Patricia López Zetina

Expediente 639/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 5 actuaciones registradas, la última del 5 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
639/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
05/07/2023

Partes del expediente

  • Patricia López Zetina

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, cinco de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por el secretario de acuerdos adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en Xalapa, Veracruz, a través del cual remite testimonio de la ejecutoria dictada el nueve de junio de dos mil veintitrés, dictada en el recurso de queja ********************, cuyo punto resolutivo se advierte que se resolvió: "ÚNICO. Se declara INFUNDADO el recurso de queja ******************** interpuesto por la quejosa ********************, por conducto de su autorizado ********************, contra el auto de quince de julio de dos mil veintidós, pronunciado por el Juez Tercero de Distrito en el Estado, con residencia en Boca del Río, Veracruz, en el juicio de amparo indirecto ********************/2022, por medio del cual desechó de plano su demanda de amparo". Acúsese el recibo de estilo; háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, así como su captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese el presente expediente como asunto concluido. Así, en cumplimiento al artículo 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación, y con apoyo en lo establecido por el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se hace la indicación que el presente asunto ES DESTRUIBLE, toda vez que encuadra en la hipótesis del artículo 21, del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo en el que se desechó de plano; por lo que se establece como fecha probable el seis de julio de dos mil veintiséis. Notifíquese...

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, ocho de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes el oficio signado electrónicamente por el Actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en Xalapa, Veracruz. Atento a su contenido, téngasele informando que aceptó la competencia planteada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, por considerar que el recurso de queja interpuesto por la quejosa Patricia López Zetina, por conducto de su autorizado, contra el auto que desechó la demanda de amparo, es de naturaleza civil, por lo que procedió a la admisión de dicho medio de impugnación, el cual radicó con el número de expediente 244/2022. Notifíquese.

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintitrés de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que conste como corresponda el oficio signado por el actuario adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, el cual trae inserto el auto de diecinueve de agosto del año en curso, dictado en el toca 670/2022, del que se evidencia que se declaró incompetente por razón de la materia para conocer del recurso de queja, interpuesto por José Luis Jacobo Muñoz, autorizado de la parte promovente del amparo Patricia López Zetina, contra el proveído de quince de julio de dos mil veintidós, que desechó de plano la demanda de amparo, dado que consideró que para conocer de un juicio de amparo debe atenderse a la naturaleza del acto reclamado, en el caso concreto el corte del Suministro de energía eléctrica en su domicilio, que deriva del servicio que tienen contratado con Comisión Federal de Electricidad, por lo que corresponde el conocimiento a un Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, en turno, con sede en Xalapa, Veracruz, en virtud de lo cual declinó el conocimiento de dicho recurso, y lo remitió a la Oficina de Correspondencia Común a los Tribunal Colegiados en Materia Civil de este Circuito, con sede en Xalapa, Veracruz, a fin de que conociera del mismo. Al respecto, se tiene a la superioridad notificando lo anterior, por tanto, estese en espera que el tribunal que le corresponda conocer por razón de turno del recurso de queja, dicte la resolución respectiva. Como lo solicita la superioridad, acúsese el recibo de estilo. Notifíquese.

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por la demanda de derechos fundamentales presentada por Patricia López Zetina, seis copias y tres anexos; fórmese expediente; regístrese en el libro de gobierno con el juicio 639/2022-1 y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. DESECHAMIENTO En principio, es necesario precisar que la parte quejosa señala como actos reclamados: "El ilegal corte del Suministro de Energía Eléctrica respecto del servicio que tengo contratado en mi domicilio ubicado en la Calle Circuito las Palmas número 138, entre las Calles Fresno y Robles, Geo Villas los Pinos, C.P. 91808, Veracruz, Ver. con número de servicio 884151101858 y número de medidor 049BKN, del cual fui objeto el día 11 de julio del 2022, por personal de la Comisión Federal de Electricidad". Luego, conviene precisar que el artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En relación con ello, lo manifiesto se presenta cuando el motivo de improcedencia se desprende en forma patente y clara de la lectura de la demanda de amparo y de los documentos que se anexen. Asimismo, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. En ese sentido, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Lo anterior, con independencia de la amplitud o no de las consideraciones que sustenten la causal de improcedencia, dado que lo manifiesto e indudable deriva del ejercicio de subsunción entre los hechos manifestados por el quejoso y la correspondiente hipótesis normativa, lo que nada impide al operador jurídico sustentar consideraciones profundas o de gran amplitud. Sentando lo anterior, respecto de los actos reclamados por la parte quejosa, el que suscribe estima que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 217 de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia, funcionando en Pleno o en Salas, es obligatoria para éstas en tratándose de la que decrete el Pleno, y además para los Plenos de Circuito, los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, los juzgados de Distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales." De la interpretación sistemática de los preceptos transcritos, se advierte que el juicio de amparo resulta improcedente cuando así se disponga en la jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, Plenos de Circuito, así como Tribunales Colegiados de Circuito. Ahora, la razón de ser de la causa de improcedencia anunciada se encuentra ilustrada en las jurisprudencias 2a./J.2/2019, 2a./J.30/2018 y 2a./J.156/2017, sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación y Semanario Judicial de la Federación, respectivamente, Décima Época, los viernes ocho de febrero de dos mil diecinueve, veinte de abril de dos mil dieciocho y doce de enero de dos mil dieciocho, con registros 2019230, 2016656 y 2015944, que dicen: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA EXISTENCIA DE JURISPRUDENCIA QUE DEFINA LA NATURALEZA DE SUS ACTOS, CONSTITUYE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, PARA DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA EN CONTRA DE AQUÉLLOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el Juez de Distrito debe desechar la demanda de amparo indirecto sólo cuando de ésta se advierta, sin lugar a dudas, un motivo manifiesto de improcedencia. Entonces, es factible el desechamiento de la demanda como causa notoria y manifiesta cuando se impugnen actos de la Comisión Federal de Electricidad cuya naturaleza ha sido definida mediante jurisprudencia por el Máximo Tribunal, pues dichos criterios son de observancia obligatoria en términos del artículo 217, párrafo primero, de la Ley de Amparo, para todos los órganos de menor jerarquía, vedando así cualquier posibilidad de que el obstáculo declarado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para entrar al estudio del fondo del asunto sea superado. Sostener lo contrario, implicaría admitir que un órgano de menor jerarquía puede revisar un criterio obligatorio que derivó de un ejercicio hermenéutico del contenido de una norma, lo que sería tanto como permitir distorsionar la certeza y la seguridad jurídica que genera la definición del tema vía jurisprudencia del máximo intérprete constitucional.". "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA. La interpretación teleológica del régimen jurídico especial que tutela esa actividad de la empresa productiva del Estado, lleva a considerar que su objetivo es garantizar que el servicio se preste, ello en un sistema de libre competencia. De ahí que no la ejerce en un plano de supra a subordinación porque el contrato de adhesión no somete arbitraria y unilateralmente la voluntad de los contratantes a las condiciones de la empresa; máxime que su contenido es verificado por la Comisión Reguladora de Energía y la Procuraduría Federal del Consumidor para asegurar que no contenga cláusulas leoninas, abusivas o inequitativas para el contratante, mientras se protege la actividad comercial de la sociedad. En esa virtud, tales actos, incluido el corte del suministro en términos del contrato, forman parte de esa relación comercial y la vía procedente para dirimir lo relativo es la ordinaria mercantil. Sin que esto impida que cuando la empresa realice actos que vulneren derechos humanos fuera de lo estipulado y aceptado por las partes, o cuando aplique normas que se estimen inconstitucionales, se le pudiera señalar como autoridad responsable. Cuestión que deberá ser analizada en cada caso concreto por el juzgador de amparo.". "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. CONTRA LOS ACTOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CELEBRADO BAJO LA VIGENCIA DE LA LEY DEL SERVICIO PÚBLICO RELATIVA PROCEDE LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL. De la interpretación de los artículos 1049 y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio deriva que el servicio de suministro de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad a los particulares tiene origen en un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial traducido en una relación de coordinación y, en consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de éste, celebrado bajo la vigencia de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil.". Así, es oportuno precisar el marco normativo aplicable para el caso concreto, para lo cual es destacable la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil trece, a los artículos 25, párrafos primero, quinto y penúltimo, 27, párrafo sexto y 28, párrafo cuarto, los cuales establecen: "Artículo 25. [.] Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la Nación. [.] La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional, promoviendo la competitividad e implementando una política nacional para el desarrollo industrial sustentable que incluya vertientes sectoriales y regionales, en los términos que establece esta Constitución." "Artículo 27 [.] En los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, el dominio de la Nación es inalienable e imprescriptible y la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos de que se trata, por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesiones, otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes, salvo en radiodifusión y telecomunicaciones, que serán otorgadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Las normas legales relativas a obras o trabajos de explotación de los minerales y substancias a que se refiere el párrafo cuarto, regularán la ejecución y comprobación de los que se efectúen o deban efectuarse a partir de su vigencia, independientemente de la fecha de otorgamiento de las concesiones, y su inobservancia dará lugar a la cancelación de éstas. El Gobierno Federal tiene la facultad de establecer reservas nacionales y suprimirlas. Las declaratorias correspondientes se harán por el Ejecutivo en los casos y condiciones que las leyes prevean. Tratándose de minerales radiactivos no se otorgarán concesiones. Corresponde exclusivamente a la Nación la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica; en estas actividades no se otorgarán concesiones, sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar contratos con particulares en los términos que establezcan las leyes, mismas que determinarán la forma en que los particulares podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica. "Artículo 28. [.] No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafía; minerales radiactivos y generación de energía nuclear; la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, y la exploración y extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos, en los términos de los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 de esta Constitución, respectivamente; así como las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión. La comunicación vía satélite y los ferrocarriles son áreas prioritarias para el desarrollo nacional en los términos del artículo 25 de esta Constitución; el Estado al ejercer en ellas su rectoría, protegerá la seguridad y la soberanía de la Nación, y al otorgar concesiones o permisos mantendrá o establecerá el dominio de las respectivas vías de comunicación de acuerdo con las leyes de la materia." De esos preceptos fundamentales se obtiene que la planeación y control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, son actividades exclusivas de la Nación respecto de las cuales no se otorgarán concesiones; sin embargo, podrán celebrarse contratos con los particulares para que participen en las demás actividades de la industria eléctrica. La reforma fue reglamentada en la Ley de la Industria Eléctrica y su Reglamento, así como en la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y su Reglamento, donde se fijaron la naturaleza de los actos que emita o resulten imputables a la Comisión Federal de Electricidad, en el contexto mercantil, de la forma siguiente: Ley de la Industria Eléctrica "Artículo 5. El Gobierno Federal, los Generadores, los Transportistas, los Distribuidores, los Comercializadores, los Usuarios Calificados Participantes del Mercado y el CENACE, cada uno en el ámbito de sus competencias y responsabilidades, ejecutarán los actos que resulten necesarios para mantener la integridad y el funcionamiento eficiente del Sistema Eléctrico Nacional. En lo no previsto por esta Ley, se consideran mercantiles los actos de la industria eléctrica, por lo que se regirán por el Código de Comercio y, de modo supletorio, por las disposiciones del Código Civil Federal." "Artículo 7. Las actividades de la industria eléctrica son de jurisdicción federal. Las autoridades administrativas y jurisdiccionales proveerán lo necesario para que no se interrumpan dichas actividades." Ley de la Comisión Federal de Electricidad "Artículo 3. La Comisión Federal de Electricidad se sujetará a lo dispuesto en la presente Ley, su Reglamento y las disposiciones que deriven de los mismos. El derecho mercantil y civil serán supletorios." "Artículo 7. Para cumplir con su objeto, la Comisión Federal de Electricidad podrá celebrar con el Gobierno Federal y con personas físicas o morales toda clase de actos, convenios, contratos, suscribir títulos de crédito y otorgar todo tipo de garantías reales y personales de obligaciones contraídas por sí o por sus empresas productivas subsidiarias y empresas filiales, con sujeción a las disposiciones legales aplicables. La Comisión Federal de Electricidad estará facultada para realizar las operaciones relacionadas directa o indirectamente con su objeto. Los contratos y, en general, todos los actos jurídicos que celebre la Comisión Federal de Electricidad para el cumplimiento de su objeto, podrán incluir cualquiera de los términos permitidos por la legislación mercantil y común y deberán cumplir con la regulación aplicable en las materias que corresponda." "Artículo 82. Todos los actos que se desarrollen dentro del procedimiento de contratación que se regula en el presente Capítulo, hasta el momento del fallo, inclusive, serán de naturaleza administrativa. Una vez firmado el contrato, éste y todos los actos o aspectos que deriven del mismo serán de naturaleza privada y se regirán por la legislación mercantil o común aplicable." "Artículo 118. Las controversias nacionales en que sean parte la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias, cualquiera que sea su naturaleza, serán de la competencia de los tribunales de la Federación, quedando exceptuados de otorgar las garantías que los ordenamientos legales exijan a las partes, aun en los casos de controversias judiciales. Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias podrán pactar medios alternativos de solución de controversias, cláusulas o compromisos arbitrales, en términos de la legislación mercantil aplicable y los tratados internacionales de los que México sea parte." De la interpretación sistemática de las normas transcritas se constata que el legislador dispuso expresamente que el Gobierno Federal, los Generadores, los Transportistas, los Distribuidores, los Comercializadores, los Usuarios Calificados Participantes del Mercado y el Centro Nacional de Control de Energía, cada uno en el ámbito de sus competencias y responsabilidades, ejecutarán los actos que resulten necesarios para mantener la integridad y el funcionamiento eficiente del Sistema Eléctrico Nacional. En ese orden, la regla general implica que las actividades de generación, transmisión, distribución, comercialización y el control operativo del Sistema Eléctrico Nacional, compuesto por la red nacional de transmisión, redes generales de distribución, centrales eléctricas que entreguen energía eléctrica a las anteriores y equipos e instalaciones del Centro Nacional de Control de Energía, adquieren la naturaleza de administrativos. Sin embargo, también se dispuso como excepción que, en lo no previsto por la Ley de la Industria Eléctrica, es decir, los actos diversos a las actividades enumeradas con anterioridad deben considerarse mercantiles y se regirán por el Código de Comercio y supletoriamente por el Código Civil Federal. De ese modo, la Ley de la Comisión Federal de Electricidad prevé que a los actos que emita les son aplicables las legislaciones mercantil y civil, por lo que serán de esa naturaleza. Excepcionalmente, los actos que emita en el procedimiento de contratación en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras tendrán naturaleza administrativa. Por tal motivo, los conflictos nacionales en que participe la Comisión, incluidos los derivados de la interpretación y cumplimiento de los contratos derivados de un procedimiento administrativo, se resolverán en vía mercantil o civil por los tribunales de la Federación, o bien, a través de los mecanismos alternativos de solución de controversias. Concretamente, los conflictos en los que se involucre a la Comisión Federal de Electricidad, por determinación del legislador, tienen naturaleza mercantil; en efecto, en el contrato de suministro de energía eléctrica dicha empresa productiva del Estado y el particular tienen obligaciones y derechos recíprocos, de ahí que la relación jurídica existente entre las partes corresponde a la de una relación de comercial y de correspondencia entre el interés del organismo subsidiario y el particular usuario del servicio. Luego, tratándose de relaciones contractuales es común que se pacte que la parte que se vea perjudicada por el incumplimiento de su contraparte deje de otorgar las prestaciones a su cargo, pues los contratos, por regla general, se rigen por la voluntad de las partes, así como por la bilateralidad. En ese sentido, del contenido de la ejecutoria que originó la invocada jurisprudencia 2a./J.156/2017, se advierte que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que contra los actos derivados del contrato de suministro de energía eléctrica celebrado bajo la vigencia de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica procede la vía ordinaria mercantil. Lo sostuvo así, al exponer que de la interpretación armónica de los artículos 1049 y 75, fracciones V y XXV del Código de Comercio deriva que el servicio de suministro de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad a los particulares tiene origen en un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial y, en consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de este, deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil, tal como lo sustentó la propia Sala al resolver el amparo directo en revisión 4729/2014, del cual derivó la tesis 2a.XLII/2015 (10a), registro 2009410, de rubro y texto siguientes: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LAS CONTROVERSIAS DERIVADAS DE LA NEGATIVA A DEVOLVER CANTIDADES PAGADAS CON MOTIVO DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SON IMPUGNABLES EN LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL [INTERRUPCIÓN DEL CRITERIO CONTENIDO EN LA TESIS AISLADA 2a. CVII/2014 (10a.) (*)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en criterio mayoritario, determinó en la tesis aludida que los contratos de suministro de energía eléctrica son de naturaleza administrativa. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema conduce a interrumpir dicho criterio, para determinar que de la interpretación de los artículos 1049 y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio, se advierte que la negativa a devolver cantidades pagadas con motivo de dicho servicio es una cuestión de naturaleza comercial y, en consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de este tipo de actos deben decidirse en la vía ordinaria mercantil, conforme al numeral 104, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé la competencia de los tribunales de la Federación para conocer de todas las controversias del orden civil o mercantil sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales, así como que cuando sólo se afecten intereses particulares, a elección del actor, podrán conocer de aquéllas los Jueces y tribunales del orden común.". Concretamente, los conflictos en los que se involucre a la Comisión Federal de Electricidad, por determinación del legislador, tienen naturaleza mercantil; en efecto, en el contrato de suministro de energía eléctrica dicha empresa productiva del Estado y el particular tienen obligaciones y derechos recíprocos, de ahí que la relación jurídica existente entre las partes corresponde a la de una relación comercial y de correspondencia entre el interés del organismo subsidiario y el particular usuario del servicio. Luego, tratándose de relaciones contractuales es común que se pacte que la parte que se vea perjudicada por el incumplimiento de su contraparte deje de otorgar las prestaciones a su cargo, pues los contratos, por regla general, se rigen por la voluntad de las partes, así como por la bilateralidad. En ese sentido, del contenido de la ejecutoria que originó la invocada jurisprudencia 2a./J.156/2017, se advierte que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que contra los actos derivados del contrato de suministro de energía eléctrica celebrado bajo la vigencia de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica procede la vía ordinaria mercantil. Lo sostuvo así, al exponer que de la interpretación armónica de los artículos 1049 y 75, fracciones V y XXV del Código de Comercio deriva que el servicio de suministro de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad a los particulares tiene origen en un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial y, en consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de este, deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil, tal como lo sustentó la propia Sala al resolver el amparo directo en revisión 4729/2014, del cual derivó la tesis 2a.XLII/2015 (10a), registro 2009410, de rubro y texto siguientes: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LAS CONTROVERSIAS DERIVADAS DE LA NEGATIVA A DEVOLVER CANTIDADES PAGADAS CON MOTIVO DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SON IMPUGNABLES EN LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL [INTERRUPCIÓN DEL CRITERIO CONTENIDO EN LA TESIS AISLADA 2a. CVII/2014 (10a.) (*)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en criterio mayoritario, determinó en la tesis aludida que los contratos de suministro de energía eléctrica son de naturaleza administrativa. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema conduce a interrumpir dicho criterio, para determinar que de la interpretación de los artículos 1049 y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio, se advierte que la negativa a devolver cantidades pagadas con motivo de dicho servicio es una cuestión de naturaleza comercial y, en consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de este tipo de actos deben decidirse en la vía ordinaria mercantil, conforme al numeral 104, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé la competencia de los tribunales de la Federación para conocer de todas las controversias del orden civil o mercantil sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales, así como que cuando sólo se afecten intereses particulares, a elección del actor, podrán conocer de aquéllas los Jueces y tribunales del orden común.". En consecuencia, de acuerdo con la Ley de la Industria Eléctrica, la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y la abrogada Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, así como el Código de Comercio, los actos reclamados en la demanda de amparo derivan de una relación contractual entre el usuario (promovente) y la empresa productiva del Estado, es decir, dichos actos tienen origen en un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial; por lo tanto, tales controversias derivadas de los derechos y obligaciones generadas con motivo y en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica, no son susceptibles de control constitucional, sino que deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil. Por consiguiente, si los actos reclamados derivan del contrato de suministro de energía eléctrica pactado entre la parte promovente con la Comisión Federal de Electricidad, entonces resulta procedente la vía mercantil, al constituir dicho contrato un acto de comercio, en tal razón, el juicio de amparo deviene improcedente por disposición de jurisprudencia obligatoria para quien esto resuelve, actualizándose la causa prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 217, de la ley de la materia. Cabe precisar que la posibilidad de que se deje de otorgar el servicio contratado por el incumplimiento del usuario de algún aspecto contenido en el contrato, no genera que la relación de coordinación se transforme en una de supra a subordinación, sólo implica el ejercicio del legítimo derecho de retención de la prestación como cualquier relación contractual ante el incumplimiento de alguna de las partes como sucede tratándose de contratos de derecho privado, en materia de seguros, telefonía, tarjetas de crédito, entre otros. De lo anterior se tiene que el planteamiento reclamado guarda estrecha relación con la existencia de un contrato de suministro de energía eléctrica, lo que se evidencia, pues la promovente en su demanda de amparo, bajo protesta de decir verdad indica: ".El ilegal corte del Suministro de Energía Eléctrica respecto del servicio que tengo contratado en mi domicilio ubicado en la Calle Circuito las Palmas número 138, entre las Calles Fresno y Robles, Geo Villas los Pinos, C.P. 91808, Veracruz, Ver. con número de servicio 884151101858 y número de medidor 049BKN, del cual fui objeto el día 11 de julio del 2022, por personal de la Comisión Federal de Electricidad", por lo que se evidencia la existencia de un contrato que si bien debe estimarse como contrato de adhesión, no por ello se está en un plano de supra a subordinación, dado que no somete arbitraria y unilateralmente la voluntad de los contratantes a las condiciones de la empresa; máxime que esos contratos son verificado por la Comisión Reguladora de Energía y la Procuraduría Federal del Consumidor, para asegurar que no contenga cláusulas leoninas, abusivas o inequitativas para el contratante, mientras se protege la actividad comercial de la sociedad; en ese tenor, se está en presencia de un contrato de coordinación. Así, Comisión Federal de Electricidad carece de la calidad de autoridad en el acto aquí señalado como reclamado, pues, lo pretendido evidentemente constituye el ejercicio de la relación de coordinación entre la empresa productiva y el usuario del servicio y no un acto de imperio derivado de una relación de supra subordinación. En tal razón, al quedar establecido que el acto que se pretende combatir por esta vía constitucional, emana del contrato de suministro de energía eléctrica, el juicio de amparo deviene improcedente, por disposición de jurisprudencia obligatoria para quien esto resuelve, actualizándose la causa prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 217, de la ley de la materia. Por lo expuesto anteriormente y, como se adelantó, con fundamento en el artículo 113 de esa la legislación, se desecha de plano de la demanda de amparo planteada DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA RECIBIR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27 de la ley de la materia, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el señalado en su demanda. Téngase por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a José Luis Jacobo Muñoz, por encontrarse facultado para ejercer la profesión de licenciado en derecho a través de su registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Así también, con fundamento en el numeral 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye a los Secretarios supervisen que se incorporen al expediente electrónico todas las promociones, documentos y determinaciones relacionadas con este controvertido, a fin de que concuerde en su totalidad con el expediente impreso. AUTORIZACIÓN PARA EXPEDIR COPIAS Y UTILIZAR MEDIOS ELECTRÓNICOS Ya que no existe impedimento legal para que las partes por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan utilizar el escáner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso, previo apersonamiento de la persona que recepcione la información debidamente identificada ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de 18 de marzo de 2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles. AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN AL ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO Con apoyo en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo. REQUERIMIENTO DE CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO TELEFÓNICO Tomando en consideración la adopción de las medidas necesarias para preservar la salud e integridad de las personas justiciables y del personal de los órganos Jurisdiccionales implementadas en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado del Virus Covid19, requiérase a las partes a fin de que se sirvan proporcionar un correo electrónico y número telefónico móvil donde se puedan localizar, a fin de que, de ser necesario, se establezca el contacto respectivo, ello de conformidad con los artículos 5, fracción I y 22, fracción II, del acuerdo en comento. EXHORTO A LAS PARTES PARA QUE TRAMITEN "JUICIO EN LÍNEA" Asimismo, de conformidad con el artículo 22, fracción I y 28, párrafo segundo, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado del Virus Covid19, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". PROMOCIONES DUPLICADAS Y ACUSES Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta y expedita, se autoriza al Secretario, bajo criterio limitado y hábil, para que únicamente certifique y agregue a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; y, c) acuses de recibo. Notifíquese; personalmente a la parte promovente y háganse las anotaciones correspondientes.

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