Pastor Rogelio Cruz Osorio

Expediente 780/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
780/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
20/09/2023

Partes del expediente

  • Pastor Rogelio Cruz Osorio

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de septiembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia que sobreseyó este juicio ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en razón que el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General citado. Debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3, fracción XX, del Acuerdo General de mérito y que el presente sumario constitucional en sentencia se sobreseyó, quien provee considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, encuadra en la hipótesis prevista en el precepto 20, fracción I, del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Una vez transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. En términos de los artículos 34 y 44 del multicitado acuerdo, realícense las anotaciones correspondientes. Notifíquese.

  2. Principal

    En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a las once horas con cuarenta minutos del treinta de agosto de dos mil veintitrés, el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, Rodrigo Courtois Yannini, con el secretario Gamaliel Sánchez Cruz procede a celebrar la presente audiencia constitucional, sin la comparecencia de las partes y éstas tampoco manifestaron su intención de asistir a esta diligencia. Relación de constancias. El secretario hace una relación de las constancias que obran en el juicio de amparo 780/2023, entre las que se encuentran las siguientes: (i) la demanda de amparo; (ii) el auto de dos de agosto de dos mil veintitrés, en donde se admitió a trámite el escrito inicial; y, (ii) el informe justificado rendido por la autoridad responsable. Enseguida, el secretario da cuenta al Juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca con un escrito firmado por Claudio Juárez Meneses, autorizado del quejoso ********************, con registro 9829. A continuación, el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca acuerda: se tiene por hecha la relación de las constancias que antecede y con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse por formulados los alegatos que hace valer Claudio Juárez Meneses, autorizado del quejoso ********************, acto seguido, se dispone la apertura de la fase probatoria. Etapa probatoria. En esta fase se hace constar que la parte quejosa y la autoridad responsable anunciaron diversos instrumentos, los cuales se admiten, se reciben y se desahogan en razón de su propia naturaleza, conforme a lo dispuesto por los numerales 123 y 124 de la Ley de Amparo, por lo que al no existir otros medios de convicción que relacionar se cierra este período y se apertura el diverso de alegatos. Etapa de alegatos. En este estadio de la audiencia se hace constar únicamente que la parte quejosa ejerció su derecho de alegar, por lo que se cierra dicho período. Luego, al no existir alguna diligencia pendiente de realizar, se concluye la presente audiencia procediéndose a dictar la siguiente: S E N T E N C I A Mediante la cual se resuelve el juicio de amparo indirecto 780/2023 promovido por ********************, en contra de los actos de la autoridad que más adelante se precisarán. I. ANTECEDENTES De los hechos y abstenciones que el disidente relató bajo protesta de decir verdad en su demanda de amparo que constituyan los antecedentes de los actos reclamados se advierte que aduce que el Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, ha omitido dictar las medidas necesarias para que se cumpla el laudo de quince de octubre de dos mil quince, pronunciado en el juicio laboral J.32/139/2011. El quejoso señala que los actos combatidos afectan su esfera normativa en sentido negativo. II. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO Mediante escrito presentado el uno de agosto de dos mil veintitrés, en el buzón judicial instalado por el Consejo de la Judicatura Federal en el edificio que alberga a los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación en esta localidad, el cual se recibió en la propia data por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, ******************** promovió juicio de amparo en contra de los actos reclamados y la autoridad responsable que posteriormente se precisarán. La parte quejosa señaló como derechos fundamentales violados los consagrados por los ordinales 1, 14, 16, 17 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de las actuaciones combatidas y expresó los conceptos de violación que consideró pertinentes. Por acuerdo de dos de agosto de dos mil veintitrés, este órgano jurisdiccional a quien por razón de turno correspondió conocer del asunto lo registró con el progresivo 780/2023; admitió a trámite la demanda de amparo; solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; dio la intervención que corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. La audiencia constitucional se llevó a cabo en esta fecha en los términos del acta que antecede. III. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de lo señalado por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; y, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como por el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque el acto reclamado carece de ejecución, dada su naturaleza omisiva; por tanto, ese presupuesto procesal se surte a favor de este órgano de control constitucional, en razón de que el escrito inicial se presentó en el territorio en el que ejerce jurisdicción. IV. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte del Máximo Tribunal del País, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad y que cuando ello resulta insuficiente los juzgadores de amparo deben armonizar además los datos que emanen del escrito inicial, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo al fijar los actos reclamados debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En el caso concreto, el contenido integral de la demanda de amparo, así como los datos y la información que se desprenden del expediente en el que se instrumenta este sumario da pauta a establecer que el inconforme reclama el acto siguiente: Al Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje combate: La omisión de dictar las medidas necesarias para que se cumpla el laudo de quince de octubre de dos mil quince, pronunciado en el juicio laboral J.32/139/2011. V. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. El Presidente Ejecutor de la Junta Especial número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca, al rendir su informe justificado, negó la omisión reclamada que se le atribuye; empero, esa negativa se desvirtúa con las manifestaciones que con posterioridad realizaron, de las cuales se advierte la omisión destacada; por tanto, se tiene por demostrada su certeza. La determinación anterior tiene sustento en la tesis aislada emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de contenido siguiente: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Además, de las copias certificadas de las constancias que remitió del juicio laboral 139/2011, a las que se otorga valor probatorio pleno, conforme a lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de lo establecido en su numeral 2, se evidencia que dicho expediente se encuentra en etapa de ejecución de laudo y del mismo modo, no se advierte que la moral demandada haya dado cumplimiento a dicho laudo dictado en el juicio laboral de origen. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 226 sustentada por el Pleno del Alto Tribunal de la Nación, de contenido siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Ante esa circunstancia se desvirtúa dicha negativa y se tiene por ciertos los acto que a ella se le reclaman. VI. ESTUDIO DE LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. Sea que las partes lo aleguen o no, en el presente caso se examinará si en la especie opera alguna causal de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con lo dispuesto en el arábigo 62, de la Ley de Amparo vigente, disposición que, además, es interpretada en ese sentido por la Jurisprudencia II.1o.J/5, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 95, Tomo VII, Mayo de 1991, consultable en la Red Jurídica Nacional, con número de registro 222780, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En efecto, el estudio de las causales de improcedencia es de orden público, y su análisis es previo y preferente, lo aleguen o no las partes, aun cuando se haya reconocido expresamente la existencia del acto reclamado. Así lo ha sostenido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis número 283, con número de registro 394239, visible a foja 190, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con el siguiente rubro y texto: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales." Precisado lo anterior, a criterio de quién resuelve, respecto al acto reclamado consistente en dictar las medidas necesarias a efecto de lograr la ejecución del laudo de quince de octubre de dos mil diecinueve emitido en el expediente laboral 139/2011, por la Junta Especial número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca. El suscrito considera actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 63, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo. Para evidenciar porqué se surte dicha causa, resulta necesario transcribir los citados preceptos, los cuales son del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.]" En efecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, en jurisprudencia obligatoria, estableció que cuando se reclama en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la abrogada Ley de Amparo, en relación con la fracción IV, del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al presidente ejecutor. La jurisprudencia de referencia es la 2a./J. 15/2011 (10a.), consultable en la página 2771 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro III, diciembre de 2011, con el registro 2000011, de rubro y texto siguientes: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA. Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia Ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del Presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al Presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse.". De igual forma, se apunta, que el procedimiento de ejecución de los laudos regulado por la Ley Federal del Trabajo, corresponde a las autoridades laborales respectivas, es decir, son ellas, quienes deben dictar las medidas necesarias para lograr la eficaz e inmediata ejecución de los laudos; sin embargo, para ello, se requiere necesariamente del impulso procesal de la parte que obtuvo, para que la autoridad respectiva ordene la ejecución relativa. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 16/2011 (10a.) emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, de rubro y texto siguientes: «PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. ES NECESARIA LA INTERVENCIÓN DEL EJECUTANTE PARA EL INICIO Y PROSECUCIÓN DE ESTA ETAPA. El Título Quince de la Ley Federal del Trabajo regula los procedimientos de ejecución de los laudos en materia laboral, estableciendo la obligación del Presidente de la Junta de proveer oficiosamente al dictado de las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita; sin embargo, el artículo 950 del indicado ordenamiento dispone la indispensable solicitud expresa del ejecutante para la apertura de la ejecución forzosa del laudo, mediante el dictado del auto de requerimiento y embargo, y los numerales 954, 957 y 965 de dicha Ley prevén la intervención del ejecutante en diversas diligencias para la continuación de esa etapa, como lo son el señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo, la designación del depositario y su eventual cambio o remoción. De lo anterior se infiere que la ejecución forzosa del laudo no es una etapa que la autoridad deba y pueda seguir oficiosamente, máxime que en ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución; aunado a que el artículo 519, fracción III, de la propia Ley establece que las acciones para solicitar la ejecución de los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y los convenios celebrados ante ellas prescriben en dos años. Por las razones apuntadas no puede concederse el amparo y protección de la Justicia Federal para que se constriña al Presidente de la Junta responsable para que, una vez transcurridas las 72 horas a que se refiere el artículo 945 del indicado ordenamiento, oficiosamente provea lo conducente, dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa del laudo.» Si bien, dichos criterios interpretan los artículos 73, fracción XVIII y 74, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo abrogada, válidamente es aplicable en el caso, porque esas disposiciones guardan identidad jurídica sustancial con los diversos numerales 61, fracción XXIII en relación con el diverso 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Ahora bien, el quejoso plantea genéricamente la omisión del Presidente Ejecutor de la Junta Especial número Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca, de proveer lo necesario al cumplimiento del laudo dictado el quince de octubre de dos mil diecinueve, emitido en el expediente 139/2011; siendo indudable la ejecución del laudo recaído en el citado juicio, se encuentra en su fase forzosa; por tanto, requiere del impulso procesal del ahora impetrante en el seguimiento de ejecución del laudo; de ahí que, al no precisar el disidente acto alguno específico que atribuya al presidente ejecutor responsable sino, en términos genéricos le atribuye falta de acción para lograr tal fin, se ubica en la hipótesis de improcedencia del juicio de amparo que se invoca en la jurisprudencia obligatoria en consulta. Así, como la jurisprudencia de mérito resuelve ese aspecto medular de la inconformidad planteada por el quejoso y recurrente, no existe necesidad de abundar sobre lo ya expuesto en tal criterio, debido a que la obligatoriedad de dicha fuente del derecho, en los términos indicados, este órgano jurisdiccional no podría arribar a diverso resultado; aunado a que no existe dato ni indicio alguno de que la señalada jurisprudencia hubiere sido dejada sin efecto por el Alto Tribunal, que éste se hubiere apartado del criterio en ella contenido o que hubiere sido dejada de lado; por consiguiente, reviste la obligatoriedad a que se refiere el precepto 217 de la Ley de Amparo. En consecuencia, por las consideraciones expuestas, al actualizarse la causa de improcedencia analizada de manera indudable y manifiesta se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, contra el acto reclamado materia del análisis de este apartado. En ese orden, resulta innecesario ocuparse de analizar la constitucionalidad de lo reclamado, puesto que no es propio de los fines del amparo realizar el estudio de fondo respecto de la conducta que atribuye a la responsable, la cual es inexistente y; por lo tanto, no ocasiona agravio alguno a la parte quejosa. Sustentan lo aquí vertido, las tesis 509 y 1028, consultables en las páginas 335 y 708, respectivamente, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." Al haberse decretado el sobreseimiento en el juicio de amparo por lo que hace al acto reclamado de la autoridad ordenadora, igual consideración procede hacer respecto de la ejecutora, por no reclamarse por vicios propios. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 647, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, del Apéndice al 1917-1995, materia común, tomo VI, foja 434 que dice: "AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA. Si en un juicio de garantías se sobresee respecto de la autoridad ordenadora del acto reclamado, en el mismo sentido debe de fallarse en lo que toca a la señalada como ejecutora, cuando a ésta no se atribuyen vicios propios de ejecución, porque debiendo sobreseerse en cuanto al acto emanado de la primera, es inconcuso que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución." No impacta en la presente determinación, el hecho que la parte quejosa, haya anexado como pruebas de su parte, los acuses de recibo de los diversos escritos dirigidos a la Junta responsable y recibidos el doce de agosto, diecinueve de octubre de dos mil veinte y tres de agosto de dos mil veintidós, a través de los cuales, solicitó la ejecución del laudo; sin embargo, conforme a las constancias que obran en el expediente de origen, se aprecia que las mismas ya fueron atendidas, a saber, mediante el proveído sin fecha y de catorce de julio de dos mil veintitrés, respectivamente, estos es, previo a la promoción del presente juicio de amparo, aunado a que, del material probatorio que existe en este expediente, no se advierte el quejoso, con posterioridad al proveído de catorce de julio de dos mil veintitrés, haya dado el impulso procesal a que se hizo referencia a lo largo del presente apartado. De igual forma, no es óbice a lo anterior, el hecho de que no se haya ordenado el emplazamiento del tercero interesado en este juicio, en razón que al estar acreditada de manera indubitable la causal de improcedencia invocada, en nada cambiaria del sentido del presente fallo. Sin que la presente determinación deje en estado de indefensión al quejoso, puesto que se encuentra en aptitud de acudir ante el tribunal laboral responsable a solicitar el cumplimiento del laudo dictado a su favor. Finalmente, en razón de que el sobreseimiento impide el estudio del fondo del asunto y, por consiguiente, el análisis de la constitucionalidad de los actos reclamados, no se examinarán los conceptos de violación planteados, ni la opinión jurídica vertida por la Junta responsable, así como los alegatos vertidos por el autorizado de la parte quejosa; además, de que ésta tampoco forma parte de la litis en el presente juicio de amparo. Lo anterior encuentra apoyo en los criterios sostenidos en las jurisprudencias de rubros siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO.", y "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO." VII. DECISIÓN Consecuentemente, al hacerse patente la causa de improcedencia analizada en el apartado que antecede, lo procedente es sobreseer el presente juicio de amparo. Por lo expuesto y fundado se, RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************. Notifíquese.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés. Con fundamento en los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo agréguese a los autos para los efectos legales correspondientes el informe justificado descrito en la cuenta; asimismo, se tiene a la autoridad responsable por anunciadas las documentales que exhibe, sin perjuicio de relacionarlas al celebrarse la audiencia constitucional en este asunto; en consecuencia, con el contenido de tales instrumentos dese vista a las demás partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Notifíquese.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos se advierte que transcurre el plazo de quince días previsto por el normativo 117, primer párrafo, de la Ley de Amparo para que la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje rinda su informe justificado que le fue requerido en el auto admisorio de dos de agosto pasado, el cual se notificó el cuatro de agosto posterior, a través del oficio 15821/2023 cuyo acuse se encuentra glosado en el expediente en el que se actúa. En razón de lo anterior, la audiencia constitucional programada para esta fecha se difiere señalándose para su celebración a las once horas con cuarenta minutos del treinta de agosto de dos mil veintitrés. Notifíquese.

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