Pablo Jose Quintana Moros

Expediente 5/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 17 actuaciones registradas, la última del 23 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
5/2022
Año
2022
Actuaciones
17
Última actuación
23/02/2023

Partes del expediente

  • Pablo Jose Quintana Moros
  • Freddy Antonio Pool Uicab
  • Directora Ejecutiva de Regulacion de Estuperfacientes, Psicotropicos Y Sustancias Quimicas de la Comision Federal Para Riesgos Sanitarios

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad

    Mérida, Yucatán, veintitrés de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de quince días que señala el artículo 202, en relación con el 201, ambos de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran, con el proveído que declaró cumplida la Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 1/2018; por tal motivo y en razón de que no ejercieron ese derecho, téngase a éstas conformes con el cumplimiento de la denuncia de mérito; por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este juicio como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, hágase la anotación respectiva de archivo en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo. En cumplimiento al artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se declaró fundada la Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 1/2018, el mismo debe conservarse, por el término de tres años contados a partir de esta fecha. Concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, se ordenará su depuración, conservando la demanda, en su caso, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al asunto, el presente proveído; y los documentos que, en su momento, se consideren relevantes, siempre y cuando obren en el expediente físico en que se actúa, situación que se hará constar en el acuerdo de desincorporación respectivo. En términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. De conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación en la carátula del presente expediente, en el sentido de que este asunto es depurable, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Finalmente, se hace saber a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3º, fracción III del Acuerdo General 12/2020 del propio Pleno que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante el Secretario Pablo Pérez Pacheco, con quien actúa y da fe.

  2. Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad

    MESA V. Agréguense a estos autos el oficio signado por la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y de su Titular, con sede en Ciudad de México, con un anexo que adjunta, sin hacer pronunciamiento acerca de ellos, toda vez que de autos se advierte que en proveído de veinticinco de enero del año en curso, se tuvo por cumplida la sentencia de Denuncia por Incumplimiento a la citada Declaratoria dictada en autos. Cúmplase. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

  3. Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad

    Mérida, Yucatán, veinticinco de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que obra el oficio signado por la Subdirectora Ejecutiva de lo Contencioso adscrita a la Coordinación General Jurídica y Consultiva de la Comisión Federal para la Protección contra de Riesgos Sanitarios (en lo sucesivo la Cofepris), en suplencia de la Coordinadora General Jurídica y Consultiva, y ésta en representación de la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y de su Titular, con sede en Ciudad de México, y anexo que adjunta, mismos que ya obran en los presentes autos, con los cuales informan en relación al cumplimiento de la resolución dictada en la Denuncia por Incumplimiento a la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 1/2018; y dado que mediante proveído de dieciséis de enero del año en curso, se dio vista a la parte quejosa con dicha documentación para que en el término de tres días hábiles, manifestara lo que a su derecho conviniera, apercibida que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la resolución con base en los elementos que obraran en este expediente y de los datos aportados por las responsables, sin que a la presente fecha hubiere hecho manifestación alguna al respecto; consecuentemente, este Órgano de Control Constitucional procede a resolver, si, de acuerdo con las constancias de autos, la invocada resolución de Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 1/2018, ha sido cumplida, o no; lo antes expuesto encuentra apoyo en lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo. En este sentido es importante asentar que por resolución de once de noviembre de dos mil veintidós, dictada en el presente asunto, se declaró fundada la Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 1/2018, promovida por Pablo José Quintana Moros, por derecho propio, contra un acto del Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas, y del Titular, ambos de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), con residencia en la Ciudad de México. De manera que las autoridades responsables estaban obligadas a acatar la resolución referida en el párrafo que antecede, en los términos siguientes: ". Deje insubsistente el oficio 223301EL352986, de quince de julio de dos mil veintidós, mediante el cual se determinó la imposibilidad para pronunciarse respecto de la petición que formuló la parte denunciante para el consumo individual de cannabis identificado como "THC" (tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros ?6a (10a), ?6a (7), ?7, ?8, ?9, ?10, ?9 (11) y sus variantes estereoquímicas.". Dicten otro en el cual, sin aplicar implícita ni explícitamente, los artículos 234, último párrafo y 247, último párrafo, declarados inconstitucionales mediante la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 1/2018 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resuelvan la solicitud del gobernado, es decir, de no advertir alguna irregularidad o causa diversa de improcedencia en cuanto a los requisitos de la solicitud, deberán emitir una nueva determinación en los términos indicados en la jurisprudencia de que se ha dado noticia. Es importante señalar que esta resolución no implica que la parte justiciable pueda sembrar semillas de marihuana, cultivar y cosechar las plantas producto de ellas, utilizar o consumir la planta en sí o sus derivados en lugares públicos como restaurantes, parques, instalaciones deportivas, espacios destinados para fumadores, la vía pública, locales o establecimientos cerrados, industrias, empresas, vehículos de transporte público de pasajeros; en instituciones escolares públicas o privadas de cualquier nivel educativo; en establecimientos particulares y públicos en los que se proporcione atención directa al público, oficinas de cualquier dependencia gubernamental federal o local, hospitales, clínicas o centros de salud, cines, teatros o auditorios y todos los espacios cerrados en donde se presenten espectáculos de acceso público o cualquier otro lugar que expresamente sea señalado en la autorización correspondiente siempre que no sea contrario al sentido de esta sentencia. Además, se indica que la autorización que, en su caso, se expida no comprenderá el consumo personal en lugares públicos, ni su uso en perjuicio de menores o terceros que no hayan brindado su autorización de forma expresa, ni tampoco deberá permitir que se expida autorización a favor del denunciante para llevar a cabo actos de comercio ilícito o narcotráfico, suministro gratuito o cualquier acto que no tenga relación con el consumo personal de marihuana por adultos en espacios privados; aunado a que deberá ajustarse a lo ordenado por el Máximo Tribunal, y considerando solo la materia de la declaratoria general de inconstitucionalidad. Finalmente, debe precisarse que la presente resolución no constituye por sí misma la autorización para llevar a cabo el consumo personal de marihuana ni de los actos para materializarlo, pues la autorización respectiva se otorgará por la autoridad competente de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios que debe dar cumplimiento a este fallo, en los términos señalados por dicha declaratoria.". Así, de las constancias que obran en este sumario, se advierte que la Subdirectora Ejecutiva de lo Contencioso adscrita a la Coordinación General Jurídica y Consultiva de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud (en lo sucesivo la Cofepris), en suplencia de la Coordinadora General Jurídica y Consultiva, y ésta en representación de la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y de su Titular, ambos con sede en Ciudad de México, manifestaron haber dado cumplimiento a la sentencia de Denuncia por Incumplimiento a la citada Declaratoria. Lo anterior es así, dado que remitieron un oficio, adjuntando copia certificada de la autorización con número de oficio COFEPRIS-CAS DEREPSQ-21500-2022, de catorce de diciembre de dos mil veintidós, del que se advierte que se dejó insubsistente el oficio con número de trámite 223301EL352986, e inaplicó los artículos 235, último párrafo, y 247, último párrafo, de la Ley General de Salud, en las porciones normativas que establecen la prohibición para autorizar las actividades relacionadas con el autoconsumo de cannabis y sus variantes, oficio que fue entregado a la parte quejosa. En virtud de lo anterior, tal como lo desprende la información antes mencionada, se aprecia que la responsable acató la sentencia de mérito y se dejó insubsistente el oficio 223301EL352986, lo cual incluso se notificó a la parte quejosa. Por tanto, se determina que se ha cumplido en su totalidad la resolución de mérito, sin excesos ni defectos. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la Secretaria Hilda Adriana Chan Canto, con quien actúa y da fe.

  4. Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad

    MESA V. Agréguese a estos autos el oficio suscrito por la Subdirectora Ejecutiva de lo Contencioso adscrita a la Coordinación General Jurídica y Consultiva de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud, en representación del Director Ejecutivo de Regulación, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, con sede en la Ciudad de México, mediante el cual hace diversas manifestaciones en relación al cumplimiento de la sentencia dictada en los presentes autos. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa en este asunto, con la documentación de cuenta, por el término de tres días hábiles, contados a partir del siguiente al en que quede debidamente notificado de este acuerdo, manifieste lo que a su derecho convenga en relación con la forma en que la responsable dio cumplimiento al fallo protector, haciéndole entrega del oficio COFEPRIS-CAS DEREPSQ-21500-2022, de catorce de diciembre de dos mil veintidós; apercibida, que en caso de ser omisa, dentro del término para ello concedido, se resolverá sobre el particular, con base en las constancias que obran en el sumario constitucional. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Hilda Adriana Chan Canto, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.

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