Patricia Inés Hernández Rodríguez
Expediente 26/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 15 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 26/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 22/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Patricia Inés Hernández Rodríguez
- Todas las Partes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintidós de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación de esta fecha que antecede, en el sentido de que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieras recurrido el auto de quince de febrero del año dos mil veintiuno, en el que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara, que dicha resolución ha causado estado para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que se trata de un expediente en el que se sobreseyó en el juicio, carece de relevancia documental; por lo que, se establece como fecha probable el veintidós de marzo de dos mil veinticinco. Por otro lado, se establece que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de destrucción, pues se negó la medida cautelar solicitada en definitiva, acorde con lo dispuesto en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que se fija como fecha posible el veintidós de marzo de dos mil veinticinco. Igualmente, en términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo general, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido; por lo que, se establece como fecha probable el veintidós de septiembre de dos mil veintidós. En cumplimiento al artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Notifíquese por lista y por oficio a las autoridades señaladas como responsables.
- Principal
Visto el oficio de cuenta, remitido por la Presidenta de la Junta Especial Número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en Boca del Río, Veracruz, agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes y en atención a su contenido, se le tiene acusando recibo del oficio 1042 de quince febrero del presente año, mediante el cual se le notificó que se sobreseyó por auto el presente juicio de derechos fundamentales.
- Principal
Visto el oficio signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en Veracruz, mediante el cual remite copia certificadas de las diligencias relativas al expediente laboral 1716/IX/2018, de su estadística; en atención a su contenido, agréguese a los autos sin mayor proveer, toda vez que mediante auto de quince de febrero pasado, se recibieron y se sobreseyó fuera de audiencia el controvertido constitucional en que se actúa.
- Principal
Visto el escrito signado por la quejosa Patricia Inés Hernández Rodríguez, agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes. Ahora bien, atento al contenido del escrito, se advierte que la promovente se desiste del presente juicio de protección de derechos fundamentales; en consecuencia, con fundamento en los artículos 63, fracción I y 26, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al primer ordenamiento invocado, requiérasele a dicha parte para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que se le haga del presente proveído, comparezca ante la presencia judicial a ratificar el contenido y firma del ocurso de cuenta, apercibida que de no comparecer en ese lapso, se continuará con la tramitación del juicio aludido, en virtud de que resulta indispensable que el escrito de desistimiento sea ratificado por la parte quejosa ante la presencia judicial o de un funcionario con fe pública. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 119/2006, visible en la página 295, Tomo XXIV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO." Ahora, tomando en consideración la adopción de las medidas necesarias para preservar la salud e integridad de las personas justiciables y del personal de los órganos jurisdiccionales, con fundamento en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado del Virus Covid19 hágase del conocimiento de la parte quejosa que este órgano jurisdiccional tiene actualmente asignado el horario matutino de siete horas con cuarenta y cinco minutos a trece horas con cuarenta y cinco minutos, y que a partir del tres de agosto de dos mil veinte, está disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual las personas justiciables encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que aparecen las fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos. Por tanto, si se presenta a ratificar el escrito de desistimiento respectivo, deberá generar la cita correspondiente a través del proceso automatizado que le otorgará, un código "QR", para el ingreso al órgano jurisdiccional, cumpliéndose previamente los requisitos para pasar los filtros sanitarios y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles. Asimismo, se le hace saber a la parte quejosa que tomando en cuenta el esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales con motivo del fenómeno de Salud Pública Derivado del Virus Covid-19, y atendiendo a que el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia sanitaria antes mencionada, en sus artículos 5, fracción II, 25 y 26 se establece que tratándose de la práctica de diligencias, audiencias y demás comparecencias que suelan requerir la presencia física de las partes o de otros intervinientes, se puedan practicar mediante el uso de herramientas tecnológicas como las videoconferencias, lo anterior siguiendo los lineamientos establecidos en los artículos 28 y 29 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Por tanto, de conformidad con el artículo 27, fracciones III y IX del Acuerdo General 12/2020 ya mencionado, el que suscribe determina que se cumplen las condiciones para la utilización de este método de comunicación y que se cumplen los principios rectores del procedimiento. Así las cosas, de ser su deseo desahogar la diligencia de ratificación del escrito de desistimiento a través de videoconferencia en tiempo real, deberán de observarse las reglas establecidas en el artículo 28 del Acuerdo General indicado siendo las siguientes: "I. El órgano jurisdiccional notificará el citatorio para audiencia, el cual permitirá que todas las partes interesadas estén en posibilidad de acudir. El citatorio considerará un lapso de hasta quince minutos previos que permita a los intervinientes prepararse para el desahogo de la audiencia que establezca la normatividad aplicable, así como la implementación de la logística operacional. II. Tratándose de audiencias o sesiones públicas, podrá generarse una clave de acceso que dará a quien tenga interés en presenciarla la posibilidad de hacerlo, sin que pueda participar en la misma, utilizando el formato comúnmente conocido como seminario o conferencia web o en línea, o "webinar". En caso de no ser eso posible, la publicidad se garantizará con el registro de la videoconferencia para su posterior consulta. III. En el proveído en el que se fije la fecha y hora en la que tendrá lugar, se deberán indicar los datos necesarios para acceder a la respectiva videoconferencia por vía electrónica y se requerirá a las partes para que indiquen, en la promoción electrónica mediante la que desahoguen dicho requerimiento, la o las personas que acudirán por vía electrónica en su representación. El citatorio se enviará únicamente a las partes que estén legitimadas para intervenir en la diligencia respectiva. IV. Previamente al inicio de la audiencia mediante videoconferencia, el responsable técnico y/o el personal de apoyo realizarán las pruebas que permitan confirmar la adecuada calidad del audio y video para su desarrollo, de conformidad con lo dispuesto en el Anexo Técnico. V. Transcurrido el lapso de preparación y llegada la hora de la audiencia, la secretaria o secretario encargado de dar fe hará constar las partes que se encuentren presentes, se verificará su identidad, su personalidad y capacidad procesal, y se declarará iniciada. En caso de que ninguna persona adscrita al órgano jurisdiccional esté investida de fe pública, la juzgadora o juzgador deberá hacer constar verbalmente esta situación. VI. Durante el desarrollo de la audiencia, las y los titulares deberán verificar que las partes intervinientes estén en posibilidad de observar, escuchar y comunicarse con todas las personas que participan en ésta, de manera clara y simultánea, salvo en los casos en que por disposición de ley sea necesaria la protección de la identidad de quien participa o cuando algunos intervinientes no puedan estar presentes durante el desarrollo de toda la videoconferencia, según lo dispuesto en el siguiente artículo. En todo caso deberá velarse por los derechos de las partes y el cumplimiento a los principios rectores de cada procedimiento. VII. En caso de advertir alguna falla técnica u otra situación extraordinaria que impida el desarrollo de la audiencia, la o el juzgador determinará las medidas que estime necesarias para continuarla o, de ser el caso, suspenderla, supuesto en el que señalará una hora o fecha posterior para su reanudación. En los casos en que a criterio de la o el titular del órgano jurisdiccional resulte imposible desahogar la audiencia previamente ordenada a través del uso de videoconferencia, ordenará su desahogo de manera presencial. En cualquier caso, se fundará y motivará la determinación respectiva, sin que ello implique formal ni tácitamente una revocación de su determinación inicial. VIII. Cuando así resulte procedente conforme a la legislación aplicable, en la audiencia se dará cuenta con las promociones y las pruebas ofrecidas por las partes previamente o durante ésta, de conformidad con las reglas aplicables según la materia de que se trate. La DGGJ emitirá lineamientos para que, en adición al registro mismo de la videoconferencia, las pruebas respectivas puedan vincularse con el expediente del asunto respectivo IX. Tratándose del desahogo de alegatos orales, el día y hora previsto para el desahogo de la audiencia se dará el uso de la voz a las partes, sus representantes o autorizados. Cuando la diligencia respectiva se desahogue ante tribunales colegiados de Circuito, éste deberá estar debidamente integrado. Consecuentemente, se encuentra prohibida la celebración de audiencias que no hayan sido publicitadas, que pretendan escuchar a una o sólo a algunas de las partes, así como las que se celebren sólo ante uno de los integrantes de un órgano jurisdiccional colegiado. X. Cuando en una audiencia deba escucharse a niñas, niños o adolescentes, las y los titulares deberán velar porque su comparecencia, aun por videoconferencia, cumpla con los estándares constitucionales que rigen su derecho a participar en los asuntos que afecten sus derechos. De la misma forma, durante el desahogo de la audiencia deberá realizar los ajustes razonables para personas con discapacidad, así como velar por que quienes tienen derecho a ello, cuenten con traductor, intérprete, asesor jurídico, defensor público o con la asistencia o presencia de quienes deban participar conforme a la Constitución y las leyes aplicables. XI. Al concluir la sesión se levantará un acta en la que se harán constar las actuaciones realizadas, las personas que intervinieron y las incidencias que pudieran haberse presentado, salvo en aquéllos procedimientos en los que el registro mismo de la audiencia cumpla con dicha finalidad conforme a la legislación aplicable. XII. Las audiencias, sesiones y diligencias judiciales se registrarán y el personal facultado para ello deberá relacionarla con el expediente electrónico respectivo, siguiendo para ambos aspectos las pautas establecidas en el punto 3 del Anexo Técnico. El registro de las diligencias, audiencias y, tratándose de sesiones, de la porción respectiva al asunto del que se trate, será parte del expediente electrónico." Para poder desahogarse la diligencia a través de ese recurso, se necesita que la persona cuente con alguno de estos dispositivos y enlaces de telecomunicación. - Tipos de dispositivos: Codec, Computadora Pc o Laptop, tableta, smarthphone (teléfonos inteligentes). - Tipos de enlace o telecomunicación: MPLS, satelital, celular (mínimo 4g), Wireless (inalámbrica) o DSL (residencial). O, en caso de no contar con alguno de dichos dispositivos y/o enlaces, que cuenten con algún teléfono fijo ya sea de casa u oficina, pues a través de ellos, se desahogará la diligencia. Asimismo, se necesita que proporcione un correo electrónico a donde se le puedan mandar los datos y la liga para poder enlazarse a la videoconferencia. En el entendido que la participación de la parte promovente por este medio generará los mismos efectos y alcances jurídicos de la audiencia que se realice con presencia física en los órganos jurisdiccionales conforme a la normativa aplicable. De igual manera se le requiere para dado el caso de que sí cuente con lo peticionado en el párrafo que antecede, proporcione un correo electrónico y número telefónico con la finalidad de que se le haga llegar, como ya se dijo los datos y liga para poder enlazarse a la videoconferencia. Para lo cual se le proporciona los correos electrónicos oficiales siguientes 3jdo7cto@correo.cjf.gob.mx y rene.sorcia.galvan@correo.cjf.gob.mx. No obstante lo anterior, y dada la certeza que genera la firma electrónica, pues esta garantiza la identidad de la persona a quien se atribuye su contenido y pueden verificarse tanto el origen de la documentación como su texto, la ratificación del escrito de desistimiento de cuenta, también podrá ser realizado mediante diverso escrito que se presente a través el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, haciendo uso de su firma electrónica, pues con ello es factible cerciorarse de la identidad de quien desiste; lo anterior además, a efecto de que este órgano de control constitucional constate si la parte quejosa preserva su propósito de dar por concluido el procedimiento que inició. Sirve de fundamento a lo anterior la tesis VII.1o.C.19 K (10a.), sostenida por el Primer Tribunal Colegiado de este Séptimo Circuito, publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 84, Marzo de 2021, Tomo IV, página 2833, Décima Época, con registro electrónico 2022891, de rubro y texto siguientes: DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. LA FIRMA ELECTRÓNICA PLASMADA EN EL ESCRITO QUE LO RATIFICA ES IGUAL A LA ESTAMPADA ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL. El artículo 3o., párrafo quinto, de la Ley de Amparo establece que la firma electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para las partes para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. Por su parte, los artículos 2, fracción XVI y 3, fracciones I, III y V, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, establecen que la firma electrónica es el documento electrónico expedido por alguna de las autoridades certificadoras intermedias que asocia de manera segura y fiable la identidad del firmante con una llave pública, permitiendo con ello identificar quién es el autor o emisor de un documento electrónico; asimismo, los documentos electrónicos o digitalizados ingresados por las partes en los sistemas electrónicos mediante el uso de certificados digitales de firma electrónica producirán los mismos efectos que los presentados con firma autógrafa. Por tanto, la firma electrónica plasmada en el escrito de ratificación del desistimiento de la demanda de amparo, de cuya evidencia criptográfica se aprecia el nombre de su firmante y, el certificado es reconocido y vigente, tiene pleno valor probatorio, por ser confiable el medio en que fue comunicada al órgano jurisdiccional, y tiene un grado de seguridad similar al de la documentación consignada en papel; además de que está garantizada la identidad de la persona a quien se atribuye su contenido y pueden verificarse tanto el origen de la documentación como su texto; de ahí que el escrito por el que se ratifica el desistimiento de la demanda de amparo, firmado electrónicamente por la parte interesada, es igual al signado ante la autoridad judicial, y concreta el supuesto contenido en el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente a la parte promovente.
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