Pablo Ventrura Fiscal (privado de la libertad)
Expediente 560/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 560/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 13/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Pablo Ventrura Fiscal (privado de la libertad)
- Ernesto Ventura Campechano (privado de la libertad)
Actuaciones
- Principal
Toda vez que ha transcurrido el plazo de cinco días, sin que los quejosos hubieren recurrido el auto de dos de julio de dos mil veintiuno, consecuentemente, se declara que dicho auto que desechó la demanda de amparo ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Comuníquese lo anterior a las partes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En consecuencia, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el citado numeral. De igual manera, se establece que este expediente deberá destruirse transcurrido el plazo de tres años. Una vez que obre en autos la constancia de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, archívese el presente expediente como asunto concluido.
- Principal
Visto el oficio 32704/2021 signado por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, por el que informa que dicho órgano jurisdiccional se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por *** y ***, misma que radicó con el número 787/2021 y por tanto, ordenó su remisión al Juez de Distrito en el Estado de Tlaxcala, en turno, para que se avoque a su conocimiento, la cual fue remitida por razón de turno a este órgano jurisdiccional. En ese sentido, este juzgado federal acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento de la demanda de referencia; acúsese el recibo correspondiente. Ahora bien, vista la demanda de amparo, que promueve *** y ***. Fórmese expediente impreso y electrónico, háganse las anotaciones correspondientes y regístrese en el libro de gobierno con el número 560/2021-H. Con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de garantías por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: Dicho precepto autoriza al suscrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del suscrito y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Cobra aplicación al caso, la tesis XV.2o.2 K, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la Sistematización de Tesis y Ejecutorias publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de 1917 a la fecha, con número de registro 203,196, de rubro: "DEMANDA DE GARANTIAS, DESECHAMIENTO DE. REQUISITOS." Sentado lo anterior este juzgador advierte de oficio que se actualizan dos causales de improcedencia, las que se analizarán a través de apartados distintos. I. La demanda de amparo se presentó de manera extemporánea En principio es menester señalar que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por remisión expresa de su artículo 2, constituye un hecho notorio la tramitación del diverso juicio de amparo 531/2021-C, del índice de este Juzgado, promovido por Pablo Ventura Fiscal y Ernesto Ventura Campechano, contra las mismas autoridades responsables y actos reclamados. Sin embargo, en el ocurso que dio lugar al referido juicio de amparo, los quejosos manifestaron bajo protesta de decir verdad que tuvieron conocimiento de la orden de traslado ordenada en la causa penal 163/2019 del índice del Juez de Control en Procesos Penales en el Circuito Judicial de Tula de Allende, el seis de noviembre de dos mil veinte. En el caso, en la demanda que ahora se acuerda, los impetrantes manifestaron bajo protesta de decir verdad que el veinte de junio pasado tendría lugar la ejecución del mandamiento reclamado, Lo anterior pone en evidencia que los quejosos aducen diferentes fechas de conocimiento respecto del mismo acto reclamado. Atento a lo anterior, dado que el señalamiento que se hizo en el juicio de amparo 531/2021-C, se realizó bajo la protesta de ley, este constituye una confesión, en términos de los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2, toda vez que se trata de una manifestación por escrito realizada bajo protesta de decir verdad ante esta autoridad federal. En ese sentido, este juzgador advierte de oficio que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." De la interpretación del precepto legal parcialmente descrito, permite establecer que el motivo de improcedencia descansa en la inobservancia al principio rector del juicio de amparo, relativo a la presentación de la demanda de amparo, puesto que se entiende que un acto es consentido tácitamente por la parte quejosa cuando no promueve dentro del plazo establecido en los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con registro 219095, cuyo rubro establece: "CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO. Al respecto, los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo disponen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." En este orden de ideas, el artículo 17 antes transcrito prevé que por regla general el término para promover la demanda de amparo es de quince días, con las únicas excepciones allí previstas, a saber: a) Treinta días, cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición. b) Hasta ocho años, cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión. c) Siete años, cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. d) En cualquier tiempo, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Luego, el término para promover la demanda de amparo se contará de la siguiente manera: 1. A partir del día siguiente al en que surta efectos conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución reclamado; 2. A partir del día siguiente al en que haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; y 3. A partir del día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de tales actos, salvo lo establecido en la fracción I del artículo 17, relativo a las normas de carácter heteroaplicativo. Entonces, de no instaurarse el juicio de garantías dentro de ese plazo, se entiende que el acto reclamado se ha consentido y, por consiguiente, que se surte la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XIV, de la Ley de la materia. Cabe precisar que, en ese sentido, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 57/2008, estableció que para poder tener consentido el acto reclamado, debe de existir en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo conocimiento completo del acto reclamado, lo que fue divulgado a través de la jurisprudencia 115/2010, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme a lo anterior, el plazo para promover el presente juicio de amparo es de quince días, en cualquiera de las hipótesis previstas en el artículo 18 de la Ley de Amparo, toda vez que el acto aquí reclamado no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación, destierro, cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, o la incorporación forzosa al servicio del ejército o armada nacionales, así también, dicho acto reclamado no involucra inconstitucionalidad de leyes reclamadas como autoaplicativas; en consecuencia, la demanda debió presentarse dentro del término de quince días que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo. Ahora bien, de las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad realizaron los impetrantes de amparo, se obtiene que, en principio son parte en una causa penal, en la que fueron vinculados a proceso por los delitos de robo calificado y portación de objetos aptos para agredir; y, por otra parte, quedó evidenciado conforme a las manifestaciones expresadas en el juicio de amparo 531/2021-C, del índice de este órgano jurisdiccional -que se invocan como hecho notorio- que tuvieron conocimiento de dicho mandamiento desde el seis de noviembre de dos mil veinte. En esa tesitura, fue a partir del seis de noviembre de dos mil veinte, que los quejosos tuvieron conocimiento completo y exacto de la orden de traslado que se combate en el presente juicio, de tal manera que desde esa fecha estuvieron en posibilidad real para impugnar el acto que combate, a través de los medios que la ley le otorga para ello, y en su caso, mediante el juicio constitucional, para así demostrar la violación al derecho que presumiblemente se transgredió en su contra. En ese contexto, dicha notificación surtió efectos al día siguiente, conforme a lo establecido en la fracción I del artículo 82 del Código Nacional de Procedimientos Penales de aplicación supletoria a la Ley Nacional de Ejecución Penal según su artículo 8; por lo que el plazo de quince días para promover el juicio de amparo transcurrió del diez de noviembre al dos de diciembre, ambos de dos mil veinte. De lo anterior resulta evidente que la presentación de la demanda que nos ocupa se realizó fuera del término de quince días que al efecto prevé el transcrito artículo 17 de la Ley de Amparo, ya que se hizo el veintiséis de junio de dos mil veintiuno, según se desprende del sello de recepción del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, inserto en la parte superior de la primera foja de la demanda, por lo que es inconcuso que transcurrió en exceso dicho término. De lo anterior se colige que la demanda se presentó de manera extemporánea y, ante tal circunstancia, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, del propio ordenamiento legal. Por tanto, si los quejosos no ejerció en el término legal estipulado para ello, la acción de amparo, es evidente que consintió tácitamente el acto reclamado, y en esas condiciones, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los artículos 17, 18 y 113 de la Ley de Amparo. II. Se debió agotar el principio de definitividad. Además, este órgano de control constitucional de oficio advierte que en el caso, también se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;". Dicho articulado, regula el principio de definitividad que rige el presente procedimiento, cuando se trate de actos que se atribuyan a autoridades judiciales, administrativas o del trabajo, así como los supuestos de excepción. El principio de definitividad se sustenta, en que previo a acudir al juicio de amparo, los gobernados tienen la obligación de acudir a los medios de impugnación que prevé la legislación ordinaria que los regule. Esto es, dicho principio implica, como condición general, que el acto que se ataque en el juicio de amparo, por considerarlo violatorio de derechos humanos, sea definitivo, en el sentido de que no pueda ser impugnado por ningún medio o recurso que pueda dar lugar a su modificación, revocación o anulación, por lo que resulta lógico que la inobservancia de tal principio traiga como consecuencia, por regla general, la improcedencia de la acción constitucional, salvo los casos de excepción que establece la propia fracción en estudio. Ahora bien, en el caso, se considera que los quejosos, previo acudir a la promoción del presente sumario, debieron agotar los medios ordinarios previstos por la ley que rige el acto reclamado, en atención a lo establecido en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo. En efecto, en materia de traslados, se precisa que los artículos 1, fracción II, 50, 51, 52, 57, 116, 117, 131 y 132, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establecen los lineamientos a seguir para que se lleven a cabo los diversos tipos de traslados que contempla, incluyendo sus casos de excepción, la competencia para resolver sobre su procedencia, los medios de impugnación y las controversias que se pueden plantear sobre las condiciones de internamiento, a fin de que los internos afectados con tales actos puedan hacer valer su inconformidad en su contra, para que se modifique, revoque o nulifique el actuar de la autoridad responsable. El contenido de dichos preceptos, es el siguiente: "Artículo 1. Objeto de la Ley La presente Ley tiene por objeto: I. Establecer las normas que deben de observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial; II. Establecer los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal, y III. Regular los medios para lograr la reinserción social. Lo anterior, sobre la base de los principios, garantías y derechos consagrados en la Constitución, Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y en esta Ley.". "Artículo 50. Traslados voluntarios Los traslados voluntarios de las personas privadas de la libertad dentro del territorio nacional operarán cuando exista un acuerdo entre la entidad de origen y la entidad de destino o, en su caso, entre la entidad correspondiente y la Federación, de acuerdo con el párrafo tercero del artículo 18 de la Constitución. En estos casos no podrá negarse el traslado cuando se acrediten los supuestos establecidos en el párrafo octavo del artículo 18 de la Constitución. Cuando exista el interés de una persona sentenciada para ser trasladada a otro Centro Penitenciario, el Juez de Ejecución requerirá su consentimiento expreso en presencia de la persona que sea su defensora. No procederá el traslado a petición de parte tratándose de personas sentenciadas por delitos de delincuencia organizada. Los traslados voluntarios de las personas privadas de la libertad a otro país operarán cuando exista un tratado internacional en términos de lo dispuesto en el párrafo séptimo del artículo 18 de la Constitución.". "Artículo 51. Traslados involuntarios El traslado involuntario de las personas privadas de la libertad procesadas o sentenciadas deberá ser autorizado previamente en audiencia pública por el Juez de Control o de Ejecución, en su caso. Dicha resolución podrá ser impugnada a través del recurso de apelación. En audiencia ante el Juez de Ejecución se podrá solicitar el traslado. La Autoridad Penitenciaria podrá solicitar el traslado involuntario en casos de emergencia por cualquier medio. En el caso de las personas sujetas a prisión preventiva, el traslado podrá realizarse a petición del Ministerio Público ante el Juez de Control, en términos de lo establecido en el Código.". "Artículo 52. Excepción al Traslado voluntario La Autoridad Penitenciaria, como caso de excepción a lo dispuesto en el artículo 50, podrá ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de la libertad, mediante resolución administrativa con el único requisito de notificar al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado, en los siguientes supuestos: I. En casos de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; II. En casos de riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad, y III. En caso de que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario. En todos los supuestos de excepción a los traslados sin autorización previa, el juez tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación para calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado. En contra de la resolución judicial se podrá interponer el recurso de apelación en los términos previstos en esta Ley. En caso que dentro del plazo establecido, la autoridad jurisdiccional no se pronuncie respecto de la legalidad del acto, la persona privada de la libertad podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa.". "Artículo 57. Competencia de controversias con motivo de traslados nacionales Las controversias con motivo de los traslados nacionales podrán ser conocidas por el Juez de Ejecución del Centro Penitenciario de origen o por el Juez de Ejecución del Centro Penitenciario receptor competente, a prevención de quien conozca primero del asunto. En el caso de traslados internacionales, será competente el Juez de Ejecución con jurisdicción en los Centros Penitenciarios donde se encuentre la persona privada de la libertad o, en su caso, el de la jurisdicción donde se hubiere dictado la sentencia correspondiente, a elección de la persona privada de la libertad, siguiendo el procedimiento que para tal efecto se establezca en el tratado aplicable. Las mismas reglas de competencia se observarán en relación con las personas inimputables sujetas a medidas de seguridad en los establecimientos previstos en la ley.". "Artículo 116. Controversias Los jueces de ejecución conocerán controversias relacionadas con: I. Las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas; II. El plan de actividades de la persona privada de la libertad y cuestiones relacionadas con el mismo, que impliquen violación de derechos fundamentales; III. Los derechos propios de quienes soliciten ingresar o hayan ingresado al Centro como visitantes, defensores públicos y privados, defensores en los tribunales de amparo, y observadores por parte de organizaciones de la sociedad civil; IV. La duración, modificación y extinción de la pena y de sus efectos, y V. La duración, modificación y extinción de las medidas de seguridad.". "Artículo 117. Controversias sobre condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas Los sujetos legitimados por esta Ley para interponer peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los siguientes aspectos: I. Las condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas, en cuyo caso será requisito indispensable haber agotado la petición administrativa; II. La impugnación de sanciones administrativas impuestas a las personas privadas de la libertad, que podrá hacerse valer en el acto de notificación o dentro de los diez días siguientes; III. Los derechos de las personas privadas de la libertad en materia de traslados. Esta acción podrá ejercitarse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiese sido notificada previamente, y IV. Los derechos de las personas que soliciten ingresar o hayan ingresado al Centro como visitantes, defensores públicos o privados, los defensores en los tribunales de amparo, y observadores por parte de organizaciones de la sociedad civil. En relación a la facción II, en tanto no quede firme la sanción administrativa no podrá ejecutarse. Por cuanto hace a la fracción III, los traslados por razones urgentes, relacionados con la integridad física o la salud de la persona privada de la libertad o bien, por cuestiones de seguridad del Centro, no requerirán autorización previa del Juez de Ejecución, sin perjuicio de que dicha determinación pueda ser recurrida y en su caso, confirmada o revocada.". "Artículo 131. Apelación El recurso de apelación se interpondrá dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto o resolución que se impugna y tiene por objeto que el tribunal de alzada revise la legalidad de la resolución impugnada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla.". "Artículo 132. Procedencia del recurso de apelación El recurso de apelación procederá en contra de las resoluciones que se pronuncien sobre: I. Desechamiento de la solicitud; II. Modificación o extinción de penas; III. Sustitución de la pena; IV. Medidas de seguridad; V. Reparación del daño; VI. Ejecución de las sanciones disciplinarias; VII. Traslados; VIII. Afectación a los derechos de personas privadas de la libertad, visitantes, defensores y organizaciones observadoras, y IX. Las demás previstas en esta Ley.". En esa tesitura, se desprende que la Ley Nacional de Ejecución Penal, prevé tres tipos de traslados, los cuales tienen un procedimiento propio, y que son: Traslados voluntarios Traslados involuntarios Traslados urgentes (o excepcionales) Traslado voluntario, es aquel que tiene lugar a petición del propio interno, quien deberá elevar su petición al Juez de Ejecución, quien a su vez, celebrara una audiencia en la que requerirá su consentimiento expreso en presencia de su defensor. En este supuesto, se deberán cumplir con los requisitos establecidos en la ley. Cuando se trata de personas privadas de la libertad a otro país, dicho traslado operará siempre y cuando exista un tratado internacional en términos de lo dispuesto por el artículo 18 de la Constitución Federal. Traslado involuntario, los cuales son instaurados previamente por la autoridad penitenciaria ante un juez de ejecución o de control, según sea el caso, con el fin de que en audiencia pública se decida sobre la legalidad del traslado. En este supuesto, la autorización judicial deberá ser previa al acto del traslado. Dicha resolución podrá ser impugnada a través del recurso de apelación, en términos de lo establecido en el artículo 51 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Traslados urgentes o excepcionales surgen cuando la autoridad penitenciaria, sin autorización previa del Juez, más bien por cuenta propia y solamente en los casos expresamente permitidos en la ley -delincuencia organizada, esté en riesgo la integridad y la salud de la persona privada de la libertad o esté en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario-, emite una resolución administrativa en la que ordena y ejecuta el traslado de alguna persona privada de la libertad. Supuestos en que la autoridad penitenciaria deberá notificar a la autoridad jurisdiccional, dentro de las veinticuatro horas posteriores al traslado, para que en un plazo de cuarenta y ocho horas, resuelva sobre la legalidad de la medida. En este caso excepcional la autorización judicial no es previa, sino posterior al traslado. Asimismo, se observa que respecto de esa determinación administrativa, proceden dos medios de defensa legal con los que puede ser combatida; el recurso de apelación y la controversia judicial; cuya procedencia, depende del actuar del Juez de Control o de Ejecución, ya que una vez que esa autoridad ha sido notificada de la orden de traslado urgente o excepcional, cuenta con cuarenta y ocho horas para emitir la resolución en la que calificará la legalidad de la orden de traslado, y contra dicha resolución es procedente el recurso de apelación, establecido en los artículos 131 y 132 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. En cambio, si la autoridad judicial es omisa en pronunciarse sobre la legalidad de la determinación administrativa que ordena el traslado dentro del término fijado, se actualizará la procedencia de la controversia judicial. De lo anterior, se advierte que los traslados siempre deberán ser autorizados por el Juez que esté conociendo del procedimiento de ejecución, de forma general, previa al traslado; y excepcionalmente, posterior a este, en cuyo caso, la autoridad penitenciaria deberá someterla a calificación del Juez del conocimiento. Luego, si la orden siempre debe ser autorizada por un juez, con independencia de que sea anterior o posterior al traslado, se colige que la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé un procedimiento y sistema de control jurisdiccional sobre los traslados en los términos señalados, como medios eficaces para combatir todas las cuestiones relacionadas con los derechos de las personas privadas de la libertad en materia de traslados de un centro penitenciario a otro efectuadas por las autoridades jurisdiccionales o administrativas. Ahora bien, en el caso que nos ocupa, debe tomarse en consideración que los quejosos se duelen de la orden para su traslado de un centro penitenciario a otro, atribuida a diversas autoridades administrativas así como Jueces de Control. Orden de traslado del Centro de Reinserción Social de Apizaco, Tlaxcala al Centro de Reinserción Social de Tula de Allende, Hidalgo, respecto de la cual se advirtió que tuvieron conocimiento el seis de noviembre de dos mil veinte, fecha en la que fueron notificados de la resolución de diez de septiembre dictada en la causa penal 163/2019 del índice del Juez de Control en Procesos Penales en el Circuito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo. Congruente con esa información, es dable inferir que se trata de un traslado involuntario, autorizado por una autoridad judicial, o en su caso, de tipo urgente o excepcional, decretado por la autoridad administrativa. En tal virtud, previo acudir al presente juicio, los quejosos debieron agotar el recurso de apelación o, en su caso, la controversia judicial ante el Juez de Ejecución contra la determinación administrativa de traslado que reclama, a fin de que se analice su legalidad y, de ser procedente en el último caso, se obligue a la autoridad judicial competente a realizar el pronunciamiento respectivo, de conformidad con el articulo 52 en relación con el 116, fracción I, y 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Ello, pues se instituyen como medios de defensa ordinarios eficaces para combatir el traslado, a fin de analizar su legalidad y puede conllevar a que se modifique, revoque o nulifique la determinación o acto que se reclama. Sin que en el caso se advierta alguna de las causas de excepción establecidas en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de la materia, que releven al promovente de cumplir con dicho principio. Lo anterior, en virtud de que la determinación reclamada, no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Se afirma tal aserto, pues ha sido criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la orden traslado de un recluso de un centro penitenciario a otro, produce una afectación a la libertad personal de manera indirecta, pero dicha circunstancia sólo es a condición de que tal orden se ejecute sin la intervención de la autoridad jurisdiccional rectora del proceso o su fase de ejecución. En ese orden, se considera que el acto en estudio no se ubica en ese supuesto, en razón de que éste se encuentra sujeto a la revisión de un Juez de Ejecución, al amparo de la Ley Nacional de Ejecución Penal, por lo que no puede considerarse como un acto fuera de procedimiento. Asimismo, no consiste en una orden de aprehensión o reaprehensión, auto que establezca providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la quejosa, ni se trata de sentencia definitiva en el proceso penal; Tampoco se ostenta como tercero extraño, ni mucho menos por equiparación, al ser el directo agraviado, por lo que está en aptitud de hacer valer el recurso correspondiente; así como tampoco se trata de un auto de vinculación a proceso. Por lo antes expuesto, por su contenido tiene aplicación al caso, la tesis 1a. XXI/2021 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO SIN INTERVENCIÓN JUDICIAL PREVIA. AL CONTAR CON UNA REGULACIÓN ESPECÍFICA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, CONSTITUYE UN ACTO DICTADO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO, AL QUE LE ES APLICABLE EL PLAZO GENÉRICO DE QUINCE DÍAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO [ABANDONO DE LAS JURISPRUDENCIAS 1a./J. 83/2015 (10a.) Y 1a./J. 58/2016 (10a.)]. Hechos: Una persona privada de la libertad en un centro penitenciario, promovió juicio de amparo indirecto con el argumento de que la autoridad administrativa le había notificado verbalmente una orden para trasladarlo del centro en que se encontraba interna a uno diverso. La demanda se desechó de plano al considerar que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, porque la parte quejosa no agotó el medio de defensa regulado en la Ley Nacional de Ejecución Penal, antes de promover el juicio constitucional. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considera que la orden de traslado de un centro penitenciario a otro sin autorización judicial previa, cuenta con una regulación específica y un medio de defensa en la Ley Nacional de Ejecución Penal, por tanto, constituye un acto dictado dentro del procedimiento, al que le es aplicable el plazo genérico de quince días para la presentación de la demanda de amparo indirecto y las reglas de la suspensión del acto reclamado a petición de parte. Justificación: El artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece que la autoridad administrativa podrá ordenar y ejecutar el traslado urgente o excepcional, sin autorización judicial previa, cuando se trate de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad; y, cuando se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario, a condición de que la autoridad penitenciaria notifique a la autoridad jurisdiccional, dentro de las veinticuatro horas posteriores al traslado, para que en un plazo de cuarenta y ocho horas, resuelva sobre la legalidad de la medida; luego, establece que si el Juez de Control o Ejecución califica la legalidad del traslado en el plazo fijado, contra esa determinación será procedente el recurso de apelación establecido en el artículo 132, fracción VII, de la ley mencionada; mientras que si es omiso, podrá intentar la controversia judicial regulada en los artículos 117, fracción III y último párrafo, 122, 123 y 124, de la misma ley, a fin de que una autoridad jurisdiccional resuelva sobre la legalidad del traslado y corrobore que no existe afectación injustificada a alguno de los derechos fundamentales de la persona privada de la libertad en el centro de reclusión, con posibilidad de suspender los efectos del traslado de manera inmediata, de oficio o a petición de parte. Así, la persona privada de la libertad ya no queda sin defensa, dado que dispone de un recurso que procede con posterioridad a la ejecución del traslado, al margen de que la autoridad administrativa haya notificado a la autoridad jurisdiccional y de que ésta resuelva o no respecto a la legalidad del acto. Sobre esa base, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, abandona los criterios establecidos en las jurisprudencias 1a./J. 83/2015 (10a.) y 1a./J. 58/2016 (10a.), porque derivaron de una concepción existente antes de la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal, cuando no se contaba con una legislación especial que regulara la emisión de la orden de traslado, ni se preveía algún recurso para su impugnación, por lo que únicamente se tenía como parámetro verificar que la orden de traslado fuera calificada por una autoridad jurisdiccional de manera previa a su ejecución, y por ello, cuando el traslado se ejecutaba sin cumplir esa previsión, válidamente se le consideraba como un acto emitido fuera del procedimiento, respecto del que debía concederse la suspensión de oficio y de plano. Sin embargo, ante la nueva regulación legal que opera en materia de traslados penitenciarios, tal concepción ha sido superada y deviene inaplicable, aun cuando la orden de traslado impugnada se ejecute sin control judicial previo, por lo que si el inconforme finalmente decide acudir a la instancia de amparo, tendrá que agotar los referidos medios de defensa, así como sujetarse al plazo y reglas de la suspensión que operan respecto de los actos que se emiten dentro de un procedimiento". Por tanto, toda vez que los quejosos no acreditaron haber agotado los medios de impugnación correspondientes al traslado que reclama, es inconcuso que se actualizan de manera manifiesta e indudable las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los artículos 17, 18 y 113 de la Ley de Amparo y fracción XVIII de la Ley de Amparo, y, por consiguiente, es procedente DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO promovida por Pablo Ventura Fiscal y Ernesto Ventura Campechano, en términos del artículo 113 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución, al encontrarse motivos manifiestos e indudables de improcedencia. Sin que sean obstáculo a lo anterior, las manifestaciones vertidas por los quejosos en el sentido de que dado a la emergencia sanitaria Covid, el traslado pone en peligro su vida, ya que no existen las medidas de sanidad para garantizar su salud; sin embargo, dichas expresiones no encuentran sustento alguno, en virtud de que es importante destacar que, desde marzo de dos mil veinte, los Poderes Judiciales de las distintas Entidades Federativas, implementaron las medidas y acciones institucionales para la prestación de servicios en los órganos jurisdiccionales y áreas administrativas, ante la contingencia sanitaria por COVID-19, por lo que todas las autoridades están obligadas a ajustarse a los protocolos establecidos por las autoridades federales y locales. No obstante, ello no impide que además de las medidas adoptadas por las diferentes instituciones en los diversos Estados de la República Mexicana, cada persona adquiera sus propias medidas de higiene y protección que estime convenientes, en beneficio propio, protegiendo su estado de salud, máxime porque como lo manifiestan los quejosos, dicha orden aún no se ha materializado. Ahora, toda vez que los quejosos se encuentran recluidos en el Centro de Reinserción Social de Apizaco, con fundamento en el aludido artículo 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, se ordena notificar a los quejosos el presente proveído y las subsecuentes determinaciones que se emitan en el presente asunto con motivo de su substanciación, en el lugar de su reclusión, esto es, en el aludido Centro de Reinserción, a fin de no dejarlos en estado de indefensión. Asimismo, ténganse como autorizados únicamente para tales efectos a las personas que refiere, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 24 de la Ley de Amparo, por así solicitarlo expresamente. En términos del artículo 2°, fracción XIX del Acuerdo General 13/2020 relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tiene por señalando el correo electrónico *** y número telefónico ***, mismos que señala para el efecto de recibir notificaciones, sin embargo conforme a lo señalado en párrafos precedentes solo se tienen estos medios para que, este juzgado establezca comunicación en los casos que se estime necesario, sin que ello implique la sustitución de las notificaciones que, en su caso, se practiquen. En cumplimiento al artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en vigor a partir del diez de mayo de dos mil dieciséis; el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación, en el entendido de que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Asimismo, se instruye al secretario encargado del expediente para que una vez dictada la resolución que corresponda, se ingrese en el módulo Sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, en su caso, cuide los datos personales a que se refiere el "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales" aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve. En el entendido de que es responsabilidad del secretario la elaboración y digitalización de la versión pública de la resolución con la que culmine el presente juicio, en términos de lo establecido por los artículos 118 a 120 de la aludida Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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