Pablo Tolentino Martínez

Expediente 1172/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 15 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1172/2022
Año
2022
Actuaciones
15
Última actuación
14/06/2023

Partes del expediente

  • Pablo Tolentino Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa y tercera interesada en proveído de treinta y uno de mayo del año en curso, para que hicieran manifestaciones respecto del cumplimiento dado por la responsable a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, sin que lo haya hecho; por tanto, se acuerda: Con apoyo en el numeral 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procederá a verificar si la sentencia de amparo está cumplida, o no lo está, si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla. Para estar en condiciones de resolver lo anteriormente mencionado, es importante resaltar los siguientes antecedentes: A. Mediante sentencia terminada de engrosar el veintiocho de abril de dos mil veintitrés, se otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión a ****************, al haberse considerado que la autoridad responsable vulneró su derecho fundamental de adecuada defensa previsto en l artículo 20, inciso A, fracciones IX y X de la Constitución. La protección constitucional se otorgó para el efecto de que la Juez de Control en Materia Penal de la Tercera Región del Estado de Guanajuato, sede Celaya: Constatara si ***************, quienes asistieron al imputado aquí quejoso, en la audiencia inicial de dos de diciembre de dos mil veintidós y continuada el siete siguiente, dentro de la causa penal *************** de su índice, a la fecha de esa actuación contaban con cédulas profesionales para ejercer la profesión de licenciados en derecho. Si el resultado de la verificación es que los defensores no eran licenciados en derecho al momento de la referida actuación procesal, deberían reponer el procedimiento hasta la audiencia inicial, con el propósito de que el imputado goce del derecho de defensa adecuada en la totalidad de la audiencia. En tal caso, teniendo como pilares los principios de inmediación y objetividad regulados en el artículo 20, apartado A, fracciones II y IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el impacto que tendría en la esfera jurídica del imputado; y el ejercicio valorativo que practicará el juez de control en la audiencia inicial, forzosamente la reposición debería realizarse íntegramente ante un juez de control distinto al que conoció en un primer momento. En el supuesto de que el resultado de la verificación sea que los defensores sí eran licenciados en derecho al momento de la audiencia inicial, lo debería hacer constar en un acuerdo escrito que emitiera en la causa penal de origen, agregando al sumario las constancias que demuestren tal circunstancia; providencia que debería notificar personalmente a las partes a fin de que a partir de dicha notificación, y toda vez que en ese momento ya se encontraría agotada la garantía de defensa del imputado, en virtud de que habría certeza de que el derecho de defensa adecuada fue siempre respetado, las partes estén en posibilidad de interponer los medios de impugnación que estimen pertinentes en contra del auto de vinculación a proceso, es decir, el recurso de apelación previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales o bien el juicio de amparo. B. Mediante proveído de veinticinco de mayo del año en curso, se declaró la firmeza de la resolución anterior y se requirió el cumplimiento de la ejecutoria de amparo a la autoridad responsable, quien por conducto de la Encargada de Sala del Juzgado de Oralidad Penal de la Tercera Región del Estado de Guanajuato, con sede Celaya, remitió un disco compacto DVD, que contiene diversos en formato PDF el auto de veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, emitido dentro de la causa penal *********** de su índice, la notificación de las partes del indicado auto, así como los registros de las cédulas ********* a nombre de **************, en el Registro Único de Defensores y Asesores Jurídicos en Materia Penal del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, con fechas de registro dos de marzo de dos mil veintidós y veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve respectivamente. 3. Con motivo de lo anterior, el treinta y uno de mayo del año en curso, se dio vista a la parte quejosa y tercera interesada y se les apercibió que de no hacer manifestación alguna al respecto, este juzgado determinaría si la sentencia de amparo fue o no acatada. Ahora, del examen de las constancias remitidas por la autoridad responsable, mismas que de conformidad con los numerales 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tienen valor probatorio pleno, se desprende que: Constató que ***************, quienes asistieron al imputado, aquí quejoso, en la audiencia inicial de dos de diciembre de dos mil veintidós y continuada el siete siguiente, dentro de la causa penal ************* de su índice, a la fecha de esa actuación contaban con cédulas profesionales para ejercer la profesión de licenciados en derecho. Lo hizo constar en acuerdo de veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, dentro de la causa penal de origen. Bajo las consideraciones anteriores, el suscrito estima que con la constatación de que ****************, quienes asistieron al imputado aquí quejoso, en la audiencia inicial de dos de diciembre de dos mil veintidós y continuada el siete siguiente, dentro de la causa penal *************** de su índice, a la fecha de esa actuación contaban con cédulas profesionales para ejercer la profesión de licenciados en derecho, así como con la emisión del auto de veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, la Juez responsable dió cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio, por lo que, de conformidad con el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es declarar que EL FALLO PROTECTOR QUEDÓ CUMPLIDO. Hágase lo anterior del conocimiento de la autoridad responsable y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de control. Orden de archivo del expediente. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido. Valoración del expediente. A efecto de realizar la valoración del expediente en que se actúa, se precisa que las resoluciones que se dictaron fueron las siguientes. En el juicio principal, se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal. En el incidente, se concedió la suspensión definitiva del acto reclamado y no se formó duplicado. En consecuencia, como el asunto que nos ocupa no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera conservable de conformidad con el diverso artículo 17, fracción III, inciso a), por lo que una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, deberá ser transferido. Por lo que hace al original del incidente de suspensión, será conservable de conformidad con el diverso artículo 17, fracción III, inciso b), por lo que una vez que transcurran tres años deberá ser transferido. Finalmente, toda vez que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  2. Principal

    Agréguese en autos el oficio signado por la Encargada de Sala del Juzgado de Oralidad Penal de la Tercera Región del Estado de Guanajuato, Sede Celaya, mediante el cual remite las constancias con las que aduce dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; en ese sentido, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa y tercera interesada, para que dentro del término de tres días legalmente computado, manifiesten lo que a su interés convenga, apercibidas que de no hacerlo dentro del término indicado, este Juzgado determinará si la sentencia de amparo fue o no acatada.

  3. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que no fue recurrida dentro del término legal la sentencia terminada de engrosar el veintiocho de abril del año en curso, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Pablo Tolentino Martínez; con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. En ese sentido, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 192 de la ley de la materia, requiérase a la Juez de Control en Materia Penal de la Tercera Región del Estado de Guanajuato, sede Celaya, para que dentro del término de tres días legalmente computado, dé cumplimiento a la ejecutoria de mérito y remita las constancias que así lo acrediten, apercibido que de no hacerlo sin causa justificada, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, tal como lo prevén los artículos 238 y 258, ambos en relación con el propio 192, todos de la Ley de Amparo, y que asimismo, se remitirá el presente expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.

  4. Principal

    ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a **************contra la resolución emitida el siete de diciembre de dos mil veintidós por la Juez de Control en Materia Penal de la Tercera Región del Estado de Guanajuato, sede Celaya, en los autos del proceso penal 1P0622-1256, que se le sigue por el hecho que la ley considera como delito de violencia familiar, previsto y sancionado por el artículo 221 del Código Penal del Estado de Guanajuato, cometido en agravio de Brenda Francisca Vega Aguado; por las razones y para los efectos expuestos en el último considerando de la presente resolución.

Quedan 11 actuaciones en este expediente

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