Pablo Pedro Enríquez Medina
Expediente 643/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de julio de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 643/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 07/07/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Pablo Pedro Enríquez Medina
Actuaciones
- Principal
MESA VI A Vistos los autos y el cómputo secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra del auto por el que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio; consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, según su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído, para todos los efectos legales. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción II del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Para los fines legales consiguientes, téngase por efectuada la certificación de que las partes no manifestaron su oposición a la publicación de sus datos personales cuando se presente alguna solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente.
- Principal
MESA VI A Agréguese a los autos el informe justificado que rinde el Secretario Municipal del Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, a través de cual niega la existencia de la omisión reclamada, pues refiere que el veintiocho de mayo del presente año, notificó al quejoso Pablo Pedro Enríquez Medina, por conducto de su hija Leticia Beatriz Enríquez Padilla, el oficio de veinticinco del mismo mes y año; y, remitió copia certificada de las constancias respectivas para apoyar su dicho. Ahora bien, en la especie, del análisis integral de la demanda de amparo se conoce que el quejoso Pablo Pedro Enríquez Medina, reclamó del Secretario Municipal de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, la omisión de acordar su petición de diez de abril de dos mil quince, presentada en esa dependencia el catorce siguiente, mediante la cual solicitó copia certificada del parte o tarjeta informativa que rinden los policías municipales sobre los hechos ocurridos el veintisiete de diciembre del año pasado aproximadamente a las catorce horas treinta minutos en la calle de Moctezuma número cincuenta y uno, de la cabecera municipal (foja 3). Por su parte, la autoridad judicial en el informe de cuenta, negó la existencia del acto que se le reclama, en razón que el veinticinco de mayo del año en curso, acordó la promoción del quejoso y el veintiocho siguiente, se la notificó en el domicilio señalado para ello, a través de su descendiente Leticia Beatriz Enríquez Padilla; sin embargo, de su propia manifestación así como de la constancia remitida para justificar su dicho, se advierte que el acuerdo y notificación en cuestión, se llevaron a cabo con fecha posterior a la presentación de la demanda de amparo (veinticinco y veintiocho de mayo actual, fojas 11 y 12); por tanto, es evidente que a la fecha en que se instó el juicio constitucional, sí existía la omisión de que se duele el quejoso. Luego, de las copias certificadas que remite la responsable con su informe de cuenta, mismas que revisten el carácter de documentos públicos con valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2º, como se adelantó se conoce que el veinticinco de mayo de dos mil quince, el Director Jurídico del Ayuntamiento de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, por órdenes de Secretario Municipal, acordó la petición del impetrante -cuya falta de emisión constituye aquí el acto reclamado- en el sentido de que previo al pago correspondiente ante la caja recaudadora de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Santa Cruz Xoxocotlán Oaxaca, se le expedirán las copias certificadas del parte de novedades de veintisiete de diciembre de dos mil catorce, debiendo presentarse con posterioridad y con su recibo correspondiente ante la Dirección Jurídica del Ayuntamiento para la entrega de las mismas; así también, que dicha acuerdo fue debidamente notificado al quejoso en el domicilio señalado para tal efecto a través de su descendiente el veintiocho de mayo actual (fojas 11 y 12). Lo anterior pone de manifiesto que, en el caso, sobrevino la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; La cesación de efectos del acto reclamado a que alude la causa de improcedencia citada, debe entenderse cuando la autoridad de quien emana dicho acto deja de hacerlo, o bien, cuando lo revoca o deroga; así pues, para que sea aplicable el motivo de inejercitabilidad en comento, es necesario que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable, ya que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer al quejoso en el goce de la garantía individual violada, por lo que, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado, se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, como si el acto jamás hubiera nacido. En este tenor, se determina que, en el caso, han cesado los efectos del acto reclamado, toda vez que la autoridad responsable acordó la petición del quejoso de diez de abril de dos mil quince, misma que se le notificó a través de su descendiente, acto del cual se dolía la parte impetrante en este asunto; por lo que, las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular. Tiene aplicación, la jurisprudencia 2ª./J.59/99 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página treinta y ocho, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "CESASIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por tanto, al actualizarse en forma notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de garantías, con fundamento en artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, toda vez que la aludida causa de improcedencia es notoria, manifiesta e indudable, por lo que no se causa agravio al quejoso ni se le priva de defensa decretando el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia, pues ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido. Sirve de apoyo a la anterior determinación, la tesis 2a./J. 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, tomo XVII, Marzo de 2003, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En tales condiciones, se ordena dejar sin efecto la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio, fijada para las diez horas cincuenta minutos del veintinueve de junio de dos mil quince; hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
MESA VI A De los autos, y el cómputo secretarial que antecede, se advierte, por una parte que está señalada para hoy la audiencia constitucional (foja 4), y por otro lado, que se encuentra transcurriendo el plazo de quince días para que la autoridad responsable Secretario Municipal de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, rinda su informe justificado; por tal motivo, no es posible llevar a cabo la audiencia constitucional señalada para hoy, misma que se difiere para que tenga verificativo a DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE.
- Principal
MESA VI A Visto el escrito de demanda de amparo promovida por Pablo Pedro Enríquez Medina, contra actos del Secretario Municipal de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, por violación a sus derechos humanos; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; 1º, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 110, 112, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se admite en sus términos; fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 643/2015. Tramítese sin incidente de suspensión, por no haber solicitado expresamente la parte quejosa esa medida cautelar. Con fundamento en el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo, se otorga a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano de control constitucional, la intervención correspondiente por lo que entréguesele una copia simple de la demanda. Se señalan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL UNO DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE, para la celebración de la audiencia constitucional. Solicítese el informe justificado a la autoridad responsable, el cual deberá rendir dentro del plazo de quince días hábiles siguientes al en que reciba el oficio, para lo cual, deberá acompañar en su caso, copias certificadas legibles y completas de las constancias necesarias para apoyarlo, de no hacerlo en sus términos, de conformidad con el precepto 260, fracción II, en relación con el 238 del ordenamiento invocado, se le impondrá a la omisa, una multa de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de realizarse la conducta sancionada. En términos del artículo 64 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, se previene a todas las partes para que comuniquen cuando cesen los efectos del acto reclamado o se actualicen causas notorias de sobreseimiento, asimismo, informen si en relación al acto reclamado se ha promovido diverso juicio de amparo, de ser así, indiquen el número de juicio y el Juzgado de Distrito que conoció del asunto, de incumplirlo, en términos del precepto 251 de la Ley de Amparo, se les impondrá multa de treinta a trescientos días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal al momento de realizarse la conducta sancionada. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se admite como pruebas de la parte quejosa las documentales que acompaña a su escrito de demanda, consistente en acuse de recibo del ocurso dirigido al Secretario del Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, presentado el catorce de abril de dos mil quince; probanza que se desahoga en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional. Con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones personales el que indica la parte quejosa en la demanda de amparo y por autorizadas sin las amplias facultades que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que refiere y ser el presente asunto de naturaleza administrativa. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente asunto se ordene alguna notificación de carácter personal, se habilita al actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. Para concluir, con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, con apoyo en el precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, mismo que entró en vigor el cinco de abril de dos mil cuatro, hágaseles saber el derecho que tienen para oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo; en el entendido de que la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos, tomando en cuenta, si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la ley antes citada; de ser así, a la versión pública de la sentencia ejecutoria, de las demás resoluciones públicas y, en su caso, de los documentos contenidos en el expediente que no sean reservados o confidenciales, se suprimirán los datos personales de las partes, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el respectivo órgano jurisdiccional.
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