Patricia Alondra Huchim Alvarado

Expediente 1113/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 3 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1113/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
31/05/2023

Partes del expediente

  • Patricia Alondra Huchim Alvarado

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 86, en relación con el 81, fracción l, inciso d), de la Ley de Amparo, sin que la parte a la que pudo haber causado perjuicio, es decir, la parte quejosa hubiera interpuesto recurso de revisión contra el proveído de veintiocho de abril de dos mil veintitrés, que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; en mérito de lo anterior, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2º de la Ley de Amparo, se declara que el expresado proveído HA QUEDADO FIRME, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, hágase las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento al artículo 21, del Capítulo Octavo, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo, así como que carece de documentos originales, se encuentra dentro de la hipótesis establecida en el inciso a) del indicado precepto 21, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere el precepto antes citado. Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 15, del Capítulo Quinto y en el diverso numeral 35, del Capítulo Decimotercero, del precitado Acuerdo General, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que NO TIENE RELEVANCIA DOCUMENTAL, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Ricardo Ruiz del Hoyo Chávez, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Sofía Stael Chan Nahuat, Secretaria del Juzgado, con quien actúa y da fe. Dos firmas electrónicas con evidencia criptográfica.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiocho de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos el informe justificado rendido por la Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en Umán, Yucatán, del cual se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, ya que la parte quejosa reclamó de la citada responsable, la paralización del Procedimiento Especial de Divorcio Sin Causales, desde el diez de agosto de dos mil veintidós, radicado en el expediente ******************** del índice de la responsable. Ahora bien, de las constancias que la autoridad responsable acompañó al informe justificado de cuenta, se obtiene que mediante acuerdo de trece de abril del año en curso, posterior a la presentación de la demanda (doce de abril de dos mil veintitrés), fijó medidas provisionales en el juicio de origen relativas a la custodia provisional de la infante y la pensión alimenticia para la misma, así como fijó fecha y hora para que se lleve a cabo una junta de mediación entre las partes. Por lo que se estima que la paralización del juicio de origen ha desaparecido. En ese sentido, han cesado los efectos de la omisión reclamada, con lo cual desapareció la posible afectación al derecho humano de pronta impartición de justicia, dado que la autoridad ha llevado a cabo diversas actuaciones que dieron continuidad al trámite del procedimiento especial de divorcio sin causales de origen; en consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, debe sobreseerse en el juicio de amparo, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo. En atención a lo anterior, se ordena dejar sin efectos la audiencia constitucional señalada para las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL QUINCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    V i s t o s para resolver los autos del juicio de amparo 136/2023-I del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, promovido por ******************** por conducto de su representante********************, contra el acto reclamado al Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en el Combate a la Corrupción y otra autoridad.(...) SÉPTIMO. Estudio de constitucionalidad del acto reclamado. Se procede al estudio de los motivos de inconformidad formulados por la apoderada legal de la quejosa, los cuales resulta innecesario transcribir, porque no existe dispositivo legal que establezca esa obligación, y no se advierte la necesidad de ello para responderlos. Como una cuestión previa, cabe precisar que la parte quejosa, para acreditar su interés jurídico, anexó a su demanda de amparo, copia certificada del primer testimonio de la escritura cincuenta y cinco, de veintiséis de enero de dos mil veintiuno, pasada ente la fe del notario público número ochenta y siete de Progreso, Yucatán, que contiene un contrato de compra venta otorgado por el Ayuntamiento del Municipio de ******************** a favor ********************, respecto de los predios rústicos marcado con los número ********************. Documental que de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, merecen eficacia probatoria plena, ya que es un documento certificado por un funcionario público en ejercicio de sus funciones, tal y como lo establece el artículo 129 del ordenamiento en cita. Debe decirse, que el documento de trato se examina sólo para efectos del presente juicio de amparo, sin que deba analizarse su validez o eficacia, toda vez que las cuestiones de propiedad no pueden dilucidarse en el juicio de derechos fundamentales sin que previamente hayan sido resueltas por la instancia común; ya que el objetivo fundamental de esta vía de control constitucional es la de tutelar que no sea afectados derechos fundamentales. Encuentra apoyo lo anterior, en la tesis Iv.2o.C.60 C del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, Junio de 2007, página 1110, registro 172199, que dice: (.) Ahora bien, en un aspecto de sus conceptos de violación la parte quejosa aduce que el acto reclamado se traduce en el aseguramiento de los tablajes rústicos de referencia, ya que no se siguieron las formalidades que establece en Código Nacional de Procedimientos Penales, dado que el fiscal investigador no tiene facultades para ordenar dicho acto, pues su emisión debe ser efectuada por una autoridad judicial, aunado a que dicha medida no tiene una vigencia, es decir, resulta indefinida. Los reseñados motivos de disenso resultan fundados y suficientes para sostener el sentido del fallo. Cabe precisar, que en términos del artículo 21 Constitucional la investigación y persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público y corresponde a esa institución la demostración de las conductas delictivas, en todos los casos se le constriñe a realizar la investigación y persecución de los delitos, en cuya función tiene expeditas las medidas que la ley le otorga para allegarse de los elementos necesarios y así establecer los hechos que la ley señala como delito y la responsabilidad de quienes los cometen. Ahora bien, se puede sostener que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos distingue y regula de forma diferente, los actos privativos y los actos de molestia; los primeros, son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado; los autoriza solamente a través del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el magno numeral 14; a saber, la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido; b) que se cumplan con las formalidades esenciales del procedimiento; y, c) en su trámite y resolución se apliquen leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado. En cambio, los actos de molestia, pese a constituir afectación a la esfera jurídica del gobernado sólo restringen, de manera provisional o preventiva, un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, los autoriza, el artículo 16 de la Carta Magna, siempre y cuando estén precedidos de un mandamiento escrito, girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde se funde y motive la causa legal del procedimiento. Así, un acto privativo lo será, cuando la finalidad connatural que persigue es la privación de un bien material o inmaterial; en cambio, será de molestia, si por su propia índole tiende sólo a ocasionar una restricción provisional. Sirve de apoyo a las anteriores consideraciones, el criterio inmerso en la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, IV, Julio de 1996, Materia Común, página 5, que dice: (.) En el caso que nos ocupa, el acto reclamado no tiene la naturaleza de ser un acto privativo, es decir, no tiene como finalidad privar definitivamente de los bienes al poseedor o propietario, sino que, constituye un acto de molestia por tratarse de una medida provisional. Cobra relevancia al respecto, el criterio contenido en la tesis II.1o.P.A.9 P, emanada del otrora Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, febrero de 1996, página 389, Novena Época, de rubro y texto: (.) En ese contexto, al ser el acto cuestionado emitido por una autoridad, evidente su emisión se encuentra constreñida a observar la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El acto reclamado consta por escrito, como se desprende del acuerdo de ministerial de doce de julio de dos mil veintidós, emitido en la carpeta de investigación ********************,en el que se consideró que el cierre de partidas registrales de los tablajes ******************** de ******************** Yucatán, tenía la finalidad de dar a conocer la situación actual del predio, es decir, que se encontraba en investigación, y se ordenó remitir el oficio correspondiente para solicitar a la autoridad registral el referido cierre de partidas. Ahora bien, el artículo 229 del Código Nacional de Procedimientos Penales dispone: (.) Entonces, si bien es cierto, la medida decretada por la responsable no tiene como objeto el de privar definitivamente del bien al poseedor o propietario, lo cierto es, que sí constituye una afectación sobre el bien, ya que implica la indisponibilidad provisional del mismo. Sobre esas bases, es válido afirmar que el aseguramiento sobre los folios electrónicos que corresponden a los predios rústicos ya señalados, que dictó el fiscal investigador, mediante acuerdo de doce de julio de dos mil veintidós, requería para su validez legal, de autorización judicial previa, en términos del artículo 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual dispone: (.) En ese sentido, se concluye que resulta inconstitucional la medida cautelar que el fiscal investigador decretó mediante el acuerdo ministerial que constituye el acto reclamado, pues al implicar una afectación a los derechos constitucionales consagrados en los artículos 16 y 27 Constitucionales, debió solicitar autorización al juez de control, de conformidad con lo establecido en el artículo 252, primer párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por lo tanto, al cierre de registros de la partida de los predios rústicos en mención, que el fiscal investigador ordenó, no le precedió una autorización judicial, la cual se requiere por disposición de ley, dado que si bien constituye una medida transitoria o temporal respecto de los bienes inmuebles afectos a la carpeta de investigación, lo cierto es, que durante el tiempo que permanezca inscrita esa anotación registral, se afecta el derecho sustantivo de propiedad, pues quien ostente ese derecho tendrá una limitación para transmitir o disponer del inmueble, debido precisamente a la sujeción registral. Respecto de la afectación al derecho constitucional de propiedad que se provoca, se cita como orientadora la jurisprudencia 4/2021 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de texto: (.) Por lo tanto, si como se ha visto, con el cierre del registro de partida de los predios rústicos de referencia, se afecta un derecho constitucional como es el de propiedad, entonces por disposición del artículo 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el fiscal investigador requería de autorización judicial previa, sin que se advierta que lo haya realizado de ese modo; por lo tanto, conforme a lo ya expuesto, dicho acto resulta inconstitucional. Es así dado que el derecho fundamental contenido en el artículo 16 Constitucional descansa en el llamado principio de legalidad, que consiste en que las autoridades del Estado sólo pueden actuar cuando la ley se los permite, en la forma y términos que ésta determine; con base en esta disposición, deben verificarse todos los actos de molestia definidos como aquellos que sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho, con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, como en el caso acontece, con el aseguramiento decretado a un bien inmueble; pues resulta innegable que limita los actos de dominio que sobre dicho bien pudiera llegar a ejercerse por el legítimo propietario. Lo anterior, no implica que la autoridad ministerial no pueda decretar por sí, el aseguramiento de bienes, pues el artículo 229 antes transcrito la faculta para ello, sin embargo el suscrito considera que tal facultad se limita a los casos en los cuales se tiene conocimiento de los hechos delictivos cometidos en flagrancia. Siendo que, en los casos como el que aquí se analiza, en los que posterior a la comisión del hecho delictivo, los actos de investigación que impliquen afectación a derechos fundamentales, conforme al artículo 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales, requieren autorización judicial previa. Es aplicable a lo anterior, por identidad de razón jurídica, la tesis XXX.4o.2 P (10a.), sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, con registro digital 2021150, de rubro y texto siguientes: (.) En ese sentido, ante lo fundado de los conceptos de violación reseñados, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita, respecto de los actos reclamados. OCTAVO. Efectos del amparo. De conformidad con lo que establece el artículo 77, fracción I, la concesión del amparo tiene el efecto general de restituir a la parte quejosa, en el goce de sus derechos violados, para lo cual la autoridad responsable deberá realizar lo siguiente: Dejar sin efectos el acuerdo de doce de julio de dos mil veintidós, dictado en la carpeta de investigación ********************, en el que se aseguró los predios rústicos ******************** de la localidad de ******************** Yucatán, así como su ejecución. Una vez hecho lo anterior, en el supuesto de que aún estimara necesario el aseguramiento de los citados predios rústicos, deberá seguir el trámite respectivo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales y recabar la autorización judicial correspondiente, para poder llevarlo a cabo, de ser pertinente. Por lo expuesto y fundado y con apoyo en los artículos 76, 77, 78, y demás relativos a la Ley de Amparo, R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a ********************, contra el acto reclamado al Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en el Combate a la Corrupción y otra autoridad, por las razones expuestas y para los efectos indicados en esta resolución. Notifíquese personalmente.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida · 2,237 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano