Pablo Ventura Fiscal (privado de la libertad)

Expediente 531/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
531/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
05/07/2021

Partes del expediente

  • Pablo Ventura Fiscal (privado de la libertad)

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que feneció el plazo de cinco días, sin que la parte promovente hubiere recurrido el auto de veinticuatro de junio de la presente anualidad; en consecuencia, se declara que dicho auto que desechó la demanda de amparo, ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Comuníquese lo anterior a las partes y hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Una vez que obren en autos las constancias de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, archívese el presente expediente como asunto concluido. Se establece que el presente expediente carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el citado numeral; lo anterior, hágase constar en la carátula del expediente en que se actúa. Finalmente, procédase a la destrucción del presente expediente, una vez que haya transcurrido el plazo de tres años. Mientras tanto, resérvese en el archivo de este órgano jurisdiccional para su posterior destrucción.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo que promueven ***, por propio derecho. Procede desechar la demanda de garantías por ser notoriamente improcedente. Este precepto autoriza al suscrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del suscrito y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. De la interpretación del precepto legal parcialmente descrito, permite establecer que el motivo de improcedencia descansa en la inobservancia al principio rector del juicio de amparo, relativo a la presentación de la demanda de amparo, puesto que se entiende que un acto es consentido tácitamente por la parte quejosa cuando no promueve dentro del plazo establecido. En este orden de ideas, prevé que por regla general el término para promover la demanda de amparo es de quince días, con las únicas excepciones allí previstas, a saber: a) Treinta días, cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición. b) Hasta ocho años, cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión. c) Siete años, cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. d) En cualquier tiempo, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Luego, el término para promover la demanda de amparo se contará de la siguiente manera: 1. A partir del día siguiente al en que surta efectos conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución reclamado; 2. A partir del día siguiente al en que haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; y 3. A partir del día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de tales actos, salvo lo establecido en la fracción ***. Entonces, de no instaurarse el juicio de garantías dentro de ese plazo, se entiende que el acto reclamado se ha consentido y, por consiguiente, que se surte la causal de improcedencia. Cabe precisar que, en ese sentido, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis ***, estableció que para poder tener consentido el acto reclamado, debe de existir en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo conocimiento completo del acto reclamado. Ahora bien, en su demanda de amparo, los quejosos hicieron consistir el acto reclamado en la orden de traslado ordenada en la causa penal *** del índice del Juez de Control en Procesos Penales en el Circuito Judicial de Tula de Allende Hidalgo el diez de septiembre de dos mil veinte y notificada el seis de noviembre de dos mil veinte. Conforme a lo anterior, el plazo para promover el presente juicio de amparo es de quince días, en cualquiera de las hipótesis previstas, toda vez que el acto aquí reclamado no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación, destierro, cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, o la incorporación forzosa al servicio del ejército o armada nacionales, así también, dicho acto reclamado no involucra inconstitucionalidad de leyes reclamadas como autoaplicativas; en consecuencia, la demanda debió presentarse dentro del término de quince días. Ahora bien, de las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad realizaron los impetrantes de amparo, se obtiene que, en principio son parte en una causa penal, en la que fueron vinculados a proceso por los delitos de robo calificado y portación de objetos aptos para agredir; y, por otra parte, que la orden que señalan como acto reclamado les fue notificada el seis de noviembre de dos mil veinte. En esa tesitura, fue a partir del seis de noviembre de dos mil veinte, que los quejosos tuvieron conocimiento completo y exacto de la orden de traslado que se combate en el presente juicio, de tal manera que desde esa fecha estuvieron en posibilidad real para impugnar el acto que combate, a través de los medios que la ley le otorga para ello, y en su caso, mediante el juicio constitucional, para así demostrar la violación al derecho que presumiblemente se transgredió en su contra. En ese contexto, dicha notificación surtió efectos al día siguiente; por lo que el plazo de quince días para promover el juicio de amparo transcurrió del diez de noviembre al dos de diciembre, ambos de dos mil veinte. De lo anterior resulta evidente que la presentación de la demanda que nos ocupa se realizó fuera del término de quince días que al efecto prevé el transcrito, ya que se hizo el veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, según se desprende del sello de recepción inserto en la parte superior de la primera foja de la demanda, por lo que es inconcuso que transcurrió en exceso dicho término. De lo anterior se colige que la demanda se presentó de manera extemporánea y, ante tal circunstancia, se actualiza la causal de improcedencia. Por tanto, si la parte quejosa no ejerció en el término legal estipulado para ello, la acción de amparo, es evidente que consintió tácitamente el acto reclamado, y en esas condiciones, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista. Además, este órgano de control constitucional de oficio advierte que en el caso, también se actualiza la causal de improcedencia. Dicho articulado, regula el principio de definitividad que rige el presente procedimiento, cuando se trate de actos que se atribuyan a autoridades judiciales, administrativas o del trabajo, así como los supuestos de excepción. El principio de definitividad se sustenta, en que previo a acudir al juicio de amparo, los gobernados tienen la obligación de acudir a los medios de impugnación que prevé la legislación ordinaria que los regule. Esto es, dicho principio implica, como condición general, que el acto que se ataque en el juicio de amparo, por considerarlo violatorio de derechos humanos, sea definitivo, en el sentido de que no pueda ser impugnado por ningún medio o recurso que pueda dar lugar a su modificación, revocación o anulación, por lo que resulta lógico que la inobservancia de tal principio traiga como consecuencia, por regla general, la improcedencia de la acción constitucional, salvo los casos de excepción que establece la propia fracción en estudio. Ahora bien, en el caso, se considera que la parte quejosa, previo acudir a la promoción del presente sumario, debió agotar los medios ordinarios. En efecto, en materia de traslados, se precisa que los artículos ***, establecen los lineamientos a seguir para que se lleven a cabo los diversos tipos de traslados que contempla, incluyendo sus casos de excepción, la competencia para resolver sobre su procedencia, los medios de impugnación y las controversias que se pueden plantear sobre las condiciones de internamiento, a fin de que los internos afectados con tales actos puedan hacer valer su inconformidad en su contra, para que se modifique, revoque o nulifique el actuar de la autoridad responsable. En esa tesitura, se desprende que la ***, prevé tres tipos de traslados, los cuales tienen un procedimiento propio, y que son: Traslados voluntarios Traslados involuntarios Traslados urgentes (o excepcionales) Traslado voluntario, es aquel que tiene lugar a petición del propio interno, quien deberá elevar su petición al Juez de Ejecución, quien a su vez, celebrara una audiencia en la que requerirá su consentimiento expreso en presencia de su defensor. En este supuesto, se deberán cumplir con los requisitos establecidos en la ley. Cuando se trata de personas privadas de la libertad a otro país, dicho traslado operará siempre y cuando exista un tratado internacional en términos de lo dispuesto por el artículo 18 de la Constitución Federal. Traslado involuntario, los cuales son instaurados previamente por la autoridad penitenciaria ante un juez de ejecución o de control, según sea el caso, con el fin de que en audiencia pública se decida sobre la legalidad del traslado. En este supuesto, la autorización judicial deberá ser previa al acto del traslado. Dicha resolución podrá ser impugnada a través del recurso de apelación. Traslados urgentes o excepcionales surgen cuando la autoridad penitenciaria, sin autorización previa del Juez, más bien por cuenta propia y solamente en los casos expresamente permitidos en la ley -delincuencia organizada, esté en riesgo la integridad y la salud de la persona privada de la libertad o esté en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario-, emite una resolución administrativa en la que ordena y ejecuta el traslado de alguna persona privada de la libertad. Supuestos en que la autoridad penitenciaria deberá notificar a la autoridad jurisdiccional, dentro de las veinticuatro horas posteriores al traslado, para que en un plazo de cuarenta y ocho horas, resuelva sobre la legalidad de la medida. En este caso excepcional la autorización judicial no es previa, sino posterior al traslado. Asimismo, se observa que respecto de esa determinación administrativa, proceden dos medios de defensa legal con los que puede ser combatida; el recurso de apelación y la controversia judicial; cuya procedencia, depende del actuar del Juez de Control o de Ejecución, ya que una vez que esa autoridad ha sido notificada de la orden de traslado urgente o excepcional, cuenta con cuarenta y ocho horas para emitir la resolución en la que calificará la legalidad de la orden de traslado, y contra dicha resolución es procedente el recurso de apelación. En cambio, si la autoridad judicial es omisa en pronunciarse sobre la legalidad de la determinación administrativa que ordena el traslado dentro del término fijado, se actualizará la procedencia de la controversia judicial. De lo anterior, se advierte que los traslados siempre deberán ser autorizados por el Juez que esté conociendo del procedimiento de ejecución, de forma general, previa al traslado; y excepcionalmente, posterior a este, en cuyo caso, la autoridad penitenciaria deberá someterla a calificación del Juez del conocimiento. Luego, si la orden siempre debe ser autorizada por un juez, con independencia de que sea anterior o posterior al traslado, se colige que la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé un procedimiento y sistema de control jurisdiccional sobre los traslados en los términos señalados, como medios eficaces para combatir todas las cuestiones relacionadas con los derechos de las personas privadas de la libertad en materia de traslados de un centro penitenciario a otro efectuadas por las autoridades jurisdiccionales o administrativas. Ahora bien, en el caso que nos ocupa, debe tomarse en consideración que los quejosos se duelen de la orden para su traslado de un centro penitenciario a otro, atribuida a diversas autoridades administrativas así como Jueces de Control. Orden de traslado del Centro de Reinserción Social de Apizaco, Tlaxcala al Centro de Reinserción Social de Tula de Allende, Hidalgo, respecto de la cual manifestaron los promoventes del amparo bajo protesta de decir verdad, tuvieron conocimiento el seis de noviembre de dos mil veinte, fecha en la que fueron notificados de la resolución de diez de septiembre dictada en la causa penal *** del índice del Juez de Control en Procesos Penales en el Circuito Judicial de Tula de Allende Hidalgo. Congruente con esa información, es dable inferir que se trata de un traslado involuntario, autorizado por una autoridad judicial, o en su caso, de tipo urgente o excepcional, decretado por la autoridad administrativa. En tal virtud, previo acudir al presente juicio, los quejosos debieron agotar el recurso de apelación o, en su caso, la controversia judicial ante el Juez de Ejecución contra la determinación administrativa de traslado que reclama, a fin de que se analice su legalidad y, de ser procedente en el último caso, se obligue a la autoridad judicial competente a realizar el pronunciamiento respectivo. Ello, pues se instituyen como medios de defensa ordinarios eficaces para combatir el traslado, a fin de analizar su legalidad y puede conllevar a que se modifique, revoque o nulifique la determinación o acto que se reclama. Sin que en el caso se advierta alguna de las causas de excepción establecidas, que releven al promovente de cumplir con dicho principio. Lo anterior, en virtud de que la determinación reclamada, no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo ***, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Se afirma tal aserto, pues ha sido criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la orden traslado de un recluso de un centro penitenciario a otro, produce una afectación a la libertad personal de manera indirecta, pero dicha circunstancia sólo es a condición de que tal orden se ejecute sin la intervención de la autoridad jurisdiccional rectora del proceso o su fase de ejecución. En ese orden, se considera que el acto en estudio no se ubica en ese supuesto, en razón de que éste se encuentra sujeto a la revisión de un Juez de Ejecución, al amparo de la ***, por lo que no puede considerarse como un acto fuera de procedimiento. Asimismo, no consiste en una orden de aprehensión o reaprehensión, auto que establezca providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la quejosa, ni se trata de sentencia definitiva en el proceso penal; Tampoco se ostenta como tercero extraño, ni mucho menos por equiparación, al ser el directo agraviado, por lo que está en aptitud de hacer valer el recurso correspondiente; así como tampoco se trata de un auto de vinculación a proceso. Por tanto, toda vez que la parte quejosa no acreditó haber agotado los medios de impugnación correspondientes al traslado que reclama, es inconcuso que se actualizan de manera manifiesta e indudable las causas de improcedencia, y, por consiguiente, es procedente DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO promovida por ***, al encontrarse motivos manifiestos e indudables de improcedencia. Sin que sean obstáculo a lo anterior, las manifestaciones vertidas por los quejosos en el sentido de que dado a la emergencia sanitaria Covid, el traslado pone en peligro su vida, ya que no existen las medidas de sanidad para garantizar su salud; sin embargo, dichas expresiones no encuentran sustento alguno, en virtud de que es importante destacar que, desde marzo de dos mil veinte, los Poderes Judiciales de las distintas Entidades Federativas, implementaron las medidas y acciones institucionales para la prestación de servicios en los órganos jurisdiccionales y áreas administrativas, ante la contingencia sanitaria por COVID-19, por lo que todas las autoridades están obligadas a ajustarse a los protocolos establecidos por las autoridades federales y locales. No obstante, ello no impide que además de las medidas adoptadas por las diferentes instituciones en los diversos Estados de la República Mexicana, cada persona adquiera sus propias medidas de higiene y protección que estime convenientes, en beneficio propio, protegiendo su estado de salud, máxime porque como lo manifiestan los quejosos, dicha orden aún no se ha materializado. Ahora toda vez que los quejosos se encuentran recluidos en el Centro de Reinserción Social de Apizaco, debe precisarse que el artículo ***, establece lo siguiente: "***" En este sentido, atento al contenido del numeral antes transcrito, las notificaciones a los quejosos privados de su libertad deben hacerse en forma personal y en cualquiera de los siguientes lugares: En el local del órgano jurisdiccional que conozca del juicio. En el lugar de su reclusión. En el domicilio designado para oír notificaciones. En este contexto, se ordena notificar a la parte quejosa el presente proveído y las subsecuentes determinaciones que se emitan en el presente asunto con motivo de su substanciación, en el lugar de su reclusión, esto es, en el aludido Centro de Reinserción, a fin de no dejarlos en estado de indefensión. Asimismo, ténganse como autorizados únicamente para tales efectos a las personas que refiere, por así solicitarlo expresamente. Relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tiene por señalando el correo electrónico *** y número telefónico ***, mismos que señala para el efecto de recibir notificaciones, sin embargo conforme a lo señalado en párrafos precedentes solo se tienen estos medios para que, este juzgado establezca comunicación en los casos que se estime necesario, sin que ello implique la sustitución de las notificaciones que, en su caso, se practiquen. El presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación, en el entendido de que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Asimismo, se instruye al secretario encargado del expediente para que una vez dictada la resolución que corresponda, se ingrese en el módulo Sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, en su caso, cuide los datos personales a que se refiere el "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales" aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve. En el entendido de que es responsabilidad del secretario la elaboración y digitalización de la versión pública de la resolución con la que culmine el presente juicio.

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