Pablo Solorzano Castro
Expediente 872/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 22 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 872/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 15/11/2018
Partes del expediente
- Pablo Solorzano Castro
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
II. Toluca, Estado de México; quince de noviembre de dos mil dieciocho. Vista la razón de cuenta, signada por el actuario de este órgano de control constitucional, se advierte que el quejoso realizó la manifestación siguiente: "Su señoría el suscrito se desiste de la presente demanda ya que la Directora General, la licenciada Jazmín Borbón Ochoa así como el Director Técnico, y Director de Seguridad han proporcionado todas las atenciones, aclarando la situación que origino el presente juicio aunado a que se me ha proporcionado atención médica, así como atención psiquiátrica por la perdida de un familiar, por lo que por medio de usted de no existir inconveniente solicito se reubique al suscrito al módulo uno, ya que es un modulo muy tranquilo y es lo que busca el hoy amparista para superar el duelo que vive por el fallecimiento de su familiar. Bajo protesta de decir verdad, Pablo Solórzano Castro. (sic)" A dicha razón se le concede valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto en los artículos 161 y 212 del referido código supletorio, ya que al tratarse de una actuación de un funcionario investido de fe pública. Sobre el particular se invoca la Jurisprudencia publicada con el número 563, página 405, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, del tomo IV, cuyo rubro y texto son: "NOTIFICACIÓN. VALOR PROBATORIO DE LAS RAZONES DE LOS ACTUARIOS. Las razones de notificación realizadas por los secretarios actuarios, que gozan de fe pública, tienen pleno valor probatorio respecto de los hechos que en ellas se consignan, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 403 en relación con la fracción VIII del 327, ambos del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, a menos que el contenido de las mismas sea desvirtuado por prueba en contrario." Al respecto, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos la razón actuarial referida para los efectos legales procedentes. En tal virtud, se sobresee en el juicio de amparo promovido por Pablo Solórzano Castro contra actos de la Comisionado Nacional de Seguridad y otras, pues emerge la causa de sobreseimiento inserta en el artículo 63, fracción I de la Ley de Amparo. Es aplicable, por analogía, la Jurisprudencia número 2a./J.10/2003 publicada en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, marzo de 2003, tomo XVII, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y con el rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Aunado a que la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, y con la sola declaración de la voluntad, válidamente la parte quejosa puede ceder en cualquier momento, pues el desistimiento de la demanda constituye la renuncia a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional. Es decir, que al expresar el quejoso que se desiste del juicio, ello significa que no es su voluntad continuar con la secuela procesal de éste, por ende, se actualiza como ya quedó precisado, la causa de sobreseimiento inserta en el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo. Sobre el particular se invoca la Jurisprudencia 2a./J.33/2000, que se aprecia en la página 147, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Abril de 2000, Tomo XI, Materia Común, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, de ahí que pueda, válidamente, desistir en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad. Lo anterior se encuentra reconocido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece como una de las causas de sobreseimiento en el juicio el desistimiento de la demanda, que para la misma disposición constituye una abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado, implicando el desistimiento de la demanda. Por consiguiente, el desistimiento ratificado por el quejoso, actualiza la hipótesis prevista por el mencionado artículo 74, fracción I, a pesar de que se haya externado ante el a quo y con posterioridad a la fecha en que éste dictó la resolución de primera instancia e incluso, a que en contra de tal fallo se haya interpuesto el recurso de revisión, porque el quejoso conserva su derecho para desistir de la demanda en el momento en que lo considere conveniente a sus intereses, y el órgano de control constitucional tiene el deber de aceptar esa renuncia. Por consiguiente, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con diez minutos del veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Finalmente, por lo que hace a la solicitud del quejoso de ser reubicado al módulo uno, hágase del conocimiento a la Directora General del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", para los efectos legales a los que haya lugar. Notifíquese y personalmente al quejoso.
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II. Toluca, Estado de México; doce de noviembre de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibida la diligencia de notificación, practicada el ocho de noviembre de este año, en la cual se advierte que el quejoso Pablo Solórzano Castro, manifiesta lo siguiente: "SU SEÑORÍA HACE FALTA LA BITÁCORA O REGISTRO DE LA CORRESPONDENCIA ENVIADA POR EL HOY AMPARISTA, ASÍ MISMO NO SE ESTA DE ACUERDO CON EL INFORME DE ASISTENCIA PSICOLÓGICA ANEXADO AL INFORME JUSTIFICADO YA QUE SE VIOLENTAN LAS GARANTÍAS Y DERECHOS DEL SUSCRITO SE SOLICITA UN TÉRMINO MÁS AMPLIO PARA INTERPONERSE DE LAS PRESENTES CONSTANCIAS." A dicha diligencia se le otorga valor probatorio pleno en conformidad con lo establecido en los artículos 161 y 212 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que al tratarse de actuaciones de un funcionario investido de fe pública, lo asentado en sus razones corresponde a la verdad de cómo sucedieron los hechos de los cuales dio fe. Sobre el particular, por similitud jurídica, se invoca la jurisprudencia publicada con el número 563, visible en la página 405 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo IV, con registro 392690, cuyo rubro y texto son: "NOTIFICACIÓN. VALOR PROBATORIO DE LAS RAZONES DE LOS ACTUARIOS. Las razones de notificación realizadas por los secretarios actuarios, que gozan de fe pública, tienen pleno valor probatorio respecto de los hechos que en ellas se consignan, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 403 en relación con la fracción VIII del 327, ambos del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, a menos que el contenido de las mismas sea desvirtuado por prueba en contrario." En atención a lo expuesto por la parte quejosa, requiérase para que aclare a que se refiere con "la bitácora o registro de la correspondencia" que hace mención en sus manifestaciones. Asimismo, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse por formulados sus alegatos, sin perjuicio de tomarlos en consideración en la celebración de la audiencia constitucional, toda vez que menciona no estar de acuerdo con el informe justificado. Finalmente, dígasele al quejoso que trascurre el termino de ocho días para que manifieste lo que a su derecho e interés convenga, pues el ocho de noviembre de dos mil dieciocho fue notificado. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
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II. Toluca, Estado de México; siete de noviembre de dos mil dieciocho. Vito la razón de cuenta signada por el Actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, a través de la cual manifiesta la imposibilidad de notificar el proveído de treinta de octubre de dos mil dieciocho al quejoso Pablo Solórzano Castro, por las razones expresadas en la misma. En términos de lo dispuesto en los artículos 161 y 212 de la legislación procesal civil invocada, al tratarse de las actuaciones de un funcionario investido de fe pública, lo asentado en sus razones corresponde a la verdad de cómo sucedieron los hechos de los cuales dio fe, por lo que se da veracidad a lo manifestado en la diligencia de mérito. Al caso es aplicable, la jurisprudencia publicada en la página 265 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IV, mayo de 1995, materia común, novena época, cuyo rubro y texto son: "NOTIFICACIONES. LEGALIDAD DE LAS. EL ACTUARIO TIENE FE PUBLICA POR ACTUAR COMO AUTORIDAD EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. Este funcionario al llevar a cabo las diligencias de notificación, tiene, por disposición de la ley, la calidad de una autoridad en ejercicio de sus funciones, razón por la que está investido de fe pública; de manera que si asienta que entendió una diligencia de notificación con la persona a quien va dirigida, debe estimarse cierto ese hecho, si no hay prueba que acredite lo contrario." Atento a lo anterior, comisiónese nuevamente al actuario judicial adscrito para que realice la diligencia encomendada en auto de treinta de octubre de dos mil dieciocho, aún en días y horas inhábiles. Notifíquese y personalmente al quejoso, conforme al proveído de treinta de octubre de dos mil dieciocho.
- Principal
II. Toluca, Estado de México; treinta de octubre de dos mil dieciocho. Por recibido el oficio suscrito por la Secretaria del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, a través del cual remite testimonio de la resolución dictada el dieciocho de octubre de dos mil dieciocho en el amparo en revisión 341/2018, de su índice estadístico, formado con motivo del recurso interpuesto por Pablo Solórzano Castro, contra la sentencia emitida el seis de julio de dos mil dieciocho; así como los autos originales del juicio de amparo 872/2018-II, recurso resuelto en los términos siguientes: "PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se ordena la reponer la reposición del procedimiento en el juicio de amparo indirecto 872/2018-II, del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México; por los motivos y para los efectos precisados en el último considerando de esta ejecutoria." En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agregan a los autos el oficio y testimonio de referencia; respecto al cuaderno de antecedentes, téngase como anexo, previo desglose de las actuaciones originales para que obren en el presente asunto; háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y acúsese recibo. Ahora bien, los efectos para la reposición del juicio de amparo a fin de que órgano jurisdiccional: "Programe hora y fechas para celebrar la audiencia constitucional; en la inteligencia que debe trascurrir en su integridad el plazo de ocho días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación a la parte quejosa del proveído respectivo y el anterior al señalado para desahogar la audiencia, para que el impetrante se imponga del informe justificado rendido por cada una de las autoridades responsables. Hecho lo anterior, en su oportunidad resuelva lo que en derecho corresponda." En tales condiciones, en estricto acatamiento a la ejecutoria emitida por el tribunal de alzada, se ordena reponer el procedimiento. En ese sentido se tiene que el quejoso señaló como acto reclamado: "1. TRATOS CRUELES E INHUMANOS Y HUMILLANTES QUE PONEN EN PELIGRO LA INTEGRIDAD PSÍQUICA Y FÍSICA DEL HOY AMPARISTA, ASÍ COMO DE SU FAMILIA, RECIBIENDO AMENAZAS DIRECTAS POR PARTE DE LA LICENCIADA JAZMÍN BORBÓN OCHOA, DIRECTORA GENERAL DEL CE.FE.RE.SO NÚMERO UNO, "ALTIPLANO", EN REPRESALIA DE HECHOS CONSTITUCIONALMENTE DE DELITO DENUNCIADOS ANTE LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE MOTIVO POR LO QUE SE INICIÓ LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN FED/OAX/OAX/0000115/2018. RECIBIR UNA PENA DE INFAMIA, TORMENTO, ATAQUES A LA LIBERTAD PERSONAL FUERA DEL PROCEDIMIENTO E INCOMUNICACIÓN AL DESAPARECER Y/O PERMITIR ENVIO DE CORRESPONDENCIA, HECHOS O ACTOS DE RESTRINGIERON Y SUSPENDIERON EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS A LA NO DESCRIMINACIÓN, AL RECONOCIMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURIDICA, A LA VIDA, A LA INTEGRIDAD PERSONAL, A LA PROTECCIÓN DE LA FAMILIA, EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y RETRACTIVIDAD Y LA TORTURA, ASÍ COMO LAS GARANTIAS JUDICIALES INDISPENSABLES PARA LA PROTECCIÓN DE TALES DERECHOS, ACTOS QUE SE EJECUTARAN EL CINCO DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO POR LA LICENCIADA JAZMIN BORBON OCHOA E INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APLICACIÓN DE SANCIONES Y/O COMITÉ TÉCNICO, CAUSANDO ESTRÉS Y TEMOR A REPRESALIAS DE TODAS LAS AUTORIADDES SEÑALADAS COMO RESPONSABLES, YA QUE TAL DEGRADACIÓN SE PRESENTA UNA FLAGRANTE VIOLACIÓN A LA INTEGRIDAD PSIQUICA Y MORAL DEL HOY AMPARISTA Y SU FAMILIA, ASÍ COMO EL DERECHO AL RESPETO DE LA DIGNIDAD INHERENTE AL SER HUMANO, DEBIDO AL GRAVE SUFRIMIENTO QUE PROVOCO LA CITADA DIRECTORA GENERAL, LA LICENCIADA JAZMIN BORBON OCHOA, AUNADO A QUE VIDEOGRABO AL HOY AMPARISTA SIN SU CONCENTIMIENTO CUANDO LO INTERROGO.". Atento a lo anterior y en acatamiento a la ejecutoria de amparo, pronunciada por el superior jerárquico, se comisiona al Actuario Judicial adscrito, para que notifique al quejoso Pablo Solórzano Castro, el presente auto y la totalidad de los informes justificados con su respectivo acuerdo, aun en días y horas inhábiles, para los efectos señalados con anterioridad. Finalmente, se fijan las diez horas con diez minutos del veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese y personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión.
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