Pablo Solís Campos
Expediente 697/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 7 actuaciones registradas, la última del 21 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 697/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 21/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima · Colima
Partes del expediente
- Pablo Solís Campos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Del estado procesal que guardan los presentes autos y el contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la Ley de Amparo establece para que, las partes de este juicio interpongan el recurso correspondiente en contra la sentencia definitiva dictada en este juicio, sin que se haya presentado impugnación alguna para tal efecto; en tales condiciones con fundamento en los artículos 2º y 86, del mismo ordenamiento, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Ahora bien, toda vez que resultan innecesarios los tomos de constancias formados con motivo de las copias certificadas que acompañó la autoridad responsable a su informe justificado, devuélvanse dichas constancias para los efectos legales conducentes, solicitando el acuse de recibo correspondiente. Archívese el presente juicio, como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis prevista en la fracción II, punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al tratarse de un expediente en el que se sobreseyó el juicio, no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto.
- Principal
Vista la certificación que antecede, así como el estado de autos, de los que se advierte que el término de quince días concedido a la parte quejosa a efecto de que manifestara si era su deseo ampliar su demanda de amparo, ha fenecido; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de catorce de agosto pasado y se ordena resolver el juicio en los términos planteados en su demanda.
- Principal
Vista la certificación que antecede, así como el estado de autos, de los que se advierte que para el día de hoy está señalada la audiencia de ley, misma que no es posible llevar a cabo en razón de que se encuentra transcurriendo el término de quince días para que la parte quejosa desahogue el requerimiento formulado en proveído de catorce de agosto de dos mil diecinueve; por ello lo procedente es diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy; y en su lugar se señalan las diez horas con cincuenta y seis minutos del veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve.
- Principal
De la certificación que antecede, se advierte que para el día de hoy está señalada la audiencia de ley, misma que no es posible llevar a cabo, toda vez que el [los] informe[s] rendido[s] no fue[ron] conocido[s] por las partes con la anticipación a que se refiere el artículo 117, segundo párrafo, de la Ley de Amparo; por ello, a efecto de que éstos se impongan del contenido del mismo, a fin de que estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que en su caso estimen convenientes para desvirtuarlo; lo procedente es diferir la audiencia constitucional señalada para hoy, en su lugar se señalan las diez horas con cincuenta y seis minutos del once de septiembre del dos mil diecinueve. Lo anterior es acorde con la tesis jurisprudencial número 54/2000, aprobada por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada celebrada el veintiocho de marzo del año dos mil, bajo la voz: AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Por otra parte, del contenido del informe justificado rendido por el Juez Primero Mixto Familiar y Civil de Manzanillo, Colima, y de las constancias que remitió en apoyo a dicho informe, se advierte que la Secretaria Actuaria adscrita a dicho órgano fue quien llevó a cabo el emplazamiento que reclama el quejoso en el presente juicio. Ahora bien, en razón de que la Secretaria Actuaria adscrita al Juzgado Mixto Familiar y Civil de Manzanillo, Colima, no fue señalada como autoridad responsable; con fundamento en los artículos 17, 108, 110 y 111 de la ley, requiérase al quejoso para que dentro del plazo de quince días, contados a partir de la notificación de este proveído, exponga si es su deseo ampliar su demanda y señalar como autoridad responsable a la autoridad antes referida. En el entendido que el escrito de ampliación deberá reunir los requisitos de forma previstos en los artículos 108 y 110 de la ley; asimismo, deberán exhibir copias suficientes de la ampliación para correr traslado a las autoridades responsables y a las demás partes de este juicio. Es aplicable la tesis 2a./J. 112/2003, que dice: INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA. De la interpretación teleológica del primer párrafo del artículo 30 de la Ley de Amparo se advierte que el legislador estableció una facultad discrecional en favor del Juez de Distrito para ordenar que se realice personalmente una notificación; sin embargo, la notificación que se ordene durante la sustanciación del juicio de garantías únicamente procederá cuando se trate de determinaciones de importancia y trascendencia para la correcta integración de la litis constitucional, cuyo objetivo principal será no dejar en estado de indefensión a alguna de las partes, en tanto que todo rigorismo técnico estará subordinado a la observancia del fin supremo de impartir justicia, sobre todo en materia de juicios de amparo que, a diferencia de los del orden común, antes de los intereses recíprocos de las partes o de rigorismos procesales que obstaculicen el acceso a la defensa de los derechos constitucionales está la tutela de las garantías fundamentales del gobernado. En congruencia con lo antes expuesto, cuando al rendirse el informe justificado el Juez de Distrito advierta la participación de autoridades no señaladas como responsables por el quejoso, deberá notificarle personalmente el contenido de dicho informe, e igualmente prevenirlo para que aclare o amplíe su demanda, pues de lo contrario incurrirá en violación a las normas del procedimiento, la que en todo caso será corregida por el tribunal revisor al ordenar su reposición, de conformidad con el artículo 91, fracción IV, de la ley citada. Con el apercibimiento que de no hacerlo así, el presente juicio se seguirá, y resolverá únicamente por la autoridad señalada como responsable en el escrito inicial de demanda.
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