Paola Claudina Viera Valadez
Expediente 3061/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 11 actuaciones registradas, la última del 4 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 3061/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 04/11/2022
Partes del expediente
- Paola Claudina Viera Valadez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Incidental
Ciudad de México, cuatro de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese en autos la razón actuarial de cuenta, signada por la actuaria judicial adscrita a este órgano jurisdiccional de la que se advierte la imposibilidad que tuvo para notificar el proveído de catorce de octubre de dos mil veintidós, en el domicilio señalado para tal efecto a **********, quejosa en el juicio de amparo en que se actúa, por las razones que expone; por consiguiente, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, realícese la notificación a dicha quejosa del auto en mención por lista, que se publica en este juzgado de distrito; así como las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, hasta en tanto señale nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones. Notifíquese, por lista a la parte quejosa el proveído de catorce de octubre de dos mil veintidós y en términos de lo dispuesto por Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
EN DIECISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA QUE SE PUBLICA EN ESTE JUZGADO DE DISTRITO, EL AUTO DE SIESDE OCTUBRE DOS MIL VEINTIDÓS, EL SIGUIENTE AUTO QUE PRECISA: "Ciudad de México, seis de octubre de dos mil veintidós. Visto el oficio de cuenta remitido por la autoridad responsable Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, por medio del cual interponen recurso de revisión, en contra de la sentencia dictada el veintinueve de septiembre de dos mil veintidós. Atento a su contenido, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 88 y 89 de la Ley de Amparo, agréguese una copia a los autos, distribúyanse las demás entre las partes, incluido al Fiscal Ejecutivo Asistente y dentro del plazo de tres días contados a partir del día siguiente al que se integre debidamente el expediente, remítase el original del oficio de agravios y el cuaderno principal al Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, en turno, para la sustanciación y resolución del recurso de referencia. Por otra parte, infórmese a la superioridad que en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, el expediente electrónico se encuentra debidamente integrado, ya que se han incorporado al mismo todas y cada una de las promociones, documentos, autos y resoluciones, el cual está a su disposición en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), por tanto, instrúyase al Analista Jurídico a efecto de que realice lo movimientos informáticos necesarios para tal efecto. Finalmente, con copia del recurso de revisión y de esta determinación fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, sin que sea necesario agregar alguna otra constancia, en atención a que el expediente se encuentra debidamente digitalizado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0). Notifíquese, personalmente a la parte quejosa y a las demás partes en términos de lo dispuesto por Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. ", A LA PARTE QUEJOSA EN EL JUICIO EN QUE SE ACTÚA. NOTIFÍQUESE.
- Incidental
Ciudad de México, catorce de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos del que se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación respecto lo informado por la autoridad responsable Jefe del Servicio de Administración Tributaria, a la ejecutoria de amparo, en atención a que no instauró procedimiento de revisión electrónica en su contra; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a resolver, oficiosamente, si la ejecutoria se encuentra cumplida o no, así como si se incurrió en exceso o defecto. Por una parte, el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, en su resolución dictada en el amparo en revisión cuaderno auxiliar 222/2017, en la parte que interesa determinó confirmar la sentencia recurrida, en la que, se determinó sobreseer, negar y conceder el amparo solicitado por la quejosa Bricia Eunice Romero Parada. Ahora bien, al haberse confirmado la resolución dictada en autos, queda intocada la sentencia de tres de noviembre de dos mil dieciséis, que en la parte que interesa se resolvió lo siguiente: "[.] TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a la parte quejosa respecto de los actos reclamados de las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, así como del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, consistentes, en el ámbito de sus respectivas competencias, en el proceso legislativo del artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2013, así como su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015, para el efecto de que, en caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente. [.]". De la anterior transcripción, se advierte que los efectos del fallo constitucional fueron para que, en caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente. Esto deviene así, dado que, el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 53-B del Código Fiscal de la Federación, publicado el 9 de diciembre de 2013, así como de su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015 violan el derecho fundamental de audiencia que consagra el artículo 14 constitucional, ya que la preliquidación constituye una propuesta de pago para el caso de que el contribuyente decida ponerse al corriente de sus obligaciones fiscales, mas no un requerimiento de pago cuya inobservancia de lugar a sus ejecución inmediata, a más de que se priva al contribuyente de sus bienes, derechos o posesiones, sin darle previamente la oportunidad de ofrecer en el recurso de revocación, los medios de prueba, que por cualquier circunstancia, no exhibió ante la autoridad fiscalizadora para desvirtuar los hechos u omisiones advertidos. Resulta aplicable al caso la Jurisprudencia 2a./J.157/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y contenido siguientes: "REVISIÓN ELECTRÓNICA. EL SEGUNDO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 53-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, EN TANTO PREVÉ LA FACULTAD CONFERIDA A LA AUTORIDAD PARA HACER EFECTIVA LA CANTIDAD DETERMINADA EN LA PRELIQUIDACIÓN, TRANSGREDE EL DERECHO DE AUDIENCIA. REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA". Por ello, en auto de veintiocho de marzo de dos mil veintidós, se requirió el cumplimiento de la ejecutoria de amparo en los siguientes términos: "En ese contexto, con fundamento en los artículos 192, párrafo segundo, 193 y 194 de la Ley de Amparo, se requiere a la Jefa del Servicio de Administración Tributaria, para que en el plazo de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, y dado que no se advierte ninguna complejidad o dificultad en el cumplimiento, ni se trata de caso urgente, cumpla con dichos efectos y remitan copia certificada de las constancias que lo acrediten: Es decir, deberá de informar si a la quejosa Bricia Eunice Romero Parada le fue instaurado el procedimiento de revisión electrónica a que se refiere el artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil trece, así como su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015. En caso de haberse instaurado un procedimiento de revisión electrónica durante la vigencia del referido numeral, y la quejosa no hubiera ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, deberá dejarse insubsistente dicho procedimiento, porque esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución, en la inteligencia de que también deberá declararse insubsistente cualquier otro acto emitido con tal propósito En el entendido de que la referida autoridad deberá adjuntar las constancias respectivas, con las que acredite el cumplimiento de sentencia. Lo anterior es así, dado que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que los efectos del amparo contra el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 53-B del Código Fiscal de la Federación se circunscriben a las revisiones electrónicas efectuadas por la autoridad administrativa durante la vigencia de la citada norma, lo que se advierte de la jurisprudencia 2a./J. 161/2016 (10ª), la cual establece: "REVISIÓN ELECTRÓNICA, EFECTO DE LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO CONTRA EL ARTÍCULO 53-B, FRACCIÓN IV, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015. La concesión del amparo contra la referida norma debe ser para el efecto de que, en caso de haberse instaurado un procedimiento de revisión electrónica al quejoso durante su vigencia y éste no hubiera ejercido su derecha de prueba dentro de los plazos previstos, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con ese propósito debe declararse insubsistente. Lo anterior sin perjuicio de que la autoridad hacendaria, en ejercicio de sus facultades de comprobación, emita la resolución definitiva correspondiente en la que, previa calificación de los hechos u omisiones advertidos, determine en cantidad líquida el monto de las contribuciones omitidas, dejando a salvo el derecho del quejoso para ofrecer las pruebas que estime conducentes en el recurso de revocación a efecto de desvirtuar esos hechos u omisiones o, en su caso el monto de las contribuciones omitidas". De los elementos anteriores, este juzgador de Distrito considera que en relación con la quejosa **********, no existe materia para el cumplimiento de la sentencia de amparo. En primer orden, debe tenerse en cuenta que en este asunto se concedió el amparo contra el artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil trece y su reforma posterior publicada en el citado medio de comunicación el dieciocho de noviembre de dos mil quince, para el efecto de que, en caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tomara en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que los efectos del amparo contra el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 53-B del Código Fiscal de la Federación, entre otras cosas, se circunscribe a las revisiones electrónicas efectuadas por la autoridad administrativa durante la vigencia de la citada norma, lo que se advierte de la jurisprudencia 2a./J. 161/2016 (10ª), la cual establece: "REVISIÓN ELECTRÓNICA. EFECTO DE LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO CONTRA EL ARTÍCULO 53-B, FRACCIÓN IV, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015. La concesión del amparo contra la referida norma debe ser para el efecto de que, en caso de haberse instaurado un procedimiento de revisión electrónica al quejoso durante su vigencia y éste no hubiera ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con ese propósito debe declararse insubsistente. Lo anterior sin perjuicio de que la autoridad hacendaria, en ejercicio de sus facultades de comprobación, emita la resolución definitiva correspondiente en la que, previa calificación de los hechos u omisiones advertidos, determine en cantidad líquida el monto de las contribuciones omitidas, dejando a salvo el derecho del quejoso para ofrecer las pruebas que estime conducentes en el recurso de revocación a efecto de desvirtuar esos hechos u omisiones o, en su caso, el monto de las contribuciones omitidas." En la especie, el artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación por el que se concedió el amparo estuvo vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, toda vez que el treinta de noviembre de la citada anualidad se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma al Código Fiscal de la Federación -que entró en vigor el uno de enero de dos mil diecisiete- 1 , por virtud de la cual se modificó la fracción IV del artículo 53-B y se derogó su segundo párrafo, en los términos siguientes: D.O.F. 9/12/2013 y su reforma de 18/11/2015 D.O.F. 03/11/2016 Artículo 53-B.- Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 42, fracción IX de este Código, las revisiones electrónicas se realizarán conforme a lo siguiente: [.] IV. En caso de que el contribuyente exhiba pruebas, la autoridad contará con un plazo máximo de cuarenta días contados a partir de su desahogo para la emisión y notificación de la resolución con base en la información que se cuente en el expediente. En caso de que el contribuyente no aporte pruebas, ni manifieste lo que a su derecho convenga para desvirtuar los hechos u omisiones dentro del plazo establecido en la fracción II de este artículo, la resolución provisional y, en su caso, el oficio de preliquidación que se haya acompañado, se volverán definitivos y las cantidades determinadas en el oficio de preliquidación se harán efectivas mediante el procedimiento administrativo de ejecución. [.] Artículo 53-B.- Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 42, fracción IX de este Código, las revisiones electrónicas se realizarán conforme a lo siguiente: [.] IV. La autoridad contará con un plazo máximo de cuarenta días para la emisión y notificación de la resolución con base en la información y documentación con que se cuente en el expediente. El cómputo de este plazo, según sea el caso, iniciará a partir de que: a) Haya vencido el plazo previsto en la fracción II de este artículo o, en su caso, se hayan desahogado las pruebas ofrecidas por el contribuyente; b) Haya vencido el plazo previsto en la fracción III, inciso a) de este artículo o, en su caso, se hayan desahogado las pruebas ofrecidas por el contribuyente, o c) Haya vencido el plazo de 10 días previsto en la fracción III, inciso b) de este artículo para que el contribuyente manifieste lo que a su derecho convenga respecto de la información o documentación aportada por el tercero. Segundo párrafo derogado. [.] Del cuadro comparativo anterior, se desprende que a partir del uno de enero de dos mil diecisiete el legislador modificó el esquema procesal conforme al cual la autoridad hacendaria puede llevar a cabo la revisión electrónica de los contribuyentes. De dicha modificación destaca, entre otras cosas, la derogación del párrafo respecto del cual se concedió el amparo a la parte quejosa. En tales condiciones, del análisis de los oficios que exhibió la autoridad responsable se desprende que en relación con la quejosa Bricia Eunice Romero Parada, no ejerció facultades de comprobación conforme al artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación. En ese sentido, al advertirse que la parte quejosa fue omisa en realizar manifestación alguna al respecto de lo informado por la autoridad responsable y dado que esta última manifiesta que no ha iniciado procedimiento de fiscalización electrónica en contra de dichos contribuyentes y que la responsable no está en condiciones de sancionar a la citada parte por el incumplimiento de la obligación formal de ingresar la información contable a través de la página de internet del Servicio de Administración Tributaria, con la que se actualiza la condición a la que estaban sujetos los efectos de la concesión de amparo y con la cual los quejosos ya están en aptitud de dar cumplimiento a la obligación formal, se concluye que con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo se declara que el cumplimiento a la ejecutoria dictada en este juicio ha quedado sin materia, lo que- se insiste- impide que pueda llevarse a cabo el cumplimiento del fallo protector, pues tal decisión deja sin posibilidad de exigir su cumplimiento; por lo que se ordena el archivo del expediente una vez que adquiera firmeza el presente proveído Es aplicable por analogía, la tesis (registro digital 2014616) III.2o.C.19 K (10a.), sustentada por Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, publicada en la página 2909, del .Libro 43, Junio de 2017, Tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. DEBE ESTIMARSE DE IMPOSIBLE CUMPLIMIENTO (SIN QUE ELLO IMPLIQUE CONTUMACIA O DESACATO ALGUNO), POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA, CUANDO DESPUÉS DE DICTADA LA SENTENCIA RESPECTIVA, LA RESPONSABLE DA POR CONCLUIDO EL JUICIO DE ORIGEN Y ORDENA SU ARCHIVO DEFINITIVO, POR EL PAGO TOTAL DE LO SENTENCIADO EFECTUADO POR LOS QUEJOSOS, CON LA ANUENCIA DEL ACTOR Y DE LA TERCERO INTERESADA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 196, PÁRRAFO SEGUNDO, IN FINE, DE LA LEY DE AMPARO).De conformidad con el artículo 196, párrafo segundo, in fine, de la Ley de Amparo, cuando el tribunal de amparo advierta que no está cumplida la ejecutoria que otorgó la protección de la Justicia de la Unión, o que no está total o correctamente cumplida, o bien, se considera de imposible cumplimiento, entonces deberá remitir los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que resuelva lo que proceda. En esa medida, si el Juez responsable oportunamente informa al Juez de Distrito que tuvo a los quejosos por realizado el pago total de lo sentenciado en el juicio natural, con la anuencia de la parte actora y de la tercero interesada en el juicio de amparo, por lo que dio por concluido dicho procedimiento; mientras que el juicio de amparo se promovió por los quejosos, precisamente, contra irregularidades cometidas en la interlocutoria de liquidación de sentencia y la protección de la Justicia Federal, fue para el efecto de que se resolviera la planilla de liquidación de sentencia, en forma congruente con la totalidad de las constancias de autos y de manera motivada. En consecuencia, si la sentencia definitiva dictada en el juicio de origen fue voluntariamente cumplida en su totalidad por los quejosos, con posterioridad a la concesión del amparo, es inconcuso que aun cuando ambas partes omitieran hacer alguna manifestación en cuanto a lo informado por el Juez natural en el sentido de que la actora se dio por satisfecha de las prestaciones reclamadas, tal cumplimiento voluntario de lo sentenciado, trae como consecuencia un cambio de situación jurídica, que implica que queden insubsistentes tanto la sentencia definitiva, como la interlocutoria reclamada y que deba tenerse a ambas partes por conformes con la determinación de existir imposibilidad jurídica de dar cumplimiento al fallo que concedió el amparo, puesto que es evidente que al quedar concluido el procedimiento natural por pago total de lo sentenciado, el Juez responsable está jurídicamente impedido para dictar una nueva interlocutoria para calificar la planilla de liquidación de sentencia, en razón de que ya no existe sentencia definitiva que liquidar y, por ende, tampoco existe la posibilidad legal de pronunciar una nueva interlocutoria, para los efectos que había determinado el Juez de Distrito; de ahí que, en el caso, no es jurídicamente posible cumplir la citada ejecutoria de amparo, por lo que no puede calificarse como contumaz, la actuación del Juez responsable." En tal sentido, se concluye que no es posible emitir la determinación en términos de lo establecido por el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, notifíquese personalmente a la quejosa esta determinación y una vez que transcurra el plazo establecido en artículo 202 de la Ley de Amparo, provéase lo que corresponde en relación con el archivo del presente asunto. Notifíquese; por lista a la parte quejosa y en términos de lo dispuesto por Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
Ciudad de México, diecisiete de junio de dos mil veintiuno. Visto el oficio de la delegada en términos de lo dispuesto por el artículo 9, párrafo primero, de la Ley de Amparo designada por las autoridades responsables del Centro Nacional de Control de Energía, en el que de conformidad con lo establecido en el numeral 64 de la ley de la materia, formula manifestaciones con las que hace valer causales de improcedencia del juicio de amparo en que se actúa. Atento a lo anterior, y, tomando en consideración que mediante acuerdo de dos de enero de dos mil veinte se tuvo por no presentada la demanda de amparo y que causó ejecutoria el seis de febrero del mismo año, únicamente agréguense a los autos para los efectos legales conducentes. Notifíquese; en términos de lo dispuesto por Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
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