Pablo Sáez Williams

Expediente 884/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 9 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
884/2023
Año
2023
Actuaciones
9
Última actuación
28/11/2023

Partes del expediente

  • Pablo Sáez Williams

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    "*** San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de los autos se desprende lo siguiente: Que mediante escrito de demanda de cinco de septiembre de dos mil veintitrés ***, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el Agente del Ministerio Público de la Mesa III de Asuntos Relevantes de la Dirección de Averiguaciones Previas y Procesos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, de quien reclamó lo siguiente: Actos reclamados. De la autoridad responsable reclamo el acuerdo d 10 de agosto de 2023 notificado al suscrito vía electrónica el 16 de agosto de 2023, dictado en la carpeta de investigación *****, mediante el cual el agente del Ministerio Público responsable, a pesar de haber sido ya el suscrito objeto de actos de molestia -el aseguramiento de mi inmueble ubicado en Puerto Escondido, Oaxaca- resolvió negar i) reconocer la calidad de imputado dentro de la carpeta de investigación ***; ii) citarme a comparecer en calidad de imputado, a fin de recabar mi entrevista y enterarme de los hechos que se están investigando y iii) tener por nombrados a mis defensores particulares. La autoridad responsable, Agente del Ministerio Público de la Mesa III de Asuntos Relevantes de la Dirección de Averiguaciones Previas y Procesos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto reclamado relativo a que el diez de agosto del presente año, se acordó el escrito del quejoso en donde se le hizo saber la razón por la cual no había lugar a acordarle favorablemente su petición, determinación que le fue notificada vía correo electrónico el dieciséis de agosto siguiente, para lo cual, remitió copia cotejada de las constancias conducentes deducidas de la carpeta de investigación ***; documental que adquiere valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Incompetencia por razón de territorio En ese contexto, una vez analizada la demanda de amparo y el estado de los autos, atento a la naturaleza jurídica de los actos reclamados, así como del lugar de ejecución de dichos actos, se advierte que este órgano de control constitucional carece de competencia legal por razón de territorio para conocer del presente juicio de amparo, en atención a las consideraciones siguientes. Ahora bien, debe precisarse que la competencia constituye un presupuesto procesal básico para que una autoridad judicial ejerza jurisdicción y esté en posibilidad legal de realizar válidamente cualquier acto procesal. Por ende, es viable sostener que todo juez tiene jurisdicción, más no todos tendrán competencia para conocer de un asunto determinado. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio que informa la tesis emitida por la antes Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 309, Tomo XCVII, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que dice: "COMPETENCIA. Las cuestiones de competencia son de orden público, y el conocimiento de un negocio no puede quedar sujeto a la voluntad de un funcionario público o al error que éste pueda cometer al admitir su competencia, para conocer del caso". Luego, la competencia por territorio es la que distribuye entre diversos órganos jurisdiccionales las facultades para juzgar, según diferente asignación de límites geográficos; en otras palabras, la competencia por territorio se refiere al ámbito espacial, en cuya esfera de acción pueden producirse los actos y sus efectos jurídicos, tomando en cuenta el problema que plantea el ángulo de distribución territorial de la competencia entre diversos órganos jurisdiccionales. De este modo, se destaca que la competencia por territorio en materia de amparo constituye tema de orden público, no sólo por ser presupuesto procesal, sino además porque encuentra su origen en el contenido de la fracción VII, del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia (.)". Por su parte, el artículo 37 de la Ley de Amparo previene: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda" La interpretación gramatical de los preceptos transcritos permite corroborar que existen tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda, a saber: 1. Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2. Cuando el acto ha comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, 3. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Las dos primeras reglas establecen como presupuesto fundamental la ejecución de los actos, pero la diferencia entre una y otra es que ello ocurra en la jurisdicción de uno o de varios Jueces de Distrito, ya que la primera regla prevé todos los supuestos en que pueda encontrarse la ejecución, pero sólo hace mención a que su ejecución se efectúe en una jurisdicción; en cambio, la segunda regla se refiere a la ejecución en dos distritos diferentes al precisar que el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro. Por otro lado, la tercera regla prevé el caso en el que el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material, lo que da competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. La intención del legislador al fijar la competencia de los Jueces de Distrito en función de la ejecución material de los actos o resolución reclamada fue que el gobernado pueda acudir de inmediato al Juez de Distrito, al más cercano, que no puede ser otro que el del lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, se haya ejecutado el acto reclamado, o bien, ante cualquiera de los Jueces de Distrito con jurisdicción en los distritos cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, pues sólo de esa manera puede obtener una inmediata defensa en contra del acto de autoridad, deteniendo la ejecución si el acto es de aquellos que por su naturaleza son suspendibles conforme a las prevenciones de la ley de la materia; intención que queda de manifiesto con lo dispuesto en el último párrafo del precepto en cita, donde se establece que si el acto no requiere ejecución material será competente el Juez de Distrito donde se haya presentado la demanda de amparo. Entonces, de conformidad con las reglas que determina el artículo 37 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de garantías, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado, en el entendido de que la ejecución a que se refiere este precepto, es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de amparo. Sirve de apoyo a las consideraciones expuestas, la jurisprudencia número 13/95 de la Segunda Sala de la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 107, tomo I, junio de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que lleva por rubro y texto los siguientes: "COMPETENCIA ENTRE JUECES DE DISTRITO. PARA DETERMINARLA DEBEN TOMARSE EN CUENTA LOS ACTOS DE EJECUCIÓN ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO A LOS PARTICULARES. De conformidad con el artículo 36 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de garantías, es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado; la ejecución a que se refiere este precepto, es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de garantías; por tanto, la conducta atribuida a particulares que pueden derivar o apoyarse en los actos reclamados, no puede servir de base para fijar la competencia de los jueces de Distrito, toda vez que los fallos de amparo solamente vinculan a las autoridades." De lo expuesto, se obtiene que la parte quejosa reclama en este juicio de amparo, el acuerdo de diez de agosto de dos mil veintitrés, dictado en la carpeta de investigación ***, en donde la autoridad ministerial, le negó reconocer la calidad de imputado, citarlo a comparecer a fin de recabar su entrevista y enterarse de los hechos que se están investigando. Aunado a lo anterior de los antecedentes del acto reclamado se desprende que: 1.- El aquí quejoso es avecindado de la comunidad agraria de Santa María Colotepec, Puerto Escondido, Oaxaca. 2.- El dos de diciembre celebró contrato de cesión de derechos con Sergio García Figueroa, sobre un terreno ubicado en el Tomatal, comunidad agraria de Santa María Colotepec, Oaxaca que colinda al sur con la Zona Federal Marítimo Terrestre, y tiene una superficie de 7,242,81 (7, 243 en aproximación a la unidad) metros cuadrados, contrato que fue protocolizado en escritura pública 25, 662 pasado ante la fe del licenciado *** el diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, titular de la notaría pública número 57 del Estado de Oaxaca. 3.- El quejoso exhibió las siguientes pruebas en el presente juicio de amparo: a) Copia certificada del oficio ** de veintiséis de agosto de dos mil veintidós, suscrito por el Registrador Integral del Registro Agrario Nacional, Delegación Oaxaca. b) Copia certificada de la primera convocatoria de catorce de junio de dos mil diecisiete, acta de no verificativo de veintiocho de junio del mismo año y acta de asamblea de nueve de julio de dos mil diecisiete, en la comunidad de Santa María Colotepec, Oaxaca. c) Copia certificada del contrato de cesión de derechos de dos de diciembre de dos mil veinte y del recibo de pago y finiquito total de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno y sus anexos. d) Copia certificada de las actas de posesión con números de folio 1439 y 1444 expedidas a su favor por el Comisariado de Bienes Comunales de Santa María Colotepec, Oaxaca el veintiséis de octubre de dos mil veintiuno. e) Seis fotografías a color en donde se aprecia la leyenda "INMUEBLE ASEGURADO CARPETA DE INVESTIGACIÓN ***". 3.- El tres de junio fue informado que funcionarios de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, colocaron sellos de aseguramiento dentro de su terreno, tanto en la cerca que lo delimita de los predios vecinos, como en la palapa que instaló para que cuiden su inmueble, los cuales tienen la leyenda "Fiscalía General del Estado de Oaxaca INMUEBLE ASEGURADO- CARPETA DE INVESTIGACIÓN **(sic)". 4.- Por ello presentó un escrito donde solicitó se fijara fecha y hora para que fuera citado a declarar y ser enterado de los hechos que se le imputan, así como los motivos por los que pusieron los sellos en su inmueble. 5.- El dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, fue notificado mediante correo electrónico, de la determinación emitida el diez de agosto de este año, en donde se le indicó que no había lugar a acordar su petición, pues no ha sido citado a comparecer como imputado ni se le pretende recabar la entrevista dentro de la carpeta de investigación. En ese sentido, si bien el acto reclamado en este asunto lo es el acuerdo de diez de agosto de dos mil veintitrés, dictado en la carpeta de investigación ***, en donde la autoridad ministerial, le negó reconocer la calidad de imputado, citarlo a comparecer a fin de recabar su entrevista y enterarse de los hechos que se están investigando; lo cierto es que esa negativa que le fue indicada, es resultado de su solicitud realizada ante el Agente del Ministerio Público de la Mesa III de Asuntos Relevantes de la Dirección de Averiguaciones Previas y Procesos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, con motivo de que el quejoso aduce que se están ejecutando actos de molestia en su contra con motivo del aseguramiento realizado en su terreno ubicado en el Tomatal, comunidad agraria de Santa María Colotepec, Oaxaca, que colinda al sur con la Zona Federal Marítimo Terrestre, y tiene una superficie de 7,242,81 (7, 243 en aproximación a la unidad); por lo que los efectos y consecuencias del acto reclamado tienen su origen en la ejecución del aseguramiento realizado en la localidad de Santa María Colotepec, Oaxaca, y en ese orden de ideas se estima que el Juez de Distrito competente para conocer de la presente demanda de amparo lo es el Juez de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, en turno, en términos de lo consignado en el artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo y acorde con el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito que, en lo que aquí interesa, establece: "ACUERDO GENERAL 3/2013: XIII. DÉCIMO TERCER CIRCUITO: Los juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en la ciudad del mismo nombre, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa, excepto en el distrito judicial en el que ejercen jurisdicción territorial los juzgados de Distrito con residencia en Salina Cruz. Los juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Asunción Ixtaltepec, Ciudad Ixtepec, Chauites, El Barrio de la Soledad, El Espinal, Guevea de Humboldt, Juchitán de Zaragoza, Magdalena Tequisistlán, Magdalena Tlacotepec, Matías Romero, Reforma de Pineda, Salina Cruz, San Blás Atempa, San Dionisio del Mar, San Francisco del Mar, San Francisco Ixhuatán, San Juan Guichicovi, San Mateo del Mar, San Miguel Chimalapa, San Miguel del Puerto, San Miguel Tenango, San Pedro Comitancillo, San Pedro Huamelula, San Pedro Huilotepec, San Pedro Mixtepec, San Pedro Pochutla, San Pedro Tapanatepec, SANTA MARÍA COLOTEPEC, Santa María Chimalapa, Santa María Guienagati, Santa María Huatulco, Santa María Jalapa del Marqués, Santa María Mixtequilla, Santa María Petapa, Santa María Tonameca, Santa María Totolapilla, Santa María Xadani, Santiago Astata, Santiago Lachiguiri, Santiago Laollaga, Santiago Niltepec, Santo Domingo Chihuitán, Santo Domingo Ingenio, Santo Domingo Petapa, Santo Domingo Tehuantepec, Santo Domingo Zanatepec y Unión Hidalgo". Conforme a lo anterior, son los Juzgados de Distrito con residencia en Salina Cruz, Oaxaca, los que ejercen jurisdicción en Santa María Colotepec, Oaxaca. Orienta tal consideración, la jurisprudencia de la Séptima Época, Instancia Auxiliar, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo: 217-228 Séptima Parte, Página: 88, que a la letra dice: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO ESTE PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTÉ EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 36 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna (párrafo tercero) y el que sí la requiere hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero). De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto está pendiente de ejecutarse, se está ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo. Máxime que se conoce que existe tramitado en el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, Oaxaca, el diverso expediente promovido por PABLO SAEZ WILLIAMS, promovido el veintitrés de junio de dos mil veintitrés, al que se le asignó el número de expediente 338/2023, y en donde reclama lo siguiente: Autoridades responsables. Como autoridades ordenadoras señalo: C. Fiscal General del Estado de Oaxaca; C. Titular de la Vicefiscalía General Zona Centro, de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca; C. Titular de la Fiscalía Valles Centrales, de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. C. Agente del Ministerio Público encargado de la integración de la carpeta de investigación ***, de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. Como autoridad ejecutora señalo a: C. Titular de la Agencia Estatal de Investigaciones, de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. Actos reclamados. De las autoridades responsables ordenadoras reclamo: el aseguramiento decretado en la carpeta de investigación ***, respecto del terreno ubicado en playa de Rancho los Tamarindos, en El Tomatal, Santa María Colotepec, en el Estado de Oaxaca. De la autoridad responsable ejecutora señalada reclamo; la ejecución del referido acuerdo de aseguramiento decretado en la carpeta de investigación ***, respecto del terreno ubicado playa de Rancho los Tamarindos, en El Tomatal, Santa María Colotepec, en el Estado de Oaxaca. Lo cual permite reforzar la conclusión de que es a los Juzgados con residencia en Salina Cruz, Oaxaca, a quien le corresponde el conocimiento del presente asunto. Por consiguiente, con apoyo en lo previsto por los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito, declara que carece de competencia legal, por razón de territorio, para conocer y resolver este juicio de amparo y, por ello, declina competencia a favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Oaxaca, en turno, con residencia en Salina Cruz, al que se estima competente para que siga conociéndolo, a quien se ordena remitir por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en Salina Cruz, el expediente principal del presente juicio de amparo y un cuaderno de pruebas, y se solicita que en el término legal manifieste si acepta o no la competencia propuesta. Solicítese atentamente al juez declinado acuse el recibo correspondiente, precisando si acepta o no la competencia planteada, conforme al artículo 48 de la Ley de Amparo. Asimismo, instrúyase al Encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) a efecto de que deje disponible el expediente electrónico relativo al presente asunto, para los efectos legales correspondientes. Cuaderno de antecedentes Con las constancias respectivas fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente. Finalmente, dado lo antes expuesto, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para esta propia fecha. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de octubre de dos mil veintitrés. 1.- Téngase por hecha la certificación que precede, de la que se advierte que por decisión de los titulares de los órganos jurisdiccionales que se ubican en los Edificios sedes del Poder Judicial de la Federación, ubicados en Privada de Aldama número 106, en esta localidad, Avenida Juárez, número 709, y Avenida Independencia número 1608, Centro, Oaxaca, por causa de fuerza mayor, derivada del paro de labores organizado por las y los trabajadores de los órganos jurisdiccionales, a través del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, en atención a las acciones acordadas por los servidores públicos con el Sindicato, fueron declarados inhábiles los días dieciocho de octubre, del diecinueve al veinticuatro y del veinticinco al veintisiete de octubre de dos mil veintitrés, determinándose la suspensión de labores y que no transcurrirían los plazos procesales en dicho periodo, a excepción del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa y el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y del Trabajo, por lo que respecta a los días mencionados en último término, a fin de salvaguardar los derechos procesales de las partes, en términos del Aviso de Suspensión Labores firmado electrónicamente por los Coordinadores de Magistrados de Circuito y de Jueces de Distrito, del Décimo Tercer Circuito; lo que se hace constar para los efectos legales correspondientes, del Décimo Tercer Circuito; para todos los efectos legales a que haya lugar. 2.- Por otra parte, visto el estado que guardan los autos, de la razón que antecede asentada por el Actuario adscrito a este juzgado, se advierte que al momento de la notificación al quejoso JESÚS SANTIAGO SANTIAGO, de la determinación de nueve de octubre de dos mil veintitrés, emitida en este juicio, en la que se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo, interpone el recurso que proceda. Ahora bien, toda vez que la verdadera intención del recurrente es inconformarse contra el proveído que tuvo por cumplida la sentencia ejecutoriada emitida en este juicio de amparo; en consecuencia, en términos de los artículos 201, fracción I, 202, párrafo primero, y 203 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General número 1/2023 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se tiene por interpuesto el recurso de inconformidad hecho valer por JESÚS SANTIAGO SANTIAGO, contra el auto de nueve de octubre de dos mil veintitrés -que tuvo por cumplido el fallo protector-; en consecuencia, entréguese copia de la diligencia de notificación de dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, por el que se interpuso el recurso; a las demás partes, haciéndolo, mediante oficio a la autoridad responsable y por conducto del Actuario al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Hecho lo anterior, remítase al Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo en Turno del Decimotercer Circuito -dada la naturaleza del acto reclamado-, copia certificada de la razón asentada por el Actuario adscrito a este juzgado el dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, la copia correspondiente al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al tribunal de alzada, y los autos originales, para lo que estime procedente acordar; ello, una vez que obren las constancias de notificación a las partes de este proveído. Fórmese cuaderno de antecedentes. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la Jurisprudencia 1a./J. 119/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 759, Tomo II, Libro 2, Enero de 2014, Materia Común, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DE AMPARO QUE CONOZCA DEL MISMO, DEBE SUPLIR LA DEFICIENCIA DE LA VÍA Y DE LOS ARGUMENTOS HECHOS VALER POR EL PROMOVENTE. Del artículo 213 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, deriva que en el recurso de inconformidad, el órgano jurisdiccional de amparo debe suplir la deficiencia de la vía y de los argumentos hechos valer por el promovente, con el fin de desentrañar la verdadera intención de los recurrentes. Lo anterior es así, toda vez que los juzgadores deben interpretar el sentido de las promociones presentadas por los justiciables para determinar con precisión su voluntad, para lo cual deben considerar el escrito presentado en su integridad, tomando en cuenta la norma que, en su caso, funde su promoción, lo aducido en su escrito respecto de la vía que intentan, así como lo esgrimido en los puntos petitorios." Toda vez que el quejoso se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social número 13, en Miahuatlán, Oaxaca, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquese personalmente este proveído, por conducto del Actuario adscrito a este órgano de control constitucional, conforme al calendario de salidas a tal institución penitenciaria o por videoconferencia, a fin de agilizar el procedimiento. Se ordena al Actuario Judicial de la adscripción encargado de la notificación encomendada, que deberá abstenerse de recibir documentos y objetos, de las personas que se encuentran privadas de su libertad en los centros penitenciarios, pues, tales actos escapan de las funciones que tiene legalmente establecidas y se encuentra impedido para realizar cualquier tipo de gestión o encargo a particulares, por lo que de hacer lo contrario, incurriría en responsabilidad administrativa, conforme a lo establecido en el oficio CJF/VJ/3439/2017, de diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, suscrito por el Visitador General de la Visitaduría Judicial del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de octubre de dos mil veintitrés Parte quejosa hace manifestación Visto el escrito recibido vía electrónica, signado por ******, autorizado en términos amplios que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, por el quejoso, por el que en atención a la vista otorgada en proveído de cinco de octubre actual, señala lo siguiente: 1.- Respecto del informe justificado rendido por el Agente del Ministerio Público titular de la Mesa III de la Dirección de Averiguaciones Previas y Proceso de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Oaxaca, al cual se dice acompañó la totalidad de las constancias que integran la carpeta de investigación ********************, en dicho acuerdo, esta autoridad sostuvo que a pesar de que la autoridad responsable aceptó parcialmente el acto reclamado, no es factible otorgar el acceso de dichas documentales al quejoso, pues precisamente de lo que se duele es de la negativa de reconocerle la calidad de imputado dentro de dicha carpeta, así como de darle acceso a las constancias que la integran; por lo que, al no poder el suscrito consultar el contenido de las copias certificadas remitidas, solicito atentamente a esta autoridad tenga a bien verificar que dentro del legajo remitido por la autoridad responsable, se encuentre integrado el acuerdo por el cual se decretó el aseguramiento del inmueble referido en la demanda de amparo. 2.- Lo anterior es pertinente y necesario para la salvaguarda de los derechos humanos del quejoso, dado que si bien el acto reclamado en el presente juicio de amparo es la negativa de reconocer al quejoso la calidad de imputado dentro de la carpeta de investigación ********************, así como el acceso a las constancias que integran dicha carpeta, lo cierto es que, como quedó manifestado en la demanda de amparo, el aseguramiento del inmueble que posee en la comunidad agraria Santa María Colotepec es el presupuesto de lo fundado de los conceptos de violación planteados en la demanda de amparo, pues ese acto de autoridad es lo que constituye el acto de molestia en agravio del quejoso. Lo anterior cobra relevancia en el presente juicio de amparo, pues es a partir de dicho acto de molestia que el quejoso solicitó le sea reconocida la calidad de imputado y solicita acceso a las constancias que integran la carpeta de investigación referida, en la cual se habría dictado precisamente el acuerdo de aseguramiento del inmueble referido, en aras de poder ejercer sus derechos de defensa, lo cual le fue negado a pesar de encontrarse dentro de los supuestos del artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 3.- Por ello, solicito a esta autoridad que, de no estar integrado el decreto de aseguramiento en las constancias remitidas por la autoridad responsable, se sirva solicitar su remisión al precitado Agente del Ministerio Público titular de la Mesa III de la Dirección de Averiguaciones Previas y Proceso de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Oaxaca, pues es fundamental que esta autoridad conozca dicho acuerdo y pueda estudiar integralmente la constitucionalidad del acto reclamado. 4.- Finalmente, y dado que no conoceremos las constancias que integran el informe justificado de la autoridad responsable, no estamos en posibilidad de ampliar la demanda de amparo y expresar conceptos de violación adicionales, motivo por el cual solicitamos sea suplida la suplencia de la queja en favor del quejoso y se le conceda el amparo para el efecto de que se reconozca que ha sido objeto de un acto de molestia y, por tanto, se le conceda el derecho de defenderse en la carpeta de investigación ********************. Al respecto, se provee: Toda vez que de autos se advierte que obra la constancia que se hace consistir en el acto reclamado, esto es, el acuerdo de diez de agosto del año en curso, así como el diverso acuerdo de aseguramiento de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, emitido por la responsable, en la averiguación previa ********************; por tanto, en virtud de que ya fueron remitidas a este Juzgado, no se estima necesario requerirlas a la autoridad responsable. Petición de suplencia de la queja Así también, como lo solicita la parte quejosa, por lo que se refiere a la petición de que se supla la deficiencia de la queja, indíquese al impetrante que en el momento procesal oportuno, de ser el caso, se determinará si en el presente asunto es dable suplir la deficiencia, en caso de que existiere y se actualicen los supuestos para ella. Notifíquese.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de octubre de dos mil veintitrés. Agrega oficio Glósese el oficio signado por el Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa III de Asuntos Relevantes adscrita a la Dirección de Averiguaciones Previas y Procesos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, por el que en atención al requerimiento formulado en proveído de veintinueve de septiembre del año en curso, remite un legajo de copias certificadas de todo lo actuado dentro de la carpeta de investigación ******/OAXACA/2023, de su estadística, las cuales se tienen como pruebas de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 119 de la Ley de Amparo, y únicamente con el oficio de cuenta en términos del numeral 117 de la misma normatividad, dese vista a las partes. Tomo Con las constancias que remite la citada autoridad responsable, fórmese el cuaderno auxiliar I, respetándose folio, rúbrica y entresello; asimismo, toda vez que la citada responsable señala que las mismas contienen información clasificada como confidencial o reservada; por lo que de conformidad con lo establecido en los artículos 110, fracción XII y 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en concordancia con los diversos 113, fracción XII, y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dicha documental será resguardada en la secretaría de este Juzgado, para la consulta del personal actuante. No se soslaya el contenido de la Jurisprudencia P./J. 26/2015 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con Registro digital: 2009916, Décima Época, Materias(s): Común, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, página 28, que dice: INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA. Conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para revisar la clasificación de la información realizada por un sujeto obligado y, en su caso, acceder a ésta, debe seguirse el procedimiento correspondiente ante los organismos garantes establecidos constitucionalmente con ese propósito; sin embargo, para no dejar en estado de indefensión a las partes en un juicio de amparo, el Juez constitucional, previo análisis de la información clasificada como reservada o confidencial exhibida con el informe justificado rendido por la autoridad responsable en términos de los artículos 117 de la Ley de Amparo vigente y 149 de la abrogada, bajo su más estricta responsabilidad puede permitir el acceso a las partes de la que considere esencial para su defensa. Al respecto, deberá adoptar todas las medidas de seguridad a efecto de evitar que se use de manera incorrecta, así como ponderar los derechos implicados y las especificidades del caso concreto para decidir si es indispensable o relevante el acceso a una parte o a toda la información con miras a resolver el problema de constitucionalidad planteado; además, si permite el acceso total o parcial a aquélla, podrá imponer las modalidades que considere necesarias para ello, sin que en caso alguno dicha información pueda ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. Lo anterior, en el entendido de que no podrá otorgar el acceso a la información acompañada al informe justificado cuando el acto reclamado consista precisamente en la clasificación de esa información, supuesto en el cual el acceso a ésta depende de que en una sentencia que cause estado se consigne esa obligación, por lo que permitir previamente a las partes su conocimiento dejaría sin materia el juicio de amparo. Sin embargo, del análisis de la demanda de amparo, se aprecia que el quejoso se duele precisamente de la negativa por parte de la autoridad ministerial para reconocerle la calidad de imputado en la carpeta de investigación *****/OAXACA/2023, y darle acceso a la misma, por lo que no es factible otorgarle el acceso a las documentales acompañadas en el de cuenta, ya que en su caso el acceso a las mismas dependerá que en la sentencia se consigne esa obligación, por lo que permitirle previamente su conocimiento dejaría sin materia el juicio de amparo. Ahora, en cuento a su solicitud de la responsable de que se trata, en el sentido de que se emplace a las víctimas ******, con el carácter de terceros interesados en el presente asunto, de conformidad en el artículo 5°, fracción III, inciso c), a contrario sensu, no ha lugar a emplazar a dichas personas con el carácter de terceros interesados, toda vez que el quejoso en el presente asunto, no tiene la calidad de indiciado en la carpeta de investigación antes citada, por lo tanto, no puede ser contraparte de las personas que señala la oficiante como víctimas. Se solicita vinculación En orden, y toda vez que la oficiante señala que el quejoso promovio el diverso juicio de amparo ********************/2023, en el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, por tanto, a fin de dictar una sentencia conforme a derecho, con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, solicítese al Titular del aludido Juzgado, -que si no estima hay algún inconveniente-, se autorice la consulta y vinculación del aludido juicio de amparo de su estadística, por el lapso de CINCO DÍAS, a fin de realizar una consulta más detallada, y para los efectos legales a que haya lugar en el expediente en que se actúa. Notifíquese.

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