Paola Giselle Rojas Domínguez

Expediente 1044/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 8 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1044/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
21/11/2023

Partes del expediente

  • Paola Giselle Rojas Domínguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Ciudad de México, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, por el que remite el testimonio de la resolución dictada en el amparo en revisión 913/2021 de su índice, así como el expediente citado al rubro, sin que sea el caso acusar de recibo por así haberlo manifestado. Hágase del conocimiento de las partes que el tribunal colegiado resolvió lo siguiente: "[.] ÚNICO. Se desechan los recursos de revisión interpuestos por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, la Presidenta, el Oficial Mayor y la Titular de la Dirección General de Recursos Humanos, estos últimos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por los motivos expuestos en los últimos considerandos de esta resolución. Notifíquese; [.]" De lo anterior se toma conocimiento para los efectos legales conducentes, realícense las anotaciones en el libro de control electrónico. Asimismo, glósense únicamente las constancias que en original obran en el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de revisión, toda vez que son copia fiel de las constancias que integran este sumario. Atento a lo resuelto por el citado órgano colegiado, con fundamento en lo establecido en los numerales 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que la sentencia dictada en este asunto ha causado ejecutoria. Ahora, de la resolución dictada el diecisiete de diciembre de dos mil veinte, se advierte que los efectos de la concesión del amparo fueron para lo siguiente: "(.) NOVENO. Efectos del amparo. Con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se concede el amparo para el efecto de que las autoridades responsables de la Comisión Nacional de Derechos humanos, realicen lo siguiente: ( Deberán desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa el Manual de Percepciones de las y los Servidores Públicos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para el año 2020, vigentes a partir del uno de marzo de dos mil veinte, es decir, para que no se le apliquen en el presente y en el futuro las referidas disposiciones normativas, por lo que para el cálculo del monto que deberá pagarse a la parte quejosa se deberá de estar a lo dispuesto por el artículo 75, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, se entenderá por señalada la retribución (remuneración y demás prestaciones) fijada para el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve. (.) La concesión de amparo no implica ni constituye derecho alguno a favor de la parte quejosa para que se le hagan pagos de conceptos o prestaciones que no venía percibiendo antes de la presentación de la demanda, ni comprende actos diversos a los expresamente señalados en esta sentencia. (.)" Se requiere cumplimiento de sentencia En tales condiciones, con fundamento en lo que se establece en los artículos 192, párrafo segundo, en el 193 y en el 194 de la Ley de Amparo, se requiere al Titular y al Oficial Mayor ambos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), para que en el plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este auto y dado que no se advierte ninguna complejidad o dificultad en el cumplimiento, ni se trata de caso urgente, cumplan con dichos efectos de la sentencia y remitan copia certificada y legible de las constancias que lo acrediten. Lo anterior, bajo el apercibimiento que de no desahogar este requerimiento o manifestar su imposibilidad para hacerlo: 1) Se les impondrá una multa de cien a mil unidades de medida de actualización, de conformidad con lo establecido en el artículo 258 de la Ley de Amparo. 2) Se emitirá el pronunciamiento en el que se determinará por qué a juicio de esta juzgadora la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero del artículo 193 de la Ley de Amparo. 3) Se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito y, en su caso, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para seguir el trámite de inejecución, el cual puede culminar con la separación inmediata de su puesto y su consignación ante el juez de Distrito competente por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 192, párrafos segundo y tercero, 193, párrafos primero, quinto y sexto, así como último párrafo del numeral 196 de la Ley de Amparo. Con independencia de lo anterior, se hace del conocimiento a la responsable que aun cuando deje de ostentar el cargo que desempeña seguirá siendo responsable del desacato al fallo constitucional durante el tiempo que duró su encargo y, por tal razón, podrá ser consignada en términos de lo establecido en la fracción XVI del precepto 107 constitucional y 198 de la mencionada ley. En el entendido que: 1. La autoridad responsable debe cumplir la totalidad de lo requerido en la ejecutoria de amparo en el plazo fijado, pues en términos de lo que se establece en el artículo 195 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 60/2014 (10a.) el cumplimiento extemporáneo injustificado no las exime de responsabilidad. 2. Se considerará incumplimiento: a) el retraso por medio de evasivas, lo cual se actualizará cuando las autoridades lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo; b) los procedimientos ilegales de las autoridades responsables o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo, entendidos por éstos cuando se lleven a cabo, -so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo-, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo; lo anterior tiene fundamento en lo dispuesto en el artículo 193, párrafo segundo, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 58/2014 (10a.). Es aplicable la jurisprudencia del Pleno de nuestro más Alto Tribunal: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LOS CASOS EN QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y/O VINCULADAS AL CUMPLIMIENTO LO REALICEN DE MANERA EXTEMPORÁNEA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En caso de que el órgano de amparo que conozca del procedimiento para el cumplimiento de una sentencia concesoria estime que las autoridades responsables y/o vinculadas a su cumplimiento han incurrido en una actitud evasiva o el uso de procedimientos ilegales que propicien el retardo en su acatamiento y, en consecuencia, remita los autos al órgano correspondiente, Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso, debe estimarse que estos órganos están en aptitud de determinar si las autoridades actuaron o no de manera evasiva o a través del uso de procedimientos ilegales que hubieren generado el retardo en el cumplimiento de la sentencia de amparo, o que el cumplimiento se llevó a cabo fuera de los plazos establecidos para tal efecto en la Ley de Amparo, incluso, podrán verificar la legalidad de las multas que se hubieren impuesto, tomando en cuenta si la autoridad responsable y/o vinculada han cumplido con los plazos previstos en la Ley de Amparo o bien adviertan la existencia de una causa justificada para no cumplir en esos términos. Ahora bien, si una vez concluido el plazo otorgado para el cumplimiento de la sentencia de amparo y antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva sobre la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se presenta el cumplimiento de la sentencia de amparo, dando lugar a que el órgano que concedió el amparo determine que éste se ha acatado, ello no dará lugar a que por ese hecho el asunto quede sin materia, pues de lo contrario se haría nugatorio lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley de Amparo, en cuanto a que el incumplimiento extemporáneo no exime de responsabilidad cuando sea injustificado. De este modo, deberá ser valorado por el órgano que corresponda Juez de Distrito, Tribunal Colegiado de Circuito o incluso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando los autos estén radicados en ésta, si en el caso existe justificación para el cumplimiento extemporáneo, pues de considerar lo contrario, deben aplicarse las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI constitucional. Cabe agregar que en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la determinación sobre la justificación del cumplimiento extemporáneo corresponde, en principio, al Ministro Ponente, el cual con base en la resolución que hubiere causado estado en el sentido de que el fallo constitucional ha quedado cumplido, sin excesos ni defectos, podrá valorar en el dictamen en el que se proponga declarar sin materia el incidente respectivo las causas de justificación de la extemporaneidad. Lo anterior, sin menoscabo de que cuando se estime necesario revocar las multas impuestas en el respectivo procedimiento de ejecución o se considere dudosa la justificación del cumplimiento extemporáneo, la competencia para resolver lo conducente corresponda a las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación." Es aplicable la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE APARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En términos del citado precepto legal, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En atención a lo anterior, en los casos en que las autoridades pretendan acreditar el cumplimiento de la sentencia de amparo -pero no cuando han sido omisas al respecto-, el Juez de Distrito o el Tribunal Colegiado de Circuito, según sea el caso, deberá considerar si la actuación de la autoridad responsable o vinculada al cumplimiento implica un actuar evasivo respecto del incumplimiento de la sentencia de amparo o si se han efectuado procedimientos ilegales que retarden su cumplimiento, cuyo objetivo consista en no cumplir con el mandato federal, pues sólo en esos supuestos deberá imponerse la multa correspondiente y continuar con el procedimiento de inejecución, mediante el envío de los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, para que en el momento procesal oportuno, en caso de que proceda, se determine la destitución del cargo y, posteriormente, la consignación de las autoridades contumaces. Así, el incumplimiento por medio de evasivas se actualizará cuando las autoridades responsables o vinculadas lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo, lo que, en todo momento, deberá analizarse en función tanto de los efectos plasmados en la sentencia de amparo, como, y especialmente, del requerimiento de su cumplimiento, pues en la medida en que éstos se encuentren claramente determinados, podrán imponerse las sanciones aplicables por el incumplimiento del fallo protector. Debe entenderse que se retrasa el cumplimiento de la sentencia de amparo por medio de procedimientos ilegales, cuando se lleven a cabo, so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. En términos de lo anterior, debe considerarse que si una autoridad responsable o vinculada, según sea el caso, propone el cumplimiento de la sentencia de amparo y ello no satisface al órgano jurisdiccional -pero éste no advierte una actitud evasiva o la práctica de procedimientos ilegales que generen retraso en el cumplimiento de la sentencia-, se deberá requerir de nueva cuenta el cumplimiento de la sentencia de amparo especificando qué debe realizar la autoridad responsable y/o vinculada al cumplimiento y las razones por las que el acto con el que la autoridad pretendía cumplir no satisfacen esta condición, sin que ello dé lugar a la imposición de una multa o al envío de los autos al órgano jurisdiccional competente (Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda) para continuar el trámite respectivo, pues esto último sólo ocurrirá cuando se advierta que se actualiza alguna o ambas de las condiciones apuntadas -actos evasivos o la práctica de procedimientos ilegales- que retardan el cumplimiento de la sentencia de amparo, tal y como se establece en el artículo 196 de la ley de la materia. De igual manera, cuando las autoridades judiciales de amparo adviertan que existe exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia de amparo y que por ello no puede tenerse como cumplida tal y como lo ordena el artículo 196 de la Ley de Amparo, ello tampoco da lugar a que se continúe con el trámite de inejecución que eventualmente puede concluir con la aplicación de las sanciones (pecuniaria, separación del cargo y consignación ante un Juez penal), sino que se deberá requerir a la autoridad para que subsane dicha deficiencia (exceso y defecto) y exprese con claridad la razón por la que se considera que existe un cumplimiento excesivo o defectuoso." Es aplicable la jurisprudencia del Pleno de nuestro más Alto Tribunal: "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. CONFORME AL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE LA MATERIA, NO BASTA QUE EL SUPERIOR JERÁRQUICO EMITA UN OFICIO EN EL QUE INDIQUE QUE GIRÓ UNA ORDEN A LA AUTORIDAD DIRECTAMENTE OBLIGADA, SINO QUE DEBE DEMOSTRAR HABER HECHO USO DE TODOS LOS MEDIOS A SU ALCANCE, INCLUSO PREVENCIONES Y SANCIONES, PUES DE LO CONTRARIO SE HACE ACREEDOR A LA IMPOSICIÓN DE UNA MULTA Y, EN SU CASO, A LA SEPARACIÓN DEL CARGO Y SU CONSIGNACIÓN ANTE UN JUEZ DE DISTRITO. Dentro de la Ley de Amparo, en particular en su artículo 192, se establecieron mecanismos necesarios para que las ejecutorias en la materia sean puntualmente cumplidas, entre ellos, que el órgano judicial al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable también lo hará respecto del superior jerárquico de aquélla, para que le instruya cumplir con la sentencia, bajo el apercibimiento de que, de no hacerlo, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en la propia ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades que su subordinada. En este sentido, acorde con los criterios que sobre el tema ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no basta que el superior jerárquico emita un oficio en el que indique que giró una orden a la autoridad directamente obligada al cumplimiento del fallo protector, para que se consideren colmadas sus obligaciones en la etapa de ejecución de una sentencia protectora de derechos humanos, sino que debe demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones, que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer, a fin de constreñirla al debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo, pues de lo contrario se hace acreedor a las sanciones previstas en la propia ley, esto es, la imposición de una multa y, en su caso, a la separación del cargo y su consignación ante un Juez de Distrito." Notifíquese, vía electrónica al quejoso y en su caso, a las autoridades responsables una vez que reanuden sus labores." Notifíquese y personalmente a la quejosa.

  2. Incidental

    Ciudad de México, trece de noviembre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por el que remite el diverso oficio registrado con el folio 26184 de su estadística, al respecto se acuerda: Agréguese a los autos el oficio de la directora general de Recursos Humanos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por el cual atento al requerimiento realizado en auto de cuatro de octubre de este año, realiza diversas manifestaciones respecto al dictamen rendido en autos por la perito oficial, atento su contenido, dígasele que se esté a lo ordenado en auto de siete de agosto del año en curso, por el que se tuvo por recibido el oficio del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito por el que remitió el testimonio de la ejecutoria dictada en el recurso de queja 152/2023, en la que dicho tribunal resolvió infundado el recurso de queja interpuesto por la oficiante en contra de la audiencia de alegatos del incidente innominado en etapa de cumplimiento de sentencia de ocho de marzo de este año, en la que quedó determinada una diferencia en favor del quejoso ***** por la cantidad de ***** la cual deberá actualizarse al momento del pago. Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere nuevamente a la directora general de Recursos Humanos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para que en el plazo de tres días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, cumpla con los efectos de la sentencia, esto es, efectuar el pago al quejoso por la cantidad de ***** que deberá actualizarse al momento del pago, monto que derivó de la resolución ocho de marzo de dos mil veintitrés, del incidente innominado tramitado en autos. Asimismo, se hace del conocimiento de la autoridad vinculada que subsisten los apercibimientos decretados en diversos acuerdos. Notifíquese.

  3. Incidental

    EN DIEZ DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA QUE SE PUBLICA EN ESTE JUZGADO DE DISTRITO, A LA QUEJOSA EN EL JUICIO DE AMPARO 4996/2015 Y SU ACUMULADO, EL ACUERDO DE TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DE ESTE AÑO, ASÍ COMO LA RESOLUCIÓN DICTADA POR EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL VIGESIMO CIRCUITO, QUE A LA LETRA DICE:"Ciudad de México, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Por recibido el oficio procedente del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, al que adjunta los autos de este juicio de amparo, así como el testimonio de la resolución dictada el veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, en el recurso de revisión 245/2017, acúsese recibo. Hágase del conocimiento de las partes que el citado tribunal, resolvió: "[.] C O N S I D E R A N D O: [.] TERCERO. Estudio. [.] Por consiguiente, y en acatamiento a lo interpretado por el Pleno del Consejo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las jurisprudencias P./J. 8/2021 (11a.) y P./J. 9/2021 (11a.), transcritas en párrafos que anteceden, lo procedente es revocar la sentencia recurrida y ordenar la reposición del procedimiento en el juicio de amparo indirecto, a fin de que el Juez de Distrito proceda en los siguiente términos siguientes: a). Deje insubsistente la sentencia recurrida. b). Emita una nueva sentencia con las formalidades necesarias, en la que fije de forma clara y precisa los actos reclamados en el caso en particular y, de ser procedente, se pronuncie de manera fundada y motivada en relación con los conceptos de violación planteados y con el valor de las pruebas admitidas y desahogadas en el juicio. c). Con plenitud de jurisdicción, resuelva el juicio sometido a su potestad. [.] Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 81, 84 y 93 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. Se REVOCA la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se ordena REPONER EL PROCEDIMIENTO para los efectos precisados en la parte final del último considerando de esta ejecutoria. [.]." De lo anterior, se toma conocimiento para los efectos legales conducentes, háganse las anotaciones en el libro electrónico. Glósense únicamente las constancias que en original obran en el cuaderno de antecedentes formado con motivo del medio de impugnación, a este cuaderno principal. Por lo que, en cumplimiento a lo ordenado por el tribunal colegiado en la ejecutoria en cita, se deja insubsistente la sentencia de catorce de noviembre de dos mil dieciséis y se ordena reponer el procedimiento. Ahora, una vez que se cuente con las constancias de notificación de este auto, previo acuerdo túrnese este asunto para que se dicte la sentencia que conforme a derecho proceda. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los autos y el oficio número SEADS/693/2022, de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, firmado por el secretario ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se comunica la decisión del propio Pleno del Consejo, en la que se determina la adscripción de la Jueza Jacqueline Betancourt Silva, a este Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región con residencia en la Ciudad de México, a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, en consecuencia, hágase del conocimiento de las partes esa determinación para los efectos legales conducentes. Sirve de apoyo la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Notifíquese y personalmente a las quejosas.". NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    Ciudad de México, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer circuito, con el que remite el testimonio de la resolución del amparo en revisión 109/2023 de su estadística y el expediente citado al rubro, acúsese recibo. Comuníquese a las partes que el tribunal colegiado resolvió: "[.] PRIMERO. En la materia de la revisión, se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ***** respecto del artículo 53-B, 53-B, fracción IV, párrafo segundo, del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil trece, para los efectos que se precisan en el considerando décimo de la sentencia impugnada. [.]." De lo anterior se toma conocimiento, realícense las anotaciones en el libro electrónico. Glósense solamente las constancias que en original obran en el cuaderno de antecedentes formado con motivo del medio de impugnación. Por otro lado, visto el estado procesal de autos, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las quejosas en los juicios de amparo 6656/2015 y 6670/2015, hayan interpuesto recurso de revisión contra la sentencia, en consecuencia, con fundamento en lo establecido en los numerales 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que la sentencia en la que se sobreseyó en el juicio, se negó la protección constitucional y se concedió el amparo y la protección de la justicia Federal, ha causado estado. Efectos de la sentencia de amparo. Ahora, del estado procesal de autos, se advierte que los efectos por los que fue concedida la protección constitucional a los quejosos en la sentencia de veintisiete de enero de dos mil veintitrés, consisten en: "[.] DÉCIMO. Efecto de la concesión del amparo. El amparo y protección de la justicia Federal se concede para el efecto de que, en caso de haberse instaurado un procedimiento de revisión electrónica a las quejosas durante la vigencia del referido numeral y éstas no hayan ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previsto para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente. Lo anterior, sin perjuicio de que la autoridad hacendaria, en ejercicio de sus facultades de comprobación, emita la resolución definitiva correspondiente, en la que, previa calificación de los hechos u omisiones advertidos, se determine en cantidad líquida el monto de las contribuciones omitidas, dejando a salvo el derecho de las quejosas para ofrecer las pruebas que estimen conducentes en el recurso de revocación para desvirtuar esos hechos u omisiones, o en su caso, el monto de las contribuciones omitidas. Sobre el particular se cita la jurisprudencia 2a./J. 161/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 35, Octubre de 2016, Tomo I, página 721, con registro digital 2012935, de rubro siguiente: "REVISIÓN ELECTRÓNICA. EFECTO DE LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO CONTRA EL ARTÍCULO 53-B, FRACCIÓN IV, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015. " Cabe destacar que el amparo concedido respecto del artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil quince, no se hace extensivo a los artículos 61 y 62 de su reglamento, ya que en estos numerales se pormenoriza lo atinente a la solicitud de información a terceros durante el desarrollo del procedimiento de fiscalización y el desahogo de las periciales que se ofrezcan en el mismo, aspectos que no guardan estrecha relación con lo que fue materia de la concesión del amparo. [.]" Cabe destacar que en el considerando quinto de la ejecutoria el tribunal colegiado señaló lo siguiente: "[.] SEXTO. Pronunciamientos no combatidos en la revisión. No es materia del recurso de revisión interpuesto por el Ejecutivo Federal y, por ende, deben quedar intocados los resolutivos primero y segundo, que se rigen por los considerandos tercero, sexto y octavo de la sentencia recurrida, donde la Jueza de Distrito resolvió sobreseer en el juicio por cuanto a algunos actos, y negar el amparo solicitado respecto de otros diversos. La racionalidad de ese pronunciamiento que implica acotar la litis del presente medio de impugnación, descansa en que tales pronunciamientos adoptados por la a quo federal no afectan a la autoridad responsable recurrente y, sobre todo, porque, en su caso, debieron ser rebatidos por la parte quejosa a quien sí le agravia. [.]." Se requiere cumplimiento de la ejecutoria. En consecuencia, atendiendo a los efectos de la sentencia dictada en este juicio de amparo, con fundamento en los artículos 192, párrafo segundo, 193 y 194 de la Ley de Amparo, se requiere al jefe del Servicio de Administración Tributaria, para que en el plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este auto y dado que no se advierte ninguna complejidad o dificultad en el cumplimiento, ni se trata de caso urgente, realice lo siguiente: a) Informe si a la quejosa, que se relacionará más adelante en este acuerdo, le fue instaurado el procedimiento de revisión electrónica que se establece en el artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación. b) En su caso, si dicho procedimiento se efectuó durante la vigencia de la norma contra la cual se concedió el amparo, es decir, hasta antes del treinta y uno de diciembre de dos mil quince. c) De haber instaurado el procedimiento de revisión electrónica, especifique si dicho procedimiento culminó con la ejecución del crédito fiscal a través del procedimiento administrativo de ejecución, derivado del supuesto específico de que el contribuyente fue omiso en aportar pruebas o realizar manifestaciones para desvirtuar los hechos y omisiones contenidos en la resolución provisional y el oficio de preliquidación, adjuntando las constancias respectivas. Cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que los efectos del amparo contra el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 53-B del Código Fiscal de la Federación se circunscriben a las revisiones electrónicas efectuadas por la autoridad administrativa durante la vigencia de la citada norma, lo que se advierte de la jurisprudencia que establece: "REVISIÓN ELECTRÓNICA. EFECTO DE LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO CONTRA EL ARTÍCULO 53-B, FRACCIÓN IV, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015. La concesión del amparo contra la referida norma debe ser para el efecto de que, en caso de haberse instaurado un procedimiento de revisión electrónica al quejoso durante su vigencia y éste no hubiera ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con ese propósito debe declararse insubsistente. Lo anterior sin perjuicio de que la autoridad hacendaria, en ejercicio de sus facultades de comprobación, emita la resolución definitiva correspondiente en la que, previa calificación de los hechos u omisiones advertidos, determine en cantidad líquida el monto de las contribuciones omitidas, dejando a salvo el derecho del quejoso para ofrecer las pruebas que estime conducentes en el recurso de revocación a efecto de desvirtuar esos hechos u omisiones o, en su caso, el monto de las contribuciones omitidas." En ese orden de ideas, infórmese a la autoridad responsable el Registro Federal del Contribuyente de la quejosa, para que pueda dar cumplimiento al requerimiento formulado en este auto: Juicio de amparo Quejosa RFC 5854/2015 ***** En el entendido que: 1. La autoridad responsable debe cumplir la totalidad de lo requerido en la ejecutoria de amparo en el plazo fijado, pues en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 60/2014 (10a.) el cumplimiento extemporáneo injustificado no la exime de responsabilidad. 2. Se considerará incumplimiento: a) el retraso por medio de evasivas, lo cual se actualizará cuando las autoridades lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo, b) los procedimientos ilegales de las autoridades responsables o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo, entendidos por éstos cuando se lleven a cabo, -so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo-, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. Lo anterior, tiene fundamento el artículo 193, párrafo segundo, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 58/2014 (10a.). Apercibimientos por incumplir la sentencia de amparo. En caso de no cumplir con la sentencia de amparo por causa justificada, se realizará lo siguiente: a) Se le impondrá, una multa de cien a mil veces el valor de la unidad de medida de actualización, de conformidad con lo que se establece en los artículos 192, párrafo segundo y tercero, y 193, en relación con los diversos 238 y 258 de la Ley de Amparo. b) Se emitirá el pronunciamiento en el que se determinará por qué a juicio de este juzgado la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero del artículo 193 de la Ley de Amparo. c) Se remitirán los autos al tribunal colegiado, en turno, para seguir con el trámite de inejecución a que se refiere la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los que en su caso, podría culminar en la separación inmediata del cargo por contumacia y su consignación penal ante el juez de Distrito correspondiente por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo. Lo anterior, con fundamento en los artículos 192, párrafos segundo y tercero, 193, párrafos primero, quinto y sexto, así como último párrafo del numeral 196 de la Ley de Amparo. Con independencia de lo anterior, se le hace del conocimiento que aun cuando deje su respectivo puesto seguirá siendo responsable del desacato al fallo constitucional durante el tiempo que duró su encargo y, por tal razón, podrá ser consignada en términos de la fracción XVI del precepto 107 constitucional y 198 de la mencionada ley. Notifíquese y por lista a las quejosas.

Quedan 4 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México · 11,142 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano