Patricia Acosta Castillo
Expediente 42/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 33 actuaciones registradas, la última del 8 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 42/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 33
- Última actuación
- 08/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Patricia Acosta Castillo
- Patricia Acosta Castillo y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 33.
- Incidental
Salina Cruz, Oaxaca, ocho de diciembre de dos mil veinte. Como está ordenado en esta fecha en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión y toda vez que de la certificación que antecede se advierte que no existe asunto pendiente por diligenciar, con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso A del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en relación con lo establecido en los ordinales 22, 23 y 24, se ordena el archivo de este incidente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de marzo de dos mil veinte. Destino. Asimismo, al tratarse de un asunto en el que se negó la medida cautelar provisional y definitiva a la parte quejosa, de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es destruible. En tal virtud, con fundamento en el citado numeral 18 del referido Acuerdo, una vez transcurrido el término de tres años, procédase a su depuración, previo acuerdo de desincorporación de las constancias a que alude el mencionado precepto, deberá solicitarse la transferencia de este expediente a los depósito documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otra parte, se destaca que en este incidente no existen documentos ofrecidos por las partes a devolver, considerados como originales por el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro (excepción de la demanda), ni billete de depósito o garantía que devolver o remitirse a la Tesorería de la Federación. Destrucción del duplicado del incidente de suspensión. El duplicado del cuaderno incidental es susceptible de destrucción, en términos de los dispuesto en la fracción II, inciso a), del artículo 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte, hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses siguientes a partir de que se dicta el presente acuerdo, de conformidad a lo establecido en el ordinal 24, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone su numeral 22, y para los efectos precisados en el diverso 23. Anotaciones. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, ocho de diciembre de dos mil veinte. Vista certificación secretarial y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que las partes no se inconformaron dentro del término legal de quince días, contra el acuerdo de cuatro de noviembre del año en curso, en el que se tuvo por cumplida la sentencia ejecutoria dictada en este juicio, en consecuencia, con fundamento en los artículos 196, 201, fracción I, y 202 de la Ley de Amparo, se tiene por consentido el citado proveído. Archivo del expediente. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en el artículo 21, inciso A, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de conformidad a lo establecido en los ordinales 22, 23 y 24, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de marzo de dos mil veinte. Se destaca que en este expediente no se concedió suspensión de plano de los actos reclamados, ni existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro (con excepción de la demanda). Destino. Además, al tratarse de un asunto en el que se concedió el amparo, de conformidad a lo previsto en el artículo 18, inciso b), este expediente es depurable. En tal virtud, con fundamento en el citado artículo 18 de dicho Acuerdo General, una vez transcurridos tres años, a partir de la fecha en que se emite este auto, procédase a su depuración, por lo que una vez cumplido ese plazo, previo acuerdo de desincorporación de las constancias a que alude el citado numeral, deberá solicitarse la trasferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Archivo del incidente de suspensión. Respecto al archivo del incidente de suspensión que deriva de este juicio de amparo, acuérdese lo conducente en aquél. Ley de Transparencia. Finalmente, hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, cuatro de noviembre de dos mil veinte. Visto el estado que guardan los autos, para resolver respecto del cumplimiento de la sentencia de amparo dictada por este Juzgado en el juicio de amparo número 42/2018, promovido por Patricia Acosta Castillo; en consecuencia, este órgano jurisdiccional procede a resolver si, de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido, por ser una cuestión de orden público; como así se sostiene en la tesis jurisprudencial 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja doscientos cuarenta y tres, Tomo XI, del mes de Marzo de 2000, Novena Época, con registro 192174, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Además, el artículo 214 de la Ley de Amparo, establece que no podrá archivarse ningún juicio de amparo sin que quede enteramente cumplida la sentencia que haya concedido el amparo y protección de la Justicia Federal o apareciere que ya no hay materia para la ejecución. Para ello, se tiene en cuenta que por sentencia dictada el veintiuno de agosto de dos mil dieciocho, se sobreseyó en el juicio de amparo. Inconforme con dicha determinación, la quejosa interpuso recurso de revisión, el cual por razón de turno tocó conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, quien lo radicó con el número 497/2019, en el que por ejecutoria de trece de marzo de dos mil veinte, dicho tribunal de alzada modificó la resolución recurrida concediendo el amparo a la quejosa para el efecto de que las autoridades responsables Secretario de Vialidad y Transporte del Estado y Director de Concesiones de la propia Secretaría, con residencia en esta ciudad, cumplieran con lo siguiente: I. Emitan un acuerdo por escrito, en el que para satisfacer el derecho de petición de la quejosa, den respuesta congruente a la solicitud de cambio de vehículo; cuya resolución deberán comunicarle en breve término." En acatamiento con lo anterior, mediante acuerdo de uno de septiembre de esta anualidad, se requirió a las autoridades responsables Secretario de Vialidad y Transporte del Estado y Director de Concesiones de la propia Secretaría, con residencia en esta ciudad, el cumplimiento respectivo. Por tal razón, mediante oficios 931/2020 y 932/2020, el 1. Director Jurídico de la Secretaría de Vialidad y Transporte del Estado y 2. Director de Concesiones de la propia Secretaría, con residencia en San Antonio de la Cal, Oaxaca, manifestaron haber cumplido con la ejecutoria de mérito, remitiendo para ello copia certificada del oficio SEMOVI/DC/192/2020, de veintidós de septiembre del año en curso, dirigido a la quejosa así como su respetiva cédula de notificación de veinticuatro de los actuales. Ahora bien, de los oficios y anexos de referencia, con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2, se advierte que el 1. Director Jurídico de la Secretaría de Vialidad y Transporte del Estado y 2. Director de Concesiones de la propia Secretaría, con residencia en San Antonio de la Cal, Oaxaca, mediante oficio SEMOVI/DC/192/2020, de veintidós de septiembre del año en curso, dieron contestación al escrito de cinco de enero de dos mil dieciséis, presentado por la quejosa, en el que solicitaba cambio de vehículo para continuar prestando el servicio público en su modalidad de taxi, al respecto las responsables acordaron, en lo que interesa, lo siguiente: ".del análisis a lo solicitado en su escrito de petición de cinco de enero de dos mil dieciséis, me permito informarle que no es procedente acordar favorablemente el trámite solicitado, en virtud de que deberá presentarse ante la Dirección Jurídica de esta Secretaria de Movilidad, a efecto de poder apersonarse al procedimiento de folio extraviado." Dicha circunstancia se la hicieron del conocimiento mediante cédula de notificación de veinticuatro de los actuales, por no haber localizado el domicilio que señaló para tales efectos. Sin que sea procedente decidir sobre la legalidad o ilegalidad de lo que la responsable decidió, ya que tal aspecto debe ser materia del medio de defensa que la quejosa estime pertinente. Se invoca en apoyo a lo anterior la jurisprudencia número 35, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 47 del Tomo VI, en Materia Común, Actualización 2001, con registro 188204, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro es el siguiente: "INCONFORMIDAD. SI EL AMPARO SE CONCEDIÓ PARA EL SOLO EFECTO DE QUE SE DICTARA RESOLUCIÓN, NO DEBE EXAMINARSE LA LEGALIDAD DE ÉSTA, AL DECIDIR SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA." Así como la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número 262, visible a foja 217, tomo VI, materia común, Novena Época, con registro 196354, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. NO PROCEDE ANALIZAR LA LEGALIDAD DE LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DA RESPUESTA A LA PETICIÓN DEL QUEJOSO." De igual forma, sirve de orientación la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, corroborable con el registro digital 165807, de texto que sigue: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO." Por lo anterior, este órgano de control constitucional estima que de la confrontación de los lineamientos bajo los cuales se otorgó el amparo y la forma en que las autoridades dieron cumplimiento, se llega a la convicción de que la sentencia concesoria quedó cumplida totalmente, y no se incurrió en demasía o defecto en su acatamiento, como lo prevé el artículo 196 de la Ley de Amparo. Hágase este acuerdo del conocimiento de las partes. Notifíquese.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veintiocho de septiembre de dos mil veinte. Agréguense a los autos los oficios de cuenta, signados por el 1. Director Jurídico de la Secretaría de Vialidad y Transporte del Estado y 2. Director de Concesiones de la propia Secretaría, con residencia en San Antonio de la Cal, Oaxaca, por el que en cumplimiento a la ejecutoria dictada el trece de marzo de dos mil veinte, dictada en el amparo en revisión ********************, relativo al recurso de revisión interpuesto por la quejosa ********************; remiten copia certificada de la contestación del escrito de cinco de enero de dos mil dieciséis y cédula de notificación por estrados de veinticuatro de los actuales. Consecuentemente, con fundamento en los artículos 196 de la Ley de Amparo y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la ley de la materia, con lo anterior, dése vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, contado a partir de su legal notificación, manifieste lo que a sus intereses convenga, en relación al cumplimiento dado por las autoridades responsables a la ejecutoria de amparo. En la inteligencia que de no hacer manifestación alguna dentro del término legal concedido para tal efecto, se resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de mérito con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la aludida responsable. Se invoca en apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página doscientos cuarenta y tres, Tomo XI, correspondiente al mes de marzo de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son como sigue: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, UNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98. DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia". Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.
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