Patricia Lozano Rivera

Expediente 900/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 12 actuaciones registradas, la última del 24 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
900/2021
Año
2021
Actuaciones
12
Última actuación
24/06/2022

Partes del expediente

  • Patricia Lozano Rivera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Córdoba, Veracruz, veinticuatro de junio de dos mil veintidós. Agréguese a sus autos el oficio firmado por el Juez Cuarto de Primera Instancia con sede en Orizaba, Veracruz; atento a su contenido, se le tiene acusando recibo del oficio 14812/2022, por medio del cual se le notificó el auto de veintiséis de mayo del año en curso. Cúmplase.

  2. Principal

    Córdoba, Veracruz, veintiséis de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a sus autos el oficio firmado por el Juez Cuarto de Primera Instancia, con sede en Orizaba, Veracruz; atento a su contenido, se le tiene acusando recibo del oficio por medio del cual se le notificó la sentencia dictada el veinticinco de abril de dos mil veintidós. Por otra parte, de la certificación que antecede se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia en la que se SOBRESEYÓ EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la Ley de Amparo, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión.

  3. Incidental

    Córdoba, Veracruz, veintiséis de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a sus autos el oficio firmado por el Juez Cuarto de Primera Instancia, con sede en Orizaba, Veracruz; atento a su contenido, se le tiene acusando recibo del oficio por medio del cual se le notificó la sentencia dictada el veinticinco de abril de dos mil veintidós. Por otra parte, de la certificación que antecede se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia en la que se SOBRESEYÓ EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la Ley de Amparo, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión.

  4. Principal

    CUARTO. Improcedencia. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." Como puede advertirse, el señalado motivo legal de improcedencia descansa en el principio de definitividad que rige en el juicio constitucional, pues siendo el amparo un medio extraordinario de defensa, resulta obvio que a él sólo pueda acudirse cuando previamente se haya agotado el recurso o medio de defensa legal previsto en la ley ordinaria, y que sea el idóneo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse, pues en esto estriba precisamente el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, el cual debió agotarse previamente por la accionante. En ese orden, para que opere tal causal de improcedencia deben actualizarse las siguientes hipótesis: 1. Que se trate de resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo. 2. Que respecto de las mismas la ley conceda algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. 3. Se exceptúa de agotar los recursos: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. En el caso, para evidenciar la causa de improcedencia en análisis, es menester traer a contexto los antecedentes del acto reclamado que se advierten de autos, a saber; 1. Mediante escrito presentado el veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, Concepción Valerio Luna, a través de su endosatario en procuración, demandó en la vía ejecutiva mercantil, de Patricia Lozano Rivera, el cobro de $550,000.00 (quinientos cincuenta mil pesos), intereses moratorios al 5%, pago de gastos y costas del juicio. 2. El veintiuno de junio de dos mil veintiuno, se llevó a cabo la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, con la directa demandada, en donde se embargó el excedente del salario mínimo hasta en un 30% que recibe como trabajadora de su fuente de trabajo. 3. Mediante escrito de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, Patricia Lozano Rivera contestó la demanda. 4. Por escrito de treinta de junio de dos mil veintiuno, el endosatario solicitó al juez responsable que se girara oficio a la fuente de trabajo de la demandada, para que se realizara el embargo del 30% (treinta por ciento) del excedente del salario mínimo que percibe la demandada, Patricia Lozano Rivera. 5. En auto de seis de octubre de dos mil veintiuno, el juez responsable ordenó girar oficio al centro de trabajo a efecto que se descontara el treinta por ciento (30%), del excedente del salario que percibe la quejosa Patricia Lozano Rivera como trabajadora del Instituto Mexicano del Seguro Social. Este último acto constituye el reclamado en este juicio de amparo. En ese entendido, la quejosa debió combatir el referido auto de seis de octubre de dos mil veintiuno, a través del recurso de revocación. Es así, pues los artículos 1334 y 1339 del Código de Comercio, disponen: "Artículo 1,339. Son irrecurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a $705,379.03 (Setecientos cinco mil trescientos setenta y nueve pesos 03/100 M.N.) por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda, debiendo actualizarse dicha cantidad anualmente. [.] Sólo serán apelables los autos, interlocutorias o resoluciones que decidan un incidente o cuando lo disponga este código, y la sentencia definitiva pueda ser susceptible de apelación, de acuerdo a lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo. ." "Artículo 1,334. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición." De los anteriores preceptos se obtiene que los autos sólo serán apelables cuando lo disponga el código y cuando la sentencia definitiva sea recurrible, porque el negocio sea mayor a $705,379.03 (setecientos cinco mil trescientos setenta y nueve pesos 03/100 M.N.), por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda, debiendo actualizarse dicha cantidad anualmente. También establecen que los autos que no fueren apelables pueden ser revocados por el juez que los dictó. De ahí que el auto que ordena la retención del salario no resulte apelable, de conformidad con el artículo 1339 del Código de Comercio, ya que la sentencia que se llegara a dictar en el procedimiento no excede la cantidad a que se refiere dicho precepto, pues la suerte principal es de $550,000.00 (quinientos cincuenta mil pesos). Por tanto debió ser combatido a través del recurso de revocación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1,334 del Código de Comercio, antes de acudir al juicio de amparo, pues la quejosa es parte en el juicio natural; y al no hacerlo, inobservó el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. Cabe señalar que procede esta causal de improcedencia, dado que el auto fue emitido por una autoridad judicial, como lo es el Juez Cuarto de Primera Instancia de Orizaba, Veracruz. Aunado a ello, no se está en alguno de los casos de excepción, pues el acto reclamado se vincula con un asunto mercantil en el que se ordenó girar un oficio para retener el salario de la demandada, esto es, el acto no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Tampoco consiste el acto en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la parte quejosa. Además, al ser la quejosa parte en el juicio natural, no se está en el supuesto de que el amparo se promueva por persona extraña al procedimiento; y la procedencia del recurso de revocación antes aludido, no está sujeta a interpretación adicional o que su fundamento legal sea insuficiente para determinarlo, pues es claro y patente al encontrarse regulado en el artículo 1334 del Código de Comercio. De modo tal que, si la quejosa no agotó el recurso de revocación en contra del acto reclamado, resulta indudable la actualización de la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Se invoca como apoyo, la jurisprudencia I.6o.C. J/37 sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, mayo de 2002, página 902, cuyo contenido es el siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Finalmente, debe quedar precisado que el acto reclamado fue emitido dentro del juicio 250/2021, y aun cuando se estimara que es de imposible reparación, estaba condicionado a ser impugnado a través del recurso ordinario a que haya lugar, en atención al principio de definitividad. Sirve de apoyo a lo anterior, por el razonamiento en ella expuesto, y de conformidad con lo dispuesto en el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, la jurisprudencia por contradicción 1a./J. 90/2011, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 810, del Libro I, Octubre de 2011, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "EMBARGO. EL AUTO QUE NIEGA ORDENARLO ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO, PREVIA INTERPOSICIÓN DE LOS RECURSOS A QUE HAYA LUGAR. Si bien es cierto que el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, establece que sólo puede impugnarse en amparo indirecto la última resolución que se dicte en los procedimientos de ejecución de sentencia y que debe entenderse por tal, la resolución que declara cumplida la ejecutoria, o bien, la que decreta la imposibilidad de cumplirla, también es cierto que la ratio legis consiste en evitar que se obstaculice la ejecución de las sentencias a través de la promoción de los juicios de amparo. Por ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio excepcional de que en contra de los actos dictados después de concluido el juicio sí es procedente el amparo indirecto, siempre y cuando se trate de aquellos que tienen autonomía propia y que no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. Así, el auto por virtud del cual el juez niega decretar el embargo sobre los bienes del deudor, puede considerarse dentro de los supuestos de excepción antes precisados ya que, por un lado, reviste de autonomía destacada y, por otro, si bien se trata de una actuación dictada dentro del procedimiento de ejecución de la sentencia, no está encaminada a obtener dicha ejecución, sino por el contrario, tiene como propósito impedir el cumplimiento de la cosa juzgada. No obstante lo anterior, el supuesto de procedencia del juicio de amparo indirecto antes precisado, está condicionado a que la resolución por virtud de la cual el juez natural niega la ejecución de la sentencia, haya sido impugnada a través de los recursos ordinarios a que haya lugar, en atención al principio de definitividad". En esa medida, al actualizarse la causal de improcedencia en mención, se impone sobreseer en el juicio, en términos del artículo 63, fracción V, de la ley de la materia. En consecuencia, dado el sentido de la presente resolución, existe impedimento jurídico para analizar los conceptos de violación que se dirigen a combatir la inconstitucionalidad del acto reclamado. Cobra aplicación la jurisprudencia 1028 del entonces Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 708, Tomo VI, ParteTCC, Octava Época, publicada en el Apéndice de 1995, que dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." QUINTO. Forma de publicación de la sentencia. Cabe precisar que en el auto de radicación se hizo del conocimiento de las partes que el contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituirían información reservada hasta en tanto se dictara sentencia definitiva, otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, con la prevención en el sentido de que si no hacían manifestación alguna, se les tendría por inconformes con la divulgación de dicha información. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de las partes en el sentido de permitir el acceso a la información confidencial, por tanto, se les tiene por inconformes con la divulgación de dicha información. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además en los artículos 61, 63, 73, 74, 75 de la Ley de Amparo vigente, se resuelve: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por *********, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, por lista de acuerdos a la parte quejosa y tercero interesada y por oficio a la autoridad responsable.

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