Pablo Solórzano Castro

Expediente 478/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
478/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
30/05/2019

Partes del expediente

  • Pablo Solórzano Castro

Actuaciones

  1. Principal

    V) Toluca, Estado de México a treinta de mayo de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a Ley de Amparo, se tiene por recibido el oficio y anexo suscrito por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Penal del Segundo Circuito, al que anexa testimonio de la ejecutoria dictada el dieciséis de los cursantes, en el recurso de queja 83/2019 de su índice, en el que determinó declarar infundado el medio de impugnación hecho valer; en consecuencia, acúsese recibo a la superioridad. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese el presente sumario como asunto concluido. Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, consultable en el Diario Oficial de la Federación número veinte, del veintiséis de octubre de dos mil nueve, se precisa: Que el presente expediente, por tratarse de un asunto en el cual se desechó la demanda de amparo, es susceptible, en su oportunidad, de ser destruido. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. En el entendido que no existen documentos originales, de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto referido. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.

  2. Principal

    V. Toluca, Estado de México a treinta de abril de dos mil diecinueve. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para los efectos legales conducentes el oficio de cuenta remitido a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE, por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, a través del cual acusa recibo del oficio por el cual se le remitió el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, el cual admitió a trámite y se registró con el número de recurso de queja 83/2019; por tanto, se toma conocimiento de lo anterior, para los efectos legales conducentes. Notifíquese.

  3. Principal

    V. Toluca, Estado de México a veinticuatro de abril de dos mil diecinueve. Por recibida la notificación personal practicada al quejoso Pablo Solórzano Castro, por el Actuario Judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, del auto de tres de los cursantes, en la cual se observa que asentó de su puño y letra: "SE SOLICITA COPIA DE LA DEMANDA INICIAL CON SUS ANEXOS YA QUE SON DE VITAL IMPORTANCIA ASÍ MISMO SE INTERPONE EL RECURSO DE QUEJA Y/O REVISIÓN, YA EL SUSCRITO ES LA SEGUNDA OCASIÓN QUE SOLICITÓ A LA RESPONSABLE SE ME OTORGARA LA CALIDAD DE VÍCTIMA, Y EN LA SEGUNDA OCASIÓN SE NEGÓ, DISCRIMINANDO AL SUSCRITO QUEJOSO, POR LO QUE DICHO SUPUESO ENCUADRA EN EL ARTÍCULO 22 CONSTITUCIONAL, YA QUE SE ESTA DISCRIMINANDO AL SUSCRITO AL HABER SIDO OBJETO DE TORTURA" (SIC). Por tanto, se tienen por hechas las aseveraciones en comento para los efectos legales procedentes, en términos de lo dispuesto en los artículos 161 y 212 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues dicha diligencia tiene pleno valor probatorio, al tratarse de una actuación de un funcionario investido de fe pública, lo asentado en su razón corresponde a la verdad de cómo sucedieron los hechos de los cuales dio fe. Es aplicable la jurisprudencia IV.2o. J/4, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito publicada en la página 265, del Tomo IV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de mayo de 1995, Tomo IV, con número de registro 205152, que establece: "NOTIFICACIONES. LEGALIDAD DE LAS. EL ACTUARIO TIENE FE PUBLICA POR ACTUAR COMO AUTORIDAD EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. Este funcionario al llevar a cabo las diligencias de notificación, tiene, por disposición de la ley, la calidad de una autoridad en ejercicio de sus funciones, razón por la que está investido de fe pública; de manera que si asienta que entendió una diligencia de notificación con la persona a quien va dirigida, debe estimarse cierto ese hecho, si no hay prueba que acredite lo contrario." Atento a lo anterior, toda vez que el quejoso se encuentra privado de su libertad, a fin de no dejarlo en estado de indefensión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídasele la copia de las actuaciones que refiere. Por lo anterior, se comisiona al Actuario de la adscripción para que al momento en que le notifique el presente proveído, le haga entrega de las constancias respectivas, previa toma de razón que por su recibo obre en autos. Ahora bien, dada la naturaleza del auto a notificar de dieciséis del presente mes y año y la pretensión del quejoso, a efecto de no dejarlo en estado de indefensión, de conformidad con los numerales 97, fracción I, inciso a), 98 a 100, de la citada ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, se tiene por interpuesto el recurso de queja. Ahora, ya que la demanda de amparo se desechó a través del auto ahora recurrido; por ende, no existen partes para notificar la interposición del recurso; por lo que es improcedente otorgar el plazo que prevé el primer párrafo del artículo 101 de la ley de la materia; consecuentemente, con apoyo en el numeral citado, remítase el original de la notificación que se atiende en la que se interpone el recurso, así como copia de la misma y copia certificada de todo lo actuado en el presente expediente al TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO, EN TURNO y solicítese el acuse de recibo correspondiente. Asimismo, se rinde el informe respectivo en los siguientes términos: ES CIERTO EL ACTO QUE SE RECLAMA en cuanto a que este Juzgado de Distrito emitió el acuerdo ahora recurrido por la parte quejosa. Por otra parte, sin que pase desapercibido para este órgano jurisdiccional que el quejoso manifiesta haber sido objeto de tortura y discriminación, pues estos derivan de los actos por esta vía impugnados; es decir, de la segunda petición de que se le reconozca el carácter de víctima en el procedimiento penal de origen, pues como ya se determinó en el auto ahora recurrido (de dieciséis de los cursantes), únicamente resultan ser manifestaciones subjetivas del agraviado. Notifíquese. Así lo acordó y firma Adrián Rivera López, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario José Mauricio Neira Villarreal que autoriza, firma y da fe.

  4. Principal

    V. Toluca, Estado de México a dieciséis de abril de dos mil diecinueve. Radicación. Téngase por recibida la demanda promovida por Pablo Solórzano Castro, por derecho propio, contra actos del Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en Toluca, Estado de México; fórmese el expediente físico y electrónico, regístrese en el libro de gobierno como amparo indirecto 478/2019-V. Desechamiento. En esas condiciones, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En ese sentido, es pertinente precisar que los actos materia de este asunto, esencialmente se hace consistir en: El auto de tres del presente mes y año, emitido por el Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en Toluca, Estado de México, en la causa penal 83/2011-V, por el cual no le reconoce al aquí quejoso el carácter de víctima. Ahora bien, este órgano de control constitucional advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia en el artículo 61, fracción XVIII que estable: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;." De la interpretación del artículo transcrito, es factible decir que el motivo de improcedencia que contiene, descansa en la inobservancia al principio rector del juicio de amparo relativo a la definitividad del acto reclamado. Ahora, el juicio de amparo es un medio de defensa extraordinario, por tanto, se debe promover cuando previamente se haya agotado el recurso o mecanismo previsto por la ley ordinaria y que sea idóneo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse. La esencia de este principio resalta por sí misma, pues procura que el amparo sea la instancia final que permita la anulación de actos de autoridad violatorios de derechos fundamentales, razón por la cual, si el resultado que pretende el agraviado puede obtenerlo mediante el uso de instrumentos ordinarios, es por ello que se busca impedir la utilización innecesaria del proceso constitucional o la confusión en el uso de los medios de impugnación que interrumpan los procedimientos ordinarios y, en muchos de los casos, que se produzcan resoluciones contradictorias dentro de dichos procedimientos, he aquí la importancia del referido principio de definitividad. Por todo ello, se pretende que el acto reclamado sea definitivo, es decir, que mediante el sistema ordinario ya no pueda ser anulado, para el efecto de que los jueces de amparo examinen las inconstitucionalidades alegadas como último recurso. Este principio se traduce en una exigencia que afecta la procedencia de la acción de amparo, el cual se consagra esencialmente en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente. Por ello, se concluye que la sanción que corresponde al no cumplimiento del principio de la definitividad que se examina, consiste precisamente en el desechamiento del juicio intentado, merced a la improcedencia de la acción de amparo que en su caso se promueva. Ahora bien, de la narrativa de los antecedentes del acto reclamado, se advierte que el peticionario resultan ser la parte inculpada en la causa penal 83/2011-V. En esta tesitura, si la parte quejosa reclama del Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en Toluca, Estado de México, el auto de tres del presente mes y año, emitido en la causa penal 83/2011-V, por el cual no le reconoce el carácter de víctima, dicho acto no tiene el carácter de definitivo, presupuesto esencial para la procedencia del juicio de amparo, pues se estima que el acto reclamado puede ser modificado, revocado o confirmado a través del recurso de revocación establecido en el artículo 361 del Código Federal de Procedimientos Penales, que establece: "ARTICULO 361.- Solamente los autos contra los cuales no se conceda por este Código el recurso de apelación, serán revocables por el tribunal que los dictó." Sobre este tenor, se colige que el acto reclamado, debió combatirse a través del recurso de revocación, para considerar satisfecho el principio de definitividad que rige a este juicio de amparo; por lo que antes de acudir a esta instancia constitucional, la parte quejosa debió agotar dicho medio de defensa ordinario, a través del cual se puede revocar, modificar o invalidar, de ahí que debió interponer el medio de impugnación de referencia. Lo anterior evidencia que, el medio de defensa legal idóneo para combatir el acto reclamado es el recurso de revocación; pero como la parte agraviada no lo hizo valer previamente al ejercicio de la acción constitucional que se atiende, contraviene el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por similitud jurídica la jurisprudencia publicada con el número 573 en la página 515, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, tomo VI, Materia Común del tenor literal siguiente: "RECURSOS ORDINARIOS, AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTÍAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO. La circunstancia de que el medio de defensa ordinario que tenga por efecto confirmar revocar o modificar el acto reclamado no suspenda la ejecución de éste, sólo es atendible tratándose de amparos en que se reclaman actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, según lo establece el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo. En cambio, la literalidad del artículo 73, fracción XIII, de la invocada Ley permite concluir que tratándose de resoluciones judiciales, o de tribunales administrativos o del trabajo, basta que la Ley que rige el acto determine la procedencia de algún recurso o medio de defensa, para que el afectado deba agotarlo en forma previa al ejercicio de la acción constitucional; de ahí que no sea atendible que la interposición del recurso ordinario o del medio de defensa respectivo suspenda o no la ejecución del acto reclamado, sino que invariablemente debe agotarse, para dar cumplimiento al principio de definitividad que determina la procedencia del juicio constitucional." Por lo anteriormente expuesto, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de amparo, promovida por Pablo Solórzano Castro, por derecho propio, contra actos del Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en Toluca, Estado de México. Sin que sea óbice a lo anterior, que el quejoso señale como actos reclamados diversos adjetivos calificativos en relación al auto que por esta vía impugna, pues estos únicamente resultan ser manifestaciones subjetivas del agraviado. Domicilio. Con apoyo en el artículo 26, fracción I, inciso a) y c), de la Ley de Amparo, practíquense a la quejosa las notificaciones del presente asunto en el lugar donde se encuentra recluido. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21, párrafo tercero de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese y personalmente al quejoso. Así lo acordó y firma Adrián Rivera López, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario José Mauricio Neira Villarreal que autoriza, firma y da fe.

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