Patricia Alejandra Gonzalez Ferreira

Expediente 394/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 1 actuación registrada, la última del 9 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
394/2019
Año
2019
Actuaciones
1
Última actuación
09/04/2019

Partes del expediente

  • Patricia Alejandra Gonzalez Ferreira

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por ..., por propio derecho, contra actos del Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad; en tal virtud, regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado con el número VII-342/2019. Ahora bien, como de la certificación de cuenta, se advierte que en este Órgano Jurisdiccional, se encuentra registrado el juicio de amparo indirecto 946/2018, promovido por la quejosa - contra actos de la JUNTA ESPECIAL NÚMERO CUATRO DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO, con sede en esta ciudad, dentro del juicio 4ª-3410/2016, mismo que en auto de veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, se sobreseyó fuera de audiencia, y tomando en consideración que en la demanda de garantías que nos ocupa, el acto que se reclama es derivado del mismo juicio laboral, este juzgador considera que se surte la hipótesis de un hecho notorio; ello en atención a lo que establece la Jurisprudencia que por contradicción de Tesis emitió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXV, Junio de 2007, Materia Común, visible a foja 285, del texto y rubro siguientes: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista". Por otra parte, del análisis de la demanda de garantías, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: "d).- ACTO RECLAMADO: La indebida, ilegal e inconstitucional DILIGENCIA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA de fecha 4 de marzo de 2019, mediante acuerdo dictado en el juicio 4ª-3410/2016, por el C. Presidente de la Junta Especial Número Cuatro y ejecutado por la responsable actuario de la Junta Especial Número 4 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, derivado del juicio laboral que se tramitó en mi contra, sobre pago de diversas prestaciones laborales, que promovió el trabajador actor -, ahora tercero interesado, y todas las actuaciones que dieron origen y que fueron ejecutadas en mi contra, sin haber sido notificado del procedimiento, ordenando se embarguen bienes de mi propiedad, en cantidad suficiente para garantizar las partidas condenadas en el laudo". En tal virtud, el suscrito estima que procede desechar el presente libelo constitucional por ser notoriamente improcedente, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo; esto es, por surtirse la causal de improcedencia, prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 62 y 107 fracción IV, párrafo primero, a contrario sensu, de la Ley de Amparo, por las siguientes razones: Los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El primero de los preceptos pone de manifiesto, que las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el Órgano Jurisdiccional que conozca del juicio de amparo; por su parte el segundo precepto autoriza a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Asimismo, los artículos 61 fracción XXIII, y 107 fracción IV, párrafo primero, a contrario sensu, de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Articulo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. [.] Si se trata de actos de ejecución de sentencia, solo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o la que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda, las violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubiesen dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución" (Lo resaltado es por este Juzgado). Es así, pues tomando en consideración que de los antecedentes de la demanda que se analiza, se pone de relieve que, el acto que la parte promovente reclama, es el acuerdo de cuatro de marzo de dos mil diecinueve, dictado por el Presidente de la Junta Especial Número Cuatro, en el que se ordenó la ejecución del laudo dictado dentro del juicio 4ª-3410/2016. Ahora, aún y cuando es cierto que de conformidad por lo dispuesto por el artículo 107, fracción IV, párrafo primero, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías, procede respecto de actos emitidos en ejecución de sentencia, también lo es que, ese precepto legal determina que, sólo será procedente contra la última resolución, que es la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o la que ordenan el archivo definitivo del expediente, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento; lo anterior es importante destacarlo en atención a que, si bien en dicha etapa se emiten autos y resoluciones intermedias, estas determinaciones no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta de que al existir una sentencia ejecutoria o determinación con efectos equivalentes, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento y en la especie, la promovente pretende combatir el auto que ordena la ejecución de la sentencia, determinación que no constituye un acto definitivo que haga procedente el juicio constitucional, al no constituir la última determinación judicial que ha de dictarse en ese procedimiento y, por ende, no se está ante el supuesto previsto por el primer párrafo, de la Fracción IV, del artículo 107, de la ley de la materia, para la procedencia del juicio de amparo, ya que de actualizarse dicha hipótesis, ello sería, se reitera, hasta que se emita la última resolución en dicho procedimiento, lo que le daría a la impetrante, la posibilidad de formular demanda de garantías señalándose las violaciones que considere fueron cometidas en el procedimiento llevado a cabo para cumplir con la referida sentencia, incluidas las violaciones que aduce en los conceptos de violación de su demanda se han cometido durante la etapa ejecutiva de la sentencia y que considere han dejado sin defensa a la parte peticionaria de amparo. Tiene aplicación sobre el particular por analogía la jurisprudencia consultable en la página 16, del Tomo V, abril de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTICULO 114 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 114, fracción III, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Este requisito persigue, de conformidad con la exposición de motivos de la ley citada, evitar abusos del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la última resolución que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente"; y por analogía jurídica, la jurisprudencia número 235, sustentada por la anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 159, Tomo VI, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "EJECUCION DE SENTENCIAS. AMPARO IMPROCEDENTE. Si el acto reclamado consiste en una resolución dictada en ejecución de una sentencia y la cual no es la última en el procedimiento de ejecución, el juicio de garantías debe estimarse improcedente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo". Sin que en el caso particular nos encontremos en el supuesto de excepción que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en el criterio jurisprudencial 108/2010; para aplicar por analogía lo dispuesto por la fracción V, del artículo 107, de la Ley de Amparo y estimar procedente el juicio de garantías contra actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, pues el auto en el que se ordenó la ejecución de la sentencia, no es un acto ajeno a la cosa juzgada y no afecta de manera inmediata derechos sustantivos de la parte quejosa imposibles de reparar, pues es evidente que solo afectaría derechos procesales dentro de la fase de ejecución; por lo que, si estamos en presencia de un auto que tiende a ejecutar una sentencia, se trata de un acto que sólo podrá verse reparado, de serle favorable, en el amparo que interponga contra la última resolución dictada en etapa de ejecución, específicamente en la etapa de remate. Así, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113, en relación con los diversos 61, fracción XXIII, 62 y 107 fracción IV, párrafo primero, aplicado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, se DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de garantías formulada por ..., contra el acto reclamado al Presidente de la Junta Especial Número Cuatro, de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, en esta ciudad, por la razones que precisadas quedaron en líneas que anteceden.

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