Patricia Alvarado Nolasco

Expediente 500/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 4 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
500/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
04/09/2023

Partes del expediente

  • Patricia Alvarado Nolasco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, a cuatro de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos, el oficio de cuenta, signado por la Actuaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil de este Circuito, con sede en esta ciudad, por medio del cual, devuelve el original del presente asunto, en virtud de haberse pronunciado sentencia dentro de la queja civil 165/2023, en la que la Superioridad resolvió lo siguiente: "ÚNICO. Se declara infundado el recurso de queja." Háganse las anotaciones del caso, en el Libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado, y acúsese recibo de estilo. Por otra parte, como de la constancia secretarial de cuenta, se obtiene que no existe acuerdo pendiente por dictar, ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; asimismo, se realiza su valoración documental como DESTRUÍBLE, en un plazo de tres años, toda vez que se desechó la demanda de garantías, de conformidad con lo establecido en los artículos 12, 14, fracción III, 20 fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales. Se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General en cita, ni este Juzgador, atendiendo a la importancia del asunto, lo considera de trascendencia jurídica. Finalmente, toda vez que según constancia secretarial que antecede, no existen documentos originales por devolver a la parte quejosa; en consecuencia, no procede ordenar la notificación personal del presente proveído. Notifíquese.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, a tres de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos, el oficio de cuenta, signado por la autoridad antes mencionada, por medio del cual, informa que en auto de uno de agosto en curso, se admitió el recurso de queja interpuesto dentro del presente asunto, mismo que se registró bajo el número 165/2023, de su índice. Notifíquese.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, a diecinueve de mayo de dos mil veintitrés. Como de la certificación y constancia secretarial de cuenta, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término legal concedido a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, lapso en el cual no hizo manifestación alguna al respecto; por tanto, el suscrito procede a realizar el examen de las constancias del juicio, a fin de resolver lo conducente con apoyo en la jurisprudencia 26/2000, de la Novena Época, sustentada por la Segunda Sala, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de dos mil, visible a página doscientos cuarenta y tres, con el rubro que a la letra versa: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA).". Ahora, la parte quejosa señaló como acto reclamado: ".reclamo el violentar el derecho fundamental que tengo a un proceso sin dilaciones y a obtener administración de justicia pronta, omitiendo tramitar el juicio del que emanan los actos reclamados, en los plazos y términos que fija la ley.". De autos se advierte que mediante sentencia de diecinueve de julio de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, a la parte quejosa para el efecto de que la autoridad responsable dentro del término legal llevara a cabo el desahogo de la prueba de cotejo y compulsa de documentos, en el juicio laboral - y notificara personalmente a la quejosa el acuerdo respectivo. En auto de dos de septiembre de dos mil veintidós, se declaró ejecutoriada la sentencia en cita, y se requirió a la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, el cabal cumplimiento del fallo. En acatamiento a ello y previos requerimientos, mediante oficio recibido en este tribunal, el uno marzo del año en curso, la autoridad responsable remitió copia certificada de constancias del juicio laboral -, entre las que se encuentran la diligencia relativa al desahogo de la prueba de cotejo y compulsa, de fecha catorce de noviembre de dos mil veintidós, respecto del oficio DGRH/5147/2017, de veintiuno de agosto de dos mil diecisiete; diligencia en la cual se asentó la imposibilidad para el desahogo de la prueba en cita, al establecerse lo siguiente: ".es imposible exhibir el documento requerido, ya que de la copia que se me muestra y de la cual se me solicita el original, se observa que el mismo carece de algún sello que los vincule con mis representados, el mismo no obra en poder de mis mandantes. (.) Se concede el uso de la voz a la parte actora, manifiesta: Ante las manifestaciones vertidas por la apoderada jurídica de la parte demandada, solicito se declare perfeccionado el documento materia del cotejo y/o compulsa, se haga efectivo el requerimiento de su exhibición en lo que concierne a sus manifestaciones que sobre el particular a formulado, las mismas se toman inatendibles, abundante de que desde el primer momento de su ofrecimiento las debió haber vertido y no hasta ahora.". Asimismo, remitió copia certificada del proveído de veinte de enero del año en curso, en el que y a petición de la parte actora acordó lo siguiente: ".Se da cuenta con el escrito de fecha de presentación 24 veinticuatro de noviembre del año 2021, suscrito y firmado por el -, apoderado jurídico de la parte ACTORA, por lo que atento a su contendido, se provee: LA JUNTA ACUERDA: I.- En relación al ocurso, téngase al apoderado jurídico de la actora, por hechas sus manifestaciones, ordenando agregar a sus antecedentes para constancia legal. II.- En virtud de que la parte ACTORA, no se manifestó respuesta alguna a la vista que se le dio respecto de la documentación exhibida por la parte demandada del requerimiento que se le hizo de la prueba marcada con el número 21 del acuerdo de pruebas de fecha 13 de noviembre del arlo 2019, se le hace efectivo el apercibimiento decretado en su contra en auto de fecha 21 de mayo del año 2021, en el sentido de que se le tiene por no manifestando su interés respecto de las mismas y por perdido su derecho de hacerlo con posterioridad III.- Por lo anterior se tiene por desahogada la prueba marcada con el número 21 del escrito de pruebas ofrecido por la parte ACTORA, IV.- Toda vez que no quedan pruebas pendientes por desahogarse se concede a las partes el término de 02 DOS DÍAS hábiles contados a partir de que surta sus efectos la notificación que del presente se realice, para que formulen sus respectivos ALEGATOS, apercibidos que en caso de no hacerlo dentro del término concedido para tal efecto, se tendrá por no formulados, ello de conformidad con el artículo 884 fracción V de la Ley Federal del Trabajo. IV.- Se comisiona al C. Actuario de la adscripción NOTIFIQUE a las partes ACTORA y DEMANDADA en los domicilios que tienen señalados en autos para tal efecto, corriéndoles traslado con copia autorizada del presente acuerdo.". Ahora, dado que la concesión de amparo fue para el efecto de que la autoridad responsable, dentro del término legal llevara a cabo el desahogo de la prueba de cotejo y compulsa que se realizara con el original de una copia simple del oficio número DGRH/5147/2017, de fecha veintiuno de agosto de dos mil diecisiete, ofrecida por la parte actora; sin embargo, como se aprecia de las transcripciones que anteceden, en el sentido de que con fecha catorce de noviembre de dos mil veintidós, ante la imposibilidad para exhibir el documento original requerido, materia de la prueba de cotejo y compulsa, no se llevó a cabo el desahogo de la referida probanza, en los términos antes anotados, asimismo el veinte de enero del año en curso, la autoridad responsable determinó que toda vez que la parte actora no manifestó respuesta alguna a la vista que se le dio respecto de la documentación exhibida por la parte demandada, le hizo efectivo el apercibimiento decretado en su contra, es decir, la tuvo por desinteresada respecto de la referida documentación y por perdido su derecho de hacerlo con posterioridad; asimismo, a petición de la parte actora la autoridad responsable, acordó que dado que no quedaban pruebas pendientes por desahogar, concedió a las partes el término de dos días, para que formularan sus respectivos alegatos, y ordenó notificarles la citada resolución. Ahora, ante la imposibilidad jurídica y material por parte de la autoridad responsable, para cumplir cabalmente con la ejecutoria de amparo, por el argumento antes indicado; por tanto, no es necesario ocuparse del análisis del cumplimiento de la ejecutoria en comento, siendo lo procedente DECLARAR SIN MATERIA el cumplimiento de que se trata en la presente contienda constitucional. Por otra parte, se advierte que no existe certificado de depósito que devolver a las partes, ni acuerdo pendiente por dictar ni diligencia por practicar, en consecuencia y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido; se hace la observación de que el juicio en que se actúa, es susceptible de DEPURARSE, dado que por una parte se sobreseyó el presente juicio de garantías y por la otra, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, de conformidad con lo establecido en los artículos 12, 14, 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, disposición citada en último término que dispone: "Artículo 18. Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: I. En los Juzgados de Distrito: (.) b) Los expedientes relativos a juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional; y (.) Se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo general en cita ni este juzgador, atendiendo a la importancia del asunto, lo considera de trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, a nueve de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos, el escrito de cuenta, signado por -, en cuanto apoderados jurídicos de la quejosa -, y anexos que acompañan, por medio del cual, cumplen con la prevención formulada en auto de veintiséis de abril último, carácter que acreditan con el poder general para pleitos y cobranzas, que adjuntan a dicho escrito, como quedó asentado en la constancia secretarial que antecede, y que se les reconoce en términos del artículo 10 de la Ley de Amparo. Ahora bien, del análisis a la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado, el siguiente: La resolución emitida el doce de abril último, por la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, dentro del toca civil -, que confirmó el auto dictado el veintiocho de febrero del año en curso, por el Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tacámbaro, Michoacán, dentro del incidente sobre entrega de posesión del bien que constituye el caudal hereditario, relativo al expediente -, en el que se proveyó respecto a diversas pruebas ofrecidas por su parte. Al respecto, el Suscrito estima que procede desechar el presente libelo constitucional, por ser notoriamente improcedente, con apoyo en lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo; esto es, por surtirse la causa de improcedencia, prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el precepto 107 fracción V, aplicado a contrario sensu, ambos del mismo ordenamiento legal, por las siguientes razones: El citado artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto autoriza al Suscrito, a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate, es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable, debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de convicción durante el juicio. Resulta aplicable la Jurisprudencia 19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, septiembre de 1999, página 730, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". En ese sentido, debemos estarnos a lo que dispone el artículo 61, fracción XXIII, el cual textualmente señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. El artículo 107, fracción V, de la de Amparo, prevé: "ARTICULO 107. El amparo indirecto procede: V.- Contra actos en juicio, cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos, los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;..." Del texto de dichos preceptos, se desprende que cuando se reclaman en amparo indirecto actos dictados dentro de un procedimiento que aún no ha concluido, resulta indispensable que los daños causados por éstos no tengan reparación alguna para la parte quejosa, afectando sus derechos sustantivos y no los adjetivos, entendiéndose por los primeros los que lesionan los derechos fundamentales de los agraviados, mismos que se encuentran tutelados en nuestro texto constitucional a través de las llamadas garantías individuales y derechos humanos, en virtud de que la afectación no se destruye con el solo hecho de que quien la sufra, obtenga una sentencia definitiva favorable en el juicio; por el contrario, los derechos adjetivos son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, pues si bien inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se va desarrollando éste, pero si la parte quejosa obtiene sentencia favorable, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del agraviado. En otras palabras, por actos de imposible reparación para los fines de determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, debemos entender que son aquéllos que tengan una ejecución de carácter irreparable para la parte quejosa, o que afecten de modo directo o inmediato derechos sustantivos consignados en la Constitución Federal, cuyos efectos ya no se puedan reparar en el curso del procedimiento del que se derivan tales actos procesales; esto en razón de los daños y perjuicios que pudiera resentir con esa clase de actos y que no se le puedan resarcir en ninguna actuación posterior dentro del procedimiento de que se trate, lo que implica, además, la imposibilidad de que las violaciones cometidas en el procedimiento queden reparadas en la resolución que llegue a pronunciarse. Es decir, los actos procesales que no tienen efectos sobre las cosas o las personas, en sus derechos sustantivos, no tienen el carácter de irreparables mientras exista la posibilidad legal de que el afectado obtenga una resolución favorable a sus pretensiones, ya que en este caso, los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones desaparecen, esto es, dichos actos sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener un fallo favorable. Ahora bien, en el caso concreto, la parte quejosa reclama la resolución emitida el doce de abril último, por la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, dentro del toca civil -, que confirmó el auto dictado el veintiocho de febrero del año en curso, por el Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tacámbaro, Michoacán, dentro del incidente sobre entrega de posesión del bien que constituye el caudal hereditario, relativo al expediente -, en el que se proveyó respecto a diversas pruebas ofrecidas por su parte, actuaciones que ahora constituyen los actos reclamados; y por ende, componen actos procesales; por tanto, dada su propia naturaleza intraprocesal e intermedia, no genera contra la esfera jurídica de derechos de la aquí quejosa, una ejecución que sea de imposible reparación. Se dice lo anterior, porque dicha resolución no incide en derechos sustantivos de la parte quejosa, sino sólo, y a lo más, en sus derechos adjetivos, lo que incluso puede encontrar reparación al resolverse el incidente de que se trata. Como se ve, el acto reclamado no colma los atributos indispensables para tener acceso inmediato al juicio de amparo indirecto, pues como se advierte del mismo, no constituye una violación de carácter irreparable, ya que sólo tienen efectos dentro del procedimiento seguido en forma de juicio; por ello, se estima que no se afectan de modo directo e inmediato los derechos sustantivos que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o algún otro contenido en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; en tales condiciones, los actos que se impugnan, no son de aquéllos que contempla la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, en virtud de que de ningún modo otorga al propio acto la característica de irreparabilidad para la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues en este supuesto existe la posibilidad de que los efectos de aquellas afectaciones desaparezcan en caso de que obtenga resolución favorable a sus intereses en el incidente relativo al juicio natural; y sólo en el caso de que no fuera así, ésta tiene oportunidad de hacer valer las violaciones de las que ahora se duele, mediante los recursos legales previstos en la Ley de la Materia. Bajo tal escenario, de conformidad con los razonamientos antes esgrimidos, resulta manifiesta e indudable la causa de improcedencia que se menciona, por lo que SE DESECHA DE PLANO, la presente demanda de amparo, acorde a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, al actualizarse la causa de improcedencia, prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el precepto 107 fracción V, aplicado a contrario sensu, ambos del mismo ordenamiento legal. Finalmente, con fundamento en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se exhorta a la parte quejosa, para que, cuando le sea posible y de estimarlo pertinente, transite hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar - a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio, y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo cual se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el referido Acuerdo. Notifíquese vía electrónica.

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