Pasencio Felipe Pech Canul
Expediente 2152/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 2152/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 04/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Pasencio Felipe Pech Canul
Actuaciones
- Principal
El cuatro de noviembre de dos mil veintidós, doy cuenta a la Jueza con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación secretarial que antecede. CONSTE. Mérida, Yucatán, a cuatro de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el auto dictado en este juicio el veintiocho de septiembre del año en curso; con fundamento en los artículos, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en términos del artículo 2 de la citada Ley de Amparo, se declara que el expresado auto que SOBRESEE en estos autos fuera de audiencia, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto definitivamente concluido. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, archívese como asunto totalmente concluido; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo. En cumplimiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo, no obra documento original y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del Punto Vigésimo primero del citado Acuerdo General, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. De igual manera, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, a veintiocho de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a estos autos los informes justificados rendidos por el Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, perteneciente al Poder Judicial del Estado de Yucatán, por conducto de su Magistrado Presidente, con sede en esta ciudad, y anexo que adjunta, consistente en diversas actuaciones del juicio laboral 291/2021. En ese sentido, es menester traer a colación que los actos que la parte quejosa reclamó en su demanda de amparo, medularmente lo constituyen la paralización del expediente laboral de origen, en esencia, la omision de acodar el término para formular alegatos en el juicio laboral 291/2021, así como la omisión de dictar el laudo respectivo. En el caso, respecto del primer acto reclamado consistente en la omisión de dictar laudo en el juicio laboral 291/2021, se advierte que la autoridad responsable al rendir su informe justificado, manifestó que es cierto el acto que se le reclama, pero agregó, que no en los términos en los que lo reclamó la parte quejosa, pues con fecha nueve de septiembre de este año concedió a las partes el término para que formularan sus alegatos y el veinte de septiembre siguiente se declaró el cierre de instrucción del juicio laboral de origen, por lo que no se encuentra en la etapa procesal para el dictado del laudo respectivo. Lo que se corrobora con las constancias remitidas por la responsable con su informe justificado, de las que se advierte que en auto de nueve de septiembre de dos mil veintidós dictado en el juicio laboral 291/2021, se concedió a las partes el términos de tres días para que presentaran sus alegatos y en auto de veinte de septiembre último declaró cerrada la instrucción y ordenó turnar los autos de dicho juicio laboral a los Magistrados del Tribunal responsable para dictar la resolución de laudo en el aludido juicio, y con el propósito de verificar lo expuesto, señaló que anexaba copia certificada relativa a los proveídos citados. Documentales a la que esta juzgadora le otorga valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, toda vez que fueron emitidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Ahora bien, en relación con los actos omisivos reclamados en una demanda de amparo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia con número de tesis 99/2018, señaló lo siguiente: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos". Del criterio anterior se puede advertir, que el Alto Tribunal determinó, que el juzgador de amparo en el capítulo de existencia del acto reclamado, debe analizar las manifestaciones de la autoridad responsable al rendir su informe, esto es, si niega la omisión reclamada, con la justificación de que no estaba en posibilidad de actuar, se debe verificar esta circunstancia, esto es, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución. Con ese marco de referencia y como quedó precisado, el Tribunal responsable al rendir su informe justificado, aceptó la existencia de la omisión reclamada, esto es, reconoció que no había dictado el laudo correspondiente; sin embargo, agregó que la omisión reclamada no era en los términos planteados por la parte quejosa, pues aún se encontraba transcurriendo el término para que presentaran sus alegatos las partes y con el propósito de demostrar que esa omisión todavía no le era atribuible, remitió constancias del juicio laboral como apoyo a sus manifestaciones. Del contenido de la jurisprudencia ya indicada, así como de las manifestaciones de la responsable al rendir su informe justificado, y del contenido de las constancias que remitió, se advierte que el veinte de septiembre de este año se declaró cerrada la instrucción del juicio de origen y se turnaron los autos a los Magistrados del Tribunal responsable para el dictado de la resolución de laudo respectivo, de lo que se concluye que la omisión apuntada por el titular de la acción constitucional, es inexistente por las siguientes razones. Como se indicó en el párrafo inmediato anterior, del análisis realizado a dichas constancias se deduce, que la manifestación de certeza de la responsable en relación con la omisión alegada por la parte quejosa, de que no se ha dictado el laudo respectivo se debe en cierta forma, en la medida que el juicio laboral se encuentra en la fase de cierre de instrucción desde el veinte de septiembre de este año, por lo que aún está transcurriendo el término de treinta días para el dictado del laudo. Con base en lo anterior, es correcta la aceptación de la responsable de la omisión reclamada, pues no había dictado el laudo respectivo al momento de presentarse la demanda de amparo; sin embargo, si bien es cierto que la responsable admitió la existencia de la omisión del dictado del laudo correspondiente, también lo es, que el juicio de origen no se encontraba en la fase correspondiente para que se emitiera el fallo respectivo del que se duele la agraviada, sino en una etapa anterior. Como se advierte de lo narrado, la autoridad laboral no estaba en condiciones de emitir el laudo respectivo, toda vez que el procedimiento laboral de origen, no estaba en estado de resolución, pues incluso al momento de que la quejosa accionó este juicio constitucional, no se había otorgado un término para que presentaran las partes sus alegatos, pues esto aconteció hasta el nueve de septiembre de dos mil veintidós, de ahí que resulte inexistente el acto reclamado, pues se reitera, aun cuando la responsable aceptó la omisión apuntada, es decir, la falta del dictado del laudo respectivo, ello obedeció a causas no atribuibles, pues no se encontraba en la condiciones de emitirlo, ya que la etapa procesal hasta el momento de presentarse la demanda de amparo, era la del período de pruebas, quedando pendiente otorgar un término para alegar, lo que ya aconteció, pero de forma posterior a la fecha de presentación del ocurso constitucional, que incluso, en este último momento procesal, tampoco se tenía las condiciones para emitir el fallo respectivo. En ese orden de ideas, es claro que al momento en que se presentó la demanda de amparo, que dio origen a este juicio, el procedimiento laboral se encontraba en la fase de conclusión de desahogo de pruebas, quedando pendiente de otorgar término para alegatos, esto es, ni si quiera se había cerrado la instrucción del juicio laboral, para que se tuvieran las condiciones de emitir el fallo correspondiente, por tal motivo, es que la omisión apuntada por la parte quejosa, resulte inexistente. En las relatadas consideraciones, al resultar inexistente el acto reclamado consistente en la omisión de dictar el laudo en el juicio laboral 291/2021, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia, en el presente juicio de amparo por lo que respecta al aludido acto reclamado a las autoridades responsables. Por otra parte, respecto del segundo acto reclamado consistente en la paralización del expediente laboral de origen, en esencia, la omisión de acodar el término para formular alegatos en el juicio laboral 291/2021, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Del informe justificado de la responsable se desprende que en fecha nueve de septiembre de dos mil veintidós, emitió un proveído en el que otorgó a las partes el término de tres días para que formularan sus alegatos por escritos, en el expediente 291/2021, del índice de dicha responsable. Dichas documentales, por su naturaleza pública, goza de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos de la omisión atribuida a la autoridad responsable, al haberse demostrado que la responsable prosiguió con el trámite del juicio, pasando a la siguiente etapa procesal, y para lo cual otorgó el término a las partes de presentar sus alegatos por escrito. Es así, porque la parte quejosa reclamó la paralización al derecho de prontitud en la impartición de justicia a partir de la inactividad de la autoridad responsable, hecho que quedó subsanado al momento de cambiar de etapa procesal en el juicio de origen, pues como lo refirió la responsable en su informe justificado, se otorgó a las partes el término de tres días para que formulen sus alegatos. Por lo tanto, es inconcuso que en la especie se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no obstante que en el momento en que promovió la parte quejosa el presente juicio, existía la paralización impugnada; sin embargo, tal como se ha señalado, el Tribunal responsable otorgó el término de tres días para que las partes formulen alegatos en el aludido juicio, de ahí, que han cesado los efectos de la aludida paralización. En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia, en el presente juicio de amparo, respecto del acto consistente en la omisión de acodar el término para formular alegatos en el juicio laboral 291/2021, con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la citada ley. Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud de la causal de improcedencia que se actualizó, de conformidad con la jurisprudencia 1028, que se reproduce a continuación: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Por todo lo anterior, deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con siete minutos del veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. Finalmente, de conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el presente acuerdo día de su publicación, con la certificación secretarial respectiva en versión pública; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término concedido a las partes para que se inconformaran con el proveído que declaró cumplida la ejecutoria federal; por tal motivo y en razón de que no ejercieron ese derecho, téngase a éstas conformes con el cumplimiento de la ejecutoria de mérito; por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este juicio como asunto totalmente concluido. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, archívese como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se otorgó la protección constitucional a la parte quejosa en el presente juicio de amparo, el mismo debe conservarse, por el término de tres años y una vez transcurrido éste deberá depurarse, tal como lo establece el propio numeral antes invocado. Asimismo, y como lo dispone el segundo párrafo del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales y en razón al sentido dictado en el presente asunto consérvese únicamente la demanda y sentencia dictada en el presente asunto, mismos que deberán digitalizarse en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, debiendo depurarse las constancias restantes, como lo señala el referido segundo párrafo del citado artículo 18 del multicitado Acuerdo. De conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Finalmente, en cuanto al valor jurídico, sí lo tiene el presente juicio de amparo. NOTIFÍQUESE
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