Pamela Lilian Quintal Suárez

Expediente 2539/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
2539/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
23/11/2022

Partes del expediente

  • Pamela Lilian Quintal Suárez

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintitrés de noviembre de dos mil veintidós. Visto: agréguese a este expediente el oficio INSEJUPY/DRPPYC/DJ/AR/1511/2022, así como el anexo que al mismo acompaña, del Registrador del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, con sede en esta ciudad, en ausencia temporal de la Directora, que exhibe en relación al requerimiento formulado por acuerdo de catorce de noviembre del año en curso, en su calidad de autoridad vinculada al cumplimiento de la ejecutoria del amparo. Al efecto, se tiene por cumplido el requerimiento de mérito por parte de la autoridad, para los efectos legales conducentes. Ahora bien, toda vez que con la misiva de cuenta, dicha autoridad informa que el título de propiedad ******************** correspondiente al tablaje ******************** del Ejido de ********************, ha quedado debidamente inscrito, mismo que se encuentra a disposición del Registro Agrario Nacional, en espera de ser recogido por personal de dicha dependencia. En consecuencia, con fundamento en lo previsto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, prevéngase a la encargada del Despacho del Registro Agrario Nacional en el Estado, con sede en Mérida, para que cumpla con la ejecutoria de mérito, como lo dispone el artículo 77 del propio ordenamiento legal, lo que deberán informar a este Juzgado dentro del plazo de tres días; debiendo adjuntar a su informe, copia completa y legible de las constancias que acrediten ese hecho. Apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, correspondiente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 M.N), conforme a lo dispuesto en el artículo 258 de la Ley de Amparo y en el párrafo sexto, del apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal; y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, diecisiete de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que la última notificación realizada a las partes de la sentencia dictada en este juicio el veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, se realizó el veintitrés de junio del mismo año, como se advierte de los acuses postales remitidos por la Oficina de Servicios Directos del Poder Judicial, dependiente del Servicio Postal Mexicano, por lo que a la fecha ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia, en la que en su primer resolutivo concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Ahora bien, con fundamento en lo previsto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, prevéngase a las autoridades responsables Director en Jefe, Director General de Registro y Control Documental, ambos del Registro Agrario Nacional y con sede en la Ciudad de México, así como a la encargada del despacho de la Delegación Estatal de Registro Agrario Nacional en Yucatán, con residencia en esta ciudad, para que cumplan con la ejecutoria de mérito, como lo dispone el artículo 77 del propio ordenamiento legal, lo que deberán informar a este Juzgado dentro del plazo de tres días. Con el apercibimiento que de no hacerlo así sin causa justificada, en el término señalado, o de no manifestar el impedimento que tienen para ello, se les impondrá multa de cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos, con cero centavos, moneda nacional) conforme a lo dispuesto en el artículo 258 de la ley de la materia y en el párrafo sexto, del apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    En diez de noviembre de dos mil veintidós, doy cuenta al Juez con el estado procesal y con el telegrama que remite el Director General de Asuntos Jurídicos en representación del Director en Jefe y Director General de Registro y Control Documental, todos del Registro Agrario Nacional, residentes en la Ciudad de México, registrado con el número 25586. Conste.Mérida, Yucatán, diez de noviembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese a los presentes autos, el telegrama que remite el Director General de Asuntos Jurídicos en representación del Director en Jefe y Director General de Registro y Control Documental, todos del Registro Agrario Nacional, residentes en la Ciudad de México, sin hacer mayor pronunciamiento en relación a su contenido, toda vez que el nueve de los corrientes, se tuvo por cumplido el fallo amparador. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    ELECTR.Mérida, Yucatán, veintiséis de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia dictada en este juicio, firmada el ocho de septiembre de dos mil veintidós, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con apoyo en los numerales 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio de aquella, se declara que la referida sentencia que por una parte sobreseyó y por otra concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, con fundamento en lo previsto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, prevéngase al Fiscal Investigador de la Dirección General de Delitos Comunes de la Fiscalía General del Estado de Tabasco, Fiscal Investigador o Encargado de la Fiscalía Investigadora Especializada en Atención de Colaboraciones y Extravío de Documentos de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, Registrador Inmobiliario de la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán y Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, con sede en Mérida, para que cumplan con la ejecutoria de mérito, como lo dispone el artículo 77 del propio ordenamiento legal, lo que deberán informar a este Juzgado dentro del plazo de tres días. Apercibidas que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá a la omisa una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos, con cero centavos, moneda nacional), conforme a lo dispuesto en el artículo 258 de la Ley de Amparo y en el párrafo sexto, del apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal; y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sin que sea óbice para esta autoridad juzgadora decretar que ha causado ejecutoria la sentencia señalada en líneas que anteceden, el hecho de que aún no obren en autos la totalidad de los acuses de recibo relativos a los oficios por medio de los cuales se notificó la resolución de que se trata a las diversas autoridades responsables foráneas, respecto de las cuales se sobreseyó el juicio, ya que la misma sólo podría causar perjuicio, en su caso, a la parte quejosa y responsables respecto de las que se concedió el amparo, y hasta el día de hoy no interpusieron el recurso pertinente que la Ley de Amparo prevé. Y en relación a las autoridades foráneas señaladas como responsables, respecto de las cuales se sobreseyó el juicio, debe decirse que el artículo 87 de la Ley de Amparo, contempla que las autoridades sólo podrán interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que de cada una de ellas se haya reclamado, hipótesis que no se cumple en el presente asunto, toda vez que por lo que hace a dichas autoridades foráneas, se trata de un fallo en el que se sobreseyó el presente juicio, y que por tanto, no afecta el interés que en un momento determinado pudieran tener las referidas autoridades en que sus actos subsistan. Es aplicable al caso, la Tesis Aislada en Materia Común XI.3°.4 K, visible en la página 706, del Tomo VII, Junio de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito misma que es del tenor literal siguiente: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO. Tomando en cuenta que los recursos previstos por la Ley de Amparo, fueron consagrados por el legislador con el propósito de reparar los perjuicios sufridos por las partes en el juicio, con motivo de las determinaciones ilegalmente adoptadas por el órgano encargado de su tramitación; y que cuando se decreta el sobreseimiento en un juicio de amparo, queda intocado el acto reclamado y se dejan las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional; dicha resolución a quien en todo caso podría parar perjuicio sería al quejoso, pero no al tercero perjudicado ni a la autoridad responsable. Al segundo, porque las cosas quedan en el estado que se encontraban antes de promover el juicio, y a la última, porque no vincula su actuación en algún sentido, ni juzga sobre la constitucionalidad del acto reclamado, por lo que el primero es el único que está legitimado para interponer el recurso de revisión contra un fallo de sobreseimiento." Notifíquese y cúmplase.

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