Pablo Solis Millet

Expediente 1214/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 104 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1214/2015
Año
2015
Actuaciones
104
Última actuación
09/08/2021

Partes del expediente

  • Alejandrina Sosa Zapata
  • DAVID SOSA SOLIS y Otros.
  • David Sosa Solis
  • Pablo Solis Millet
  • Fernando Jose Guasch Madahuar
  • Gabriel Guzman Millet
  • Congreso del Estado de Yucatan

Actuaciones

Las 4 más recientes de 104.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de quince días que señala la ley de la materia en su artículo 202, para que la parte quejosa se inconformara, con el proveído que declaró cumplida la ejecutoria federal; por tal motivo y en razón de que no ejerció ese derecho, téngase a la parte promovente del amparo conforme con el cumplimiento de la ejecutoria de mérito, por lo que, háganse las anotaciones en el libro respectivo. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, archívese como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se otorgó la protección constitucional a la parte quejosa en el presente juicio de amparo, el mismo debe conservarse, por el término de tres años y una vez transcurrido éste deberá depurarse, tal como lo establece el propio numeral antes invocado. Asimismo, y como lo dispone el segundo párrafo del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales y en razón al sentido dictado en el presente asunto consérvese únicamente la demanda y sentencia dictada en el presente asunto, mismos que deberán digitalizarse en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, debiendo depurarse las constancias restantes, como lo señala el referido segundo párrafo del citado artículo 18 del multicitado Acuerdo. De conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que obra el oficio suscrito por el Presidente Municipal de Yaxkukul, Yucatán, con el que informa acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria concesoria de amparo; así como que mediante proveído de dos de julio del presente año, se dio vista a las partes con el oficio remitido por la citada autoridad, para que dentro del término de tres días hábiles, manifestaran lo que a sus derechos conviniera, sin que hayan hecho pronunciamiento alguno; por lo que al haber fenecido dicho plazo, este órgano judicial determinará si está cumplido o no el fallo protector. En este sentido, se aprecia que por sentencia definitiva firmada el veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, se concedió a la parte quejosa el amparo y la protección de la Justicia de la Unión, respecto del acto atribuido al Congreso del Estado y otras autoridades consistente en la inconstitucionalidad de la Ley General de Hacienda para los Municipios del Estado de Yucatán, publicada mediante Decreto 301, de treinta de diciembre de dos mil, en particular los artículos 20, 30, 31, 33 y 34 que establecen el Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles. Inconforme con la anterior determinación, el Presidente Municipal del Ayuntamiento de Yaxkukul, Yucatán interpuso recurso de revisión del que correspondió conocer al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, en el toca 254/2016, en el que en sesión plenaria de dos de marzo de dos mil diecisiete, determinó desechar el recurso y confirmar la sentencia impugnada. De manera que las autoridades responsables, en el respectivo ámbito de sus competencias, estaban obligadas a acatar la resolución referida en el párrafo que antecede, en los términos indicados en la sentencia de amparo, los cuales fueron los siguientes: "SÉPTIMO. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO. El amparo respecto al problema de constitucionalidad de leyes se concede para los efectos siguientes: Por cuanto al Congreso del Estado, Gobernador Constitucional del Estado, Secretario General de Gobierno y Secretario de Administración y Finanzas del Estado, todos con sede en esta ciudad, por los motivos que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, no es necesario requerir el cumplimiento de la misma, en virtud de que no existe acto alguno que realizar por parte de las precitadas autoridades, en razón de que éste incide dentro del ámbito competencial dela Tesorería Municipal de Yaxkukul, Yucatán. Por tanto, se advierte que existe una autoridad que debe intervenir en la ejecución de la sentencia, que es la (sic) dentro del ámbito competencial de la Tesorería Municipal de Yaxkukul, Yucatán, en virtud de que es la autoridad recaudadora del impuesto reclamado, y por lo tanto, con fundamento en el artículo 197 de la Ley de Amparo, está obligada al cumplimiento de la misma, determinándose que los actos que debe efectuar son los siguientes: No aplicar exclusivamente a los quejosos los artículos 29, 30, 31, 33 y 34 de la Ley General de Hacienda para los Municipios del Estado de Yucatán, por medio del cual se establece el Impuesto Sobre Adquisición del bienes inmuebles ubicados en el municipio de Yaxkukul, Yucatán, en lo presente y en lo futuro, tal como así lo dispone la jurisprudencia P./J. 112/99. Devolver a los quejosos las cantidades erogadas con motivo del impuesto combatido, así como también las que de forma subsecuente se hayan pagado conforme lo dispone en su aplicación analógica la jurisprudencia 2ª. XIV/97. Lo anterior es así, dado que la concesión de amparo tiene consecuencias jurídica en relación con los actos de aplicación futuros, lo que significa que la ley ya no podrá válidamente ser aplicada a los quejosos solicitantes de derechos fundamentales que obtuvo la protección constitucional, pues su aplicación por parte de la autoridad implicaría la violación a la sentencia de amparo que declaró la inconstitucionalidad de la ley respectiva en relación con la quejosa;" Mediante resolución pronunciada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión de veinte de enero de dos mil veintiuno, en el Incidente de Inejecución de Sentencia 35/2020, se determinó que la cantidad que debía devolverse a los quejosos, según los documentos aportados por ellos, motivo del pago del impuesto sobre adquisición de inmuebles que reclamaron inconstitucional y que fue motivo de la concesión del amparo, ascendió a la cantidad de $504,445.00. Así, de las constancias de autos se desprende que mediante escrito de veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, el Ayuntamiento responsable informó a esta resolutora que a efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria, abrió la cuenta 18000082131 en la institución bancaria Banco Santander, en la que adujo haría depósitos mensuales a favor de los quejosos. Así como que a partir de esa fecha y a través de los diversos escritos de tres de diciembre de dos mil diecinueve, trece de enero de dos mil veinte, veintisiete de febrero de dos mil veinte y veintisiete de julio de dos mil veinte, hizo del conocimiento de esta juzgadora que realizó depósitos por las cantidades de $20,000.00, $20,000.00, $60,000.00, $40,000.00 y $50,000.00. A su vez, mediante escrito presentado el veintinueve de junio del año en curso, el Presidente del Ayuntamiento de Yaxkukul, Yucatán informó el veintiocho de junio de los corrientes, depositó a favor de los quejosos la cantidad de $304,445.00; en tanto que ya habían sido cobrados $200,000.00 previamente entregados mediante cheques a los quejosos y depositados a la cuenta bancaria referida 18000082131, adjuntando a su escrito copias del estado de cuenta y de los cheques referidos. Así, tomando en consideración que el efecto de la concesión del amparo fue para que no se le aplicaran los artículos 29, 30, 31, 33 y 34 de la Ley General de Hacienda para los Municipios del Estado de Yucatán, así como para que se le devolvieran las cantidades que en concepto del impuesto reclamado derogaron, monto que fue demostrado por los propios quejosos a través de las documentales que exhibieron en esta instancia y que coincide con la de los depósitos realizados por la autoridad responsable; en tales circunstancias, se concluye que se dio cumplimiento a la presente ejecutoria de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se determina que se ha cumplido en su totalidad la sentencia de amparo, sin excesos ni defectos.

  3. Principal

    Agréguese a estos autos el escrito signado por ********************, autorizada de la parte quejosa en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, mediante el cual hace diversas manifestaciones en relación con la vista que se le dio en proveído de fecha dos de julio del año en curso, respecto del cumplimiento dado a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, resérvese el mismo hasta en tanto fenezca el término concedido a las partes en el proveído de mérito.

  4. Principal

    Agréguese a estos autos el oficio suscrito por el Presidente Municipal de Yaxkukul, Yucatán, y anexo que acompaña, con el que atiende el requerimiento realizado por este órgano de control constitucional e informa lo relativo al cumplimiento de la sentencia de amparo; al efecto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa por el término de tres días hábiles, contados a partir del siguiente al en que quede debidamente notificada de este acuerdo, para que manifieste lo que a sus derechos convenga. Apercibida que de no hacer manifestación alguna dentro de ese plazo, esta Juzgadora resolverá lo que legalmente corresponda respecto al cumplimiento de la resolución de amparo.

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