro de los actos de imposible reparación que como categoría excepcional del juicio de amparo prevén los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Ello pues una de las principales funciones del Juez de Control durante esta etapa, consiste en asegurarse de que durante la investigación no se hubieran cometido transgresiones a los derechos fundamentales del imputado y, en su caso, garantizar que las consecuencias de éstas no se trasladen a la etapa de juicio oral, por lo que esta etapa resulta el momento procesal idóneo para que éste haga valer sus inconformidades. De ahí que al momento de desahogar la prueba ante el Juez o tribunal de enjuiciamiento, dada la naturaleza híbrida del acuerdo de apertura a juicio oral, se reconoce la relación ineludible entre los aspectos vinculados con la motivación aplicada para admitir la prueba y aquellos que puedan derivar del debate para su desahogo; en consecuencia, estos últimos pueden ser valorados en la sentencia, dando lugar a una eventual declaratoria de ilegalidad o ilicitud, cuando trastoquen derechos fundamentales. De igual forma, fundamenta y motiva lo anterior, por su contenido, la jurisprudencia I.1o.A.E. J/5 (10a.), del Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la república, de rubro y texto: ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE O DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SUS CARACTERÍSTICAS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio general de que los actos tienen una ejecución irreparable o de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no cuando sólo afecten derechos adjetivos o procesales, porque la afectación irreparable o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufre obtenga una sentencia definitiva en el procedimiento natural, favorable a sus pretensiones. En consecuencia, a contrario sensu, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 107, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación llegan a extinguirse sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque esa violación es susceptible de repararse posteriormente, al reclamar el acto terminal o resolución. En efecto, la determinación impugnada si bien podría causar una afectación de derechos adjetivos o formales, sin embargo, no puede considerarse de imposible reparación, en virtud de que las pretensiones de la parte imputada en el juicio de marras, ahora quejosa, pueden quedar satisfechas si obtiene resultado favorable; pues se reitera, no afecta materialmente algún derecho sustantivo de la parte quejosa, lo que determina que no pueda calificarse como un acto dentro de juicio de imposible reparación, ya que sus efectos son meramente procesales. En consecuencia, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la hipótesis de improcedencia prevista en los artículos 61 fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo; con fundamento en el numeral 113 de la ley de la materia, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. EXPEDICIÓN DE COPIAS Y USOS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3°, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de acuerdo con el numeral 2° del primero de los ordinales invocados, de solicitarse por las partes o sus autorizados, expídanse copias simples o certificadas de las constancias que integran este juicio; para lo cual se faculta la entrega de éstas por la Secretaría correspondiente, previa satisfacción de las formalidades legales. Y, de igual forma, una vez que se emita resolución en este asunto, expídase a las partes reproducción de la determinación respectiva, con excepción de las autoridades responsables, a quienes se les comunicará por oficio con transcripción del fallo correspondiente. Atendiendo al contenido de la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se permite el uso de medios electrónicos en la consulta del presente asunto, y para el caso de que las partes lo soliciten, se ordena a la secretaría integrar al expediente el documento respectivo sin mayor proveído. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir citas y notificaciones, el que indica en la demanda, y como autorizado a Roberto Miguel Arias Juárez, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo y conforme al segundo párrafo del citado numeral al resto de las personas que menciona, por no contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado del Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. De igual forma, téngase al quejoso, proponiendo formas especiales de contacto, como es el número telefónico que indica; lo anterior, a fin de poder establecer las ya referidas comunicaciones no procesales. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Atento a lo previsto en el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 1, párrafo segundo, 7, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 43, 44, 47 y 48, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en la Primera Sección del Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete; y, 1, 2, fracción XI, 4, 5, 6 y 7, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, publicado en la Tercera Sección del Diario Oficial de la Federación, el diez de octubre de dos mil dieciocho, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado. Además de que, aun cuando no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información legalmente reservada o confidencial que se encuentre en los supuestos de los numerales 1, 3, 24, fracción VI, 111, 112, 116 y 120, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el cuatro de mayo de dos mil quince. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del artículo 21, tercer párrafo de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que cualquiera de los Actuarios de este órgano de control constitucional realice las notificaciones personales que se le encomienden en este asunto. DIGITALIZACIÓN DE CONSTANCIAS. Por otra parte, en ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3°, de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a este, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) Secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal. EXHORTO PARA CONTINUAR EL TRÁMITE DEL ASUNTO MEDIANTE EL ESQUEMA JUICIO EN LÍNEA Con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema del juicio en línea". Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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