Pamela Lilian Quintal Suarez

Expediente 536/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 13 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
536/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
13/05/2022

Partes del expediente

  • Pamela Lilian Quintal Suarez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, trece de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación del Secretario que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia dictada el veintidós de abril del presente año, ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto recurso de revisión. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que en su primer punto resolutivo SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 18 y 21, inciso a), del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción. Lo anterior, toda vez que se trata de un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el numeral 15 de citado Acuerdo General. Igualmente, en acatamiento al acuerdo general en cita y de conformidad con el numeral 35, se hace la precisión de que este expediente físico impreso coincide en su totalidad con el electrónico generado con la FIREL. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, veintidós de abril de dos mil veintidós. Vistos estos autos y la cuenta que antecede, se ordena agregar el oficio firmado por el Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán, residente en esta ciudad, así como los anexos que adjuntó; que remite en relación con el requerimiento que se le hizo en acuerdo de once de abril en curso. Así, del oficio de mérito, se advierte que el Tribunal responsable dictó un acuerdo el dieciocho de abril de dos mil veintidós; en el cual, apercibió con multa al Ayuntamiento de Tixkokob, Yucatán, por si no cumple con el requerimiento de seis de este mes y año, relativo a que dentro del término de diez días hábiles, realice las adecuaciones correspondientes a su Presupuesto de egresos, a fin de pagarle a la parte actora lo laudado a su favor. De igual forma, remitió constancias de notificación, de las que se advierte que hizo del conocimiento del Ayuntamiento demandado, el contenido de los acuerdo de seis y dieciocho de abril de dos mil veintidós. En consecuencia, se requiere al Magistrado responsable para que una vez transcurrido el plazo que otorgó al Ayuntamiento de Tixkokob, Yucatán, para atender lo anterior, comunique el cumplimiento que dé a dicho requerimiento; en el entendido que de efectuarse con anterioridad al fenecimiento del plazo señalado, lo deberá informar a este Juzgado Federal para acordar lo conducente. Apercibido que, de no cumplir con lo anterior, se le impondrá la multa de cien veces la Unidad de Medida y Actualización que refiere el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional, en relación con lo que disponen los numerales 238 y 260, fracción II, de la ley de la materia, equivalente a $9,622.00 (nueve mil, seiscientos veintidós pesos, con cero centavos, moneda nacional); y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    ISTO para resolver el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 890/2021-I-A, promovido por apoderado del . R E S U L T A N D O PRIMERO. Solicitud de la suspensión. En la correspondiente demanda de amparo, apoderado del , solicitó la suspensión definitiva del acto que reclamó del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 34 con sede en esta ciudad y Director del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, con sede en la Ciudad de México. SEGUNDO. Apertura del incidente de suspensión. Por acuerdo de tres de febrero de dos mil veintidós, en el cuaderno principal, se ordenó tramitar por separado y duplicado el incidente de suspensión, y en cumplimiento a ello, mediante proveído de la propia fecha, se abrieron los presentes autos. Así mismo, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual previos diferimientos, tuvo verificativo en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Fijación del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto por la fracción I, del artículo 146 de la Ley de Amparo, se procede a fijar de manera clara y precisa, el acto que la parte quejosa reclama, que lo es: El auto de tres de mayo de dos mil veintiuno, dictado por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 34, con residencia en esta ciudad, en el juicio agrario número , promovido por el , Municipio de Mérida, Yucatán en contra del Gobierno del Estado de Yucatán, en el cual tuvo por efectuado el avalúo emitido por el Director del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales del inmueble sujeto a la controversia, en cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio agrario de origen. SEGUNDO. Existencia del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados de las autoridades señaladas como responsables, pues así lo manifestaron expresamente al rendir sus respectivos informes previos. TERCERO. Ahora bien, en principio debe establecerse la naturaleza del acto reclamado, el cual en la especie se trata de un acto declarativo con efectos positivos, razón por la cual respecto de estos últimos, que se traducen en tener por cumplida la sentencia, es procedente analizar la procedencia de la medida cautelar solicitada únicamente respecto de sus efectos y consecuencias, que se materializan en el avalúo y cumplimiento de la sentencia dictada. Atendiendo a lo anterior, respecto de los efectos y consecuencias del citado acto reclamado, que se traducen en el cumplimiento de la sentencia dictada en el juicio de agrario de origen, con fundamento en los artículos 128 interpretado a contrario sensu, y 138, fracción I, de la Ley de Amparo, previamente se debe analizar si se reúnen los requisitos establecidos en el numeral inicialmente señalado, el cual establece lo siguiente: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado". Del precepto transcrito se observa que los actos reclamados en el juicio de amparo son susceptibles de ser suspendidos, siempre y cuando se reúnan los dos requisitos que ahí se prevén. Por ende, si alguno de tales requisitos no se satisface, resulta irrelevante que los demás se cumplan, pues sólo la concomitancia de las dos exigencias señaladas permitirá que se decrete la suspensión de los actos reclamados. Por tanto, conforme al citado dispositivo de la Ley de Amparo, para que se otorgue la suspensión, es necesario, como primer requisito que la solicite el agraviado y que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Asimismo, cabe señalar que la suspensión de los actos reclamados constituye una providencia cautelar en los procedimientos de amparo, de carácter meramente instrumental, para preservar la materia del juicio de amparo. El objeto primordial de dicha providencia cautelar es mantener viva la materia del juicio constitucional, impidiendo que el o los actos que la motivan, al consumarse irreparablemente, haga ilusoria para el gobernado la protección de la Justicia Federal, evitando así los perjuicios que la ejecución del acto que reclama pudiera ocasionarle. En el caso, no se reúne el segundo de los requisitos, pues de concederse, se causaría perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público. Lo anterior, pues de los antecedentes de la demanda y del propio acto reclamado se aprecia que con el señalamiento del avalúo se pretende llevar a cabo el cumplimiento de la sentencia dictada en el juicio de origen bajo los lineamientos expresamente señalados en la misma, por lo que la ejecución de éstos al constituir cosa juzgada es de orden público y por ende, no puede suspenderse. En otras palabras, la ejecución de sentencias ejecutorias o laudos, es de orden público e interés social, ya que la sociedad está interesada en que los laudos o sentencias firmes y que constituyen cosa juzgada se lleve a cabo su realización y no se obstaculice su cumplimiento; máxime que la parte quejosa, fue demandada en el juicio de origen, oída y vencida. Por tanto, lo procedente es negar la suspensión definitiva, solicitada por la parte quejosa. Se cita en apoyo al caso, la tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, Registro digital: 2019897, Décima Época, Materias(s): Común, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 66, Mayo de 2019, Tomo III, página 2819, que señala. "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA CONTRA EL CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA EJECUTORIA. La suspensión en el amparo, sea de oficio o a petición de parte, tiene como propósito preservar la materia del juicio, ante la posibilidad de que el quejoso obtenga una sentencia favorable; sin embargo, esa regla admite como excepción, que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; lo cual acontece cuando el acto reclamado consiste en el cumplimiento de una sentencia ejecutoria, en virtud de que ésta adquirió la calidad de verdad legal y, por ende, su eficacia e inmediata ejecución prevalecen sobre el cumplimiento de una "posible" sentencia favorable para quien la solicita, por encontrarse sub júdice la tramitación del juicio respectivo. La razón de esa prevalencia estriba en que, tanto la sociedad como el Estado, tienen vivo interés en que se acate ese fallo. A contrario sensu, estimar que debe concederse la suspensión contra la ejecución de una sentencia firme, contra la cual, no procede medio de defensa ordinario o extraordinario alguno, conllevaría desconocer la eficacia de su ejecución inmediata, con lo cual, los efectos de la suspensión obstaculizarían dicha ejecución." Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos 125, 128, 138 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. SE NIEGA al la suspensión definitiva que solicitó respecto del acto que reclamó del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 34 con sede en esta ciudad y Director del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, con sede en la Ciudad de México; por las razones que se expusieron en el considerando tercero de esta resolución incidental. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    VISTO, para resolver el juicio de amparo 2422/2021-V-A, promovido por Víctor Ramón Ferraez Cervera, Mario Javier Cámara Rendón y José Armando de Jesús Ceballos Chávez, en contra de los actos que reclaman del Delegado Estatal en Yucatán del Registro Agrario Nacional, con sede en esta ciudad y otras autoridades; R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el trece de diciembre de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y turnado el día catorce de diciembre siguiente, compareció Víctor Ramón Ferraez Cervera, Mario Javier Cámara Rendón y José Armando de Jesús Ceballos Chávez, a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos que reclamó del Delegado Estatal en Yucatán del Registro Agrario Nacional, con sede en esta ciudad; así como del Director en Jefe y Director General de Registro y Control Documental ambos del Registro Agrario Nacional, con sede en la Ciudad de México. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por acuerdo de quince de diciembre de dos mil veintiuno, se admitió la demanda, la que quedó registrada con el número 2422/2021-V-A; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde; se solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados; asimismo, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos, tuvo verificativo en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en la ciudad de Mérida, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 37 de la Ley de Amparo, 49 y 57, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Fijación de la litis constitucional. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, como de las constancias remitidas por las autoridades responsables con sus informes justificados, se tiene que la parte quejosa reclama: La omisión de dar trámite a la solicitud 31210008034, presentada el quince de septiembre de dos mil veintiuno, así como la expedición y puesta a disposición del título de propiedad parcelario correspondiente. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Delegado Estatal del Registro Agrario Nacional con sede en esta ciudad, por conducto de la encargada del Despacho de esa Institución (registrado con el número de promoción 1947), Director en Jefe (registrado con el número de promoción 3914) y Dirección General de Registro y Control Documental (registrado con el número de promoción 3914), ambos del Registro Agrario Nacional, con sede en la Ciudad de México, no obstante lo hubiesen negado al rendir sus correspondientes informes justificados; toda vez que realizan manifestaciones que evidencian la certeza del acto. Lo anterior, se patentiza con las documentales adjuntadas al oficio número RAN/YUC/SR/DJ/0625/2022, que remitió la encargada del Despacho del Registro Agrario Nacional Delegación Yucatán, en alcance a su informe justificado, de donde se advierte que con fecha nueve de febrero del año en curso, se apersonó la aquí parte quejosa al Centro de Atención al Público (CAT), a fin de que se le hiciera entrega y notificación del diverso oficio RAN/YUC/SR/0232/2022, con el que solicitó a la Dirección General de Registro y Control Documental, con sede en la Ciudad de México, continuara con el proceso de calificación e inscripción, previa liberación de las claves del sistema informático que autorice el Director en Jefe, acciones que son competencia exclusiva de la Dirección General. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 391, Tomo XIV-julio, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo y texto indica: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." CUARTO. Inexistencia de causas de improcedencia. En el caso a estudio, no se advierte la actualización de alguna causa de improcedencia de las previstas por el artículo 61 de la ley de la materia, por lo que procede efectuar el estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa los que se tienen aquí por reproducidos, toda vez que no existe precepto en la Ley de Amparo que establezca la obligación de llevar a cabo su transcripción. Al respecto, tiene aplicación la Jurisprudencia 2ª./J.58/2010 emitida por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." QUINTO. Análisis de los conceptos de violación. Resultan fundados los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa, motivo por el cual deberá concedérsele la protección de la justicia federal que solicita. Para llegar a tal conclusión es menester establecer que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza que cualquier persona pueda acudir ante los tribunales y que éstos le administren justicia pronta y expedita, pues los conflictos que surjan entre los gobernados deben ser resueltos por un órgano del Estado facultado para ello, ante la prohibición de que los particulares se hagan justicia por sí mismos. Igualmente debe considerarse que la reserva de la ley en virtud de la cual el citado precepto constitucional señala que la justicia se administrará en los plazos y términos que fijen las leyes, no debe interpretarse en el sentido de que se otorga al legislador la facultad para reglamentar el derecho a la justicia de manera discrecional sino que, con esta reglamentación, debe perseguir la consecución de sus fines, los que no se logran si entre el ejercicio del derecho y su obtención se establecen trabas o etapas previas no previstas en el texto constitucional. Ahora bien, de los artículos 51, 52 y 81 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, se desprende que el procedimiento registral inicia con la solicitud de trámite que se presente en las Delegaciones o Centros de Atención y que, con el número de entrada progresivo, fecha y hora, tendrá efectos probatorios para establecer el orden de prelación. Asimismo, se establece que los registradores con base en la función de calificación, examinarán bajo su responsabilidad, cada uno de los documentos y actos jurídicos que en ellos consten, para determinar si los mismos reúnen los requisitos de forma y fondo exigidos por la normativa que los rija, a fin de garantizar el principio de legalidad, debiendo cerciorarse de que no se ha presentado con anterioridad documento alguno que contenga actos susceptibles de inscripción, que se opongan al que se solicita. De igual manera, señalan que la calificación puede ser positiva o negativa y deberá producirse en un plazo que no excederá de sesenta días naturales, contados a partir de la fecha de presentación de la documentación de que se trate; siendo positiva cuando resuelva autorizar la inscripción solicitada, y negativa cuando resuelva denegar el servicio registral. Por otra parte, disponen que el Registro expedirá, conforme a lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley, certificados parcelarios y de derechos sobre tierras de uso común, así como los títulos de propiedad de origen parcelario, de solar urbano, y el de colonias agrícolas o ganaderas que, conforme a las disposiciones aplicables, hayan adoptado el dominio pleno. En este orden de ideas, si de las constancias que obran en autos, se advierte que de la fecha de presentación ante la Oficialía de Partes de la Delegación en la entidad del Registro Agrario Nacional, de la correspondiente solicitud (quince de septiembre de dos mil veintiuno), a la fecha en que se promovió la demanda (trece de diciembre de dos mil veintiuno), ya había transcurrido más de dos meses, ello significa que ha excedido en exceso el término a que alude el numeral 52 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, sin que se pronuncie en relación a la solicitud 31210008034, así como la expedición y entrega del título de propiedad parcelario correspondiente. Por lo que es incuestionable que las citadas autoridades responsables, conculcan con tal proceder en perjuicio de la parte quejosa, su derecho consagrado en el artículo 17 Constitucional, pues incumplió con la función registral que le está encomendada, dentro del plazo de sesenta días naturales que prevé el aludido precepto legal. Por consiguiente, se CONCEDE la protección constitucional instada, para el efecto que las autoridades responsables Delegado Estatal en Yucatán del Registro Agrario Nacional, con sede en esta ciudad; así como del Director en Jefe y Director General de Registro y Control Documental ambos del Registro Agrario Nacional, con sede en la Ciudad de México, dentro del ámbito de sus funciones y atribuciones, realicen las gestiones necesarias, a fin de que de inmediato se concluya el procedimiento relativo a la expedición del título de propiedad, y de ser legalmente procedente, sin mayor dilación, lo remita para su inscripción a las oficinas registrales respectivas, y hecho lo anterior, se ponga a disposición de la parte promovente de manera inmediata. SEXTO. Oposición a la publicación de datos personales. Del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. OCTAVO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se: R E S U E L V E PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Víctor Ramón Ferraez Cervera, Mario Javier Cámara Rendón y José Armando de Jesús Ceballos Chávez, en contra del acto que reclamó del Delegado Estatal en Yucatán del Registro Agrario Nacional, con sede en esta ciudad; así como del Director General de Registro y Control Documental y Director en Jefe ambos del Registro Agrario Nacional, con sede en la Ciudad de México, por los motivos y para los efectos precisados en el considerando quinto de esta resolución. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y cúmplase.

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