Patricia Loria Argaiz

Expediente 982/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 7 actuaciones registradas, la última del 20 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
982/2020
Año
2020
Actuaciones
7
Última actuación
20/05/2021

Partes del expediente

  • Patricia Loria Argaiz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Ciudad de México, veinte de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa, que es a quien pudiera causarle perjuicio a la sentencia terminada de engrosar el veinte de abril de dos mil veintiuno, en la que se determinó sobreseer en el presente juicio de garantías, no la recurrió dentro del plazo que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo; con fundamento en la fracción II, del artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que la citada sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, por lo que, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por El Consejo de la Judicatura Federal; se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 8.1.2 ordinal 1, del Manual referido, pues se trata de un asunto sobreseído y además no se considera relevancia documental, toda vez que no se encuentra dentro de los supuestos que establece el artículo 15 del Acuerdo aludido así como el numeral 5.1 del referido Manual, esto es: 1) No es promovido por delitos contra la seguridad de la Nación, derecho internacional, humanidad, administración de justicia, ambiente y gestión ambiental; 2) No se trata de resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; 3) No es un asunto relativo a un conflicto laboral colectivo trascendente, ni versa sobre temas relativos al patrimonio histórico, arqueológico, artístico, y no es un asunto en materia agraria; 4) No es un asunto generado por los Plenos de Circuito y; 5) No se integró jurisprudencia o tesis aislada derivada del presente asunto, por parte de los Tribunales de Circuito. Por lo tanto, una vez que haya transcurrido el término de tres años a que se refiere el párrafo primero del artículo 21, del multicitado Acuerdo, contados a partir del presente archivo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria Nancy Alejandra Magos Jurado, quien autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto número 982/2020-IX, promovido por Ricardo Munguía Barrientos, en su carácter de apoderado legal de Patricia Loria Argaiz, contra un acto de la Administración Tributaria en San Jerónimo; y, R E S U L T A N D O. PRIMERO. Por escrito recibido electrónicamente el diecinueve de octubre de dos mil veinte, Ricardo Munguía Barrientos, en su carácter de apoderado legal de Patricia Loria Argaiz, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de la autoridad y el acto que a continuación se precisan: III. AUTORIDAD RESPONSABLE: -ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SAN JERÓNIMO. IV. ACTO RECLAMADO: -La omisión de dar contestación al escrito de petición presentado en su oficialía de partes el pasado veintiséis de agosto de dos mil veinte. SEGUNDO. Mediante proveído de veintiuno de octubre de dos mil veinte, fue registrada y admitida la demanda con el número 982/2020-IX, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se dio la intervención que legalmente compete al Fiscal Ejecutivo Titular adscrito, y se señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual se celebró en términos del acta que antecede y termina con el dictado de la presente sentencia; y, C O N S I D E R A N D O. PRIMERO. Este Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 37 y 107, fracción II de la Ley de Amparo; 52, fracciones II y IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General número 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en los que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, debido a que se reclama una omisión de naturaleza administrativa atribuida a una autoridad en esa materia distinta de las judiciales, con residencia en la jurisdicción que corresponde a este juzgado. SEGUNDO. Para efectos de determinar la certeza de los actos reclamados, con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se toma en consideración que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 40/2000, aplicada por analogía, estableció la obligación de que el juez de amparo analice la demanda de garantías en su integridad a efecto de determinar con exactitud la intención del promovente y precisar los actos materia de la litis constitucional. La citada jurisprudencia es de rubro: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. (Novena Época, Registro: 192097, Instancia: Pleno, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de dos mil (2000), Materia Común, Página: 32) Por lo anterior, del análisis integral que al efecto se realiza de la demanda, se colige que el acto reclamado consiste en la omisión de dar contestación a la petición presentada el veintiséis de agosto de dos mil veinte. TERCERO. Es cierto el acto atribuido a la Administración Tributaria en San Jerónimo de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, consistente en la omisión de dar respuesta a la petición del quejoso presentada el veintiséis de agosto de dos mil veinte, pues aunado a que fue omisa en rendir su informe justificado, de las manifestaciones contenidas en los oficios SAF/TCDMX/SAT/AT/SJE/1446/2020, de diecisiete de noviembre de dos mil veinte, y SAF/TCDMX/SAT/AT/SJE/0008/2021, de cinco de enero de dos mil veintiuno, suscritas por el Subdirector Divisional de esa Administración, se observa que fue con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo que fue atendida la petición formulada por la promovente. CUARTO. Previamente al estudio del fondo de la cuestión planteada, se deben analizar las causas de improcedencia que hagan valer las partes o aquéllas que se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de garantías tal como lo establece el artículo 62, de la Ley de Amparo, que dispone: Las causes de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." En ese contexto, se estima que en el presente asunto por el acto reclamado consistente en la omisión de dar contestación al escrito de petición presentado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en razón de que la autoridad responsable ya atendió la petición formulada por la quejosa. Cabe mencionar lo establecido en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone lo que sigue. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. El precepto en cita establece la improcedencia del juicio de amparo cuando el acto reclamado ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, ya sea que la autoridad responsable haya revocado el acto materia de la litis, cuando éste tenga el carácter de positivo o negativo, o bien, se realice la acción que se reclama, en el caso de los de índole negativo, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal forma que el acto ya no agravie al quejoso. Apoya a lo anterior, aplicada por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 9/98, de rubro: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. (Número de Registro: 196,820, Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, VII, Febrero de 1998, Página: 210) En la especie, para corroborar la actualización de la causa de improcedencia, es necesario precisar lo siguiente. La quejosa, acreditó con el acuse de recibo respectivo que el veintiséis de agosto de dos mil veinte, presentó en la Administración Tributaria San Jerónimo, un escrito con el cual le solicitó: Por este conducto, solicitamos de esa H. Administración Tributaria, sean generadas las líneas de captura de los bimestres 2, 3, 4, 5 y 6 del ejercicio fiscal del año 2019, de la cuenta predial 354-304-10-000-2 a nombre de la contribuyente Patricia Loria Argaiz, correspondiente al domicilio cuya nomenclatura oficial es Picacho 119, colonia Jardines del Pedregal, alcaldía Álvaro Obregón, C.P.01900 en esta CDMX. En atención a lo anterior, mediante oficio SAF/TCDMX/SAT/AT/SJE/0008/2021, de cinco de enero de dos mil veintiuno, el Subdirector Divisional de esa Administración de la Administración Tributaria en San Jerónimo de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, informó que el diecisiete de diciembre de dos mil veinte, la quejosa recibió las líneas de captura de los bimestres 2, 3, 4, 5 y 6 (segundo a sexto) del ejercicio fiscal de dos mil diecinueve, de la cuenta predial 354-304-10-000-2, lo cual acreditó con los acuse de recibo respectivos (fojas34-40), documentales que de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tienen pleno valor probatorio. Importa destacar que con las documentales descritas, mediante proveído de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés legal conviniera, sin que al efecto haya hecho uso de ese derecho. En ese tenor, se estima que el acto omisivo que reclama se basa en que alega que se infringió en su perjuicio la garantía que consagra el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé que el particular debe formular una petición por escrito realizada en forma pacífica y respetuosa y la autoridad a quien se dirigió debe emitir un acuerdo por escrito y hacerlo del conocimiento del peticionario en un breve término. De ahí que si la quejosa presentó su petición a la Administración Tributaria en San Jerónimo, de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, el veintiséis de agosto de dos mil veinte, en el que le solicitó se expidieran las líneas de captura de los bimestres 2, 3, 4, 5 y 6 (segundo a sexto) del ejercicio fiscal de dos mil diecinueve, de la cuenta predial 354-304-10-000-2, y el Subdirector Divisional de esa Administración, atendió la solicitud con la expedición respectiva como quedó de manifiesto con los acuses de recibo de las líneas de captura, recibidas por la agraviada el diecisiete de diciembre de dos mil veinte, lo cual además fue hecho de su conocimiento mediante acuerdo emitido el diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, mediante la notificación que este juzgado efectuó del mismo, por tanto se concluye que se cumplió con la garantía que se estimó violada y que está consagrada en el artículo 8 constitucional, ya que se atendió la petición que se presentó y se hizo del conocimiento la atención resuelta a la solicitante de amparo. Ello es así, pues con independencia del sentido en que se emita y de la fecha de la notificación, fundamentalmente, lo que pretende la garantía constitucional anteriormente citada es la exigencia de dar contestación a la petición, puesto que la autoridad tiene la obligación de contestarle al peticionario, así como hacerle de su conocimiento el sentido de su acuerdo. Por tanto, es de considerarse que se acredita la satisfacción los supuestos indicados, por lo que es dable estimar que han cesado los efectos del acto reclamado consistente en la omisión en dar contestación al escrito de petición de veintiséis de agosto de dos mil veinte. Es aplicable al caso, por analogía, la tesis de jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a continuación se transcribe de contenido literal siguiente. CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. (Novena Época, Registro: 193758, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 59/99, Página: 38). En consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, por tanto, lo que procede es sobreseer en el presente juicio de amparo de conformidad con el precepto 63, fracción V de la ley en mención, respecto de la omisión de la Administración Tributaria en San Jerónimo, de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, en dar respuesta al escrito de petición de veintiséis de agosto de dos mil veinte. Por lo expuesto y fundado y con apoyo, además, en lo dispuesto por los artículos 73 a 79, 124, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Ricardo Munguía Barrientos, en su carácter de apoderado legal de Patricia Loria Argaiz. Notifíquese por lista a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria Nancy Alejandra Magos Jurado, con quien actúa y da fe, hasta el día de hoy veinte de abril de dos mil veintiuno, fecha en que las labores del Juzgado permitieron concluir su engrose. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad de México, diecinueve de febrero de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal del presente asunto, se impone destacar que en términos del artículo 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, es un hecho notorio que, del cinco de diciembre de dos mil veinte al quince de febrero de dos mil veintiuno, a través de las Circulares números SECNO/29/2020, SECNO/1/2021, SECNO/4/2021, SECNO/6/2021 y SECNO/9/2021, emitidas por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se ordenó la suspensión de los plazos y términos procesales en todos los asuntos judiciales y como forma de trabajo el esquema de contingencia previsto por el "Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19", como medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales con sede en la Ciudad de México derivado del virus COVID-19. Ahora bien, de conformidad con la Circular SECNO/10/2021 emitida por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, con motivo de la prolongación del periodo de contingencia sanitaria, el dieciséis y diecisiete de los presentes se continúa con el esquema de contingencia previsto en las Circulares anteriores, y a partir del dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, se reactiva en su totalidad el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales conforme a los lineamientos contenidos en el "Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID19", en consecuencia, se reanudan los plazos y términos procesales en el presente juicio. Cabe destacar que el presente asunto no se ubica en ninguno de los supuestos a que se refirió el citado Acuerdo General 13/2020 para que previamente se reanudara su trámite, por lo que hasta la fecha en que se actúa, se procede acordar lo conducente. En tales circunstancias, atendiendo a que no fue posible que tuviera verificativo la mencionada audiencia por las razones expuestas y derivado de las cargas de trabajo, con fundamento en el artículo 124, de la Ley de Amparo, se fijan las DIEZ HORAS DEL DOCE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO, para la celebración de la audiencia constitucional. Al caso se cita, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "AUDIENCIA EN EL AMPARO. QUEJA INFUNDADA CONTRA EL SEÑALAMIENTO DE ELLA FUERA DEL TÉRMINO LEGAL." Así como la diversa de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo LXVIII, página 519, de rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, SEÑALAMIENTO DE." Asimismo, con fundamento en las fracciones I y II del artículo 2 del mencionado acuerdo 21/2020, se hace del conocimiento de las partes que los plazos, términos y vistas, ordenados en los acuerdos y requerimientos dictados en este juicio, se reanudaran a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación del presente proveído; por lo que se deberán de estar a lo ahí´ determinado y a los apercibimientos respectivos. Ahora bien, se tiene por recibido el oficio de cuenta signado por el Subdirector Divisional de Administración Tributaria en San Jerónimo, de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, por medio del cual, ofrece diversas pruebas documentales. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas y admitidas las pruebas documental que refiere la autoridad responsable, las cuales se desahogaran por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de las mismas al momento de celebrar la audiencia constitucional. En términos del artículo 66 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se da vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga, sin perjuicio de hacer nueva relación de ellas en la audiencia de ley. Sirve de apoyo la tesis: I.5o.C.2 K, del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro siguiente: PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LAS CONSTANCIAS ACOMPAÑADAS AL INFORME JUSTIFICADO, Y LAS REQUERIDAS OFICIOSAMENTE POR EL JUEZ DE DISTRITO, DEBEN SER DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES.(No. Registro: 204616, Tesis, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, II, Agosto de 1995, Página: 594) En atención a lo dispuesto por el artículo 22, del "Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19"; se exhorta a todas las partes, es decir a la parte quejosa, a las autoridades responsables, y Fiscal Ejecutivo Titular adscrito; para que: 1) De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea o bien, 2) Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá´ registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Para lo anterior, deberán proporcionar el nombre de usuario o usuarios, que autorizan para la consulta del expediente electrónico, y solicitar de manera expresa que las notificaciones se les practiquen de manera electrónica, a través de alguno de los usuarios que indiquen. O bien, deberán especificar y proporcionar los datos necesarios, para entablar las comunicaciones no procesales; en el entendido de que estas, quedaran sujetas a la autorización previa de este juzgado, tomando en consideración su idoneidad y pertinencia. Finalmente, se ordena practicar las notificaciones del presente asunto, de manera escalonada y en el turno que le corresponda, de conformidad con los lineamientos del citado Acuerdo 21/2020. Notifíquese por lista a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria Nancy Alejandra Magos Jurado, quien autoriza. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad de México, diecinueve de noviembre de dos mil veinte. Se agrega en autos el oficio de cuenta suscrito por el Subdirector Divisional de Administración Tributaria en San Jerónimo de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, a través del cual ofrece como prueba de su parte la documental que se adjunta. Con apoyo en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°, se agrega a los autos el ocurso de mérito para que surta los efectos legales correspondientes, tomando conocimiento de su contenido. Ahora bien, en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tiene por ofrecida y admitida la documental de mérito, la cual se desahoga por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarla de nueva cuenta en la audiencia constitucional. Con fundamento en el artículo 66, segundo párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se da vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés y derecho convenga respecto de las constancias que se agregan, sin perjuicio de hacer nueva relación de éstas en la audiencia constitucional. Por su contenido medular es de citarse la tesis: I.5o.C.2 K, del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro: PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LAS CONSTANCIAS ACOMPAÑADAS AL INFORME JUSTIFICADO, Y LAS REQUERIDAS OFICIOSAMENTE POR EL JUEZ DE DISTRITO, DEBEN SER DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES. (No. Registro: 204616, Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, II, Agosto de 1995, Página: 594.) Notifíquese por lista parte quejosa . Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria Nancy Alejandra Magos Jurado, quien autoriza. Doy fe.

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