Paola Michel Longoria Lopez
Expediente 1201/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 6 actuaciones registradas, la última del 27 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1201/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 27/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Paola Michel Longoria Lopez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintisiete de enero de dos mil veintitrés. Recepción de documentos. Téngase por recibido y agréguese a los autos el escrito de cuenta. Devolución de documentos. En atención a lo solicitado y con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, devuélvasele el documento que refiere, previo desglose, cotejo y certificación que se realice, así como razón de recibo que se deje en autos, autorizando para que los reciban a las personas que indica, lo anterior, siempre y cuando obre en el expediente. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinte de octubre de dos mil veintidós. Causa estado. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II, del numeral 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Archivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Valoración. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que se desechó la demanda constitucional, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, treinta de septiembre de dos mil veintidós. Recepción de documentos. Téngase por recibido y agréguese a los autos el escrito de cuenta, por el cual da cumplimiento al requerimiento de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. Fijación de la Litis. El acto reclamado en esta instancia constitucional se hacen consistir en: ".El auto de fecha 05 de Septiembre del año en curso, dictado en el Expediente número 1322/2021, relativa al Juicio Extraordinario Civil Hipotecario.". Así, en principio, debe precisarse con exactitud el acto reclamado, para lo cual debe partirse de la base de que es indispensable analizar integralmente la demanda de amparo a efecto de determinar la intención de la parte quejosa, en términos del criterio contenido en la jurisprudencia 2a./J. 55/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, Agosto de 1998, página 227, del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo". Sobre esa base, de la lectura del escrito de demanda y del aclaratorio de ésta, se advierte que la parte quejosa reclama en este juicio constitucional: La resolución del recurso de revocación dictada el cinco de septiembre de dos mil veintidós, emitida por el Juzgado Tercero del Ramo Civil en esta ciudad, dentro del juicio extraordinario hipotecario 1322/2021, mediante el cual el aludido juzgado declaró firme el auto de diecinueve de agosto de dos mil veintidós, en el cual, en lo que aquí reclama la parte quejosa, la autoridad responsable fue omisa en admitir las pruebas de su parte. Ahora bien, examinada la demanda se advierte que es notoria la improcedencia de la acción constitucional y de conformidad con lo preceptuado por el artículo 113 de la Ley de Amparo, debe desecharse en atención a las siguientes consideraciones: La suscrita advierte que respecto de los actos reclamados en el presente juicio, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. Dichos preceptos en su orden previenen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]." Una interpretación en sentido contrario de la referida fracción V del artículo 107 de la Ley de la Materia, conduce a la conclusión de que el juicio de amparo será improcedente cuando se reclamen actos en un juicio que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución irreparable, es decir, aquellos que se refieran a cuestiones procesales que no afecten directamente un derecho sustantivo particular. Cabe destacar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), sustentada al resolver la contradicción de tesis 377/2013, adujo que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;". Que derivado de lo anterior, puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Que esa interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Ahora bien, del libelo constitucional se advierte que en la especie el quejoso reclama la resolución del recurso de revocación dictada el cinco de septiembre de dos mil veintidós, emitida por el Juzgado Tercero del Ramo Civil en esta ciudad, dentro del juicio extraordinario hipotecario 1322/2021, mediante el cual el aludido juzgado declaró firme el auto de diecinueve de agosto de dos mil veintidós, en el cual, en lo que aquí reclama la parte quejosa, la autoridad responsable fue omisa en admitir las pruebas de su parte. De lo anteriormente expuesto se deduce que el juicio de amparo que se intenta es improcedente, toda vez que las consecuencias de los actos reclamados, por el momento no tienen sobre la parte quejosa una ejecución de imposible reparación, puesto que las determinaciones combatidas no afectan de modo directo e inmediato alguno de los derechos sustantivos de la gobernada, tales como la vida, la libertad o sus posesiones, sino que la violación que en su caso produjera únicamente tiene efectos formales o intraprocesales, que no producen una situación de indefensión puesto que no atacan sus derechos sustantivos en forma tal que el perjuicio irrogado no pueda ser reparado por un acto jurídico posterior. De ahí que, las consecuencias de los actos reclamados no tienen una ejecución de imposible reparación, que objetivamente analizados ameriten sujetarlos al control constitucional sin esperar a que se dicte la sentencia definitiva correspondiente, pues sólo surten efectos intraprocesales, a saber, la continuación del procedimiento de origen, en el que pueda llegar a dictarse sentencia, lo cual no afecta derechos sustantivos de la quejosa; de ahí la improcedencia del juicio de amparo indirecto que se promueve en su contra, toda vez que en caso de que el procedimiento de donde deriva el acto reclamado se resuelva de manera favorable a los intereses de la demandante de la tutela federal, la violación de la que ahora se duele desaparecería de la realidad sin dejar huella en su esfera jurídica, y en caso contrario, sería susceptible de impugnarse a través del medio de defensa que en su caso se interponga en contra del fallo correspondiente e incluso, mediante el juicio de amparo directo que se promueva en contra de la sentencia definitiva emitida en el mismo, razón por la cual, no puede establecerse que afecte en forma inmediata derechos sustantivos del solicitante de garantías. Cobra puntual apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia número P./J. 24/92, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 11, Tomo: 56, Agosto de mil novecientos noventa y dos, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyos rubro y texto son: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." En consecuencia, como el acto reclamado no afecta derechos sustantivos de imposible reparación, resulta indudable y notoria la improcedencia del juicio de amparo indirecto que se promueve, al actualizarse la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con la fracción V del numeral 107 de la Ley de la Materia, a contrario sensu, por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley invocada, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, treinta de septiembre de dos mil veintidós. Recepción de documentos. Téngase por recibido y agréguese a los autos el escrito de cuenta, por el cual da cumplimiento al requerimiento de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. Fijación de la Litis. El acto reclamado en esta instancia constitucional se hacen consistir en: ".El auto de fecha 05 de Septiembre del año en curso, dictado en el Expediente número 1322/2021, relativa al Juicio Extraordinario Civil Hipotecario.". Así, en principio, debe precisarse con exactitud el acto reclamado, para lo cual debe partirse de la base de que es indispensable analizar integralmente la demanda de amparo a efecto de determinar la intención de la parte quejosa, en términos del criterio contenido en la jurisprudencia 2a./J. 55/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, Agosto de 1998, página 227, del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo". Sobre esa base, de la lectura del escrito de demanda y del aclaratorio de ésta, se advierte que la parte quejosa reclama en este juicio constitucional: La resolución del recurso de revocación dictada el cinco de septiembre de dos mil veintidós, emitida por el Juzgado Tercero del Ramo Civil en esta ciudad, dentro del juicio extraordinario hipotecario 1322/2021, mediante el cual el aludido juzgado declaró firme el auto de diecinueve de agosto de dos mil veintidós, en el cual, en lo que aquí reclama la parte quejosa, la autoridad responsable fue omisa en admitir las pruebas de su parte. Ahora bien, examinada la demanda se advierte que es notoria la improcedencia de la acción constitucional y de conformidad con lo preceptuado por el artículo 113 de la Ley de Amparo, debe desecharse en atención a las siguientes consideraciones: La suscrita advierte que respecto de los actos reclamados en el presente juicio, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. Dichos preceptos en su orden previenen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]." Una interpretación en sentido contrario de la referida fracción V del artículo 107 de la Ley de la Materia, conduce a la conclusión de que el juicio de amparo será improcedente cuando se reclamen actos en un juicio que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución irreparable, es decir, aquellos que se refieran a cuestiones procesales que no afecten directamente un derecho sustantivo particular. Cabe destacar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), sustentada al resolver la contradicción de tesis 377/2013, adujo que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;". Que derivado de lo anterior, puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Que esa interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Ahora bien, del libelo constitucional se advierte que en la especie el quejoso reclama la resolución del recurso de revocación dictada el cinco de septiembre de dos mil veintidós, emitida por el Juzgado Tercero del Ramo Civil en esta ciudad, dentro del juicio extraordinario hipotecario 1322/2021, mediante el cual el aludido juzgado declaró firme el auto de diecinueve de agosto de dos mil veintidós, en el cual, en lo que aquí reclama la parte quejosa, la autoridad responsable fue omisa en admitir las pruebas de su parte. De lo anteriormente expuesto se deduce que el juicio de amparo que se intenta es improcedente, toda vez que las consecuencias de los actos reclamados, por el momento no tienen sobre la parte quejosa una ejecución de imposible reparación, puesto que las determinaciones combatidas no afectan de modo directo e inmediato alguno de los derechos sustantivos de la gobernada, tales como la vida, la libertad o sus posesiones, sino que la violación que en su caso produjera únicamente tiene efectos formales o intraprocesales, que no producen una situación de indefensión puesto que no atacan sus derechos sustantivos en forma tal que el perjuicio irrogado no pueda ser reparado por un acto jurídico posterior. De ahí que, las consecuencias de los actos reclamados no tienen una ejecución de imposible reparación, que objetivamente analizados ameriten sujetarlos al control constitucional sin esperar a que se dicte la sentencia definitiva correspondiente, pues sólo surten efectos intraprocesales, a saber, la continuación del procedimiento de origen, en el que pueda llegar a dictarse sentencia, lo cual no afecta derechos sustantivos de la quejosa; de ahí la improcedencia del juicio de amparo indirecto que se promueve en su contra, toda vez que en caso de que el procedimiento de donde deriva el acto reclamado se resuelva de manera favorable a los intereses de la demandante de la tutela federal, la violación de la que ahora se duele desaparecería de la realidad sin dejar huella en su esfera jurídica, y en caso contrario, sería susceptible de impugnarse a través del medio de defensa que en su caso se interponga en contra del fallo correspondiente e incluso, mediante el juicio de amparo directo que se promueva en contra de la sentencia definitiva emitida en el mismo, razón por la cual, no puede establecerse que afecte en forma inmediata derechos sustantivos del solicitante de garantías. Cobra puntual apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia número P./J. 24/92, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 11, Tomo: 56, Agosto de mil novecientos noventa y dos, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyos rubro y texto son: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." En consecuencia, como el acto reclamado no afecta derechos sustantivos de imposible reparación, resulta indudable y notoria la improcedencia del juicio de amparo indirecto que se promueve, al actualizarse la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con la fracción V del numeral 107 de la Ley de la Materia, a contrario sensu, por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley invocada, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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