Patricia Gutierrez González
Expediente 1158/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 8 actuaciones registradas, la última del 30 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1158/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 30/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Patricia Gutierrez González
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
En la Ciudad de México, treinta de septiembre de dos mil veintidós. Se tiene por recibido el oficio de cuenta, signado por la Directora General de Especialidades Periciales Documentales, de la Coordinación General de Servicios Periciales de la Fiscalía General de la República, por medio del cual, remite el dictamen pericial solicitado en autos. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo agréguese a los autos tomando conocimiento de su contenido. Ahora, en relación con el dictamen que rinde la perito oficial, se impone destacar que para que el mismo cuente con validez, es necesario que lo ratifique ante la presencia judicial, acto para el cual, conviene precisar lo siguiente. El artículo 6 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en lo que interesa dispone lo siguiente: Artículo 6.Modelo de atención presencial basado en citas La presencia física de las partes en los órganos jurisdiccionales se admitirá dentro de los siguientes supuestos y reglas: I Cuando sea la o el titular del órgano jurisdiccional quien cite físicamente a las partes o a diversas personas para una comparecencia, para el desahogo de un requerimiento o para su participación en una diligencia o audiencia, será el propio órgano jurisdiccional quien genere la cita respectiva desde la modalidad del programa "Agenda OJ" que le permita realizar dicha funcionalidad. Para ello, deberá considerarse que: a) El citatorio permitirá la generación desde uno hasta tres códigos QR, según se estime necesario atendiendo a la naturaleza de la diligencia a practicar. b) Cuando el citatorio respectivo se notifique electrónica o personalmente, junto con el mismo se hará entrega del Código QR respectivo. c) Cuando el citatorio se notifique por lista, el o los Códigos QR se dejarán en el acceso del edificio respectivo y se dará aviso a la administración del mismo con las fechas y horarios de audiencia, de modo que quienes acusan a la cita puedan ingresar bajo la regla de hasta dos personas por Código. Una vez en el órgano jurisdiccional se verificará que quienes asistan cuenten con la capacidad procesal necesaria para participar en la diligencia. d) La o el titular deberá garantizar bajo su más estricta responsabilidad la adopción de las medidas de distanciamiento social necesarias, de modo que las diligencias, comparecencias y audiencias no interfieran con personas que hayan programado personalmente sus citas, y que en ningún caso se ponga en riesgo la salud del personal jurisdiccional ni de las personas justiciables. e) Tratándose de requerimientos sujetos a un plazo, el órgano jurisdiccional generará la cita para que tenga verificativo el día en que venza. (Lo destacado es propio) De lo anterior se advierte que conforme a las disposiciones establecidas para la "reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID19", en lo que interesa, tratándose de requerimientos formulados por el órgano jurisdiccional para que una de las partes comparezca ante él para el desahogo de algún requerimiento o diligencia, el juzgador deberá programar una cita para esa comparecencia, que tendrá verificativo el día del vencimiento del término otorgado; para lo anterior, se establecieron algunas reglas para la entrega del código QR, necesario para acudir a la referida cita. En ese contexto, a efecto de que la perito oficial comparezca ante este Juzgado Federal a ratificar su dictamen pericial, conforme a lo dispuesto por el artículo 6 fracción I, del multicitado Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se requiere a Fabiola Cleotilde Matías Estanfer, por conducto de la Coordinación General de Servicios Periciales de la Fiscalía General de la República, para que con identificación oficial vigente provista de fotografía y copia de la misma, así como del Código QR que al efecto se le remite, comparezca en las instalaciones que ocupa este Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, ubicado en Boulevard Adolfo López Mateos mil novecientos cincuenta, tercer piso, colonia Tlacopac, San Ángel, Alcaldía Álvaro Obregón Ciudad de México, a las ONCE HORAS DEL ONCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, a efecto de que, ante la presencia judicial RATIFIQUE SU DICTAMEN PERICIAL. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 1a./J. 7/2005, que es del tenor literal siguiente: DICTÁMENES PERICIALES. PARA SU VALIDEZ DEBEN SER RATIFICADOS POR QUIENES LOS EMITEN, INCLUSO POR LOS PERITOS OFICIALES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA). (No. Registro: 178,750, Jurisprudencia, Novena Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXI, Abril de 2005, Tesis: 1a./J. 7/2005, Página: 235). En el entendido de que deberá atender el presente requerimiento sin excusa o pretexto, toda vez que se le ha otorgado un término más que considerable para tal efecto, por lo que invariablemente, en caso de no hacerlo así, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces la unidad de medida y actualización vigente en la Ciudad de México, en términos de la fracción I del numeral 237, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo, sin perjuicio de que se le realice un nuevo requerimiento. Notifíquese; y vía electrónica a la parte quejosa
- Principal
Ciudad de México, a veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los presentes autos, toda vez que ha transcurrido el término a efecto de impugnar el pronunciamiento de doce de agosto de dos mil veintidós, sin que a la fecha se haya interpuesto recurso de inconformidad por la parte quejosa y toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que HA CAUSADO ESTADO EL AUTO QUE TIENE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO. Háganse las anotaciones que correspondan en el Libro de Gobierno. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, archívese como asunto total y definitivamente concluido. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; se determina que este expediente es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 7.1.1 ordinal 1, del Manual referido, toda vez que en el presente asunto se concedió la protección constitucional. Por lo tanto, deberá conservarse el presente juicio de amparo, por el término de tres años, contados a partir de la fecha en que se actúa, y una vez concluido este plazo, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el expediente, conservando la demanda, la sentencia, en su caso las resoluciones recurridas, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y el presente proveído. En relación con los incidentes de suspensión archívense por separado. Por lo que hace al original del cuaderno relativo al incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General en cita, en relación con el numeral 8.1.2 ordinal 3, del Manual referido; toda vez que la medida cautelar se negó, en consecuencia, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que se actúa, dentro de los treinta días siguientes, procédase a su destrucción. En cuanto al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el artículo 20 fracción II, inciso a) del multicitado Acuerdo en relación con el numeral 8.1.1 ordinal 2 inciso a), del Manual aludido, será destruible en el término de seis meses contados a partir del presente archivo, por lo que una vez concluido este plazo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción. Finalmente, glósese copia autorizada del presente proveído a los autos del original y del duplicado del incidente de suspensión, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese
- Principal
* Ciudad de México, a veinticinco de agosto de dos mil veintidós. Se tiene por recibido el escrito signado por Marcos Estrada Carreón, quejoso en el presente juicio, por medio del cual desahoga la vista concedida mediante auto de quince de agosto de la presente anualidad, y al efecto manifiesta su inconformidad con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, por los motivos que expone; con apoyo en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°, se agrega a los autos para que surta los efectos legales correspondientes, tomando conocimiento de su contenido. En ese sentido, se procede a proveer lo conducente respecto del cumplimiento de la sentencia de amparo con base en los elementos que obran en el expediente y con las constancias aportadas por la responsable. Al respecto es aplicable por analogía la jurisprudencia número 2ª./J.26/2000, cuyo rubro es el siguiente: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). (No. Registro: 192,174, Novena Época, Instancia: Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su , Gaceta, XI, Marzo de 2000, Página: 243) En ese sentido, se impone destacar que el amparo y la protección de la justicia federal, se otorgó para el efecto siguiente: "En consecuencia, toda vez que en el presente juicio de amparo, se determinó que existió una violación procesal en el procedimiento que concluyó con la destitución del quejoso del empleo, cargo o comisión que desempeñaba; con fundamento en el artículo 77, de la Ley de Amparo, el amparo y la protección de la Justicia Federal, se otorga a la parte quejosa para que las autoridades responsables, realicen lo siguiente: a).- Dejen insubsistente todo lo actuado en el procedimiento administrativo número RH/1267/18-11, incoado en contra del quejoso, incluyendo, la resolución de veintitrés de enero de dos mil diecinueve, en la que se decretó la destitución del cargo, empleo o comisión que desempeñaba dentro de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México. b).- Paguen al quejoso la indemnización y demás prestaciones que le corresponden en términos del artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. b).- Realicen la anotación en el expediente personal del servidor público, así como en el Registro Nacional de Seguridad Pública, de que éste fue separado o destituido de manera injustificada." Ahora, como se advierte de los párrafos que anteceden, uno de los efectos de la ejecutoria de mérito consiste en que se pague al quejoso las cantidades a que tiene derecho por concepto de indemnización y demás prestaciones que le corresponden en términos del artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por lo cual, este Juzgado de Distrito tramitó, de oficio, un incidente innominado, en el cual, con apoyo en el dictamen rendido por el perito oficial designado por este juzgado se determinaron las siguientes cantidades: Por tanto, se concluye que, en cumplimiento al fallo protector, las autoridades responsables deben pagar al quejoso Marcos Estrada Carreón, la cantidad a pagar a la parte quejosa a que tiene derecho por concepto de indemnización y demás prestaciones que le corresponde en términos del artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es de *****, tal como se observa en los cuadros VI, VII y VIII de los Resultados del apartado de Estudio y Valoración del presente dictamen. Aclarando que a dichas cantidades se les deben calcular las retenciones por parte de la autoridad responsable respecto de los conceptos de Fondo de Aportación, Servicio Médico e Impuesto Sobre la Renta, al monto en que se realice el pago a la parte quejosa. Además, se impone destacar que desde el auto de nueve de octubre de dos mil veinte, en que causó ejecutoria la sentencia de amparo, se establecieron los lineamientos fijados por los criterios jurisprudenciales de los tribunales y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siendo estos los siguientes: Para efecto del pago de la indemnización, en la tesis 2a. II/2016 (10a.), se determinó que dicha indemnización comprende el pago de tres meses de salario y veinte días por cada año de servicio, sin que se excluya la posibilidad de que dentro de algún ordenamiento legal o administrativo a nivel federal, estatal, municipal o del distrito Federal existan normas que prevean expresamente un monto por indemnización. Además del pago de la indemnización, el legislador también estableció el deber del Estado de pagar las demás prestaciones a que tenga derecho el servidor público indebidamente separado de su empleo; para lo cual, la Segunda Sala del Máximo Tribunal interpretó dicho enunciado como el deber de pagar los siguientes conceptos: Remuneración diaria ordinaria. Beneficios. Recompensas. Estipendios. Asignaciones. Gratificaciones. Premios. Retribuciones. Subvenciones. Haberes. Dietas. Compensaciones. O cualquier otro concepto que percibía por la prestación de sus servicios; lo cual implica el pago de aguinaldo y prima vacacional. Respecto del referido concepto "demás prestaciones a que tenga derecho", dicho pago abarca desde que se ejecutó su destitución y hasta que se realice el pago correspondiente. Ahora, de las actuaciones del presente juicio se advierte que, con la finalidad de cumplir el fallo protector, las autoridades responsables remitieron copia certificada de la resolución de fecha treinta de octubre de dos mil veinte, emitida en el procedimiento administrativo RH/1267/18-11, en la cual determinó lo siguiente: (.) De lo anterior se observa que la autoridad responsable dejó insubsistente la resolución declarada inconstitucional y ordenó hacer la anotación en el expediente personal del servidor público, así como en el Registro Nacional de Seguridad Pública, de que éste fue separado o destituido de manera injustificada. Ahora, respecto del pago de la indemnización y demás prestaciones que le corresponden, las autoridades remitieron copia certificada del acta de constancia de pago de fecha veintinueve de julio de dos mil veintidós, en la que se hizo constar la entrega del contrarecibo de cuenta por liquidar certificada número 100552, por la cantidad de *****, cantidad neta que resultó después de haberle aplicado las deducciones de ley correspondientes al monto principal de ***** determinada en este juicio. Documento del cual se advierte el nombre y firma del quejoso y su manifestación de que recibió tal título de crédito. Los documentos descritos en los párrafos que antecedentes, tiene pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, con los cuales se otorgó vista a la parte quejosa, a lo cual, en el escrito de cuenta manifiesta que no se encuentra conforme con el cumplimiento dado por las autoridades responsables a la ejecutoria de amparo, toda vez que, respecto del pago del concepto de demás prestaciones a que tiene derecho, únicamente se le pago el monto determinado en el incidente innominado tramitado en este juicio, no obstante, falta que respecto de ese concepto se actualice la cantidad hasta el día veintinueve de julio de dos mil veintidós, fecha en que se materializó el pago a su favor. Al respecto, se determina que con las constancias exhibidas por las autoridades responsables, se llega a la conclusión que incurrieron en defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, toda vez que, en efecto, únicamente acreditaron haber dejado insubsistente la resolución declarada inconstitucional, que se ordenó hacer la anotación en el expediente personal del servidor público, así como en el Registro Nacional de Seguridad Pública, de que éste fue separado o destituido de manera injustificada; y que se pagó al quejoso la cantidad de *****, cantidad neta que resultó después de haberle aplicado las deducciones de ley correspondientes al monto principal de $465,874.45 (cuatrocientos sesenta y cinco mil ochocientos setenta y cuatro pesos 45/100 moneda nacional) determinada en este juicio por concepto de indemnización y demás prestaciones. Sin embargo, tal como se evidenció en los párrafos que anteceden, para cumplir con la obligación del pago del concepto de "demás prestaciones", la autoridad responsable debe acreditar que éste se pagó comprendiendo el periodo que abarca desde que se ejecutó su destitución y hasta que se realice el pago correspondiente, lo que en el caso particular ocurrió hasta el veintinueve de julio de dos mil veintidós. No obstante, como se demostró, las autoridades responsables se limitaron a realizar el pago de la cantidad determinada en la resolución dictada el veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, en el incidente innominado tramitado en este juicio, la cual fue calculada por la perito oficial designada por este juzgado en su dictamen de fecha once de agosto de dos mil veintiuno. Lo anterior hace evidente que, respecto del concepto de "demás prestaciones", falta que se pague al quejoso el periodo del once de agosto de dos mil veintiuno -fecha en que se determinó el monto principal-, al veintinueve de julio de dos mil veintidós -fecha en que materializó el pago de ese monto principal-. Corolario de lo anterior, se determina que hay UN DEFECTO EN EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO; de ahí que no puede tenerse cumplida la ejecutoria; en consecuencia, con fundamento en el artículo 192, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se REQUIERE al Subdirector de Recursos Humanos de la Policía Bancaria e Industrial, en su carácter de autoridad obligada al cumplimiento, para que en el término de TRES DÍAS, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, remita la planilla de liquidación a favor de la parte quejosa por concepto de demás prestaciones por el periodo del once de agosto de dos mil veintiuno al veintinueve de julio de dos mil veintidós. Para lo cual, únicamente deberá actualizar la cantidad determinada por la perito oficial en su dictamen rendido en el incidente innominado tramitado en autos, esto es, deberá considerar los mismos conceptos ahí contemplados. Asimismo, con fundamento en los artículos 192, tercer párrafo y 194, ambos de la Ley de Amparo, se requiere; al Titular de la Dirección Administrativa de la Policía Bancaria e Industrial, para que en su calidad de superior jerárquico del Subdirector de Recursos Humanos de la Policía Bancaria e Industrial, lo conmine a cumplir con el fallo protector y remita a éste órgano jurisdiccional, dentro del término de TRES DÍAS, contado a partir de la notificación del presente acuerdo, las constancias con las que acredite haber ordenado a la responsable al cumplimiento del presente requerimiento, o bien, haber dado cumplimiento por sí misma. Es aplicable a lo anterior, la tesis número 2ª. VIII/2014(10ª.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, difundida en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, febrero de 2014, Tomo II, Página: 1520, cuyo rubro es el siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. ANTE UN CUMPLIMIENTO EXCESIVO O DEFECTUOSO, EL ÓRGANO JUDICIAL DEBE REQUERIR SE SUBSANEN ESAS DEFICIENCIAS.". Apercibidas que, en caso de no cumplir lo anterior, sin causa justificada, se realizará lo siguiente: a) Se emitirá el pronunciamiento respectivo, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero, del artículo 193 de la Ley de Amparo invocada. b) En términos de los artículos 238 y 258 de la citada Ley, se impondrá a las personas físicas que ostenten los cargos de las citadas autoridades, una multa por cien veces la unidad de cuenta vigente en la Ciudad de México. c) Con fundamento en el segundo párrafo, del artículo 192 de la ley citada, se remitirán los autos originales del expediente en que se actúa, al Tribunal Colegiado de Circuito en turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Asimismo, con fundamento en el primer párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo antes citada, se hace del conocimiento de la totalidad de las autoridades requeridas en este proveído, que aun cuando dejen su encargo, seguirán siendo responsables del DESACATO AL FALLO CONSTITUCIONAL. Notifíquese
- Principal
Ciudad de México, veintitrés de agosto de dos mil veintidós. Vista la devolución de la guía de remplazo 201501551724A506794163, en virtud de la imposibilidad para llevar a cabo la notificación del oficio 26024/2022, que contiene el auto de ocho de junio de dos mil veintidós, dirigido al DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO CIVIL EN EL ESTADO DE MÉXICO; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agrega a los autos dicha constancia, tomando conocimiento de su contenido. En ese sentido, a efecto de tener con los elementos necesarios para resolver el presente asunto y en virtud de la imposibilidad para llevar acabo la notificación del oficio antes referido, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, REQUIÉRASE a la, Oficialía Número 1 del Registro Civil (en Metepec); Oficialía Número 2, oficialía Número 3, Oficialía Número 4, Subdirección del Registro Civil valle de Toluca Zona Centro Norte, del Registro Civil (ésta tres en Toluca de Lerdo), Registro Civil Zona Norte, todas de la Dirección General del Registro Civil en el Estado de México, para que dentro del plazo de tres días contados a partir de la notificación del presente proveído, de ser el caso, tengan a bien exhibir copia certificada completa y legible del acta de defunción expedida a nombre de la finada M.T.S.B., para lo cual se le envía copia simple de tal formato. Apercibidas que en caso de ser omisas, se les impondrá a cada una y por separado, multa de cien unidades de cuenta para la Ciudad de México, y en caso de reiterar su conducta omisiva al respecto se duplicará dicha multa, hasta llegar a los mil veces la unidad de cuenta, con base en lo dispuesto en el numeral 259, de la Ley de Amparo. En estas circunstancias y para dar margen a lo anterior, procede diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose como nueva fecha para que tenga verificativo, las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTICINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Al caso se cita, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguientes: AUDIENCIA EN EL AMPARO. QUEJA INFUNDADA CONTRA EL SEÑALAMIENTO DE ELLA FUERA DEL TÉRMINO LEGAL. (Registro: 328587, Quinta Época, Instancia Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo LXVI, página: 495). Notifíquese
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