Pablo Rosillo Flores
Expediente 400/2015 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de junio de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 400/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 12/06/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Pablo Rosillo Flores
Actuaciones
- Principal
Agréguese en autos el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Sexto Circuito, con sede en Guanajuato, capital, al que adjunta el juicio de amparo 400/2015-II e informa que causó estado el auto de veintinueve de mayo de dos mil quince, por el que dicho Tribunal desechó por improcedente el recurso de revisión interpuesto en contra del proveído de ocho de mayo de dos mil quince, mediante el cual se desechó la demanda de amparo presentada por ********. En ese sentido, acúsese recibo al tribunal de alzada y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. El presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Atendiendo al punto vigésimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el cuaderno de antecedentes, deberá ser destruido, en el plazo de seis meses a que alude dicho acuerdo. Finalmente, en virtud de que el quejoso no realizó manifestación alguna respecto de si está de acuerdo o no en que de hacerse público el contenido del expediente, aparezcan sus datos personales, se le tiene aceptando que se publiquen esos datos.
- Principal
Agréguese a sus antecedentes el oficio de cuenta suscrito por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, Capital, mediante el cual informa que se desechó por improcedente el recurso de revisión interpuesto por el quejoso en contra del proveído pronunciado el ocho de mayo de dos mil quince.
- Principal
AGRÉGUESE EN AUTOS EL ESCRITO DE CUENTA SIGNADO POR EL QUEJOSO, MEDIANTE EL CUAL INTERPONER RECURSO DE REVISIÓN EN CONTRA DE LA DETERMINACIÓN DE OCHO DE MAYO DE DOS MIL QUINCE, CON LA CUAL SE DESECHÓ SU DEMANDA DE AMPARO; EN TAL VIRTUD, REMÍTASE AL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL EN TURNO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO EN EL ESTADO DE GUANAJUATO, EL EXPEDIENTE EN QUE SE ACTÚA, EL ESCRITO DE AGRAVIOS Y UNA COPIA DEL MISMO PARA EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO AL TRIBUNAL DE ALZADA. SOLICÍTESE ACUSE DE RECIBO. HÁGANSE LAS ANOTACIONES DEL CASO EN EL LIBRO DE GOBIERNO Y FÓRMESE EL CUADERNILLO DE ANTECEDENTES RESPECTIVO.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE OCHO DE MAYO DE DOS MIL QUINCE A LA PARTE QUEJOSA: Vista la demanda de amparo presentada por Pablo Rosillo Flores, por su propio derecho, contra actos del Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el expediente 400/2015-II. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, dispositivos que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." De las citadas disposiciones legales, la última interpretada en sentido contrario, se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos en el juicio cuyos efectos no sean de imposible reparación. Asimismo, se advierte que la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el tres de abril de dos mil trece, establece que por actos de imposible reparación debe entenderse a los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Es decir, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación del derecho sustantivo de que se trate, y no en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales; hipótesis de procedencia en que se ubican, por ejemplo, el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, la admisión de la prueba pericial contable ofrecida por la contraparte de quien se vaya a revisar la documentación, la pericial en genética, etcétera. Por ello, de no actualizarse ninguno de los supuestos antes contemplados, el juicio de amparo indirecto que se promueva contra actos dentro del juicio será improcedente. Esto, porque las violaciones cometidas en un procedimiento, por regla general, son impugnables en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva, siempre y cuando tales violaciones afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo; y como excepción, se itera, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Al respecto, debe agregarse debido a la naturaleza del juicio de donde emana el acto reclamado - como se verá más adelante - que los juicios sucesorios son procedimientos especiales que se distinguen de los ordinarios por su tramitación, los cuales se dividen en dos: - testamentarios, en los que existe testamento otorgado por el autor de la sucesión; y, - intestados, que se presentan, por ejemplo, cuando: a) no existe testamento; b) existe testamento pero este no abarca la totalidad de los bienes del de cujus, por lo que se tramitará respecto a éstos; c) el testamento otorgado por el autor de la sucesión es declarado nulo; d) las condiciones que impuso el autor de la sucesión al heredero en el testamento no son cumplidas; el heredero muere antes que el autor del testamento, o no es capaz de heredar; el heredero no acepta la herencia. La sucesión constituye un juicio de carácter universal y de naturaleza peculiar, puesto que en el proyecto de partición, el objeto principal es liquidar un patrimonio y adjudicarlo a una persona determinada. Bajo dicha guisa, la legislación adjetiva civil estatal, en sus preceptos 585 a 589, establecen las cuatro etapas que conforman el juicio sucesorio, mismos que textualmente dicen: "ARTÍCULO 585. En todo juicio sucesorio se formarán cuatro secciones compuestas de los cuadernos necesarios. Deben iniciarse las secciones simultáneamente cuando no hubiere impedimento de hecho. ARTÍCULO 586. La primera sección se llamará de sucesión, y contendrá, en sus respectivos casos: I. El testamento o testimonio de protocolización o la denuncia del intestado; II. Las citaciones a los herederos y acreedores, y la convocación a los que se crean con derecho a la herencia; III. Lo relativo al nombramiento y remoción de albacea e interventores, y al reconocimiento de derechos hereditarios; IV. Los incidentes que se promuevan sobre nombramiento o remoción de tutores; y V. Las resoluciones que se pronuncien sobre la validez del testamento, la capacidad legal para heredar y preferencia de derechos. ARTÍCULO 587. La sección segunda se llamará de inventarios, y contendrá: I. El inventario provisional del interventor; II. El inventario y avalúo que forme el albacea; III. Los incidentes que se promuevan; IV. La resolución sobre el inventario y avalúo. ARTÍCULO 588. La tercera sección se llamará de administración y contendrá: I. Todo lo relativo a la administración; Las cuentas, su glosa y calificación; III. (Fracción Derogada. P.O. 13 de agosto de 2004) ARTÍCULO 589. La cuarta sección se llamará de partición y contendrá: I. El proyecto de distribución provisional de los productos de los bienes hereditarios; II. El proyecto de partición de los bienes; III. Los incidentes que se promuevan respecto a los proyectos a que se refieren las fracciones anteriores; IV. Los arreglos relativos; V. Las resoluciones sobre los proyectos mencionados; VI. Lo relativo a la aplicación de los bienes." De lo anterior, resulta válido destacar que: La fase de sucesión, comprende la declaración de validez del testamento, reconocimiento de derechos hereditarios o, declaratoria de herederos y, nombramiento y remoción de albacea e interventores, así como de tutores; La de inventarios y avalúos, se concentra en todo lo relativo a los bienes de la sucesión, comenzando por el inventario provisional en el caso de que no se presenten los interesados o albaceas y se haya nombrado un interventor judicial, siguiendo con los inventarios y avalúos definitivos y todos los incidentes que al respecto se promuevan; La de administración, debe contener las cuentas de la administración de los bienes hereditarios realizadas por el albacea, los incidentes de inconformidad promovidos por los interesados; y La partición, aquí se formula el proyecto de distribución provisional del acervo hereditario, el concerniente a la partición de los bienes; así como los incidentes que se promuevan en torno a los proyectos anteriores y, las resoluciones que recaigan a éstos. Por ello, el juicio sucesorio -como se dijo- se considera de carácter especial, dada la diferenciación que existe con los ordinarios, por la peculiaridad de su tramitación. Con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia referida, conviene relatar los antecedentes del acto reclamado, mismos que se desprenden de la demanda, así como de las constancias anexas a la misma, los cuales son: Ante el entonces Juzgado Segundo Civil de Partido de Salvatierra, Guanajuato, se promovió el juicio sucesorio intestamentario a bienes de Pablo o Pablo José Rosillo Morales, el cual se radicó con el número de expediente C-174/2008, ahora C-75/2014 de la estadística del Juzgado Único Civil de esa municipalidad. En la primera sección de ese procedimiento se nombró como albacea de la sucesión intestamentaria a Olga Aguilar Hurtado. En dieciséis de enero de dos mil quince y dentro de la segunda sección, Olga Aguilar Hurtado albacea de la referida sucesión, presentó inventario y avalúo de los bienes que conforman el caudal hereditario Inconforme con lo anterior el aquí quejoso promovió incidente de oposición al inventario y avalúo, mismo que fue resuelto el veintiséis de febrero del año en curso, por el Juez Civil de Partido de Salvatierra, Guanajuato, resolución en la que se declaró parcialmente procedente el incidente de oposición planteado, excluyéndose del mismo la cantidad que se indicó por frutos; e improcedente el incidente de oposición al avalúo. Contra la determinación anterior, el quejoso Pablo Rosillo Flores, interpuso recurso de apelación, del que correspondió conocer a la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, con residencia en la ciudad de Guanajuato, y mediante resolución de veinticuatro de abril pasado, confirmó dicho auto. -acto reclamado- Como puede verse, el acto reclamado en el presente juicio de amparo: Fue dictado dentro de la segunda sección del juicio sucesorio intestamentario de referencia; No tienen por objeto dar por concluida dicha fase; y, No afectan derecho sustantivo alguno de la parte quejosa. En esa tesitura, dicho acto reclamado no constituyen un acto en la segunda fase de dicho sucesorio cuyo efecto sea de imposible reparación, pues sus efectos sólo podrían, en determinado caso, traducirse en violaciones procesales que afecten derechos adjetivos susceptibles de ser reparados al dictarse la resolución que ponga fin a la segunda etapa del juicio sucesorio de origen, si éstas son favorables a los intereses del accionante del amparo y, en caso contrario, de resultar opuestos a los mismos, puede reclamarlos por el medio ordinario legal de defensa que le otorgue la ley de la materia para impugnarla. De tal suerte, el juicio de amparo resulta improcedente, dado que, en su caso el quejoso debió combatir la resolución final sobre el inventario y avalúo, con la que se ponga fin a la segunda sección del procedimiento sucesorio. Lo anterior es así, pues en la especie no se le puede considerar como acto de imposible reparación, en virtud de que sus consecuencias no afectan materialmente alguno de los derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal ni en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Por otra parte, téngase al quejoso manifestando su deseo de señalar como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este órgano jurisdiccional, lo que, al no ser técnicamente posible, con fundamento en el numeral 26, fracción III, de la ley de la materia, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, practíquensele mediante lista de acuerdos que se fije en los referidos estrados de este juzgado federal. Asimismo téngasele autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Roque González Moreno, en virtud de que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, creado por Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; a Marco Antonio González Tonin, en términos de la última parte del segundo párrafo del citado numeral, por no encontrarse en ese supuesto. En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 8° y 13 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, 8 y demás relativos del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; hágase saber a las partes que el contenido del expediente, estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, así también, el derecho que les asiste, para manifestar, hasta antes de que se dicte el fallo, su oposición a que sus datos personales se incluyan en la publicación, en la inteligencia de que la falta de oposición hará suponer su consentimiento para que el contenido del expediente se publique sin supresión de datos, en el entendido de que aun cuando las partes no hayan ejercido la oposición a que se refiere el artículo 8° de la Ley, las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones dictadas en expedientes de asuntos de cualquier materia que por disposición legal o por su naturaleza puedan afectar de algún modo la dignidad personal o causar un daño irreparable y, en su caso, los documentos que obren en ellos y no sean reservados o confidenciales, se difundirán en una versión impresa o electrónica de la que se supriman los datos personales de las partes, salvo su nombre, y en la medida en que no impidan conocer el criterio sustentado por el Juzgador. De conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización en los términos ordenados por el titular de este Juzgado en las circulares 1/2010 y 2/2010, de quince y veintiuno de enero de dos mil diez, respectivamente.
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