Parking Spot S.A.P.I. de C.V.

Expediente 23/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
23/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
24/02/2023

Partes del expediente

  • Parking Spot S.A.P.I. de C.V.

Actuaciones

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés. Recepción de documentos Téngase por recibido y agréguense a los autos el oficio que remite la Actuaria Judicial adscrita al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, al que se acompaña el testimonio de la ejecutoria pronunciada en el recurso de queja 22/2023.Acúsese recibo. Testimonio Háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo y notifíquese a la parte quejosa el contenido de la resolución que se acompaña al oficio de cuenta, de la que se advierte que se declaró infundado el recurso de queja de que se trata. Archivo En consecuencia, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Valoración Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que se desechó la demanda constitucional, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Notifíquese.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintisiete de enero de dos mil veintitrés. Recepción de documentos. Téngase por recibido y agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar, el oficio de cuenta. Determinación. Del que se advierte que la Superioridad acusa recibo de las constancias remitidas por este juzgado y que se admitió el recurso de queja interpuesto contra el auto por el que se desechó la demanda de amparo, el cual fue registrado con el expediente 22/2023. Notifíquese.

  3. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinticuatro de enero de dos mil veintitrés. Recepción de documentos. Téngase por recibido y agréguese a los autos el ocurso de cuenta signado por electrónicamente la parte quejosa. Recurso de queja. Se tiene por interpuesto recurso de queja contra el proveído que desechó de plano la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 101 de la ley de la materia, hágase del conocimiento de la superioridad que es cierto que este juzgado emitió la determinación recurrida. Remisión del recurso. Con fundamento en el artículo 100 de la Ley de Amparo, remítase al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, en turno, copia certificada de la totalidad de constancias que integran el presente expediente, así como el original del escrito de expresión de agravios y una copia de éste para el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a dicho órgano colegiado e infórmese sobre la materia de la queja. Notifíquese.

  4. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, nueve de enero de dos mil veintitrés. Recepción de documentos. Téngase por recibido la demanda promovida por César Octavio Cantoral Cárdenas quien se ostenta representante legal de PARKING SPOT S.A.P.I. DE C.V., contra actos del Juez de Control adscrito al Centro Integral de Justicia Penal, Sala Sede San Luis Potosí, con un anexo que se acompaña. Registro del expediente. Fórmese el expediente y regístrese con el consecutivo 23/2023-I. Personería. Se tiene reconocido el carácter con el que comparece en atención a la documental que anexa para tal efecto, según lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley de Amparo. Causa de improcedencia. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de amparo, estudiando, por su orden, si es procedente o no. Para determinar la improcedencia del juicio es necesario analizar si los actos reclamados se sitúan en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable; esto es, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En armonía con lo anterior, es aplicable la tesis 2a. LXXI/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". En el caso concreto, de la lectura integra de la demanda se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; [.]" Del precepto legal transcrito, se advierte que el juicio de amparo es improcedente en contra de actos consentidos de forma tácita, entendiéndose dicho consentimiento como el hecho de dejar transcurrir el término de quince días a que se refiere el artículo 17 de la propia ley de la materia, sin promover dentro del mismo el juicio de amparo respectivo. En efecto, los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, señalan lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. La parte inicial del primero de los preceptos en comento, establece en forma categórica que el plazo para la interposición de la demanda de amparo es de quince días; por su parte, el segundo de los citados dispositivos prevé tres distintos supuestos jurídicos para el cómputo de ese plazo, a saber: a) Dicho plazo se contará desde el día siguiente a aquel en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto reclamado, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que impugne. b) El plazo comienza a correr al día siguiente al en que el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. c) El amparo debe pedirse dentro de los quince días siguientes a aquel en el que el quejoso se ostentó como sabedor del acto reclamado." Como se puede advertir, los preceptos en consulta hacen una clara distinción en los momentos en que imperativamente debe promoverse la acción constitucional, pues las hipótesis que previenen se encuentran relacionadas mediante la conjunción "o", de lo que válidamente se deduce que los supuestos aludidos son excluyentes entre sí y no guardan un orden de preferencia. Ahora bien, en el presente caso, la parte promovente reclama en forma destacada la resolución de veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, emitida en audiencia celebrada el mismo día, dentro del expedientillo 474/2021. De lo manifestado bajo protesta de decir verdad, por la propia impetrante en el escrito inicial de demanda, se advierte la confesión en el sentido de que dicha parte procesal tuvo conocimiento pleno de la resolución el mismo día (veintinueve de noviembre de dos mil veintidós) al haber comparecido a través de su asesor jurídico, al así manifestarlo expresamente en su escrito inicial de demanda. Circunstancia que adquiere una eficacia demostrativa plena, según el contenido de los artículos 95, 96, 197, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2°, de esta última legislación en cita, toda vez que la misma se presume fue hecha por persona capacitada para obligarse, pues incluso, promovió el presente juicio de control constitucional; con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y de hechos relatados como propios; sin que sea óbice a lo anterior, el hecho de que la misma no se haya ofertado expresamente como prueba, pues, se insiste, son manifestaciones vertidas bajo protesta de decir verdad, a través de un escrito por el cual comparecen ante este juzgado de Distrito. Así, de lo narrado con antelación, se pone de manifiesto que la parte promovente tuvo conocimiento del acto que reclama desde el día veintinueve de noviembre de dos mil veintidós. Por su parte, se tiene también que la demanda de amparo que ahora nos ocupa, fue presentada hasta el seis de enero de dos mil veintitrés. Bajo esa óptica jurídica, cabe mencionar que si en el caso, la parte quejosa reclama la resolución de veintinueve de noviembre de dos mil veintidós emitida en audiencia celebrada el mismo día; como consecuencia, es válido concluir que el término de quince días para instar la acción constitucional a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, en contra del acto reclamado, transcurrió del primero al veintiuno de diciembre de dos mil veintidós, , en consecuencia resulta extemporánea dicha presentación de demanda. Resulta aplicable la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 47 del Volumen 169-174, Tercera Parte del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACION EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACION DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías será de quince días que se computará desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Así pues, si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiestan "que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día", como esa confesión hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria; de ello se sigue que si el Juez de Distrito, con base en dicha manifestación, realiza el cómputo del término de la presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal proceder es correcto, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del acto reclamado para efectuar el cómputo del término respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa de la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado." Sin que se pase por alto que la parte quejosa, en el capítulo "VII. OPORTUNIDAD Y PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO.", haya señalado que el término transcurrió hasta el cinco de enero de dos mil veintidós, pues toma en cuenta el periodo vacacional de las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal, sin embargo los órganos jurisdiccionales, cuentan con un sistema escalonado en el goce de las vacaciones, es decir, no se interrumpe la labor jurisdiccional y por ende, no se suspenden plazos y términos, aunado al hecho de que la demanda fue presentada hasta el día seis de enero de dos mil veintidós de manera electrónica. Así mismo, no se desatiende la jurisprudencia 1a./J. 36/2020 (1a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LOS DÍAS NO LABORADOS POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBEN DESCONTARSE DEL CÓMPUTO DEL PLAZO PRVISTO PARA SU PRESENTACIÓN CUANDO SE RECLAME ALGUNA DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS EN LA AUDIENCIA INCIAL DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO Y ORAL", pues la autoridad señalada como responsable también tiene establecido el sistema escalonado en el goce de sus vacaciones y en consecuencia, tampoco se ven interrumpidas sus labores jurisdiccionales. Desechamiento. En consecuencia, al actualizarse en la especie la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XIV, en relación con lo dispuesto por los ordinales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto por el diverso numeral 113 de la ley invocada, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Autorizados. Se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12, del ordenamiento legal en cita, a ********************, quien cuenta con su cédula profesional registrada en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y en términos restringidos del aludido numeral a ********************, toda vez que no se encuentra registrada en el aludido sistema, así como a las personas que señala, por así solicitarlo. Notificaciones y acceso al expediente de manera electrónica. Con fundamento en el artículo 8° constitucional, así como en lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, en su artículo 12, inciso I), se autoriza la consulta electrónica de este asunto, así como la práctica de las notificaciones dirigidas a ella por dicho medio. Medios electrónicos. Ahora bien, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 constitucional y 21, último párrafo, de la citada legislación, atendiendo a la carga de trabajo, al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Oposición a la publicación de datos personales. Como lo solicitó el promovente, y con apoyo en el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se le tiene expresando su oposición a que los datos personales que en su caso existan en el presente juicio, no se hagan públicos. En esa medida, se toma nota de dicha oposición, por lo que conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expiden los Lineamientos Básicos para regular el procedimiento administrativo interno de acceso a la información pública, así como el funcionamiento y atribuciones del Comité de Transparencia del propio Consejo, en las versiones públicas que se elabore de la información que tienen bajo su resguardo el Consejo y los Órganos Jurisdiccionales, invariablemente deben suprimirse los mismos. En la inteligencia de que el nombre de parte quejosa también deberá suprimirse de la lista de acuerdos, pues aun cuando es verdad que el artículo 29, fracción II, de la Ley de Amparo, previene su publicación, en tutela de los derechos de privacidad de la misma, se opta por su efectivo resguardo. Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa.

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