Patricia Angélica Sumano Carrasco
Expediente 129/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 13 actuaciones registradas, la última del 28 de mayo de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 129/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 28/05/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Patricia Angélica Sumano Carrasco
- Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
MESA V-B* "..Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veintiocho de mayo de dos mil quince. Vista la certificación de cuenta, se advierte que el plazo de quince días a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, transcurrió para la parte quejosa Patricia Angélica Sumano Carrasco del siete al veintisiete de mayo de dos mil quince, sin que haya interpuesto el recurso de inconformidad contra el proveído de treinta de abril de dos mil quince, por el que se tuvo por cumplida la sentencia dictada en este juicio de amparo; en consecuencia, se declara consentido el referido auto, hágase tal circunstancia del conocimiento de las partes para los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo décimo primero, párrafo segundo del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, archívese el expediente principal como asunto concluido. En cumplimiento a lo señalado en los puntos cuarto, décimo primero y vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, toda vez que en la sentencia dictada en este expediente de amparo, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; se estima que este expediente es susceptible de depuración, por lo que deberá conservarse la demanda y sentencia emitida en este juicio de amparo. Se considera que este expediente carece de relevancia documental, en virtud que se reclamó la aplicación de los artículos 6. Fracción III, 18 párrafo segundo y octavo transitorio de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca; por lo que, no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, o que por el sentido de la resolución en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Se indica que, conforme a la certificación de cuenta, no existen documentos considerados originales en términos del punto segundo fracción XVIII, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al punto Décimo, fracción I, del referido acuerdo, este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que después de transcurrido el plazo de cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, se proceda a su depuración. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese...
- Incidental
MESA V-B * "...Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veintiocho de mayo de dos mil quince. Vistas las certificaciones que anteceden, se advierte que en el juicio de amparo del que emana el presente incidente de suspensión, con esta fecha se dictó un proveído en el que se declaró consentido el auto de treinta de abril de este año, por el que se tuvo por cumplida la sentencia dictada en ese juicio de amparo; asimismo, que por auto de treinta de enero de dos mil quince (fojas 14 a 18) y mediante interlocutoria de dieciséis de febrero siguiente (fojas 55 a 60), se concedió la suspensión provisional y definitiva solicitadas; y que en los cuadernos original y duplicado de este incidente de suspensión no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido, en términos del punto segundo fracción XVIII, del capítulo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; por tanto, archívese este incidente de suspensión como asunto concluido. Ahora bien, toda vez que en este incidente se concedió la suspensión provisional definitiva solicitadas; que por la naturaleza de lo resuelto en este incidente, se estima carece de relevancia documental y toda vez que conforme a la certificación de cuenta, no existen documentos originales; en consecuencia, con fundamento en el artículo décimo primero, párrafo segundo del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, el original de este incidente de suspensión es susceptible de depuración, conforme a los puntos segundo, fracción XVIII, cuarto y vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo del citado Acuerdo. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al punto décimo fracción I, del referido acuerdo, el original de este incidente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años y una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que después de transcurrido el plazo de cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, se proceda a su depuración, por lo que deberán de conservarse el auto de treinta de enero de dos mil quince (fojas 14 a 18) e interlocutoria de dieciséis de febrero siguiente (fojas 55 a 60), mediante las cuales se concedió la suspensión provisional y la definitiva. Asimismo, se indica, conforme a la certificación de cuenta, en este incidente de suspensión no existen documentos considerados originales en términos del punto Segundo fracción XVIII, del citado Acuerdo General Conjunto número 1/2009, ni billete de depósito o garantía que devolver o remitir a la Tesorería de la Federación. Notifíquese...
- Principal
MESA V-B * "...Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo vigente, sin que las partes hubiesen interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada en este juicio de amparo, en la que por una parte se sobreseyó en el juicio y por la otra se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa Patricia Angélica Sumano Carrasco; por lo que, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por mandato expreso de su artículo 2º de la Ley de Amparo vigente, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia, para todos los efectos legales a que haya lugar. Como para el cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo es aplicable el artículo 192 de la Ley de Amparo vigente, mediante atento oficio que al efecto se gire, requiérase al Director General de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca, para que cumpla con la sentencia dictada en este juicio, dentro del plazo de tres días, apercibiéndolo que de no hacerlo así, sin causa justificada, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, en términos de los artículos 273, fracción I y 258 de la nueva Ley de Amparo, al momento en que incurrió en la conducta sancionadora. Dígase a la autoridad responsable que en términos del artículo 195 de la nueva Ley de Amparo, si el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, es injustificado, no lo exime de responsabilidad, pero, podrá tomarse en consideración como atenuante al imponer la sanción penal. Notifíquese...
- Incidental
MESA V B Audiencia incidental. En la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, siendo las diez horas con cuarenta y cinco minutos del dieciséis de febrero de dos mil quince, hora y día señalados para que tenga verificativo la audiencia incidental en este incidente de suspensión, el licenciado José Luis Evaristo Villegas titular del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en la ciudad del mismo nombre, quien actúa asistido de la secretaria licenciada Alfa Orquídea Monterrubio Valencia, que autoriza y da fe, procede a celebrarla, sin asistencia de las partes. Con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, la declara abierta; la secretaria hace relación de las constancias de autos, procediendo a darle lectura a todas las que obran en el expediente. ETAPA PROBATORIA A continuación, se abre el período de pruebas, y en virtud que las partes no aportaron alguna, se cierra el mismo. ETAPA DE ALEGATOS Se abre la de alegatos, y sin alegaciones pendientes de acordar, se cierra tal fase; como tampoco existe pedimento del agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, se pasa a dictar la interlocutoria siguiente. RESOLUCIÓN VISTOS; para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 129/2015; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO.- Precisión del acto reclamado. Patricia Angélica Sumano Carrasco, reclamó del Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, del gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, del secretario general de gobierno del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, del jefe de la unidad del Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Oaxaca, de los integrantes del Consejo directivo de la Oficina de Pensiones de Gobierno del Estado de Oaxaca y del director general de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca, residentes en esta ciudad lo siguiente: ACTOS RECLAMADOS: AUTORIDAD RESPONSABLE: 1. El estudio, dictaminación, discusión y aprobación del DECRETO número 885 por el que se aprueba la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, publicada en el Periódico Oficial del Estado el veintiocho de enero de dos mil doce, en vigor a partir del veintinueve de enero siguiente, específicamente los artículos 6°, fracción III, 18, párrafo segundo y octavo transitorio de dicha ley. 1.- Congreso del Estado de Oaxaca. 2. La aprobación, expedición, promulgación y publicación del decreto número 885 por el que se aprueba la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, publicada en el Periódico Oficial del Estado el veintiocho de enero de dos mil doce, en vigor a partir del veintinueve de enero siguiente, específicamente los artículos 6°, fracción III, 18, párrafo segundo y octavo transitorio de dicha ley. 2. Gobernador del Estado de Oaxaca. 3. El refrendo del decreto número 885 por el que se aprueba la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, publicada en el Periódico Oficial del Estado el veintiocho de enero de dos mil doce, en vigor a partir del veintinueve de enero siguiente, específicamente los artículos 6°, fracción III, 18, párrafo segundo y octavo transitorio de dicha ley. 3. Secretario general de Gobierno de Estado de Oaxaca. 4. La publicación del decreto número 885 por el que se aprueba la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, publicada en el Periódico Oficial del Estado el veintiocho de enero de dos mil doce, en vigor a partir del veintinueve de enero siguiente, específicamente los artículos 6°, fracción III, 18, párrafo segundo y octavo transitorio de dicha ley. 4. Jefe del departamento del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca. 5. Los actos de aplicación y ejecución conjunta e individualmente a la suscrita, de los artículos 6°, fracción III, 18, párrafo segundo y Octavo Transitorio, de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, publicada en el Periódico Oficial del Estado el veintiocho de enero de dos mil doce, en vigor a partir del veintinueve de enero siguiente. 5. Integrantes del Consejo Directivo de Pensiones del Estado de Oaxaca. 6. Director general de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca. SEGUNDO.- Trámite del incidente. Por auto de treinta de enero de dos mil quince, con fundamento en el artículo 107 fracción X, de la Constitución Federal reformada, en relación con los artículos Primero y Tercero transitorios del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 94, 103, 104 y 107 de la citada ley fundamental, de tres de junio de dos mil once, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis siguiente y en vigor a partir del cuatro de octubre de dos mil once, en todo lo que no se oponga a tales reformas; 125, 128 y 129 todos de la Ley de Amparo en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece, se ordenó tramitar por duplicado y por cuerda separada el incidente de suspensión relativo, registrándose bajo el número 129/2015, en el cual se proveyó respecto de la suspensión provisional solicitada por la parte quejosa. C O N S I D E R A N D O : PRIMERO.- Fijación de la litis incidental. La parte quejosa solicitó la suspensión definitiva únicamente en relación a los actos de aplicación de la norma que tilda de inconstitucional reclamados al director general y Consejo Directivo de la Oficina de Pensiones del Gobierno del Estado de Oaxaca, con residencia en esta ciudad, por ende procede resolver en esos términos en relación a la suspensión definitiva solicitada. SEGUNDO.- Inexistencia del acto reclamado. Al rendir su respectivo informe previo el apoderado legal del Consejo Directivo de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca (foja 25), negó categóricamente la existencia del acto que se le atribuye, sin que dicha negativa se desvirtuara con prueba alguna. En esa tesitura, ante la inexistencia del acto reclamado a tal autoridad, deviene improcedente la suspensión solicitada; por lo que, con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, procede negar la suspensión definitiva respecto a la citada responsable. TERCERO.- Certeza del acto reclamado. Al rendir su informe previo, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, el director general de la oficina de Pensiones del Gobierno del Estado de Oaxaca, el consejero jurídico del Gobierno del Estado, con carácter de representante legal del titular del poder ejecutivo y como superior jerárquico del jefe de la unidad del Periódico Oficial del Gobierno del Estado y el subsecretario jurídico y asuntos religiosos de la Secretaría General de Gobierno, con residencia en esta ciudad, convinieron en la existencia de los actos que se les atribuyen (fojas 23, 24, 37, 45 y 51). Sentado lo anterior, debe considerarse sobre la procedencia o no de la suspensión definitiva solicitada; al efecto se provee: CUARTO.- Efectos de la suspensión definitiva solicitada. En principio, cabe destacar que ha sido criterio reiterado que el objeto de la suspensión es el de detener, paralizar o mantener las cosas en el estado que guarden para evitar que el acto reclamado, su ejecución o consecuencias, se consumen destruyendo la materia del amparo, o bien, produzcan notorios perjuicios de difícil o imposible reparación al quejoso, siempre que se reúnan los requisitos para la procedencia de la suspensión, a saber, que lo solicite el quejoso, que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público y que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que puedan ocasionarse al agraviado, debiendo el juez de Distrito dictar las providencias necesarias para que no se defrauden derechos de terceros y para evitar perjuicios a los interesados. También, debe considerarse que se ha sostenido que el juzgador de amparo, al pronunciarse respecto de la suspensión debe realizar un examen cuidadoso y detallado de las circunstancias específicas del caso concreto, y de la dificultad de la reparación de los daños y perjuicios, la posible afectación que pueda sufrir el interés social y las disposiciones de orden público con su otorgamiento. Lo anterior, para evitar que la ejecución del acto reclamado torne a éste irreparablemente consumado, destruyendo así la materia del amparo, o bien, produzca consecuencias de tan difícil reparación, que se torne nugatoria la acción consagrada constitucional para el respeto de las garantías individuales afectadas por actos de autoridad al volverse imposible restituir al afectado en el goce de las mismas, pero ello únicamente cuando no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. De estimar el juez de distrito procedente la medida cautelar, debe ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden, y tomar las providencias que estime convenientes para evitar perjuicios a los interesados o que se defrauden derechos de tercero, hasta donde sea posible, en la inteligencia que de considerar que no se reúnen los requisitos para la procedencia de la medida, debe negarla. En efecto, conforme a la actual redacción del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la suspensión sólo podrá otorgarse en los casos y condiciones que determine la ley de la materia, pero, realizando un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y el interés social, entendiéndose por lo primero un análisis superficial que consiste en asomarse al fondo del asunto, para advertir si se pone de manifiesto que la pretensión constitucional es notoriamente fundada o infundada, a fin de determinar de manera superficial que de no concederse la suspensión puede causarse un perjuicio irreparable o bien dejar sin materia el juicio de amparo, y por lo segundo el interés de la sociedad en que se respeten sus derechos colectivos y se obedezcan las normas de orden público. Por tanto, toda vez que se encuentran reunidos los requisitos que establece el artículo 128 de la Ley de Amparo para la concesión de la suspensión definitiva, es decir que la solicite la parte agraviada; no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público y que sean de difícil reparación los daños que se pudieren causar a la parte quejosa con la ejecución del acto reclamado. CONCESIÓN DE LA SUSPENSIÓN Tomando en consideración que lo que se reclama es la aplicación de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, por parte de director general de la Oficina de Pensiones del Gobierno del Estado de Oaxaca, con residencia en esta ciudad, con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo y artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, toda vez, de la lectura de la documental que acompaña a su demanda de amparo consistente en el dictamen de diecisiete de diciembre de dos mil catorce, expedida a nombre de la citada quejosa, por el director general de la Oficina de Pensiones del Gobierno del Estado de Oaxaca, se aprecia que la quejosa es jubilada del Gobierno del Estado de Oaxaca; por ende, al estar acreditado su interés suspensional, se concede la suspensión solicitada, para el efecto de que por el momento no se apliquen en perjuicio del quejoso el artículo 6, fracción III, 18, párrafo segundo y octavo transitorios de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, ya que el transitorio reclamado, dispone que los trabajadores incorporados antes de la vigencia de dicha ley y que adquieran el carácter de jubilados o pensionados, contribuirán con una cuota equivalente al nueve por ciento de su pensión, importe que la Oficina de Pensiones retendrá. En tal virtud, la autoridad responsable en el ámbito de su competencia, deberá abstenerse al momento de cubrir el pago por concepto de pensión por jubilación a la quejosa, de descontarle y retenerle el importe correspondiente a la cuota para el Fondo de Pensiones, debiendo continuar la peticionaria, ejerciendo sus derechos relativos conforme lo venía haciendo previo a la entrada en vigor de la nueva Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca. Lo anterior, porque la aplicación de la citada ley constriñe a los jubilados, en esas condiciones, a someterse a determinada condición jurídica o a cumplir con diversas obligaciones y faculta a la autoridad a su aplicación inminente, sin que sus efectos queden supeditados a un acto posterior, es decir, sus consecuencias se producirán de manera automática, y de materializarse, se ocasionarán perjuicios al peticionario. En consecuencia, de resultar cierta la inconstitucionalidad de los actos reclamados, por los que se concede la medida cautelar, se causaría mayor perjuicio a la parte quejosa que a la sociedad, pues, si bien la ley reclamada es de orden público y de interés general, que tiene por objeto el establecimiento de un régimen de seguridad social que garantice el bienestar social de los trabajadores, jubilados, pensionados y pensionistas del Gobierno del Estado, también lo es que en el caso el gobernado que se ubica en la hipótesis, podría sufrir un mayor perjuicio con las aportaciones que en su momento tuviera que cubrir del 9%, así como de los incrementos que dejaría de percibir, que evidentemente afectarían su situación económica, sobre todo por tratarse de derechos a la seguridad social adquiridos con motivo de su jubilación y que tales aportaciones repercutirían en su manutención diaria; además, que el monto deducido conforme a las nuevas disposiciones, se dirigen al Fondo de Pensiones, con el que se cubrirán las prestaciones y demás beneficios derivados de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, en términos del artículo 3° fracción IV de dicho ordenamiento. Sirve de sustento a lo anterior, el criterio aislado X 1º. 19 K, del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, publicado en la página 1179, tomo VII, enero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN CONTRA LAS CONSECUENCIAS DE LEYES AUTOAPLICATIVAS. La suspensión procede cuando se reclama un acto de aplicación derivado de una ley autoaplicativa, como lo es la que regula la venta, distribución y consumo de bebidas alcohólicas en el Estado de Tabasco, específicamente su artículo 5o., en el que al promulgarse, los preceptos adquirieron el carácter de inmediatamente obligatorios, es decir, se ejecutarán sin ningún trámite, y serán punto de partida para que se consumen posteriormente otras violaciones de garantías; máxime si en la demanda de amparo se designó a la autoridad encargada de realizar esas consecuencias, como parte que es en el juicio de garantías, pues de materializarse el acto de aplicación de la ley, existe el peligro de que se apliquen sanciones y luego reclamar actos consumados, por lo que a fin de evitar perjuicios, son objeto de suspensión las consecuencias materiales de ejecución de la ley. Así como la tesis aislada, I 7º 3 K, publicada en la página 401, tomo VIII, julio de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con el título y contenido siguientes: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. PROCEDE TRATÁNDOSE DE LEYES AUTOAPLICATIVAS. Tratándose de leyes que por su sola vigencia obligan al gobernado a realizar una conducta de hacer, de no hacer o de dar son impugnables desde su publicación mediante la acción constitucional, toda vez que sus efectos no quedan supeditados a un acto posterior futuro e incierto por parte de la autoridad, sino contrariamente, el incumplimiento de dicha disposición legal por parte del obligado generaría sanciones de diversos tipos cuya aplicación es oficiosa por parte del Estado, de lo que se colige que constituyen actos razonables futuros que son susceptibles de suspensión ya que en principio el fin de esta institución es evitar a la parte quejosa perjuicios de difícil reparación, así como evitar que se dificulte el retorno de las cosas al estado que tenían en caso de concederse el amparo". Esta medida cautelar surte efectos desde luego y hasta en tanto se notifique a las autoridades responsables la resolución que se emita en cuando al fondo del asunto. Con fundamento en el artículo 107, fracción XVII constitucional reformado, en relación con los numerales 267, fracción IV de la nueva Ley de Amparo y 215 del Código Penal Federal, se previene a las autoridades responsables, que la desobediencia a este mandato será sancionado penalmente. QUINTO.- Destrucción del duplicado del incidente de suspensión. Hágase del conocimiento de las partes, que con fundamento en el punto vigésimo, fracción III, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, el plazo para la destrucción del duplicado de este incidente contará a partir de la fecha de esta resolución. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E : PRIMERO.- Se concede a Angélica Sumano Carrasco la suspensión definitiva solicitada contra los actos reclamados al Congreso del Estado de Oaxaca, al gobernador del Estado de Oaxaca, al Secretario general de Gobierno de Estado de Oaxaca y al Director General de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca, residentes en esta ciudad, en términos del considerando segundo de esta resolución interlocutoria. SEGUNDO.- Como está ordenado en el último considerando de esta interlocutoria, hágase del conocimiento de las partes, que con fundamento en el punto Vigésimo, fracción III, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, el plazo para la destrucción del duplicado de este incidente contará a partir de la fecha de esta resolución. NOTIFÍQUESE. Lo resolvió y firma el licenciado José Luis Evaristo Villegas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Oaxaca de Juárez, ante la secretaria licenciada Alfa Orquídea Monterrubio Valencia, que autoriza y da fe. El juez Quinto de Distrito en el Estado Lic. José Luis Evaristo Villegas. La secretaria Lic. Alfa Orquídea Monterrubio Valencia.
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