PAMELA RAMOS BUSTILLOS y Otros.

Expediente 1116/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 15 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1116/2023
Año
2023
Actuaciones
15
Última actuación
08/11/2023

Partes del expediente

  • Pamela Ramos Bustillos
  • PAMELA RAMOS BUSTILLOS y Otros.
  • JENNIFER ANDREA RAMOS BUSTILLOS y Otros.
  • Jennifer Andrea Ramos Bustillos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado vía electrónica por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que se admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por la quejosa ****************************************, contra la sentencia definitiva firmada el veinte de septiembre de dos mil veintitrés; formándose el toca de amparo en revisión ******************** Tómese conocimiento de lo anterior, para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de autos del que se advierte que obra la totalidad de las constancias de notificación relativas al recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa contra la sentencia definitiva firmada el veinte de septiembre de dos mil veintitrés; en consecuencia, para la sustanciación del referido recurso, remítase al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito: 1. Impresión del escrito de revisión y de expresión de agravios. 2. La copia de éste que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación. 3. Un legajo de copias certificadas del expediente ******************** Por otra parte, se ordena dar acceso al expediente electrónico a fin de que el Tribunal de Alzada, se encuentre en aptitud de tener a la vista la totalidad de las constancias que integran el presente expediente. Hágase del conocimiento del Analista del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) de este juzgado, la autorización del acceso al expediente electrónico ordenada en párrafos anteriores, para que realice las acciones necesarias a fin de que el Tribunal Colegiado se encuentre en aptitud de acceder y consultar el presente juicio vía el expediente electrónico. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, nueve de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito presentado por la vía electrónicamente por la directa quejosa ********************con el que interpone el recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente juicio. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, entréguese copia del citado escrito de revisión y de expresión de agravios a partes restantes. Una vez que esté debidamente integrado y notificado, remítase el original del presente expediente, del referido escrito y la copia que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación, al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, para lo que esa Superioridad estime procedente acordar. Notifíquese y personalmente a los terceros interesados.

  4. Principal

    (...) V i s t o s para resolver los autos del juicio de amparo 1116/2023 del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, promovido por *** y ***, contra actos de la Jueza Quinto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. (...) SEXTO. Causas de improcedencia En términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, la autoridad que conozca de un juicio de amparo estudiará de oficio las causas de improcedencia, por ser de orden público, cualquiera que sea la instancia del juicio constitucional, lo aleguen o no las partes. Acto reclamado: acuerdo de diez de marzo de dos mil veintitrés. En cumplimiento a lo anterior, este juzgador considera que respecto del acto reclamado relativo al auto de diez de marzo de dos mil veintitrés, dictado en los autos del juicio de sucesión intestada 309/2021, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. El referido numeral dispone que, para efectos del juicio de amparo, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que el quejoso señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que motivó la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya al quejoso en el goce del derecho vulnerado. Es de señalarse que no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Desde otra óptica, dicha causal también se actualiza tratándose de actos que hayan sido sustituidos por otros, independientemente de que se haya restituido al quejoso en completo goce del derecho estimado violado, dado que surge una nueva situación que impide al juzgador de amparo abordar el estudio del acto reclamado por quedar insubsistente. Es decir, cesan los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya o sustituya la que dio motivo al amparo. Así, se observan dos supuestos de cesación de efectos: I. Por revocación; y, II. Por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella en su esfera jurídica o patrimonial. En el segundo se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo. Ahora, en el caso este juzgador considera que han cesado los efectos del acto reclamado por sustitución procesal, ya que el acuerdo de diez de marzo de dos mil veintitrés, emitido en los autos del juicio de sucesión intestada 309/2021, en el que, entre otras cosas: a) Tuvo a la albacea de la sucesión exhibiendo el proyecto de partición y adjudicación de la sucesión, del cual, dio vista a Jennifer Andrea Ramos Bustillos y Pamela Ramos Bustillos; b) Previno a Jennifer Andrea Ramos Bustillos y Pamela Ramos Bustillos para que precisaran cuál de las determinaciones dictadas en la audiencia de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, era la que recurrían; c) Asimismo, tuvo a las antes señaladas exhibiendo el pago de los honorarios del perito, y sobre su petición a que sea a cargo de la masa hereditaria, expuso que será analizada al dictarse sentencia; fue sustituido procesalmente por el diverso de diecinueve de abril del año en curso. Se afirma lo anterior, ya que la aquí quejosa interpuso recurso de apelación en contra del auto de diez de marzo de dos mil veintitrés, el cual se desechó en el proveído de diecinueve de abril de dos mil veintitrés, de tal forma que no es jurídicamente posible analizar la constitucionalidad del proveído tildado de inconstitucional, sin afectar la nueva determinación que sustituyó al acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis del Tercer Tribunal Colegiado Civil del Primer Circuito, de rubro y texto siguiente: (.) Bajo ese panorama, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la legislación en consulta, respecto del auto de diez de marzo de dos mil veintitrés. Acto reclamado: Dilación procesal del juicio de sucesión intestada 309/2021. Por otra parte, respecto del diverso acto reclamado, consistente en la omisión de dar trámite al juicio de sucesión intestada de Azael Jesús Ramos Rosado, en autos del expediente 309/2021, dentro de los plazos y términos legales establecidos en la ley, este Juzgador Federal advierte que, se actualiza la causa de improcedencia revista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionada con los artículos 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que en relación con los actos de imposible reparación, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además de que deben recaer sobre derechos, cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos, cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. De acuerdo con lo sustentado por el Alto Tribunal, dos son las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento: La primera, la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión opuesta a los derechos de naturaleza "formal o adjetiva" (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva). Lo anterior, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a "derechos sustantivos", aunado a la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión -esta última- que se opone con la de "formal o adjetiva". Así, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8° y 17 de la Ley Suprema, los actos que reclama no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da justamente dentro del mismo: falta de respuesta a una petición expresa sobre determinado requerimiento. Ello, pese a que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 17 Constitucional. Sin embargo, debe tenerse presente que dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en el que la quejosa es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción previsto para acudir al juicio de amparo en la vía indirecta. Es así que el derecho de acción, como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad de que la autoridad que conozca del asunto resuelva sobre la pretensión que es sometida a su conocimiento, por lo que debe sujetarse a los plazos y términos que rigen el procedimiento, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones; de ahí que, por regla general, no es procedente el juicio de amparo en la vía indirecta. En el juicio que nos ocupa, la parte quejosa se duele de la omisión de la autoridad responsable de impulsar el juicio de sucesión intestada, registrado bajo el número estadístico 309/2021, señalando que han pasado trescientos dieciséis días naturales sin que el Juez responsable de trámite a dicho juicio. Sin embargo, de las constancias allegadas por la Juez responsable a su informe justificado, consistente en copia certificada juicio de sucesión intestada 309/2021, se advierte que el veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, entre otras cosas, dictó resolución en el incidente de oposición al avalúo, en el que declaró que el valor del bien hereditario es de un millón novecientos mil pesos, moneda nacional ($1'900,000.00 M.N.), como lo dictaminó José Augusto Erosa Vázquez, perito designado Jennifer Andrea Ramos Bustillos y Pamela Ramos Bustillos; aprobó el inventario y avalúo del bien inmueble, y señaló fecha para la celebración de la audiencia principal, la cual indicó se desahogaría forma reservada. Asimismo, que el diez de marzo de dos mil veintitrés, la responsable: a) Tuvo a la albacea de la sucesión exhibiendo el proyecto de partición y adjudicación de la sucesión, del cual, dio vista a Jennifer Andrea Ramos Bustillos y Pamela Ramos Bustillos; b) Previno a Jennifer Andrea Ramos Bustillos y Pamela Ramos Bustillos para que precisaran cuál de las determinaciones dictadas en la audiencia de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, era la que recurrían; y c) Asimismo, tuvo a las antes señaladas exhibiendo el pago de los honorarios, y sobre su petición a que sea a cargo de la masa hereditaria, expuso que será analizada al dictarse sentencia. En ese sentido, debe decirse que ello no se trata de un acto de imposible reparación, atento a los lineamientos antes trazados, ya que no afecta ningún derecho sustantivo en forma directa, sino solamente, en su caso, ocasiona una mera dilación, la cual no se estima de tal magnitud que pueda considerarse como irreparable. Ello, porque apenas han transcurrido cuarenta y tres días naturales desde la última actuación de la autoridad en el juicio de origen, a la fecha de la presentación de la demanda (doce de abril de dos mil veintitrés), lo que en modo alguno puede considerarse, una abierta dilación de justicia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de tesis, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número 2ª./J.48/2016, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, registro 2011580, bajo el rubro y texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, con fundamento en el artículo 63, fracción V, se sobresee en el presente juicio de amparo, respecto de la dilación reclamada. Al decretarse el sobreseimiento en este juicio constitucional, no procede analizar los conceptos de violación alegados por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda. Lo anterior, encuentra sustento en el criterio del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, en la tesis de jurisprudencia número II.3o. J/58, consultable en la página 57, Tomo 70, Octubre de 1993, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." Por lo expuesto y fundado; se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ***, contra actos de la Jueza Quinto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, consistente en el auto de diez de marzo de dos mil veintitrés dictado en los autos del juicio de sucesión intestada 309/2021, así como la dilación reclamada en su tramitación, por las razones expuestas en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese.

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