Pablo Silva Cobián
Expediente 347/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 8 actuaciones registradas, la última del 21 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 347/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 21/01/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima · Colima
Partes del expediente
- Pablo Silva Cobián
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
De la certificación que antecede se advierte, por una parte, que mediante Circular SECNO/1/2021, la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, del Consejo de la Judicatura Federal, informó la suspensión las labores en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación del veintiuno de diciembre de dos mil veinte, al once de enero de dos mil veintiuno, con excepción de los casos previstos en dichos acuerdos y como consecuencia, no corrieron plazos y términos procesales, ni se celebraron audiencias en los expedientes que se encontraban admitidos hasta el inicio de la suspensión, motivo por el cual no se dio cuenta con el estado procesal. Por tanto, del estado procesal que guardan los presentes autos y el contenido de la certificación que antecede, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la Ley de Amparo establece para que, las partes de este juicio interpongan el recurso correspondiente en contra la sentencia definitiva dictada en este juicio, sin que se haya presentado impugnación alguna para tal efecto; en tales condiciones con fundamento en los artículos 2º y 86, del mismo ordenamiento, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. Ahora bien, toda vez que resulta innecesario el tomo de constancias formado con motivo de las copias certificadas que acompañó la autoridad responsable a su informe justificado, devuélvanse dichas constancias para los efectos legales conducentes, solicitando el acuse de recibo correspondiente. Archívese el presente juicio, como asunto totalmente concluido.
- Principal
Sentencia definitiva cuyo punto resolutivo establece: "ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por el quejoso ***, contra el acto que reclamó a la Sala Mixta Civil, Familiar y Mercantil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, por las consideraciones expuestas en el cuarto considerando de esta sentencia."
- Incidental
V I S T O S, para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 347/2020, promovido por * * contra los actos que reclama de las autoridades responsables denominadas Pleno de la Sala Mixta Civil Familiar y Mercantil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y otras; y, R E S U L T A N D O Q U E: PRIMERO. Presentación de la demanda y datos del incidente de suspensión. Con fecha dieciséis de julio de dos mil veinte, el incidentista promovió juicio de amparo contra las autoridades antes mencionadas y solicitó la suspensión provisional y definitiva del acto reclamado, que hizo consistir en la resolución de seis de marzo de dos mil veinte, dictada por la Sala Mixta Civil, Familiar y Mercantil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima en el toca de apelación * * y su ejecución. SEGUNDO. Admisión y trámite. Con fecha doce de noviembre de dos mil veinte, se formó el incidente de suspensión solicitado, se negó al incidentista la suspensión provisional del acto que reclama; asimismo, en el citado acuerdo, se solicitó a las autoridades responsables su informe previo y se citó a las partes a la audiencia incidental, misma que se llevó a cabo con las formalidades de ley y con el resultado que aparece en el acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O Q U E: PRIMERO. Competencia. Este juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 144 al 147, de la Ley de Amparo. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Conforme a lo dispuesto por el numeral 146, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a precisar el acto a suspender, por tanto, del análisis integral de los escritos de demanda, ampliación y documentos que se anexaron, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, se llega al conocimiento de que la parte quejosa señala como acto reclamado para suspender: La resolución de seis de marzo de dos mil veinte, dictada por la Sala Mixta Civil, Familiar y Mercantil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima en el toca de apelación 932/2019 y su ejecución. Tiene sustento lo anterior, en la jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con rubro que dice: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Una vez precisado el acto reclamado, lo procedente es verificar su existencia, porque de acuerdo con la técnica que rige al juicio de amparo, se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Al rendir su informe previo, el Presidente de la Sala Mixta Civil, Familiar y Mercantil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima, reconoció la existencia del acto reclamado. En ese sentido, el quejoso reclama la resolución dictada el seis de marzo de dos mil veinte, en el toca de apelación 932/2019 del índice de la Sala Mixta Civil, Familiar y Mercantil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima, que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la interlocutoria emitida el veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, en el expediente 1383/2020-114F, del índice de Juzgado Segundo de lo Familiar del Primer Partido Judicial. Y solicita la suspensión definitiva de los actos reclamados para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran, es decir, que la autoridad responsable no prosiga con la ejecución de los actos reclamados, hasta en tanto no se resuelva en definitiva el juicio de amparo del que deriva la presente incidencia. Ahora bien, los artículos 128 y 138 primera parte, de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado. (.)" "Artículo 138. Promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social y, en su caso, acordará lo siguiente: ." El primero de ellos, establece como requisitos para conceder la suspensión del acto reclamado que la solicite la parte quejosa y no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. El segundo de los citados, precisa que promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social. En consecuencia, respecto al acto reclamado que hizo consistir en la resolución de seis de marzo de dos mil veinte, dictada en los autos del toca de apelación 932/2019, por la Sala responsable, se niega la suspensión definitiva, toda vez que al haber sido emitido dicho acto, adquirió la naturaleza jurídica de consumado, contra el cual resulta improcedente conceder la medida suspensional que solicita, ya que hacerlo sería darle efectos restitutorios propios de la eventual sentencia que se dicte en el juicio de amparo. Sirven de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia número 217665, Tomo Número 60, Diciembre de 1992, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que a continuación se transcribe: "ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Es improcedente conceder la suspensión de los actos reclamados si éstos tienen el carácter de consumados, pues de hacerlo equivaldría a darle efectos restitutorios que son propios de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio de amparo respectivo." Respecto de los efectos y consecuencias del acto reclamado se concede la suspensión definitiva, toda vez que se cumple con los requisitos previstos en los artículos 128 y 138 de la Ley de Amparo, y con la concesión de la medida cautelar aludida, no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público y sí por el contrario con la ejecución del acto reclamado se causaría a la parte quejosa daños y perjuicios de difícil reparación; por tanto, de conformidad con el artículo 150 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión del acto para el único efecto de que no se ejecute la citada resolución. En el entendido que de haberse ejecutado la resolución impugnada la medida cautelar no tiene efectos restitutorios. Es aplicable al caso, la tesis de jurisprudencia I.3o A. J/44, publicada en la página 27, Tomo 76, Abril de 1994, Tribunales Colegiados de Circuito, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que establece: "SUSPENSIÓN, PRESERVAR LA MATERIA DEL JUICIO ES UN EFECTO DE LA. Cuando se concede la suspensión del acto la finalidad que se persigue, primordialmente, es la preservación de la materia del juicio constitucional, lo que se logra evitando que los actos reclamados sean ejecutados, por ello, la suspensión actúa sobre el futuro y nunca sobre el pasado porque previene la realización de daños y perjuicios que puedan ser de difícil o imposible reparación para el particular a través de las sentencias de amparo. El preservar la materia significa que a través de la suspensión se aseguren provisionalmente los bienes, la situación jurídica, el derecho o el interés de que se trate, para que la sentencia que en su día -lejano en muchas ocasiones- declare los derechos del promovente, pueda ser ejecutada eficaz e íntegramente. Esto es, que en tanto dure el juicio constitucional, los intereses del gobernado deben estar debidamente protegidos." Asimismo, la tesis de jurisprudencia 1a./J. P./J. 4/2019 (10a.), que dice: "SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA. De los artículos 124, último párrafo, de la Ley de Amparo abrogada y 147, primer párrafo, de la vigente, se advierte que en los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, lo cual significa que el juzgador está legalmente facultado para precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar las cosas a partir de que conceda la medida cautelar, sin importar que para ello se aparte de los efectos propuestos por el quejoso en su escrito inicial, ya sea para maximizarlos o ajustarlos a las necesidades del caso concreto, pues se trata de conservar la materia del juicio de amparo y no de limitarse mecánicamente a proveer la suspensión en los términos estrictos planteados por el quejoso, sobre todo en los casos en que sea evidente que si se atendiera en forma puntual a su solicitud, no se lograría el objetivo integral de la suspensión. Ahora bien, la atribución depositada en el órgano de amparo para modular fundada y motivadamente las implicaciones futuras del otorgamiento de la suspensión no llega al extremo de poder ordenar la paralización de actos no reclamados en la demanda, porque si no se cuestionó su constitucionalidad, es obvio que no constituyen la materia del juicio, la cual debe mantenerse intacta, a fin de preservar los bienes o derechos cuya tutela se demande en el juicio de amparo." En esa tesitura, toda vez que con esta medida cautelar que se concede se pudieran ocasionar daños y perjuicios a la parte tercera interesada, este órgano judicial discrecionalmente impone al impetrante del amparo una garantía por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos), en cualquiera de las formas establecidas por la ley; lo anterior, con fundamento en el artículo 132 de la Ley de Amparo. En el entendido de que la parte quejosa deberá exhibir la garantía dentro del término de cinco días, siguientes al en que surta efectos la notificación del presente proveído, conforme lo dispone el artículo 136 de la Ley de Amparo. Resulta de aplicación la jurisprudencia de Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, Tomo III, Marzo de 2001, página número 1680, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta del tenor literal siguiente: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. CORRESPONDE AL JUEZ FIJAR EL MONTO EXACTO DE LA CAUCIÓN. De la interpretación sistemática de los artículos 125 y 128 de la Ley de Amparo emerge la obligación del Juez de Distrito para fijar el monto de la caución a su prudente arbitrio; empero, su ejercicio está limitado en aquellos casos en que las pruebas rendidas y las condiciones particulares que imperen le permitan calcular de alguna forma el importe de los daños y perjuicios que con la suspensión del acto reclamado pudiera resentir el tercero perjudicado. Así pues, por regla general, es ineludible la obligación del Juez de fijar el monto preciso de la garantía, entendiéndose por ello la determinación del importe líquido o cantidad exacta que representará la caución que el quejoso habrá de exhibir para mantener la efectividad de la suspensión concedida; dado que, en el primero de los supuestos, ostenta la prerrogativa de especificarla discrecionalmente y, en el segundo, atenderá a las constancias de autos para calcular y obtener su cuantía; por lo que resulta contraria a derecho la actuación del Juez de Distrito mediante la cual simplemente establezca las bases y requisitos que el quejoso debe seguir y satisfacer para obtener de ellas el monto de la caución que se le exija para que continúe vigente la medida cautelar otorgada, ya que, además, ello conlleva declinar en el agraviado su obligación de especificar el monto de la caución e, incluso, implica postergar una determinación propia de la resolución que concede la medida cautelar al futuro acreditamiento del cumplimiento de los requisitos o condiciones impuestos para la cuantificación de la garantía." Y la jurisprudencia VI.2º.C.J/321, cuyo contenido textual es el siguiente: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. LA FACULTAD DISCRECIONAL PARA FIJAR EL MONTO DE LA GARANTÍA PARA QUE SURTA EFECTOS CUANDO LOS DERECHOS QUE PUDIERAN AFECTARSE CON DICHA MEDIDA NO SEAN ESTIMABLES EN DINERO, NO PUEDE SER ARBITRARIA. El artículo 125 de la Ley de Amparo establece: "En los casos en que es procedente la suspensión, pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero, se concederá si el quejoso otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaron si no obtiene sentencia favorable en el juicio de amparo.-Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero perjudicado que no sean estimables en dinero, la autoridad que conozca del amparo fijará discrecionalmente el importe de la garantía.". Ahora bien, del segundo párrafo de dicho precepto se colige que la facultad discrecional que concede a los órganos de control constitucional para fijar el monto de la garantía para que surta efectos la suspensión cuando los derechos que pudieran afectarse con tal medida no sean estimables en dinero no puede ser arbitraria, sino que debe ejercerse de manera razonada, atendiendo a las circunstancias peculiares del caso, a la naturaleza de los actos reclamados, al tiempo probable de la duración del juicio, así como a los derechos que pudieran afectarse." En el caso de exhibir billete de depósito deberá procurarse al reverso de éste, que incluya una leyenda relativa al otorgamiento de autorización expresa al Secretario Técnico del Fondo para que solicite y reciba de la Institución crediticia depositaria la información que le permita el control de dicho depósito, de conformidad con el numeral 32 del Acuerdo General 17/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la organización y funcionamiento del fondo de apoyo a la Administración de Justicia. Suspensión que surtirá efectos hasta en tanto se notifique a la responsable el auto que declare ejecutoriada la sentencia que se dicte en el juicio de amparo del que deriva el presente incidente de suspensión, y que el acto reclamado: - No provenga de una autoridad diversa de las señaladas; - No se trate de un acto consumado; y - Dicho acto no haya sido ordenado en cumplimiento a un juicio de amparo. De igual manera, debe decirse que el estudio aquí abordado no implica un análisis del fondo de la litis del juicio de amparo indirecto, ya que se realiza bajo la ponderación de la apariencia del buen derecho. Por lo anteriormente expuesto, y con apoyo en los artículos 125, 128 y 146 de la Ley de Amparo, S E R E S U E L V E: PRIMERO. Se niega al incidentista * * la suspensión definitiva del acto que reclama a las autoridades responsables, del Pleno de la Sala Mixta Civil, Familiar y Mercantil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima, consistente en la resolución emitida el seis de marzo de dos mil veinte, en el toca 932/2019; por los motivos precisados en el considerando tercero de la presente interlocutoria. SEGUNDO. Se concede al incidentista * * la suspensión definitiva respecto de las consecuencias del acto precisado en el resolutivo anterior que reclama al Pleno de la Sala Mixta Civil, Familiar y Mercantil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima; en términos del último considerando de la presente resolución.
- Principal
Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento de cuenta, a través del cual la autoridad responsable Sala Mixta Civil, Familiar y Mercantil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima rinde su informe justificado; hágase saber a las partes la circunstancia anterior, para que, de ser el caso, manifiesten lo que a su derecho corresponda, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Con respecto a las documentales ofrecidas, se admiten y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las cuales se considerarán al momento de emitir el fallo que conforme a derecho proceda, conforme a los arábigos 119 y 123 de la citada ley; sin perjuicio de hacer nueva relación de ellas en la audiencia constitucional. Con la constancia presentada por la autoridad responsable, fórmese el legajo de pruebas I. Luego, con fundamento en el artículo 12 del Acuerdo General 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (Firel) y al expediente electrónico en relación con el diverso Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, aprobado en sesión extraordinaria de ocho de junio de dos mil veinte, se determina la imposibilidad material para la digitalización de las pruebas exhibidas por la autoridad responsable. Por tanto, hágase saber a las partes que las mismas se encuentran a su disposición físicamente en el legajo de pruebas I.
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