Patricia Gutiérrez Camarillo
Expediente 222/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 6 actuaciones registradas, la última del 31 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 222/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 31/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Patricia Gutiérrez Camarillo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Córdoba, Veracruz, treinta y uno de julio de dos mil veintitrés. El artículo 107, fracción XVI, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que no se puede archivar ningún juicio de amparo sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. Por su parte, el artículo 196 de la Ley de Amparo establece que la ejecutoria se tendrá por cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos, y si en esos términos se declara cumplida, se ordenará el archivo del expediente. Precisado lo anterior, cabe destacar que en sentencia dictada el veintiocho de abril de dos mil veintitrés, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por*** para los efectos siguientes*** El dos de junio de dos mil veintitrés, se declaró que dicha sentencia causó ejecutoria y se requirió a la autoridad responsable, Junta Especial Número Cincuenta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Orizaba, Veracruz, el cumplimiento del fallo protector. En ese contexto, mediante oficios números 2031 y 2037, de trece de junio del presente año, la Junta responsable remitió copia certificada del laudo de doce de junio de dos mil veintitrés, emitido dentro de los autos del expediente*** de su índice, así como de sus respectivas notificaciones; por lo que el veinte de junio de dos mil veintitrés, se dio vista a las partes por el término de tres días, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera. En esa tesitura, con apoyo en las constancias de autos, datos aportados por la autoridad responsable y considerando que ninguna de las partes desahogó la vista ordenada, en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, se procede a analizar si la misma se encuentra o no cumplida. De la confrontación de los efectos de la concesión del amparo y del cumplimiento dado por las responsables, se estima que la ejecutoria se encuentra cumplida en su totalidad, sin excesos ni defectos. Se afirma lo anterior, pues de las constancias remitidas por la Junta responsable se advierte la emisión del laudo dictado el doce de junio de dos mil veintitrés, dentro del expediente laboral número*** de su índice administrativo. Por tanto, dado que la autoridad responsable cumplió con los lineamientos fijados en la sentencia amparadora, se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce y disfrute del derecho violado; en consecuencia, se tiene por cumplida la ejecutoria en mención, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el juicio principal y el cuaderno original del incidente de suspensión deberán transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Se precisa que el presente asunto no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, por lo que se considera que no es de relevancia documental. En cumplimiento a lo dispuesto en al artículo 17, fracción III, incisos a), del citado Acuerdo General, se establece que el juicio principal es conservable y deberá transferirse al Archivo de Concentración, con apoyo de la Administración Regional correspondiente, una vez que transcurran tres años, contados a partir de la emisión del presente proveído. Notifíquese, y por oficio a la parte tercero interesada.
- Principal
Córdoba, Veracruz, veinte de junio de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos los oficios firmados por el Presidente de la Junta Especial Número Cincuenta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Orizaba, Veracruz; y anexos que lo acompañan; en atención a su contenido, se le tiene remitiendo las constancias relativas al cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Con apoyo en lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 196, de la Ley de Amparo, con copia certificada de las constancias remitidas por la citada autoridad responsable, dese vista a las partes por el plazo de tres días computados legalmente para que manifiesten lo que a su interés convenga; apercibidas, que de no hacerlo este Juzgado proveerá lo que en derecho corresponda respecto del cumplimiento del fallo protector. Notifíquese, y por oficio a la parte tercero interesada.
- Principal
Córdoba, Veracruz, dos de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación de esta fecha, en el sentido de que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia en la que se concedió el amparo y protección de la justicia de la unión en el presente juicio de amparo, dictada el veintiocho de abril de dos mil veintitrés, por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la Ley invocada, en relación con el 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado ejecutoria dicha resolución para los efectos legales a que haya lugar. Ahora, los efectos de la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa*** son los siguientes*** En consecuencia, con fundamento en el artículo 192, párrafos primero y segundo de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable, Junta Especial Número Cincuenta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Orizaba, Veracruz, para que dentro del plazo de tres días siguientes a la recepción del oficio en el que se le transcribe este acuerdo, cumpla puntualmente con la ejecutoria de amparo e informen a este Juzgado Federal sobre ello, con la remisión de las constancias que avalen dicho acato. Apercibida la autoridad responsable, que en caso de no hacerlo dentro del plazo concedido para ello, se hará acreedora de una multa de cien Unidades de Medida de Actualización conforme a su valor diario, en términos de lo previsto por los artículos 237, fracción I, y 258, de la Ley de Amparo, en relación con el Decreto por el que se reformó el inciso a) de la base II del artículo 41, y el párrafo primero de la fracción VI del Apartado A del artículo 123, y se adicionaron los párrafos sexto y séptimo del Apartado B del artículo 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. En el entendido de que si la autoridad responsable no cumple con el requerimiento señalado en el párrafo precedente, con independencia de hacerle efectiva la imposición de la multa señalada, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, conforme a lo establecido por los párrafos segundo y tercero del artículo 192 de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, agréguese a sus autos únicamente para que obre como corresponda el escrito signado por*** toda vez que en líneas que anteceden se declaró ejecutoria la sentencia emitida en el presente expediente, y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento respectivo. Notifíquese.
- Principal
Vistos, para dictar sentencia, los autos del juicio de amparo número 222/2023, promovido por*** contra la omisión reclamada a la Junta Especial Número Cincuenta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Orizaba, Veracruz, la que consideró violatoria en perjuicio de sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*** TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado de la Junta Especial Número Cincuenta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Orizaba, Veracruz, así lo manifestó su Presidente al rendir su informe justificado. Lo que, además, se corrobora con las copias certificadas de diversas constancias relativas al juicio laboral*** de su índice, que remitió la Junta responsable en apoyo a su informe con justificación; documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme a lo establecido en el precepto 2, de la Ley de Amparo, al haber sido expedidas por funcionario público en ejercicio de sus funciones. CUARTO. Improcedencia del juicio de amparo. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador -aun de oficio- antes de examinar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo que establece el artículo 62 de la Ley de Amparo; sin embargo, en el caso no se hizo valer ni se advierte de oficio la actualización de causa de improcedencia alguna en relación con el acto reclamado. QUINTO. Estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Es fundado lo alegado por el quejoso, en el sentido de que la omisión de la Junta responsable de dictar el laudo correspondiente, en el término que establece el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo, transgrede en su perjuicio el derecho de que la justicia pronta, consagrado en el artículo 17 de la Carta Magna. Previo a exponer los razonamientos que sustentan tal postura, es conveniente precisar que el juicio de origen se rige por las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo reformada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de abril de dos mil doce, en vigor a partir del diez de abril del citado año, ya que el contencioso natural inició el diez de septiembre de dos mil veintiuno. Precisado lo anterior, este Juzgado de Distrito estima que asiste razón al impetrante, en la medida que la responsable viola en su perjuicio el derecho fundamental consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no cumplir con el término que establece la Ley Federal del Trabajo para dictar el laudo respectivo. A fin de demostrar lo anterior, resulta imperativo mencionar que el artículo 17 Constitucional, en lo conducente, establece lo siguiente*** Disposición constitucional que consagra el derecho de acceso a la impartición de justicia, el cual contiene como uno de sus principios la justicia pronta. Este principio consiste en que las autoridades deben tramitar y resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezca las leyes aplicables. Por su parte, los artículos 8° y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, firmada en San José, Costa Rica, el veintidós del mes de noviembre del año de mil novecientos sesenta y nueve, establecen en lo conducente lo siguiente*** De la interpretación sistemática de tales dispositivos, se desprende el derecho a la tutela judicial efectiva, que se traduce en exigir a los jueces del proceso, que eviten dilaciones y entorpecimientos indebidos que pudiesen conducir a la impunidad y debida protección judicial de los derechos humanos. Ello supone tomar todas las medidas necesarias para remover los obstáculos que puedan existir para que los individuos puedan disfrutar de los derechos que la Convención reconoce. Por otro lado, los artículos 884 a 890, de la Ley Federal del Trabajo aplicables al caso disponen lo siguiente*** Los invocados preceptos establecen los plazos y términos en que deben desarrollarse las diversas etapas que conforman el procedimiento ordinario laboral y que son ulteriores al dictado del cierre del periodo instructivo. De las mencionadas disposiciones es posible obtener el término con que cuenta una Junta para emitir el laudo que resuelva en definitiva el juicio laboral, una vez declarado el cierre de la instrucción en el controvertido de que se trate. Así es, tales artículos establecen que una vez declarada cerrada la instrucción*** Dentro del término de diez días siguientes deberá formularse, por escrito, el proyecto de resolución en forma de laudo, con los requisitos que indica el artículo 885, de la Ley Federal del Trabajo*** Elaborado el proyecto respectivo, deberá entregarse una copia a cada uno de los miembros de la Junta, quienes dentro del término de cinco días hábiles, de su recepción, podrán solicitar la práctica de diligencias que no se hubieren llevado a cabo por causas no imputables a las partes o que juzguen convenientes para el esclarecimiento de la verdad; en este último caso, la Junta, con citación de las partes, fijará día y hora para el desahogo de la diligencia que corresponda dentro del término de ocho días (artículo 886, de la Ley Federal del Trabajo*** Transcurrido el término a que se refiere el artículo 886, de la Ley Federal del Trabajo (cinco días hábiles a partir de la recepción del proyecto de laudo), o bien, desahogadas las diligencias que en ese término se hubieren solicitado (desahogadas dentro de los ocho días siguientes al vencimiento de los cinco días hábiles), el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma para la discusión y votación, la que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes contados a partir de cualquiera de los dos supuestos antes mencionados (artículo 887 del a Ley Federal del Trabajo). 4. Terminada la discusión, se procederá a la votación y el Presidente declarará el resultado (artículo 888, de la Ley Federal del Trabajo). Si el proyecto fuere aprobado sin modificación alguna, se elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato por los miembros de la Junta. Si se hicieren modificaciones al proyecto, se ordenará al secretario que de inmediato redacte el laudo, de acuerdo con lo aprobado (artículo 889, de la Ley Federal del Trabajo). Engrosado el laudo, el secretario recogerá las firmas de los miembros de la Junta, y una vez recabadas, turnará el expediente al actuario para que de inmediato notifique personalmente el laudo a las partes. Como se ve, en suma, como término máximo para emitir laudo en un asunto en el que se ha declarado cerrada la instrucción, la Junta laboral correspondiente cuenta con treinta y tres días hábiles contados a partir de que decretó dicho cierre instructivo. Luego, la junta laboral que, en contravención a los artículos 885 a 889, de la Ley Federal del Trabajo, omita dictar el laudo respectivo en el citado lapso contado a partir de la emisión del auto de cierre de instrucción, infringe el derecho de acceso a la impartición de justicia consagrada en el artículo 17 Constitucional. En el caso, la omisión atribuida a la Junta responsable ha vulnerado los anteriores preceptos, pues de las constancias que integran el juicio laboral número*** se desprende, en lo que trasciende, lo siguiente*** De lo anterior se obtiene que la Junta responsable ha soslayado el principio de acceso efectivo a una justicia pronta, completa e imparcial, debido a que su omisión en dictar el laudo que dirima la controversia entre la partes, infringe el contenido del artículo 17 Constitucional, así como lo establecido en los numerales 885 a 889, de la Ley Federal del Trabajo. Es así, pues de las constancias anteriormente relatadas se desprende, que el trece de octubre de dos mil veintidós, turnó los autos a efecto de elaborar la resolución correspondiente en el juicio laboral*** sin que a la fecha en que se emite esta sentencia exista en autos constancia alguna que demuestre que la citada autoridad haya emitido el laudo que resuelve en definitiva el indicado controvertido laboral, por lo cual resulta evidente que al día de hoy han transcurrido más de treinta y tres días hábiles (término máximo con que cuenta la Junta para dictar el laudo), sin que la autoridad responsable hubiera dictado tal resolución. Luego, resulta inconcuso que la Junta responsable no respetó los términos legales que prevén los artículos 885 a 889, de la Ley Federal del Trabajo, en los que deben desarrollarse las diversas etapas que conforman el procedimiento ordinario laboral y que son ulteriores al dictado del cierre del periodo instructivo. Términos que en total, suman un lapso de treinta y tres días hábiles contados a partir de que se haya decretado el cierre de instrucción, en el que la Junta responsable debe emitir el laudo respectivo. Por tanto, la omisión de la autoridad responsable viola el artículo 17 Constitucional, al retardar indebidamente la solución de la controversia planteada en el juicio laboral, por lo que procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. Cabe señalar que de conformidad con el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, el efecto de las sentencias que se dicten en los juicios de amparo contra actos negativos u omisiones, es obligar a las autoridades responsables a respetar el derecho de que se trate y cumplir a lo que el mismo exija. En ese contexto, para cumplir con la presente sentencia, una vez que ésta cause ejecutoria, la autoridad responsable, Junta Especial Número Cincuenta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Orizaba, Veracruz, de inmediato deberá emitir el laudo que resuelva la controversia planteada en el juicio laboral*** de su índice. SEXTO. Forma de publicación de la sentencia. Cabe precisar, que en el auto admisorio del presente controvertido, se hizo del conocimiento de las partes que el contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituirían información reservada hasta en tanto se dictara sentencia definitiva, otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, con la prevención en el sentido de que si no se hacían manifestación alguna conllevaría a la no aprobación a tal publicación. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de las partes en el sentido de permitir el acceso a la información confidencial, se les tienen por inconformes con la divulgación de dicha información. Por lo expuesto y fundado, se*** ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA a*** contra la omisión reclamada de la Junta Especial Número Cincuenta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Orizaba, Veracruz, por los motivos y para los efectos precisados en el considerando quinto de la presente resolución. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese.
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