Pánfilo Aquino Jiménez y Otros.
Expediente 18/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 18/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 22/03/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Pánfilo Aquino Jiménez y Otros.
Actuaciones
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, a veintidós de marzo de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio 5539/2018, firmado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, residente en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, mediante el cual acusa recibo del diverso 279 de doce de marzo del presente año, en el que se adjuntó copia del juicio de amparo 800/2017 de su índice, así como el toca civil 161/2017, de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, el juicio ordinario civil 334/2013 del Juzgado Primero Civil del Distrito Judicial de Juchitán, Oaxaca, así como cinco cuadernos de pruebas; de lo anterior, se toma nota para los efectos legales procedentes. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y en términos de los párrafos que anteceden se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, este Juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo, del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible de destrucción, así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación del presente proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del presente asunto. Hágase del conocimiento de las partes que el expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se destaca que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión. LEY DE TRANSPARENCIA. Hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General e Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública, de las sentencias ejecutoriadas y las resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese. IV-B
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, a dos de marzo de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, de los que se advierte que ha transcurrido el término legal de cinco días, que establece el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiere el recurso de queja en contra del acuerdo de diecisiete de enero de dos mil dieciocho, en el que se desechó de plano la demanda de garantías; con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en los términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicho proveído para los efectos legales procedentes. Por otra parte, como la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, adjuntó a su oficio 19112/2017, de fecha tres de enero del presente año, los autos del juicio de amparo 800/2017 de su índice, así como el toca civil 161/2017, de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, el juicio ordinario civil 334/2013 del Juzgado Primero Civil del Distrito Judicial de Juchitán, Oaxaca, así como cinco cuadernos de pruebas; en esas condiciones, mediante oficio devuélvasele los mismos, debiendo acusar el recibo correspondiente. Notifíquese. IV-B
- Principal
SALINA CRUZ, OAXACA, DIECINUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO. Agréguese a los autos para los efectos legales procedentes el oficio 3368, firmado por el Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, residente en San Bartolo Coyotepec, mediante el cual devuelve sin diligenciar el exhorto con número de orden 39/2018 y origen 23/2018, de diecisiete de enero pasado, en el que se le solicitó su auxilio para notificar el proveído de esa fecha a los quejosos Pánfilo, Juanita, Carlos Justino todos de apellidos Aquino Jiménez e Isaac Luis Aquino y requerirlos en los términos indicados. Acúsese recibo y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora, de la razón levantada por el actuario adscrito al Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, se advierte que al constituirse en el domicilio de Pánfilo, Juanita, Carlos Justino todos de apellidos Aquino Jiménez e Isaac Luis Aquino, ubicado en Avenida Central Norte Sur, Casa 4ª, Manzana 29, Unidad Habitacional Ricardo Flores Magón, Primera Etapa de Oaxaca de Juárez, Oaxaca y una vez cerciorado de encontrarse en el lugar correcto y al tocar la puerta en varias ocasiones, fue atendido por una persona del sexo femenino, quien no se identificó, le informó que las personas buscadas no viven ahí y que no los conocen, y que ese lugar no es un despacho jurídico. Atendiendo a lo anterior, con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, notifíquese este proveído, así como el de fecha diecisiete de enero de dos mil dieciocho, a Pánfilo, Juanita, Carlos Justino todos de apellidos Aquino Jiménez e Isaac Luis Aquino, por medio de lista que se fija en lugar visible de este órgano jurisdiccional. Notifíquese. I N S E R C I O N : Salina Cruz, Oaxaca, a diecisiete de enero de dos mil dieciocho. Por recibido el oficio 19112/2017, signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con residencia en San Bartolo Coyotepec, al que adjunta los autos del juicio de amparo número 800/2017, de su índice, asimismo, remite el toca civil 161/2017, de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, el juicio ordinario civil 334/2013, del Juzgado Primero Civil del Distrito Judicial de Juchitán, Oaxaca, así como cinco cuadernos de pruebas y del cual se advierten los motivos que expone para declinar la competencia en favor de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, para conocer de la demanda promovida por Pánfilo, Juanita, Carlos Justino, todos de apellidos Aquino Jiménez, e Isaac Luis Aquino, contra actos de la Segunda Sala Civil, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, con domicilio en la ciudad capital; acúsese recibo vía correo electrónico institucional, atento a lo dispuesto en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que aparece publicada en la página 2049, del Libro 27, febrero de 2016, tomo III, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 2011039, cuyo tenor literal es: "CORREO ELECTRÓNICO OFICIAL. LA INFORMACIÓN COMUNICADA A TRAVÉS DE DICHO MEDIO ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LA REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LA RECIBE, TIENE PLENO VALOR PROBATORIO.- El artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de lo previsto en el diverso numeral 2o. de esa ley, reconoce como medios de prueba la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología, y establece que su fuerza probatoria está sujeta a la fiabilidad del método en que haya sido generada, comunicada, recibida o archivada y, en su caso, si es posible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa y ser accesible para su ulterior consulta. Ahora bien, entre los medios de comunicación electrónica a que se refiere la legislación procesal civil de referencia, se encuentra el denominado correo electrónico, que es un medio de transmisión de datos mediante redes informáticas (Internet), por el que es factible el envío de información que se recibe por el destinatario en forma de mensaje de texto o como dato adjunto; de ahí que la información generada o comunicada en mensajes de texto o archivos adjuntos que se transmite por medio del correo electrónico oficial, entre los órganos del Poder Judicial de la Federación, si su recepción está certificada por el secretario de acuerdos del tribunal judicial al que se transmite, sobre la hora y fecha en que la recibió y la persona del órgano jurisdiccional federal que la remitió, tiene pleno valor probatorio, por ser confiable el medio en que fue comunicada, ya que tiene un grado de seguridad similar al de la documentación consignada en papel, además de que es identificable la persona a quien se atribuye su contenido y pueden verificarse tanto el origen del mensaje como el archivo adjunto que a través de éste se remita; pues en la actualidad los citados órganos se encuentran comunicados electrónicamente, por distintos medios, lo que permite corroborar los datos del mensaje de texto o dato adjunto recibido". Ahora bien, vista la demanda de amparo promovida por Pánfilo, Juanita, Carlos Justino, todos de apellidos Aquino Jiménez, e Isaac Luis Aquino, contra actos de la Segunda Sala Civil, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, con domicilio en la ciudad capital, que hace consistir en: "ACTO RECLAMADO. Ejecutoria de fecha veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete, y notificada que nos fue de manera personal el día dos de octubre del año en curso, dictada en los autos del toca civil número 161/2017, del índice de la sala responsable, formado con motivo del Recurso de apelación promovido por los suscritos, en contra de la sentencia de fecha Veintitrés de Enero del dos mil diecisiete, pronunciada en los autos del Juicio Ordinario Civil Repuesto número 334/2013, del índice del Juzgado Civil de Primera Instancia, en la ciudad de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca." Bajo ese contexto, con fundamento en los artículos 42 y 52 de la Ley de Amparo, este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta ciudad, acepta la competencia declinada y se avoca al conocimiento de la demanda de amparo de que se trata; háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y regístrese con el número 18/2018. Antes de proveer sobre la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, resulta necesario examinar si existe algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia. El artículo 112 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato." Por su parte, el diverso numeral 113 de la ley de la materia, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto legal transcrito se advierte, que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin algún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio. Es aplicable por identidad de razón, sin oponerse a lo dispuesto en la ley de la materia, la Jurisprudencia I.13o.A.J/6, con registro 180663, sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, correspondiente al mes de septiembre de dos mil cuatro, página 1631, bajo el texto y rubro siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." A manera de preámbulo debe señalarse, que nuestro más alto tribunal ha sustentado reiteradamente el criterio, de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo para determinar con exactitud la intención de la promovente y, de esta forma armonizar los datos y los elementos que lo conforman, a fin de poder determinar de manera clara y precisa, el acto o los actos reclamados. Apoya lo considerado, sin oponerse a lo dispuesto en la ley de la materia, la Jurisprudencia P./J. 40/2000, con registro 192097, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, correspondiente al mes de abril de dos mil, página 32, que expresa: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En ese sentido, este Juzgado considera que en el presente juicio se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el precepto 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, cuyo contenido señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De los preceptos normativos trascritos se desprende que el juicio de amparo resulta improcedente cuando, además de las causas de improcedencia que señala el propio artículo 61, alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la propia Ley de Amparo, prevea la inejercitabilidad de la acción de tutela federal, lo que evidencia la voluntad del legislador en el sentido de que las causas establecidas en las veintidós fracciones previas del citado artículo, fueran únicamente de carácter enunciativo, mas no limitativo; así, en caso de que la Carta Magna o la norma reglamentaria citada prevengan algún motivo de improcedencia diverso, habrá que estarse a lo en ellas dispuesto en torno a la procedencia del juicio de derechos fundamentales. Cobra aplicación, por las razones que la exponen, la jurisprudencia 2a./J. 175/2013 (10a.), con registro 2005313, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 2, Enero de 2014, del Tomo II, visible en la página 1344, correspondiente a la Décima Época, dada la similitud en su contenido y esencia de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo abrogada, con la actual fracción XXIII, del referido precepto 61, dicho criterio establece: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013. Esta fracción debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia del juicio de amparo que enunciativamente prevé, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que de suyo implica que las fracciones I a XVII del artículo 73 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia, pero no son los únicos, pues existen otras causas de improcedencia claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Federal y de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Por tanto, no existe imprecisión en torno de las causas de improcedencia contenidas en esa fracción." Luego, el segundo de los numerales en mención, dispone que el juicio de amparo puede interponerse contra aquéllos actos de autoridad que se emitan dentro de juicio, con la condición de que sus efectos sean de imposible reparación, entendido por ello, los que materialmente afectan derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte (tales como la vida, integridad y libertad personal, honra y dignidad, conciencia y religión, pensamiento y expresión, propiedad privada, posesión, reunión, asociación, a recibir alimentos por parte de los menores, salud, educación), afectación que se actualiza en la medida que sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que la persona que los sufre obtenga una sentencia favorable, habida cuenta que el perjuicio se resiente de manera inmediata al producir una consecuencia de tal gravedad, que impide el ejercicio actual de un derecho cuyo significado rebasa lo puramente procesal, pues lesiona bienes jurídicos que no son meramente adjetivos, en cuyo supuesto la afectación se materializa en la medida que llegue a trascender al resultado del fallo. Estos son los lineamientos que actualmente consagran limitadamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dentro de juicio, sin que a la fecha aplique la jurisprudencia 4/2001, con registro 190,368, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del Tomo XIII, Enero de 2001, visible en la página 11, que en la Novena Época integró el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual se estableció que la experiencia jurisdiccional demostraba que una violación, aun cuando solo afectara derechos procesales, en algunos casos puede ser tan trascendente como una de orden material, esto es, con consecuencias irreparables en perjuicio de una de las partes en el juicio, de tal manera que el criterio sobre exclusiva afectación de los derechos sustantivos no se podía conservar en forma absoluta, por lo que debía entenderse que los actos procesales tenían una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias, aún sin violentar directamente algún derecho fundamental, sí afectaban a las partes en grado predominante o superior, lo que se actualizaba cuando concurrían circunstancias de gran trascendencia que significaran una situación especial dentro del procedimiento, de cuya decisión dependiera la suerte de todo el juicio del orden común, bien para asegurar su desarrollo con respeto a las garantías procesales esenciales del quejoso, o bien, porque conllevara la posibilidad de evitar el desarrollo ocioso o innecesario del contencioso, aspectos en los que se debía tomar en cuenta la institución procesal que estaba en juego, la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica, así como los alcances vinculatorios de la sentencia que llegara a conceder el amparo.". Lo anterior es así, porque como lo estableció la actual integración del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver en sesión de veintidós de mayo de dos mil catorce, la contradicción de tesis 377/2013, dicho criterio sobre los actos en juicio que causan una ejecución de imposible reparación, ya no encuentra sustento al tenor de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, toda vez que en ésta se limita expresamente la procedencia del amparo indirecto, como ya se explicó, a los actos que produzcan una afectación material a los derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Sin que encuentren asidero en la disposición legislativa expresa las violaciones que produzcan afectación en grado predominante o superior, a diferencia del anterior artículo 114, fracción IV, en el que solo se establecía la procedencia del amparo indirecto contra los actos en juicio que causaran una ejecución de imposible reparación, sin definir o limitar qué debía entenderse por éstos, presentándose la posibilidad de su construcción jurisprudencial, en el caso, a través de la precitada tesis 4/2001, del Pleno de nuestro Máximo Tribunal de Justicia, en la que se incluyó el segundo criterio orientador sobre las violaciones que afectaran en grado predominante y superior. De la contradicción de tesis mencionada, que aclara los alcances de la Ley de Amparo vigente sobre los actos en juicio que causan una ejecución de imposible reparación, derivó la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), con registro 2006589, la que se puede consultar en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio del 2014, Tomo I, visible en la página 39, correspondiente a la Décima Época, de rubro y texto: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." (Destacado propio).". Lo subrayado es propio de este juzgado. Precisado lo anterior, es dable concluir que la resolución reclamada de veintisiete de septiembre del dos mil diecisiete, dictada en los autos del toca civil número 161/2017, por la autoridad señalada como responsable, Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en la ciudad capital, por la que revocó la sentencia definitiva de veintitrés de enero de dos mil diecisiete, emitida en los autos del juicio ordinario civil repuesto número 334/2013, del índice del Juzgado Civil de Primera Instancia en la ciudad de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, porque a su consideración en el juicio natural se configuraba un litisconsorcio pasivo necesario, que implica pluralidad de demandados y unión de acción, ordenando de oficio la reposición del procedimiento, para el efecto de que el juez de primer grado previniera a la parte actora para la ampliación de su demanda en contra de la sucesión a bienes del extinto por conducto de su albacea (fojas 100 a 105); con independencia de la afectación procesal que resienten los quejosos, no reúne los elementos necesarios para considerar que cause una ejecución de imposible reparación, pues no conlleva violación a los derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en algún tratado internacional de los que el Estado Mexicano es parte (tales como la vida, integridad y libertad personal, honra y dignidad, conciencia y religión, pensamiento y expresión, propiedad privada, posesión, reunión, asociación, a recibir alimentos por parte de los menores, salud, educación), sino que se limita a una cuestión intraprocesal que si bien implica reponer el procedimiento para los efectos precisados, lo cierto es que agotadas las etapas procesales, los peticionarios de amparo, en su calidad de parte actora pueden obtener una sentencia favorable a sus intereses, lo que de ocurrir hará que aquellas presuntas violaciones se extingan en la realidad. Así, resulta evidente que la reposición del procedimiento no causa afectación a los derechos sustantivos de los peticionarios reconocidos en la Carta Magna o en instrumentos internacionales. Es aplicable por los motivos que la exponen, la jurisprudencia P./J. 17/91, con registro 205810, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, Mayo de 1991, visible en la página 25, correspondiente a la Octava Época, cuyos rubro y texto son: "AMPARO INDIRECTO. PARA LOS EFECTOS DE SU PROCEDENCIA CONTRA LA SENTENCIA DE SEGUNDO GRADO QUE DEJA INSUBSISTENTE LA DE PRIMERA INSTANCIA Y ORDENA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO, DEBE DETERMINARSE SI LAS CONSECUENCIAS DE LA INSUBSISTENCIA DEL FALLO Y DE LA REPOSICIÓN, SON O NO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Para establecer si procede el amparo indirecto en contra de la sentencia de segundo grado que deja insubsistente la de primera instancia y ordena la reposición del procedimiento por violaciones cometidas en éste, en cada caso concreto debe estudiarse y determinarse si las consecuencias producidas por la insubsistencia de la resolución de primera instancia y por la reposición ordenada, son o no de imposible reparación, y para ello debe acatarse el criterio sostenido en la jurisprudencia 6/1991, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia en sesión privada de 22 de enero de 1991, con el rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCION QUE DESECHA LA EXCEPCION DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNE LA SENTENCIA DEFINITIVA.". En efecto, si bien la mera reposición del procedimiento, por regla general, no produce la afectación cierta e inmediata de algún derecho sustantivo, consagrado por las garantías individuales, cuyas consecuencias no sean reparables aun cuando quien las sufra obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio, en algunos casos las consecuencias de dicha reposición del procedimiento pueden llegar a producir tales afectaciones, caso en el que procederá el amparo indirecto en contra de la sentencia de segundo grado que decretó la reposición. Por el contrario, si las consecuencias de la insubsistencia del fallo o de la reposición del procedimiento no afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo consagrado por las garantías individuales, se estará frente a una violación del procedimiento reclamable en el amparo directo que llegare a intentarse contra la sentencia definitiva, pues tal caso es análogo, por su gravedad y efectos, a los previstos por el artículo 159 de la Ley de Amparo, y afecta las defensas de la parte agraviada pudiendo trascender al resultado del fallo." No pasa inadvertida para este juzgador la jurisprudencia 1a./J. 106/2004, con registro 179548, que integró la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del Tomo XXI, Enero del 2005, visible en la página 199, correspondiente a la Novena Época, de rubro y texto: "LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE DEJA INSUBSISTENTE LA SENTENCIA DE PRIMER GRADO Y ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO PARA INTEGRARLO, ES UN ACTO CONTRA EL QUE PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO. La resolución de segunda instancia que deja insubsistente la sentencia de primer grado y ordena reponer el procedimiento de un juicio natural, para efecto de integrar el litisconsorcio pasivo necesario, no es un acto definitivo contra el que procede el amparo en la vía directa, porque no pone fin al juicio, de manera que su impugnación sólo podría efectuarse en la vía indirecta. Para ello, sin embargo, se requiere que dicho acto satisfaga el atributo de ser de imposible reparación. Y en efecto, constituye un acto procesal equiparable a los de imposible reparación, contra el cual procede el amparo en la vía indirecta, porque afecta en grado predominante o superior a la parte que obtuvo una sentencia con la que está conforme, pues por virtud de la resolución de alzada, se encuentra con que queda insubsistente aquel fallo, para llamar a un sujeto hasta ese momento ajeno a la litis, y que eventualmente puede no ser un litisconsorcio pasivo necesario, con lo que el nuevo juicio que se instaure podría, a la postre, ser inútil. Además, atendiendo a los efectos concretos que en cada caso resulten de la reposición del procedimiento, podrían existir consecuencias de imposible reparación que también hagan mérito para la procedencia del amparo indirecto, tales como 1) el que por virtud de la orden de reponer el procedimiento se nulifiquen actuaciones procesales ya practicadas, como el desahogo de pruebas que, ya para el nuevo juicio que se instaure, podría ser imposible que se desahogaran de vuelta (piénsese, por ejemplo, en el fallecimiento de testigos que ya rindieron testimonio o la destrucción de documentos), o 2) los requerimientos, bajo apercibimientos graves como el de desechar la demanda, formulados a la actora de cumplir con ciertas conductas al momento de reponer el procedimiento." (Subrayado propio). Sin embargo, en dicho criterio se destaca la procedencia del amparo indirecto contra la resolución de segunda instancia que deja insubsistente la de primer grado y ordena reponer el procedimiento para que se integre debidamente el litisconsorcio pasivo necesario (como en el caso acontece), considerando la ejecución irreparable para la parte que se conformó con el fallo revocado al resultarle favorable a sus intereses; empero, el mismo se sustenta en el diverso que revelaba la procedencia del amparo indirecto contra violaciones procesales que causaran una afectación en grado predominante y superior, como se advierte tanto del texto subrayado, así como de la propia ejecutoria con registro 18562, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del Tomo XXI, Enero de 2005, visible en la página 200, de la que se transcribe la parte conducente: "En efecto, hoy por hoy, la evolución jurisprudencial del concepto de "acto en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación" ha llevado a esta Suprema Corte a considerar por tales a los que: 1) afectan directa e inmediatamente derechos sustantivos protegidos por las garantías individuales (verbigracia: vida, libertad, integridad personal, propiedad), ya que la afectación no podría repararse obteniendo sentencia favorable en el juicio por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trate, y 2) a los actos procesales que afectan a las partes en grado predominante o superior, de manera exorbitante ¿por equiparación a aquéllos?, lo que acaece cuando por su naturaleza procesal depende la suerte de todo el juicio común, bien porque se asegure la continuación de su trámite, o bien, porque conlleve la posibilidad de evitar el desarrollo ocioso o inútil de un procedimiento [.] En la especie, se actualiza la última hipótesis descrita, la resolución de segunda instancia que ordena reponer el procedimiento en un juicio natural para integrar debidamente la litisconsorcio pasiva necesaria, es un acto en juicio de ejecución de imposible reparación porque afecta en grado predominante o superior a la parte que obtuvo una sentencia con la que está conforme, pues en virtud de la resolución de alzada, se encuentra con que queda insubsistente aquel fallo, para llamar a un sujeto hasta ese momento ajeno a la litis, y que eventualmente puede no ser un litisconsorte pasivo necesario, con lo que el nuevo juicio que se instaure podría, eventualmente, ser inútil [.] Entonces, tomando en consideración lo expuesto, cabe concluir que aun cuando la resolución que ordena reponer el procedimiento para efecto de integrar el litisconsorcio pasivo necesario, esto es, para llamar al juicio a todas aquellas personas demandadas, involucradas con la cuestión litigiosa, contrarias al interés de la parte actora, constituye una violación adjetiva o procesal, es factible su impugnación en forma excepcional a través del amparo indirecto, por razón de afectar de manera exorbitante a la parte que obtuvo ya una sentencia favorable.". Empero, como ya se anticipó, conforme a la jurisprudencia P./J. 37/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el criterio de excepción que disponía que los actos en juicio equiparables a los que causan una ejecución de imposible reparación, eran aquéllos que afectan a las partes en grado predominante o superior, ya no encuentra sustento en la vigente Ley de Amparo, de lo que resalta que con base en dicho ordenamiento, los actos que causen una ejecución de imposible reparación sólo son aquéllos que materialmente afectan derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; por lo que, conforme al sexto transitorio del decreto que expidió la vigente Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, la señalada jurisprudencia 106/2004, de la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal de Justicia, ya no se considera vigente dado que se opone a las disposiciones de la actual legislación. Incluso, el criterio que se sostiene en esta resolución ha sido adoptado por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, al integrar la Tesis (X Región)4º.2 C (10ª), con registro 2015272, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo epígrafe y contenido señalan: "LITISCONSORCIO NECESARIO. CONTRA LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO PARA INTEGRAR A LOS LITISCONSORTES A LA RELACIÓN JURÍDICA PROCESAL, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO POR NO CONSTITUIR UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. A partir de la entrada en vigor de la Ley de Amparo, existen dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso, antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, en los cuales la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos-, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse efectivamente. Ahora bien, el litisconsorcio necesario se actualiza cuando hay necesidad de que dos o más personas tengan intervención en el proceso, en virtud de que la cuestión litigiosa la constituye cierta relación jurídica en la que aquéllas están interesadas en forma indivisible y que, por ello, no admite resolverse por separado sin audiencia de todos ellos y en un mismo juicio, pues la sentencia que se dicte les puede deparar perjuicio, esto es, el objetivo de que exista dicha institución se concreta en que sólo pueda haber una sentencia válida cuando se llama a todos los litisconsortes, pues no sería posible resolver respecto de una parte, sin que lo decidido alcanzara a la otra y, precisamente, por esa teleología, el litisconsorcio necesario constituye un presupuesto procesal que, incluso, debe analizarse de oficio por el juzgador. Así, se considera que la resolución de segunda instancia que ordena reponer el procedimiento a fin de que sean llamados a juicio los litisconsortes que originalmente no fueron llamados, no constituye un acto que sea de imposible reparación, pues en la resolución reclamada no se emitió pronunciamiento que hubiese causado una afectación material a los derechos sustantivos de la quejosa, consistentes en el patrimonio, la vida, la libertad, la posesión o la propiedad, ya que, aun cuando es adversa a sus intereses, sólo ocasiona que el procedimiento se reponga a fin de que se integre a la relación jurídica procesal con las demás partes involucradas y prosiga el procedimiento hasta el dictado de la sentencia correspondiente lo que, en todo caso, sólo produce efectos de carácter formal o intraprocesal, que podrían extinguirse en la realidad, sin originar afectación alguna a sus derechos sustantivos, habida cuenta que la sentencia que llegare a pronunciarse en dicho procedimiento de origen, podría nuevamente serle favorable y, en caso contrario, se encontraría en aptitud de interponer en su contra el recurso ordinario procedente; por lo que se está en presencia de un acto cuya ejecución no es de imposible reparación para los efectos del amparo biinstancial, como lo exige el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo.". Criterio en el que por cierto, se comparten las consideraciones aquí expresadas en cuanto a la procedencia del juicio de amparo respecto de actos cuya ejecución no son de imposible reparación. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia invocada, lo procedente es DESECHAR DE PLANO, la demanda de amparo, promovida por Pánfilo, Juanita, Carlos Justino, todos de apellidos Aquino Jiménez e Isaac Luis Aquino, contra actos de la Segunda Sala Civil, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, con domicilio en la ciudad capital, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase a la parte quejosa señalando como autorizado únicamente para recibir notificaciones e imponerse de los autos a Inés Lara Gregorio, Jared Martínez Ramos, David Ramos Sánchez y Víctor Manuel Porras Galindo, por así haberlo solicitado expresamente la parte quejosa. Tomando en consideración que los quejosos señalaron un domicilio para oír y recibir notificaciones, fuera de la residencia oficial de este órgano jurisdiccional, con fundamento en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, y en el numeral 158, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, envíese exhorto al Juez de Distrito en el Estado, en turno, residente en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, se sirva ordenar a quien corresponda realice lo siguiente: 1. Notifique personalmente el contenido de este proveído a Pánfilo, Juanita, Carlos Justino, todos de apellidos Aquino Jiménez e Isaac Luis Aquino; con domicilio en la Avenida Central Norte Sur, casa 4a, Manzana 29, Unidad Habitacional Ricardo Flores Magón, Primera Etapa, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, código postal 68020 para lo cual se anexa copia certificada de este acuerdo. 2, Requiera a los citados para que en el acto de la notificación o dentro del término de tres días siguientes, señalen domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad de Salina Cruz, Oaxaca; apercibiéndolos que de no hacerlo, las subsecuentes que surjan, aún las de carácter personal, se les harán por lista de acuerdos, en términos de lo dispuesto por el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo. Se ordena guardar por separado los expedientes y cuadernos de pruebas remitidos por la autoridad declinante relacionados con anterioridad, a fin de que no se deterioren, respetando su folio y entresello. Notifíquese, a la parte quejosa por exhorto. IV-B
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, treinta de enero de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales procedentes el escrito de cuenta, signado por la licenciada Inés Lara Gregorio, autorizada de los quejosos Pánfilo, Juanita, Carlos Justino, todos de apellidos Aquino Jiménez, e Isaac Luis Aquino; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 155, de la Ley de Amparo, téngasele formulando alegatos de acuerdo a las manifestaciones que el mismo consigna. Por otra parte, dígase a la ocursante que no ha lugar a tenerle formulando alegatos a favor de Benigno Aquino Jiménez, toda vez que no es parte en este juicio. Notifíquese. IV-B
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