Pascuala Rebeca Ku May

Expediente 1132/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1132/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
17/06/2022

Partes del expediente

  • Pascuala Rebeca Ku May

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto en el que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, sin que lo haya hecho. En consecuencia, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. Con apoyo en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia yresguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción toda vez que en el mismo se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. De igual manera, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. NOTIFÍQUESE

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, veinticinco de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que de los mismos se advierte que hasta la presente fecha no obran en autos los acuses de recibo derivados de los oficios 16074/2022 y 196075/2022, dirigidos al Director en Jefe del Registro Agrario Nacional en la Ciudad de México y el Director General de Registro y Control Documental del Registro Agrario Nacional en la Ciudad de México, mediante los cuales se les comunicó la sentencia constitucional dictada en los presentes autos. Por tanto, para evitar mayores dilaciones en el procedimiento, requiérase vía telegráfica a las citadas autoridades, para que dentro del término de tres días y por la misma vía, informen a este órgano jurisdiccional la fecha y hora en que recibieron los oficios de referencia; apercibidas que de no hacerlo así, se les impondrá la multa de cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con apoyo en el artículo 237, fracción I, en relación con el diverso 259, ambos de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Hilda Adriana Chan Canto, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Mérida, Yucatán, a las DIEZ HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS, día y hora señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional, en el juicio de amparo 127/2022-II, promovido por DANIELA JUDITH ARAIZA DIAZ, estando en audiencia pública Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistida de la Secretaria Hilda Adriana Chan Canto, con quien actúa y da fe, procede a celebrarla sin la asistencia de las partes. Seguidamente, la Secretaria hace relación de la demanda y demás constancias de autos y da cuenta con los informes justificados rendidos por la Encargada del Despacho del Registro Agrario Nacional Delegación Yucatán, el Director General de Asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en representación de la Dirección en Jefe así como de la Dirección General de Registro y Control Documental del Registro Agrario Nacional, con sede en la Ciudad de México. La Jueza acuerda: Téngase por rendidos en tiempo y forma los informes justificados de las autoridades responsables, para que sean tomados en consideración como corresponda. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, continúese con la celebración de la presente audiencia. Abierto el período de pruebas, se da cuenta con la documental que adjuntó la parte quejosa en su demanda de amparo, así como la presuncional en su doble aspecto y la instrumental de actuaciones, y con las documentales que remitieron con sus informes justificados las autoridades responsables. A lo que la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas las pruebas de referencia, en virtud de su especial naturaleza jurídica, las cuales serán tomadas en consideración como corresponda; sin más pruebas pendientes por desahogar, se declara cerrada esta etapa. Abierto el período de alegatos, se da cuenta con las alegaciones vertidas por la parte quejosa en su memorial de diecisiete de febrero del año en curso y se cierra esta etapa. Finalmente, no habiendo diligencia pendiente por desahogar se declara visto el expediente para dictada la sentencia siguiente. VISTO, para resolver, el presente juicio de amparo 127/2022-II, promovido por DANIELA JUDITH ARAIZA DIAZ, contra el acto que reclama de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, y otras autoridades; por estimarlos violatorios de los artículos 8, 14, 16, 17 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito presentado el catorce de enero del año en curso, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, y que por razón de turno le tocó conocer a este órgano jurisdiccional, DANIELA JUDITH ARAIZA DIAZ, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra actos de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán y de otras autoridades responsables. SEGUNDO. ADMISIÓN DE DEMANDA. Mediante acuerdo de diecisiete de enero del año en curso, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional del juicio, la cual, previos diferimientos, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Esta Juzgadora Federal, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción l, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal, 36 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, modificado por el 28/2016 del propio Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, porque la omisión reclamada es atribuida a una autoridad donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En el caso, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar el acto que por esta vía se impugna como inconstitucional y que se desprende del análisis integral del escrito de demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte solicitante del amparo, con la finalidad de estar en posibilidad de resolver la litis efectivamente planteada y determinar lo que la parte quejosa dijo o quiso decir, armonizando los datos proporcionados en la demanda. Lo anterior, tiene sustento además, en el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De manera que la quejosa reclama de las autoridades responsables, la falta de inscripción a su favor de la adopción de dominio pleno sobre la parcela número 906, del ejido y municipio de Umán, Yucatán, así como la expedición y entrega del título de propiedad de origen parcelario correspondiente, a través de la solicitud que fue hecha el diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, a la que se le asignó el folio 31210000391. Lo anterior se realiza de conformidad con el criterio que sustenta el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que con el número P. VI/2004. TERCERO. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Las autoridades señaladas como responsables, negaron los actos que de estas se reclaman, sin embargo, estas se desvirtúan en atención a que la inscripción y expedición del certificado parcelario de la adopción de dominio pleno relacionado con la parcela 906, del ejido y municipio de Umán, Yucatán, aún no se ha realizado, a pesar de haberlo solicitado el quejoso, desde el quince de febrero de dos mil veintiuno. CUARTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Atento a la técnica que rige el juicio de garantías, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, debe, antes de examinarse la materia de fondo de la litis constitucional, analizarse el tema de la procedencia del juicio de amparo, en términos de la parte final del artículo 61 de la Ley de Amparo. Resulta aplicable la tesis jurisprudencial número 814, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que a la letra, título y pie, señala: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. - Las causales de improcedencia de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso, no existe causal de improcedencia propuesta por las partes, ni se advierte alguna que deba estudiarse de manera oficiosa, como lo prevé el artículo 62, de la Ley Reglamentaria de los preceptos 103 y 107 de la Constitución General de la República, por lo que se procederá enseguida al estudio de los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa, los que se tienen aquí por reproducidos, sin que sea necesario transcribirlos, en virtud de que la Ley de Amparo no lo exige así, lo que se efectúa con apoyo en la jurisprudencia 2ª./J. 58/2010. QUINTO. ANÁLISIS DE LOS PLANTEAMIENTOS DE LA PARTE QUEJOSA. El concepto de violación que el quejoso hace valer, debe estimarse fundado por las razones siguientes. En efecto, el quejoso aduce que se transgrede en su perjuicio, lo establecido en el artículo 17 de la Constitución, toda vez que las responsables no han inscrito a su favor la adopción de dominio pleno sobre la parcela número 906, del ejido y municipio de Umán, Yucatán, así como la expedición y entrega del título de propiedad de origen parcelario correspondiente, misma petición que realizó a través de la solicitud que fue hecha desde el quince de febrero de dos mil veintiuno, a la que se le asignó el folio 31210000391, sin que hubiere obtenido respuesta alguna en relación con el trámite que solicitó, de ahí que dicho motivo de disenso resulte fundado. Y para llegar a tal conclusión, es menester transcribir el artículo 17 Constitucional, que establece lo siguiente: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil." El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza que cualquier persona pueda acudir ante los tribunales y que éstos le administren justicia pronta y expedita, pues los conflictos que surjan entre los gobernados deben ser resueltos por un órgano del Estado facultado para ello, ante la prohibición de que los particulares se hagan justicia por sí mismos; igualmente debe considerarse que la reserva de la ley en virtud de la cual el citado precepto constitucional señala que la justicia se administrará en los plazos y términos que fijen las leyes, no debe interpretarse en el sentido de que se otorga al legislador la facultad para reglamentar el derecho a la justicia de manera discrecional sino que, con esta reglamentación, debe perseguir la consecución de sus fines, los que no se logran si entre el ejercicio del derecho y su obtención se establecen trabas o etapas previas no previstas en el texto constitucional. Ahora bien, en el caso, cabe mencionar que los numerales 16, 51, 52, 53, 81, 83 y 84, todos del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, establecen lo siguiente: "Artículo 16. Corresponde a la Dirección General de Registro y Control Documental las siguientes atribuciones: . IV. Calificar e inscribir las actas de asamblea para crear o extinguir derechos que modifican la superficie de los Núcleos Agrarios y que contengan los siguientes acuerdos: . e) Adopción del dominio pleno, respecto de ejidos y colonias agrícolas y ganaderas;" "Artículo 51. El Registro garantizará en sus procedimientos registrales que se salvaguarden en lo conducente, los principios registrales de rogación, buena fe, legalidad, prelación, tracto sucesivo, celeridad y publicidad. El procedimiento registral inicia con la presentación de la solicitud en las Delegaciones o en los Centros de Atención que correspondan, debiéndose invariablemente registrar el número de entrada progresivo, fecha y hora para los efectos legales correspondientes, atendiendo a los Manuales de procedimientos que correspondan." "Artículo 52. Los registradores examinarán bajo su responsabilidad, cada uno de los documentos y actos jurídicos que en ellos consten, para determinar si los mismos reúnen los requisitos de forma y fondo exigidos por la normativa que los rija, con el fin de garantizar los principios de legalidad y certeza jurídica. El registrador deberá cerciorarse de que no se ha presentado con anterioridad documento alguno que contenga actos inscribibles que se opongan al que se solicita. El Registrador no calificará la legalidad de las sentencias o resoluciones presentadas a inscripción, pero si a su juicio existe alguna imposibilidad material o legal por la que ésta no pueda practicarse, pondrá el caso en conocimiento del Delegado y del Director General de Asuntos Jurídicos, para que por su conducto se dé cuenta a la autoridad ordenadora; si a pesar de ello ésta insiste en que se cumpla su mandato, se procederá conforme a lo ordenado, tomándose razón del hecho en el asiento correspondiente. Las calificaciones positivas o negativas deberán producirse en un plazo que no excederá de sesenta días naturales, contado a partir de la fecha de presentación de la documentación de que se trate. Será positiva cuando resuelva autorizar la inscripción solicitada y será negativa cuando resuelva denegar el servicio registral." "Artículo 53. Las resoluciones administrativas de calificación deberán: I. Estar debidamente fundadas y motivadas; II. Ser expedidas con el señalamiento de lugar y fecha de emisión; III. Constar por escrito y con la firma autógrafa del servidor público autorizado para su expedición, y IV. Dar respuesta integral a la solicitud." "Artículo 81. El Registro expedirá, conforme a lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley, certificados parcelarios y de derechos sobre tierras de uso común, así como los títulos de propiedad de origen parcelario, de solar urbano, y el de colonias agrícolas o ganaderas que, conforme a las disposiciones aplicables, hayan adoptado el dominio pleno. El Registro expedirá, a petición de la asamblea, los títulos de propiedad de solares urbanos que resulten de la regularización de la tenencia de predios en los que se hayan constituido asentamientos humanos irregulares, realizadas en los términos de los artículos 38 y 39 de la Ley General de Asentamientos Humanos. De acuerdo a la legislación Estatal que corresponda, el Registro, previo a su entrega, enviará los títulos de propiedad para inscripción a los Catastros Municipales o Estatales y posteriormente a los Registros Públicos de la Propiedad locales, una vez satisfechos los requisitos a que se refiere el artículo 84 de este Reglamento. Tratándose de garantías otorgadas por sus titulares respecto de las tierras parceladas, conforme al artículo 46 de la Ley que obtengan el dominio pleno, el Registro al momento de solicitar la inscripción del título de propiedad a los Registros Públicos de la Propiedad locales, deberá informar que la parcela materia de titulación, se encuentra en garantía el usufructo de las tierras de uso común y de las tierras parceladas, respectivamente, con el fin de que proceda también a su correspondiente inscripción en términos de la normativa aplicable." "Artículo 83. Se deberá expedir un certificado para cada una de las unidades parcelarias de que sea titular el ejidatario o posesionario, de conformidad con el acta de asamblea de delimitación, destino y asignación y el plano interno." "Artículo 84. Los certificados como los títulos, serán autorizados y firmados por el Director en Jefe o por los Delegados del Registro en el ámbito de su competencia y contendrán los datos generales del beneficiario, fecha del acto jurídico que originó el documento, datos de identificación del predio y de su inscripción, así como la fecha de su expedición." Del anterior articulado, se advierte que el procedimiento registral se inicia con la solicitud de trámite que se presente en la Oficialía de Partes, que los registradores, con base en la función de calificación, examinarán bajo su responsabilidad, cada uno de los documentos y actos jurídicos que en ellos consten, para determinar si los mismos reúnen los requisitos de forma y fondo exigidos por la normativa que los rija. Que la Dirección General de Registro y Control Documenta, le corresponde calificar e inscribir las actas de asamblea para crear o extinguir derechos que modifican la superficie de los Núcleos Agrarios y que contengan diversos acuerdos entre éstos la adopción del dominio pleno, respecto de ejidos, y colonias agrícolas y ganaderas. Las calificaciones positivas o negativas deberán producirse en un plazo que no excederá de sesenta días naturales, contado a partir de la fecha de presentación de la documentación de que se trate; y que será positiva cuando resuelva autorizar la inscripción solicitada y será negativa cuando resuelva denegar el servicio registral. Todas las resoluciones emitidas deberán constar por escrito, con la firma autógrafa del servidor público autorizado para su expedición; deben estas debidamente fundadas y motivadas; con el señalamiento de lugar y fecha de emisión, y dar respuesta integral a la solicitud. Asimismo, el registro expedirá, los certificados parcelarios y de derechos sobre tierras de uso común, así como los títulos de propiedad de origen parcelario, de solar urbano, y el de colonias agrícolas o ganaderas que, conforme a las disposiciones aplicables, hayan adoptado el dominio pleno. El registro previo a su entrega, enviará los títulos de propiedad para su inscripción a los Catastros Municipales o Estatales y posteriormente a los Registros Públicos de la Propiedad locales, expidiendo un certificado para cada una de las unidades parcelarias de que sea titular el ejidatario o posesionario, de conformidad con el acta de asamblea de delimitación, destino y asignación y el plano interno. Asimismo, tanto los certificados como los títulos, que se expidan deberán ser autorizados y firmados por el Director en Jefe, así como los Delegados del Registro y contendrán los datos generales del beneficiario, la fecha del acto jurídico que originó el documento, datos de identificación del predio y de su inscripción, así como la fecha de su expedición. Así, de las constancias que fueron remitidas en el informe justificado por el Director General de Asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en representación de la Dirección en Jefe así como de la Dirección General de Registro y Control Documental del Registro Agrario Nacional, con sede en la Ciudad de México, se advierte que el veinte de abril de dos mil veintiuno, a la solicitud formulada por la quejosa, con número de folio 31210000391, le recayó una calificación registral positiva, en tanto que resultó procedente la inscripción de la adopción de dominio pleno que solicitó respecto de la parcela número906, del ejido y municipio de Umán, Yucatán. No obstante lo anterior, de las propias constancias se desprende que aún no se ha aperturado la clave del sistema informático para que se pueda realizar la inscripción del acuerdo de asamblea de adopción de dominio pleno y la expedición del título correspondiente, y con ello, se ha retrasado la entrega del citado certificado. De ahí que, en el caso, se advierte que el procedimiento registral aún no ha culminado, pues si bien ya se emitió una calificación registral positiva, desde el veinte de abril de dos mil veintiuno, la inscripción de la adopción de dominio pleno que solicitó el aquí quejoso, respecto de la parcela número 906, del ejido y municipio de Umán, Yucatán, no se ha llevado a cabo, y por ende, la tampoco la expedición y entrega del título de su propiedad, tal y como lo establece el marco normativo antes transcrito; por lo que es incuestionable que las nombradas autoridades responsables, conculcan con tal proceder en perjuicio del quejoso, los derechos consagrados en el artículo 17 constitucional, pues incumplen con la función de inscribir la adopción de dominio pleno, así expedir y entregar el nuevo título. Por consiguiente, procede conceder la protección constitucional instada, para que de manera inmediata las responsables, dentro del ámbito de sus facultades, culmine con el procedimiento registral que ampara la solicitud con número de folio 31210000391, respecto de la parcela número 906, del ejido y municipio de Umán, Yucatán, para lo cual deberá inscribir, expedir y entregar el nuevo título que prevee la citada Ley Agraria. Cuenta habida que desde el quince de febrero de dos mil veintiuno, se le formuló dicha solicitud, y hasta el día en que el presente juicio de resuelve, veintinueve de abril de dos mil veintidós, ha transcurrido más de un año y dos meses, sin que se hubiera inscrito la adopción de dominio pleno, solicitada, mucho menos se ha expedido ni entregado el título correspondiente, lo que evidentemente resulta una transgresión del numeral 17 Constitucional en su perjuicio. SEXTO. - SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Finalmente, de conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el día de su publicación la presente sentencia, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 73 y 74 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: UNICO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a DANIELA JUDITH ARAIZA DIAZ, contra los actos que reclama de la Encargada del Despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, y la Dirección en Jefe así como de la Dirección General de Registro y Control Documental del Registro Agrario Nacional, ambos con sede en la Ciudad de México, para los efectos precisados en el considerando segundo; y para los efectos señalados en la parte final del subsecuente quinto de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistida de Hilda Adriana Chan Canto, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

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