Paola Jazmín Hernández Luna

Expediente 514/2023 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
514/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
12/05/2023

Partes del expediente

  • Paola Jazmín Hernández Luna

Actuaciones

  1. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, doce de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación con que se da cuenta, se desprende que ********************, no interpuso el recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, en contra del proveído emitido el veintiséis de abril del año en curso, en el cual se desechó su demanda de amparo; por ende, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos aplicados supletoriamente a la legislación de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Por otra parte, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido, por lo que con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, se ordena su archivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto en que sin decidirlo en lo principal se dio por concluido; además, a juicio de este tribunal no tiene relevancia documental para su conservación. De igual manera, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente expediente deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 21 antes citado. Finalmente, cabe precisar que el artículo 20, párrafo segundo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año, establece que en el acuerdo de archivo de los expedientes judiciales deberá constar la orden de notificación personal a las partes para acudir al órgano jurisdiccional dentro del plazo de noventa días hábiles a recuperar los documentos originales que en su caso hubieren exhibido en el expediente, con el apercibimiento que de no hacerlo en el término indicado éstos serán destruidos; sin embargo, toda vez que en el juicio en que se actúa no existen documentos originales presentados por las partes, es innecesaria dicha notificación personal. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido de la licenciada Rosa Isela González Urbina, Secretaria que actúa y da fe.

  2. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, ocho de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que los días tres y cuatro del presente mes y año, en atención al clima de inseguridad que se vivió en la ciudad el martes dos del presente, esto con el fin de salvaguardar la integridad del personal que aquí labora, así como la del público en general, por lo que de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo, los dos días mencionados en primer lugar, son inhábiles para todos los efectos legales, por lo tanto, no corren términos y plazos en los asuntos que aquí se tramitan, ante lo cual se deja sin efectos la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional programada para las diez horas con dieciocho minutos del cuatro de mayo del presente año. Por otra parte, del estado que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, se advierte que la totalidad de las autoridades responsables foráneas no han rendido sus informes justificados, y tampoco existe constancia que demuestre que hayan recibido el oficio por el que se les requirió; en consecuencia, se señalan las diez horas con veinte minutos del seis de junio de dos mil veintitrés para su verificativo. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, Secretario que actúa y da fe.

  3. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, veintiséis de abril de dos mil veintitrés. Visto el escrito de demanda de amparo promovida por Paola Jazmín Hernández Luna, contra actos de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad; regístrese en el libro respectivo con el número 514/2023-V. Por otro lado, se exhorta a las partes para que, de ser posible y tomando en consideración las dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea"; atendiendo a ello, deberán haber solicitado la consulta de expedientes electrónicos y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, mismas que este juzgado debe haber autorizado, en el entendido de que la actuación por este medio requiere la utilización de una firma electrónica vigente. Sin embargo, para el caso de quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de su representante legal, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso a un expediente electrónico determinado y las notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Ahora bien, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis correspondiente a la demanda de garantías que se recibe, en el entendido de que dicho precepto faculta al órgano jurisdiccional para desecharla de plano cuando al examinarla se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, se precisa que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, con independencia de los elementos que pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Ahora bien, la parte quejosa señala como autoridad responsable a la siguiente: Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad. Asimismo, como acto reclamado: "La regularización del procedimiento y que se lleve a cabo audiencia de conciliación demanda y excepciones que está pendiente de fijar fecha para la celebración de la misma." De lo anterior, así como del contenido del ocurso de demanda de garantías y de las documentales que se acompañaron, se desprende que el motivo de disentimiento del peticionario de garantías es el auto emitido el veinte de abril de dos mil veintitrés, por la autoridad responsable, dentro del expediente administrativo laboral 240/E06/2022, promovido por la aquí quejosa en contra de Fisher Dynamics, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, que a continuación se transcribe: "H. Matamoros, Tamaulipas, a veinte de abril de dos mil veintitrés. VISTOS los autos del Expediente Administrativo Laboral Número 00240/E06/2022 promovido por PAOLA JAZMÍN HERNÁNDEZ LUNA en contra de FISHER DYNAMICS S DE R.L DE C.V. por concepto de REINSTALACIÓN y visto en especial los proveídos de fechas veintisiete de enero y veinticuatro de febrero ambos del dos mil veintitrés, esta autoridad sin que se trate de revocación de sus propios acuerdos, procede a regularizar el procedimiento de conformidad con el artículo 686 de la Ley Federal del Trabajo, lo anterior en virtud de que tal y como se aprecia en el acuerdo de fecha veintisiete de enero del dos mil veintitrés, esta H. Junta regularizó el procedimiento señalando hora y fecha para que tuviera verificativo la Audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones con las partes, esto en virtud de que supuestamente no se había llevado a cabo la Audiencia señalada para las nueve horas con treinta minutos del día veinticuatro de noviembre del dos mil veintidós, y de la cual la parte actora había quedado legalmente notificada en el acuerdo de fecha once de agosto del dos mil veintidós, firmando al margen para tal efecto; sin embargo y tal como se aprecia en autos, así como en el sistema de Control de Gestiones Laborales con la que trabaja esta H. Junta, dicha diligencia fue llevada a cabo en tiempo y forma y sin la comparecencia de la parte actora, y por tal motivo se tuvo a la parte actora por ratificando su escrito inicial de demanda, señalándose hora y fecha para que tuviera verificativo la Audiencia de Ofrecimiento y Admisión de Pruebas, ordenando para su efecto su notificación a través de los Estrados de esta H. Junta; sin embargo y por un error involuntario de la oficinista de esta autoridad laboral, mediante proveído de fecha veinticuatro de febrero del dos mil veintitrés, de nueva cuenta regularizó el procedimiento y señaló hora y fecha para que tuviera verificativo la Audiencia Bifásica, siendo que esta, ya había sido llevada a cabo, así mismo en dicho proveído se acordó de conformidad el escrito presentado en fecha cuatro de febrero de dos mil veintitrés, signado por el apoderado legal de la parte actora y con el cual pretende aclarar y ampliar su escrito inicial de demanda, sin embargo se hace notar que en primer término que al momento de acordar sus peticiones, se menciona que el escrito en comento, fue presentado en fecha diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, siendo lo correcto que fue presentado en fecha cuatro de febrero del dos mil veintitrés, por lo cual es necesario regularizar el procedimiento y por cuanto hace a lo solicitado se le dice al promovente NO ha lugar a acordad de conformidad lo solicitado esto en virtud de que no es la etapa correspondiente para hacer aclaraciones o ampliaciones, pues las mismas se debieron haber realizado dentro de la Audiencia Principal celebrada en fecha veinticuatro de noviembre del dos mil veintidós y a la cual no compareció la parte actora y no mediante escrito como pretende hacerlo valer el apoderado legal de la parte actora dos meses después. Por lo anteriormente expuesto y aclarado, esta Autoridad deja firme todo lo actuado, así como la hora y fecha señalada en la diligencia de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, para continúe el procedimiento respectivo y tenga verificativo la AUDIENCIA DE OFRECIMIENTO Y ADMISIÓN DE PREUBAS, programada para las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA VEINTICINCO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS. Por lo cual, se comisiona al C. Actuario adscrito a esta Junta para que se sirva notificar a las partes en sus domicilios señaladas en autos, corriéndoles traslado con copia del presente acuerdo. NOTIFÍQUESE PERSONAMENTE A LA PARTE ACTORA PAOLA JAZMÍN HERNÁNDEZ LUNA." Es decir, la peticionaria de garantías combate el auto que ha quedado transcrito, en el que en esencia se regularizó el procedimiento y se dejó firme la audiencia de conciliación, demanda y excepciones celebrada a las nueve horas con treinta minutos del día veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós (la cual en auto de veintisiete de enero del año en curso, se regularizó bajo el argumento de que no se había llevado a cabo), continuando con el procedimiento, señalando día y hora para el desahogo de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas. En el particular, este juzgador advierte de oficio que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con los diversos 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, 170, fracción I y 172, fracciones XI y XII, de la Ley de Amparo, que de manera textual, respectivamente establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: ... V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado de Mexicano sea parte." "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieren a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional." "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: ... XI. Se desarrolle cualquier audiencia sin la presencia del juez o se practiquen diligencias judiciales de forma distinta a la prevenida por la ley; y XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo." En efecto, conforme a la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto, establecida en el artículo 107, fracción III, inciso b), interpretada a contrario sensu, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el numeral 107, fracción V de la Ley de Amparo, el juicio constitucional biinstancial es improcedente contra el acto que en esta vía se reclama y que se precisó líneas arriba. Lo anterior, toda vez que el amparo indirecto, en tratándose de actos emitidos dentro de un juicio, solo será procedente contra actos de imposible reparación. Ahora, el prototipo de los actos irreparables está en la infracción de los derechos sustantivos, en razón de que éstos constituyen especies de los cuales la ley fundamental preserva al gobernado como géneros. El supuesto de los reparables se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que solo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que toman las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener una resolución favorable; por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. El amparo indirecto procede, pues, contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento que aún no ha concluido, cuando los daños causados por éstos no tengan reparación alguna para el gobernado, aun obteniendo sentencia favorable, por afectar sus derechos sustantivos y no los adjetivos, de acuerdo con la distinción siguiente: Derechos sustantivos. Son los que lesionan los derechos fundamentales del agraviado, los cuales se encuentran tutelados en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República, mediante las llamadas garantías individuales o ahora, derechos humanos, en virtud de que la afectación no se destruye con el solo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia favorable en el juicio. Derechos adjetivos. Son los que solo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, pues inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se desarrolla éste, debido a la intervención de las partes con vista a la obtención de resolución favorable; por lo cual, si esto se logra, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. Así, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versa en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. Sirve de apoyo a lo anterior, el contenido de la jurisprudencia I.1o.A.E. J/5 (10a.), del Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal y Jurisdicción en Toda la República, visible en la página 1902, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 29, Abril de dos mil dieciséis, Tomo III, Décima Época, de rubro y texto siguiente: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE O DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SUS CARACTERÍSTICAS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio general de que los actos tienen una ejecución irreparable o de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no cuando sólo afecten derechos adjetivos o procesales, porque la afectación irreparable o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufre obtenga una sentencia definitiva en el procedimiento natural, favorable a sus pretensiones. En consecuencia, a contrario sensu, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 107, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación llegan a extinguirse sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque esa violación es susceptible de repararse posteriormente, al reclamar el acto terminal o resolución." Luego, como se dijo, la parte quejosa reclama el auto emitido el veinte de abril de dos mil veintitrés, por la autoridad responsable, dentro del expediente administrativo laboral 240/E06/2022, promovido por la aquí quejosa en contra de Fisher Dynamics, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, en el que se regularizó el procedimiento. Es decir, el acto reclamado constituye un acto procesal; por lo tanto, dada su propia naturaleza intraprocesal, no genera contra la esfera jurídica de derechos de la quejosa una ejecución que sea de imposible reparación. Se dice lo anterior, porque dicho acto reclamado no incide en derechos sustantivos de la agraviada sino sólo y, a lo más, en sus posibilidades de defensa en juicio. Bajo ese contexto, se tiene que para la procedencia del juicio de amparo la ley de la materia, establece como requisito primordial para que la acción constitucional sea procedente, que los actos que motiven el ejercicio de esa vía afecten materialmente a los derechos sustantivos del gobernado. Como se ve el acto reclamado no colma los atributos indispensables para tener acceso inmediato al juicio de amparo indirecto, pues como se advierte del mismo, en los términos en que fue impugnado por el quejoso, este último no constituye una violación de carácter irreparable, ya que sólo tiene efectos dentro del procedimiento seguido en forma de juicio, en tanto que sólo se regularizó el procedimiento; siendo que el numeral 172 de la ley de la materia dispone que se considerarán violadas las leyes del procedimiento cuando se practiquen diligencias judiciales de forma distinta a la prevenida por la ley, supuesto que actualiza para la procedencia del amparo directo, por ello, no se afectan de modo directo e inmediato los derechos sustantivos que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o algún otro contenido en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En tales condiciones, el acto que se impugna no es de aquellos que contempla la fracción V, del artículo 107 de la Ley de Amparo, en virtud de que de ningún modo otorga al propio acto la característica de irreparabilidad para la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues en este supuesto existe la posibilidad de que los efectos de aquella afectación desaparezcan en caso de que la agraviada obtenga laudo favorable a sus intereses en el juicio natural, ya que de llegar a ocurrir esto último, es claro que tales efectos, como se dijo, se extinguirían sin originar afectación alguna a los derechos fundamentales del quejoso. Es el caso referir que el artículo 107 constitucional establece el amparo directo contra sentencias definitivas respecto de las cuales no proceda recurso alguno por virtud del cual puedan ser modificadas o reformadas, por violaciones cometidas en ellas o durante el procedimiento, si estas últimas afectan a las partes en forma sustancial, de manera que se deje sin defensa al quejoso, se precisa esto en virtud de que aun en el caso de que el laudo que se llegara a dictar en el expediente de origen fuera adverso a los intereses de la parte quejosa, ésta tiene oportunidad de hacer valer la violación de la que ahora se duele en el juicio de amparo directo, de conformidad, además con los artículos 170 y 172 de la Ley de Amparo. Sin embargo, conforme a los criterios establecidos por el máximo Tribunal del País, el concepto de acto de ejecución irreparable para la procedencia del amparo indirecto, debe entenderse como aquél que tiene consecuencias que afectan directa e inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del gobernado que tutela la Constitución y, ahora por los instrumentos internacionales respecto de los cuales el estado mexicano sea parte; nunca en casos en que la afectación se adjetiva o procesal, toda vez que esa afectación o sus efectos no podrían ser destruidos con el solo hecho de que quien la resienta obtenga sentencia favorable a sus pretensiones en el juicio. Resulta ilustrativa sobre el particular, la jurisprudencia que sustenta el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Mayo de 2014, visible en la página 1539, tesis IV. 2o.C. J/2 (10a.), Materia Común, que al tenor establece: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera." Así las cosas, es evidente que el acto reclamado no es de los que irrogan perjuicio de imposible reparación al amparista, pues en estos casos (los de imposible reparación), la necesidad que los caracteriza y que hace procedente el juicio de amparo en la vía indirecta, lo constituye el hecho de que no podrían repararse esas violaciones con el dictado de una sentencia favorable, inclusive tampoco a través del amparo directo que se intentase en su momento, dada la propia naturaleza del acto. Sin embargo, en la especie no se está frente a uno de esos actos. Esto de suyo refleja que ya no pueden considerarse como actos de imposible reparación los acontecidos dentro de juicio, bajo la perspectiva que se tenía en la anterior legislación de la materia, en donde no existía restricción en cuanto a lo que debía entenderse como actos dentro de juicio de imposible reparación. Por lo tanto, no sólo es legalmente posible, sino correcto que la autoridad continúe con el procedimiento y será hasta que se dicte el laudo que resuelva en definitiva el asunto y se impugne a través del juicio constitucional uniinstancial, en que podrá alegarse y demostrarse la existencia de tal violación al procedimiento que hubiera afectado a la parte quejosa en sus defensas y que la aludida violación hubiese trascendido al resultado del fallo. En efecto, los artículos 170 y 172 de la Ley de Amparo, se apoyan en el principio de economía procesal, pues lo que con ello se pretende evitar es la proliferación o una cadena interminable de juicios de garantías con motivo de diversas actuaciones procesales; es decir, el legislador de amparo ha pretendido evitar que las partes contendientes en un procedimiento seguido ante tribunales judiciales, laborales o administrativos puedan agotar el juicio de garantías tantas veces como violaciones se cometan en el procedimiento, pues con ello se ocasionaría, por un lado, una constante promoción de juicios de amparo y, por otro, una injustificada demora en la resolución del conflicto. Con lo anterior, se pretende que continúe el curso del procedimiento, sin mayores trabas y que el afectado con el fallo correspondiente, al impugnarlo, pueda hacer valer al mismo tiempo las violaciones de fondo y tantas violaciones al procedimiento como estimara le hubieran sido cometidos. Por lo tanto, no queda comprendido en esa connotación (imposible reparación) lo actuado en el expediente laboral de origen 240/E06/2022, del índice de la responsable, en donde la autoridad responsable regularizó el procedimiento, ya que a través de dicha decisión se producen únicamente efectos intraprocesales, los cuales podrían ser reparados si se obtiene laudo favorable, máxime que el acto reclamado no implica en forma alguna que el fallo deba ser contrario a los intereses del afectado. Así, ese tipo de decisiones no son susceptibles de ser sujetas a análisis constitucional mediante la vía indirecta, sino hacerla valer hasta el amparo directo para el caso de que sea adverso el laudo que se pronuncie. De tal manera que si el acto reclamado, no produce afectación material de derechos sustantivos, no se surte el supuesto de procedencia de amparo indirecto al no estarse en el caso de un acto dentro de juicio que sea de imposible reparación, entendiéndose por estos únicamente aquellos que afecten materialmente algún derecho sustantivo, no procesal como acontece. En esa tesitura, toda vez que se surte de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia que se deriva de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, 170, fracción I y 172, fracciones XI y XII, del cuerpo de leyes en cita, se desecha de plano por ser notoriamente improcedente la demanda de que se trata. No se pasa desapercibido que en la demanda de amparo, la quejosa hace aseveraciones relacionadas con alteraciones en las actuaciones por parte de la responsable, en el sentido de que se fijaron varias fechas para la celebración de la audiencia trifásica (veinte de julio y veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, así como, treinta de marzo y veinticinco de abril del año en curso), que en la primera fecha no se llevó a cabo la audiencia porque se había fijado para el periodo vacacional de la Junta de Conciliación; en la segunda no tuvo lugar la audiencia porque no habían emplazado a la demandada; en la tercera data no laboró la Junta porque se andaban cambiando de local; sin embargo, refiere que en el acuerdo que reclama, la Junta responsable aseveró que la audiencia bifásica tuvo lugar a las nueve horas con treinta minutos del veinticuatro de noviembre dos mil veintidós; lo que de manera alguna poder ser posible, por las explicaciones en su ocurso; por lo mismo solicita que este Juzgado de Distrito, dé vista al Ministerio Público adscrito, por el delito de falsedad y alteración de documentos, que a su parecer cometió la autoridad responsable, a lo que se le dice que dentro de las facultades otorgados a este tribunal, no se encuentra la que ahora pide, máxime que como ya quedó establecido, se desechó de plano su demanda de amparo; sin embargo, se dejan a salvo sus derechos para que comparezca ante la autoridad responsable a realizar dicha petición, por ser a quien constan los hechos que asegura. Por otro lado, se tiene como domicilio de la parte agraviada para oír y recibir notificaciones el que menciona en su libelo de demanda y como autorizado en términos del artículo 12 de la ley en cita, al profesionista que refiere en su ocurso, por tratarse de la parte trabajadora en materia laboral. Respecto a su solicitud de que se le permita acceso al expediente electrónico con clave de usuario "cesarbalboa", asociado al correo electrónico que refiere, registrado ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, se le autoriza para los efectos precisados únicamente por lo que hace a este asunto; igualmente, para que se le realicen vía electrónica las notificaciones que ameriten el carácter de personal, con sustento en el numeral 26, facción IV, de la legislación que rige este asunto. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido de la licenciada Rosa Isela González Urbina, Secretaria que actúa y da fe.

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