Paloma Blanca Hernández Martínez

Expediente 640/2020 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 29 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
640/2020
Año
2020
Actuaciones
29
Última actuación
18/10/2021

Partes del expediente

  • Paloma Blanca Hernández Martínez
  • Comisionado Presidente de la Comisión Reguladora de Energía. Ciudad de México.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 29.

  1. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, dieciocho de octubre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y el estado de los autos, se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera impugnado la sentencia definitiva dictada el seis de septiembre de dos mil veintiuno, emitida por este órgano de control constitucional, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo 640/2020-IV, promovido por Paloma Blanca Hernández Martínez; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en esta materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Lo anterior es procedente, con independencia de que no se haga el cómputo relativo a la autoridad foránea, toda vez que se carece del acuse de recibo relativo al oficio 36876/2021 mediante el cual se le mandó notificar la citada proveído; habida cuenta que, conforme lo dispone el artículo 87 de Ley de Amparo, éstas sólo podría interponer el recurso de revisión si el sentido de dicha resolución afectara el acto que les fue reclamado, salvo que se trate de amparo contra leyes; lo que no acontece en la especie, dado el sobreseimiento decretado en el expediente en que se actúa y la naturaleza del acto reclamado. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia número 648, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, Materia Común, Octava Época, visible en la página 434, del Apéndice 1995, Tomo VI, parte TCC, cuyo rubro y texto dicen: "AUTORIDAD RESPONSABLE. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN SI LA SENTENCIA PRONUNCIADA POR EL A QUO NO AFECTA DIRECTAMENTE AL ACTO QUE SE LE RECLAMO. El artículo 87, de la Ley de Amparo, determina que las autoridades responsables sólo pueden interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente al acto que a cada una de ellas se haya reclamado, de ahí, que las responsables y en general las demás partes, sólo están legitimadas a recurrir los fallos de que le son adversos, por tanto si el a quo sobreseyó en el juicio, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto recurso de revisión, es inconcuso que el hecho valer por la autoridad responsable debe desecharse porque ésta carece de legitimación para hacerlo, supuesto que el sobreseimiento es solamente desfavorable a la parte quejosa, y, por ende, no puede producir agravio alguno a la citada autoridad recurrente." En consecuencia, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año, y que no existen documentos originales agregados al expediente; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto sobreseído; además, a juicio de este tribunal no tiene relevancia documental para su conservación. De igual manera, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente expediente deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 21 antes citado. Por otra parte, toda vez que en el presente juicio de amparo se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, provéase lo conducente en este último para dar cumplimiento al mencionado Acuerdo General en sus artículos 18, fracción I, inciso a) y 20, fracción II, inciso b). Finalmente, requiérase a las partes para que dentro del término de noventa días contados a partir de la legal notificación del presente proveído, comparezcan en el local de este órgano jurisdiccional en día y hora hábil debidamente identificados, a efecto de recoger los documentos originales que en su caso hubiesen allegado a este asunto, previa constancia de recibo que se deje en autos; apercibidas que de no hacerlo en el plazo indicado éstos serán destruidos, de conformidad con el artículo 20, párrafo segundo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jesús Florentino González González, secretario con quien actúa y da fe.

  2. Incidental

    Matamoros, Tamaulipas, dieciocho de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal de los presentes autos y atendiendo a lo ordenado en el proveído de esta misma fecha, dictado en el juicio de amparo 640/2020-IV, en el que se ordenó acordar lo conducente al archivo y depuración de los presentes cuadernos incidentales, en seguida se provee: De conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año; se ordena el archivo de este expediente y se determina que es susceptible de destrucción el original del incidente de suspensión, en virtud de que se ubica en el supuesto previsto en el artículo 21, inciso c), pues se negaron las medidas cautelares (suspensión provisional y definitiva) respecto de los actos reclamados; además, a juicio de este tribunal, no tiene relevancia documental para su conservación. De igual manera, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, tanto el juicio principal como el original del incidente de suspensión, deberán ser destruido de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 21 antes citado. Por otra parte, toda vez que el presente incidente se formó por duplicado y separado, procédase a la destrucción de éste a partir del diecinueve de abril de dos mil veintidós, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a), y párrafo tercero, del mencionado Acuerdo General. Finalmente, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jesús Florentino González González, secretario con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    Acta relativa a la audiencia constitucional ordenada en proveído de seis de agosto de dos mil veintiuno, en el juicio de amparo 640/2020-IV, y celebrada a las diez horas con treinta minutos de hoy, seis de septiembre de dos mil veintiuno, con la participación de quienes en la propia acta se describen. Conste. El licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jesús Florentino González González, secretario que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia: Secretario dé cuenta por favor. El Secretario: Juicio de amparo 640/2020-IV, promovido por Paloma Blanca Hernández Martínez, contra actos del Presidente de la Comisión Reguladora de Energía, con residencia en Ciudad de México, y de otras autoridades. Se hace saber que la presente diligencia es para llevar al cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo con el que se da cuenta; de igual forma, se hace constar que ninguna de las partes se encuentra presente. El Juez: Secretario, dé cuenta con las constancias que conforman este cuaderno. El Secretario: Se da cuenta con lo siguiente: a) Escrito de demanda de amparo (fojas 1 a 14). b) Proveído de trece de octubre de dos mil veintiuno, en el que se admitió a trámite la demanda (fojas 20 a 22). c) Informes justificados rendidos por: 1. Director de la Unidad Operativa de Protección Civil del Municipio de Matamoros, Tamaulipas (foja 40). 2. Director de Obras Públicas del Municipio de Matamoros, Tamaulipas (foja 44 y 45). 3. Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio de Matamoros, Tamaulipas (fojas 46 a 49). 4. Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Comisión Reguladora de Energía (Comisión o CRE), en representación del Comisionado Presidente de la Comisión Reguladora de Energía, con residencia en Ciudad de México (fojas106 a 114). d) Mediante proveído de diez de diciembre de dos mil veinte, se les confirió el carácter de terceros interesados a las personas morales denominadas: I. Combustibles Camino Real, Sociedad de Responsabilidad Limitada, y II. Energéticos Rojo, Sociedad Anónima de Capital Variable. e) Con el oficio 281/2021, signado por Secretario de Acuerdos Civil Familiar, encargado del despacho del juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Valle Hermoso, Tamaulipas, mediante el cual devolvió diligenciado el despacho 16/2021 del índice de este órgano de control jurisdiccional, librado con el fin de emplazar a juicio a las terceras interesadas Energéticos Rojo, Sociedad Anónima de Capital Variable, y Combustibles Camino Real, Sociedad de Responsabilidad Limitada, realizándose el emplazamiento únicamente respecto de ésta última . f) Constancia de emplazamiento a juicio de la tercera interesada la persona moral denominada Energéticos Rojo, Sociedad Anónima de Capital Variable. g) Con el escrito signado por Felipe Torres Alemán representante legal de la persona moral Energéticos Rojo, Sociedad Anónima de Capital Variable, al través del cual se le tuvo apersonándose como tercera interesada en esta contienda. El Juez: Se tiene a la Secretaría haciendo una relación de las constancias que integran el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, por rendidos los informes de referencia y por emplazadas terceras interesadas. Enseguida, se declara abierto el período de ofrecimiento, admisión y desahogo de pruebas; Secretario dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. El Secretario: Se da cuenta con las documentales que anexó en su escrito de demanda la parte quejosa (fojas 15 a 19), y con las constancias que adjuntó a su informe justificado el Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio de Matamoros, Tamaulipas (50 a 90). El Juez: En términos de los artículos 119 y 123 de la ley de la materia, se admiten y desahogan por su propia y especial naturaleza las pruebas con las que da cuenta la secretaría. Acto continuo, se declara cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos. El Secretario: Se hace constar que no se formularon alegatos en este asunto. El Juez: Téngase a la Secretaría haciendo constar que ninguna de las partes esgrimió alegatos en esta contienda. Enseguida, se declara cerrada esta etapa, y se concluye la presente audiencia, procediéndose a dictar la resolución correspondiente en los siguientes términos: Heroica Matamoros, Tamaulipas, seis de septiembre de dos mil veintiuno. VISTO, para resolver el juicio de amparo 640/2020-IV promovido por Paloma Blanca Hernández Martínez, contra actos del Comisionado Presidente de la Comisión Reguladora de Energía, con sede en Ciudad de México, y de otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda Mediante escrito presentado el nueve de octubre de dos mil veinte ante este Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales, Paloma Blanca Hernández Martínez demandó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y actos que a continuación se señalan: Autoridades responsables: 1. Comisionado Presidente de la Comisión Reguladora de Energía con asiento en Ciudad de México. 2. Secretario de desarrollo Urbano y Ecología del Municipio de Matamoros, Tamaulipas. 3. Director de Obras Públicas del Municipio de Matamoros, Tamaulipas. 4. Director de Protección Civil del Municipio de Matamoros. Acto reclamado: "a) La expedición de permisos para instalar una estación de servicio o gasolinera en los domicilios de los terceros interesados. b) La omisión de verificar si dichas gasolineras cumplen con los requisitos previos a la expedición de los mismos. c) El cumplimiento y afectación de dichos permisos en perjuicio de mi seguridad y salud. d) La omisión de las responsables de acudir a las obras en construcción para verificar su viabilidad y constatar la no afectación a familias aledañas. e) La expedición del permiso de uso de suelo en los domicilios de las terceros interesados para construir estaciones de servicio de venta de combustibles." El impetrante señaló como prerrogativas fundamentales violadas las contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión de la demanda Mediante auto de trece de octubre de dos mil veinte se registró la demanda en el libro de gobierno con el número 640/2020-IV que le correspondió; se admitió a trámite, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se dio intervención al Fiscal Federal de la adscripción y se señaló fecha para llevar al cabo la audiencia constitucional, misma que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O. PRIMERO. Competencia Este Juzgado de Distrito es competente para conocer del presente juicio de garantías en términos de los artículos 37 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de los Puntos Segundo y Cuarto del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, vigente a partir del veintitrés de enero de dos mil trece; ello en razón de que el acto reclamado principal lo constituye la expedición de los permisos para la construcción de dos estaciones de servicios o gasolineras en esta ciudad de Matamoros, Tamaulipas, lugar en el que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado Conforme a lo dispuesto por el numeral 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, se determina la obligación que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo contengan una fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como de la valoración de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. De lo anterior se deduce que para impartir una recta administración de justicia, si en el escrito de demanda no se aprecia en forma concreta el acto reclamado, el juez puede interpretarla en su integridad, precisando exactamente la intención del peticionario de garantías. Apoya lo antes expuesto, la jurisprudencia número 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, abril de 2000, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO, DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, se tiene que Paloma Blanca Hernández Martínez, como actos reclamados señala los siguientes: a) La expedición de permisos para instalar una estación de servicio o gasolinera en los domicilios ubicados en Avenida 12 de Marzo esquina con Sendero Nacional y, en Paseo de los Palmares, número 151, fraccionamiento Palmares, en Matamoros, Tamaulipas. b) La omisión de verificar si dichas gasolineras cumplen con los requisitos previos a la expedición de los permisos. c) El cumplimiento y afectación con los permisos, refiere la quejosa, a su seguridad y salud. d) La omisión de las responsables de acudir a las obras en construcción para verificar su viabilidad y constatar la no afectación a familias aledañas. e) La expedición del permiso de uso de suelo para construir estaciones de servicio de venta de combustibles en los domicilios citados en el inciso a). TERCERO. Sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados 1. El Director Operativo de Protección Civil, 2. El Director de Obras Públicas y, 3. El Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Comisión Reguladora de Energía (las dos primeras autoridades con sede en Matamoros, Tamaulipas y la tercera en Ciudad de México), al momento de rendir sus respectivos informes justificados negaron la existencia de los actos de ellas reclamados, consistentes en los precisados en los incisos a), b), c) y d). Ahora, como en el caso el quejoso no desvirtuó dichas negativas, ni existen pruebas tendentes a ello, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio únicamente respecto de los actos reclamados de dichas autoridades. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis de jurisprudencia 284, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo VI, página 236, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, cuyo sumario, a la letra, dice: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. CUARTO. Actos ciertos El Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología de Matamoros, Tamaulipas, al momento de rendir su informe justificado, refirió que es cierto el acto que le es reclamado, precisado en el inciso e), consistente en la expedición de los permisos (certificados) de uso de suelo para construir estaciones de servicio de venta de combustibles en los domicilios de las terceras interesadas; de ahí que, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, lo procedente sea tenerlo por cierto para efectos de este juicio. Certeza que se encuentra corroborada con las copias certificadas de diversas constancias que la autoridad anexó a su informe justificado, de las cuales se desprende que, en efecto, ante dicha dependencia se realizaron los trámites para la obtención de los certificados de Uso de Suelo de tipo comercial, con el uso exclusivo de expendio y almacenamiento de hidrocarburos, en los domicilios ubicados en Carretera Sendero Nacional y Producción, Colonia José López Portillo, y en Avenida Paseo de los Palmeres, predio Cabras Pintas, ambos en Matamoros, Tamaulipas. Documentales allegadas por la responsable tienen carácter de prueba plena, en términos de los artículos 129, y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme al numeral 2º, de la Ley de Amparo en vigor, por tratarse de documentos públicos en los que consta, la expedición de los documentos en cita. Sirve de apoyo la jurisprudencia 226, publicada en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, bajo el rubro y texto siguiente: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena. QUINTO. Causas de improcedencia. Por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, se impone analizar la procedencia del juicio de garantías, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el último párrafo del artículo 62 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia número 940, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, visible a página 1538, que dice: IMPROCEDENCIA. Siendo el Juicio de amparo de orden público, la improcedencia del mismo debe ser examinada de oficio aun cuando ninguna de las partes la haya alegado, y decretarse tan luego como aparezca alguna causa que la funde. De manera oficiosa, se estima la actualización de la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, 5, fracción I y 6, de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los referidos artículos establecen, en lo que interesa, lo siguiente: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. LEY DE AMPARO Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. (.) Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;. Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. De los preceptos constitucionales y legales transcritos se desprende, en lo que interesa que: El juicio de amparo es improcedente cuando así resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la Ley de Amparo. El juicio de amparo puede promoverse por quien aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. Así, en primer término es necesario determinar que debemos entender por interés legítimo e interés simple para efectos del juicio de amparo, con base en lo resuelto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 111/2013. El interés, en su acepción jurídica, se refiere a un vínculo entre cierta esfera jurídica y una acción encaminada a su protección, en virtud del cual, se solicita a la autoridad competente que ejerza sus facultades de conocimiento y resolución en torno a dicha acción. Dicho interés puede ser clasificado de diversas formas, ello con base en la acción jurídica a la cual se encuentre referido, como son los siguientes: Atendiendo al número de personas afectadas por el acto que se reclama, puede clasificarse en (i) individual y (ii) colectivo o difuso. Según el nivel de afectación o intensidad de relación con la esfera jurídica de la persona, se clasifica en (iii) simple, (iv) legítimo y (v) jurídico. Una vez indicado lo anterior, y a efecto de clarificar el estudio del interés para efectos del juicio de amparo, ahora se desarrolla cada uno de los conceptos previamente señalados, en los siguientes términos: El (i) interés individual se refiere a la afectación de la esfera jurídica de un individuo -con independencia del nivel de afectación-, mientras que los (ii) intereses difusos y colectivos son aquellos derechos subjetivos e intereses legítimos que corresponden a personas indeterminadas, pertenecientes a ciertos grupos sociales, es decir, la afectación es indivisible. Además, tanto el interés colectivo como el difuso comparten como nota distintiva un fenómeno supraindividual, es decir, son indivisibles. Ello no quiere decir que tales circunstancias escapen de la dimensión individual, toda vez que la repercusión recae directamente en personas identificables, pero la afectación trasciende de la esfera jurídica subjetiva y se proyecta en un grupo, categoría o clase en conjunto. Por otra parte, el (iii) interés simple implica el reconocimiento de una legitimación para cualquier individuo, por el solo hecho de ser miembro de la comunidad; mientras que el (v) interés jurídico es aquel que se ha identificado con la titularidad de un derecho subjetivo. Una vez establecido lo anterior, resulta pertinente desarrollar lo concerniente al (iv) interés legítimo, ya que la directamente agraviada dice verse perjudicada por actos de autoridad relacionados con la expedición del certificado de uso de suelo a favor de diversas personas y respecto de dos predios urbanos que no son propiedad de aquella. A manera de aproximación inicial al tema, se suele indicar que se trata de una legitimación intermedia entre el interés jurídico y el interés simple, ya que no se exige acreditar la afectación a un derecho subjetivo, pero tampoco implica que cualquier persona pueda promover la acción. Así, el interés legítimo solamente requiere de una afectación a la esfera jurídica entendida en un sentido amplio, ya sea porque dicha intromisión es directa, o porque el agravio deriva de una situación particular que la persona tiene en el orden jurídico. El interés legítimo implica un vínculo entre una persona y una pretensión, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. Sin embargo, esta titularidad potencial de una ventaja o utilidad jurídica, requiere de un interés actual y real, no hipotético, pues ello se encontraría referido a un interés simple. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no solo como una simple posibilidad, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el cual no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Tal parámetro de razonabilidad se refiere al hecho de que la afectación a la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio debe ser posible. Por tanto, dicho término se refiere a la lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata de un interés genérico de la sociedad, es decir, se trata del acceso a los tribunales competentes ante lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En cualquier caso, la apreciación que el órgano competente realice del interés legítimo, a efecto de verificar su actualización en el procedimiento correspondiente, no depende de una manifestación del interesado, es decir, la sola afirmación de éste, en el sentido de que goza del interés suficiente, no basta para que el mismo se tenga por acreditado. En otras palabras, el hecho de que el interés legítimo implique un nivel de afectación menor al exigido en el interés jurídico, no significa que el mismo no deba acreditarse. Asimismo, debe indicarse que el interés de que se trate, deberá ser interpretado en todo momento acorde a la naturaleza y funciones del proceso constitucional, convencional o legal del cual sea parte. Es decir, en la especie, deberá analizarse a la luz de la función primordial del mismo: la protección de los derechos fundamentales de las personas. Así las cosas, el párrafo primero de la fracción I, del artículo 107 constitucional, establece que, tratándose de la procedencia del amparo indirecto, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (i) ser titular de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (ii) acreditar su interés legítimo. Así, el interés legítimo consagrado en el texto constitucional, implica una afectación en la esfera jurídica en un sentido amplio, lo cual genera un interés cualificado, actual y real, debido a que la afectación surge de forma directa o en virtud de una especial situación frente al orden jurídico, en suma, un interés jurídicamente relevante y protegido, lo cual forzosamente conllevaría a reconocer, que una posible concesión de amparo generaría un beneficio en la esfera jurídica de la quejosa. Tomando en consideración los anteriores elementos, es posible establecer que las notas distintivas del interés legítimo previsto en la fracción I, del artículo 107 constitucional, son las siguientes: Implica la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso. El vínculo no requiere de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, es decir, la persona con interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante. Consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata de un interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple; es decir, implica el acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. La concesión del amparo, se traduciría en un beneficio jurídico en favor del quejoso, lo que se traduce en un efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto, mismo que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Debe existir una afectación a la esfera jurídica del quejoso en un sentido amplio, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad y no solo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida. Así, el quejoso tiene un interés propio distinto del de cualquier otro gobernado, consistente en que los poderes públicos actúen de conformidad con el ordenamiento jurídico, cuando con motivo de tales fines se incide en el ámbito de dicho interés propio. La situación jurídica identificable, surge por una relación específica con el objeto de la pretensión que se aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial. De las anteriores notas distintivas derivó la jurisprudencia P./J. 50/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, libro 12, noviembre de 2014, tomo I, página 60, registro 2007921, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas. Así las cosas, una vez delimitado el concepto de interés legítimo, sus requisitos y alcances, es necesario responder la siguiente pregunta: ¿La agraviada Paloma Blanca Hernández Martínez tiene interés legítimo para reclamar, vía juicio de amparo, el trámite para la expedición de los certificados de uso de suelo por el Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología del Gobierno Municipal de Matamoros, Tamaulipas, en los que se autorizó el usos comercial para expendio y almacenamiento de hidrocarburos en los inmuebles ubicados en Carretera Sendero Nacional y Avenida Producción de la Colonia José López Portillo, y en Avenida Paseo de los Palmares, Predio Cabras Pintas, ambos de este municipio de Matamoros, Tamaulipas? La respuesta a dicha pregunta es en sentido negativo por las siguientes razones: En el caso debe quedar acreditado que, con el acto reclamado se produjeron perjuicios en la esfera jurídica de la parte quejosa en sentido amplio (interés legítimo) y, para ello, se debe realizar un estudio integral de I. la naturaleza de los derechos que se dicen vulnerados así como de II. la afectación alegada. Es decir, se debe acreditar una afectación real en sentido cualitativo, temporal, actual o inminente, mas no hipotética o conjetural; en relación a la (i) existencia del derecho subjetivo que se dice violado y (ii) que dicho acto afecta ese derecho; requisitos que son concurrentes, por lo que basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente. Apoyan lo anterior, las tesis 2a. LXXX/2013 y 2a. XVIII/2013 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dicen: INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente. INTERÉS LEGÍTIMO. ALCANCE DE ESTE CONCEPTO EN EL JUICIO DE AMPARO. La redacción de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, dispone qué debe entenderse por parte agraviada para efectos del juicio de amparo, y señala que tendrá tal carácter quien al acudir a este medio de control cumpla con las siguientes condiciones: 1) aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; 2) alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la propia Constitución; 3) demuestre una afectación a su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; y, 4) tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, aduzca la titularidad de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Ahora, para explicar el alcance del concepto interés legítimo individual o colectivo, ante todo, debe señalarse que tanto el jurídico como el legítimo suponen que existe una tutela jurídica del interés en que se apoya la pretensión del promovente, a diferencia del interés simple que no cuenta con esa tutela, en tanto que la ley o acto que reclama no le causa agravio jurídico, aunque le cause alguno de diversa naturaleza como puede ser, por ejemplo, uno meramente económico. Por otra parte, debe entenderse que al referirse el precepto constitucional a la afectación de un derecho, hace alusión a un derecho subjetivo del que es titular el agraviado, lo cual se confirma con la idea de que en materia de actos de tribunales necesariamente se requiere que cuente con un derecho subjetivo, es decir, tenga interés jurídico. Sentado lo anterior, el interés legítimo no supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su especial situación frente al orden jurídico, lo que implica que esa especial situación no supone ni un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo que supone la demostración de que el quejoso pertenece a ella. Dicho lo anterior, se procede al análisis de los requisitos mencionados con antelación. (I) Naturaleza de los derechos cuya violación se reclama La quejosa reclama del Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología del Gobierno Municipal de Matamoros, Tamaulipas, la expedición de los certificados de uso de suelo comercial, en específico, destinados para el almacenamiento y distribución de hidrocarburos, de siete de enero y doce de marzo de dos mil veinte, ello bajo el argumento de que diariamente transita por los predios donde se construirán las gasolineras, lo cual, aduce, perjudicaría su seguridad y salud con el funcionamiento de las estaciones de servicio. (II) La afectación que alega la quejosa En el caso, del estudio integral de la demanda de amparo se desprende que la quejosa tácitamente sostiene ser la titular de un interés legítimo para promover el juicio y reclamar la expedición de los certificados de uso de suelo antes citados, pero, es omisa en justificar el derecho que dice se encuentra transgredido con el proceder de la responsable y en qué forma le afecta en su esfera jurídica. En ese orden de ideas, si bien Paloma Blanca Hernández Martínez, acude al juicio de amparo aduciendo violaciones a los derechos y principios reconocidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cierto es que este órgano de control constitucional no identifica una situación diferenciada que le faculte para acudir al juicio de amparo para reclamar la inconstitucionalidad los certificados de uso de suelo cuya expedición dice le aqueja. Ello se estima así, en atención a que el acto reclamado no implica una intromisión directa en la esfera jurídica de la quejosa; afectación entendida no a un derecho subjetivo, sino a un derecho de carácter abstracto. En efecto, si bien es cierto que la parte quejosa aduce que se afectaría su salud con el funcionamiento de dos estaciones de servicio o gasolineras, para las cuales se expidió el certificado de uso de suelo, también es cierto que dicha circunstancia, por sí sola, es insuficiente, para acreditar el interés legítimo con el que comparece al presente juicio de amparo, ya que no especifica ni justifica de forma alguna cómo es que los actos reclamados generan un perjuicio a su esfera jurídica, ni tampoco se advierte un beneficio real y cierto en caso de concedérsele el amparo. Al respecto, debe destacarse que al momento de presentarse la demanda de amparo, incluso al día de hoy, no se tiene constancia en autos de que se autorizara la construcción correspondiente ni la licencia de funcionamiento, sino que previo a ello, la propia responsable indicó a los interesados que deberían de presentar ante la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología, los estudios complementarios de impacto urbano, ambiental, vial, así como dar cumplimiento al Reglamento de Establecimientos de Gasolineras, a la Ley de órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, Ley de Hidrocarburos, Ley de Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos y su reglamento; de ahí que, la sola expedición de los certificados de uso de suelo no transgrede derecho alguno en perjuicio de la quejosa. Así, no solo por el hecho de que la quejosa refiera ser circular diariamente por el lugar donde se construirán las estaciones de servicio, en automático cobre interés legítimo para reclamar todo acto u omisión relacionado con las mismas, por la simple razón de que esa calidad no la ubica entre una intromisión de la autoridad y el interés especial cualificado, ni genera la posibilidad de que a través del amparo, al eliminar el acto reclamado, obtenga un beneficio o efecto positivo actual y real, no hipotético. Apoya lo anterior, la tesis IX.2o.1 K del Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, libro XI, agosto de 2012, tomo 2, página 1796, registro 2001357, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: INTERÉS LEGÍTIMO EN EL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA SI AL ADELANTAR LA EVENTUAL CONCESIÓN DE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL SE APRECIA QUE SE RESTITUIRÁ AL QUEJOSO EN EL GOCE DE ALGÚN DERECHO CONCRETO. El interés legítimo se basa primordialmente en la existencia de un interés de mayor dimensión que el simple, es decir, en un interés cualificado, actual y real, que se traduce en que el acto reclamado afecte la esfera jurídica concreta del gobernado por virtud de la especial situación que éste guarde en relación con el orden jurídico, de modo que la promoción y, en su caso, resolución favorable del juicio de garantías le reporten un beneficio concreto y real, pues es ésa precisamente la finalidad de dicho medio extraordinario de defensa que, conforme al artículo 80 de la Ley de Amparo -aplicable en todo aquello que no se oponga a la reforma a los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, en vigor a partir del 4 de octubre siguiente- tiene por efecto restituir al agraviado en el goce de la garantía violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto sea positivo y, cuando sea negativo, su efecto será obligar a la autoridad a que actúe en el sentido de respetar la garantía de que se trate. Por tanto, para que se configure un interés de tal naturaleza se requiere de una afectación por lo menos indirecta -dentro de un parámetro de razonabilidad y no sólo de mera probabilidad- en la esfera jurídica del particular, derivada del acto reclamado, de suerte que si al adelantar la eventual concesión de la protección constitucional en el juicio de amparo se aprecia que se restituirá al quejoso en el goce de algún derecho concreto, se actualiza en su favor un interés legítimo, es decir, éste existe siempre que pueda presumirse que la declaración jurídica pretendida habrá de colocar al accionante en condiciones de conseguir un determinado beneficio. Po tanto si en la especie no se acreditó el perjuicio que sufre la parte quejosa en su esfera jurídica con los actos reclamados, tampoco acredita su interés legítimo para comparecer al juicio de amparo y, por ende, no existe violación alguna que reparar en una hipotética sentencia que le conceda el amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 1/J. 38/2016 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, libro 33, agosto de 2016, tomo II, página 690, registro 2012364, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER en el juicio de amparo, con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, 5, fracción I y 6, de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con motivo del sobreseimiento decretado en esta instancia, resulta inviable analizar el estudio de los argumentos vertidos por la quejosa a título de concepto de violación, puesto que el sobreseimiento decretado constituye un acto procesal que termina la instancia de manera anticipada por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado, y no prejuzga sobre la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, ni sobre la responsabilidad de la autoridad responsable al ordenarlo o ejecutarlo. Así, el sentido del presente fallo no solo libera a este juzgador de abordar estudio de los conceptos de violación planteados, sino que lo imposibilita para realizarlo, ya que de lo contrario su proceder sería incongruente, en virtud de que la principal consecuencia del sobreseimiento es, precisamente, poner fin al juicio sin resolver la controversia de fondo. Apoya lo anterior, por las razones que informa, la jurisprudencia 10/96 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tomo III, junio de 1996, página 109, materia común, registro 200412, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. LO SON LOS QUE SE HACEN CONSISTIR EN LA OMISIÓN DEL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN SI EL JUEZ ESTIMO PROCEDENTE EL SOBRESEIMIENTO. Si el Juez de Distrito consideró que se habían actualizado dos causales de sobreseimiento y con base en ellas resuelve sobreseer en el juicio, en el que se reclama la inconstitucionalidad de una ley, son inoperantes los agravios que se hacen consistir en la omisión de análisis de su parte, de diversos conceptos de violación, pues el sentido del fallo no sólo no lo obligaba a abordar tal estudio sino que lo imposibilitaba para realizarlo, pues de lo contrario su proceder sería incongruente, en virtud de que la principal consecuencia del sobreseimiento es poner fin al juicio sin resolver la controversia del fondo. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento además en los artículos 5, 6, 61, fracciones XII y XXIII, y 77 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 640/2020-IV promovido por Paloma Blanca Hernández Martínez. Notifíquese. Con lo anterior se da por concluida la presente audiencia constitucional la que es firmada por el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales, asistido del licenciado Jesús Florentino González González. Secretario que actúa y da fe.

  4. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, seis de agosto de dos mil veintiuno. Visto el estado que guarda el presente expediente, se desprende que se encuentran señaladas las diez horas con cuarenta y cinco minutos de esta propia fecha, para el desahogo de la audiencia constitucional; sin embargo, el titular de este Juzgado de Distrito, se encuentra ausente de sus funciones; en tal razón, el secretario encargado del despacho, no puede resolver el presente asunto, ya que el artículo 44, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, sólo lo autoriza para resolver aquéllos casos urgentes y de mero trámite, lo que no se actualiza en el asunto que nos ocupa. Por tal motivo, para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional, y al efecto se fijan de las diez horas con treinta minutos del seis de septiembre de dos mil veintiuno para su verificativo. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Armando González Urbina, Secretario del Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, encargado del despacho por ministerio de ley en términos del párrafo segundo del artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido del licenciado Jesús Florentino González González, Secretario que actúa y da fe.

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