Pablo Rodriguez Anaya
Expediente 1788/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1788/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 27/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Pablo Rodriguez Anaya
- Todas las Partes
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, a veintisiete de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que a la fecha se haya interpuesto recurso de revisión en contra del auto trece de enero de dos mil veintidós, en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 2 de la ley antes citada, se declara QUE DICHO AUTO EN EL QUE SE DECRETÓ EL SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA EN EL PRESENTE JUICIO DE GARANTÍAS HA CAUSADO ESTADO. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por El Consejo de la Judicatura Federal; se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 8.1.2 ordinal 1, del Manual referido, pues se trata de un asunto sobreseído y además no se considera relevancia documental, toda vez que no se encuentra dentro de los supuestos que establece el artículo 15 del Acuerdo aludido así como el numeral 5.1 del referido Manual, esto es: 1) No es promovido por delitos contra la seguridad de la Nación, derecho internacional, humanidad, administración de justicia, ambiente y gestión ambiental; 2) No se trata de resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; 3) No es un asunto relativo a un conflicto laboral colectivo trascendente, ni versa sobre temas relativos al patrimonio histórico, arqueológico, artístico, y no es un asunto en materia agraria; 4) No es un asunto generado por los Plenos de Circuito y; 5) No se integró jurisprudencia o tesis aislada derivada del presente asunto, por parte de los Tribunales de Circuito. Por lo tanto, una vez que haya transcurrido el término de tres años a que se refiere el párrafo primero del artículo 21, del multicitado Acuerdo, contados a partir del presente archivo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Óscar Horacio Escobedo Návar, quien autoriza. Doy fe.
- Principal
Ciudad de México, trece de enero de dos mil veintidós. Por recibido el oficio electrónico proveniente del Decimoséptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, a través del cual, en atención a la solicitud de tres de enero de dos mil veintidós, hace del conocimiento que no se tuvo que proveer sobre la firmeza del desechamiento por extemporáneo del recurso de que interpuesto por la parte quejosa, por las razones que expone; con apoyo en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agrega para que obre como corresponda, tomando conocimiento de su contenido. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria Nancy Alejandra Magos Jurado, quien autoriza. Doy fe.
- Principal
Ciudad de México, seis de enero de dos mil veintidós. Se tiene por recibido el oficio signado por la Directora de Amparos, en suplencia de la Coordinadora General de Administración de Justicia de la Ciudad de México y de la Directora General Jurídica Consultiva y de Implementación del Sistema de Justicia Penal, por medio del cual, informa las gestiones que se encuentra realizando para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada por este órgano jurisdiccional; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agrega a sus autos el oficio de mérito para que obre como corresponda, tomando conocimiento de su contenido. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Alonso Antonio Hernández Flores, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos de lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de conformidad con el oficio CCJ/ST/5338/2021, signado por la Secretaria Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, asistido por la Secretaria Nancy Alejandra Magos Jurado, quien autoriza. Doy fe.
- Principal
Ciudad de México, a veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la demanda promovida por Mario Pablo Rodríguez Martínez, en nombre y representación de Pablo Rodríguez Anaya, contra actos del Secretario de Seguridad Ciudadana y de otra autoridad; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1788/2021. En atención a que el promovente del amparo reclama la privación de la libertad de su representada derivada de la orden de arresto administrativo que se decretó en su contra y manifiesta que se encuentra detenida en el Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social, por lo que de llegar a consumarse, sería físicamente imposible restituir a la solicitante del amparo en el goce de las garantías individuales reclamadas; por tanto, con fundamento en los artículos 15, 125, 126 y 127, fracción II, de la Ley de Amparo, se decreta de oficio y de plano la suspensión del acto reclamado para el efecto de que cese la detención derivada de la orden de arresto reclamada, y por ende, sea puesta en inmediata libertad por la autoridad que materialmente esté ejecutando la orden de arresto que en esta vía se reclama. Se hace la aclaración que la medida suspensional únicamente surtirá sus efectos si el arresto a que se refiere es inconmutable; porque de no serlo, esta medida no surtirá efecto alguno. Se hace extensiva la medida cautelar a cualquier autoridad que haya ejecutado o pretenda ejecutar total o parcialmente el acto privativo de libertad. Sirve de apoyo, por analogía, la jurisprudencia 295, cuyo rubro es el siguiente: SUSPENSIÓN, EFECTOS DE LA. (Registro: 270,866, Tesis aislada, Sexta Época, Instancia: Tercera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Cuarta Parte, LVI, Tesis:, Página: 138, Genealogía: Apéndice 1917-1985, Cuarta Parte, Tercera Sala, tesis relacionada con la jurisprudencia 295, página 844.) En el entendido de que la puesta en libertad de la quejosa será siempre y cuando haya sido privada de ella con motivo de la orden de arresto reclamada y no sea consecuencia de un procedimiento de carácter penal o civil, ni con motivo del cumplimiento de una orden de aprehensión en su contra por la comisión de un delito o haya sido aprehendida en flagrancia o urgencia; en cuyo caso deberá ser puestos a disposición del Ministerio Público correspondiente en términos del artículo 159, fracción II, de la Ley de Amparo; por tanto, la medida concedida no surtirá efecto legal alguno si el acto reclamado proviene de autoridades distintas a las señaladas como responsables y si el acto resulta ser uno distinto al que aquí se combate. Se comisiona al Actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, para que se constituya en el domicilio del Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social de la Ciudad de México en mención y notifique al Director de esta institución o, en su defecto, a la autoridad que en ese momento represente o se substituya en sus funciones, la suspensión que se ha concedido, con el objeto de que se ponga en libertad inmediata a Pablo Rodríguez Anaya, debiéndose notificar en forma personal al quejoso el presente auto. Asimismo, el actuario adscrito a este Juzgado, queda constreñido a cerciorarse del cumplimiento inmediato de dicha medida, cuya razón deberá asentar en el acta correspondiente. En atención a que el acto reclamado consiste en la privación de la libertad con motivo del arresto decretado en contra del ahora quejoso Pablo Rodríguez Anaya y en virtud que la demanda la presentó Mario Pablo Rodríguez Martínez en nombre y representación de aquel; por tanto, en virtud de la pandemia originada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), no se le requiere al quejoso a efecto de que acuda al local de este Juzgado a ratificar su escrito de demanda, ello con el propósito de no generar alguna situación que implique un peligro de contagio; en consecuencia, requiérase a Pablo Rodríguez Anaya, para que en el mismo acto en el que el Actuario Judicial adscrito a este Juzgado le notifique el contenido del presente acuerdo, manifieste si es su deseo ratificar la demanda de amparo, a efecto de seguir la secuela procesal del presente asunto, sin necesidad de que estampe la firma por prevención de contagio, pues basta que así lo asiente el actuario el cual cuenta con fe pública, con el apercibimiento que de no hacerlo se tendrá por no presentada y quedarán sin efectos las providencias aquí dictadas. Se apercibe al quejoso, que de no cumplir la prevención señalada en el presente acuerdo en el plazo concedido, quedará sin efectos la providencia de suspensión decretada y se procederá conforme lo establece el artículo 15, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. Sin que dicha medida constituya autorización para que el quejoso conduzca en la vía pública con una cantidad de alcohol en la sangre superior a los parámetros señalados en el artículo 50, del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, por lo tanto, quedan expeditas las facultades de las autoridades para aplicar dicha norma y las complementarias que prevean las sanciones correspondientes para caso de una nueva infracción. En el entendido de que si en el momento de la notificación del presente proveído, el quejoso expresara su deseo de no aceptar la promoción que del amparo se hace, el actuario judicial de la adscripción deberá abstenerse de entregar los oficios que al presente se acompañan, asentando la razón correspondiente. Ahora bien, toda vez que en la demanda se señala como domicilio para oír y recibir notificaciones las listas que se publican en los estrados de este Juzgado, las cuales no constituyen propiamente un domicilio; háganse las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, por medio de lista. En términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, se autoriza únicamente para oír y recibir notificaciones a la persona que menciona. Asimismo, con fundamento en el artículo 21 y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto. Dada la fecha de recepción de la demanda de amparo que dio lugar a la emisión del presente acuerdo es inhábil para la Oficina de Correspondencia Común de? los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el la Ciudad de México, por tanto, en cuanto sus labores reinicien, remítasele el presente expediente a efecto de que lo dé de alta en el sistema informático que para ello opera. No obstante lo anterior, se hace del conocimiento de las partes que en términos de los artículos 108 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, aunque las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales distintos del nombre. Por otra parte, en términos del artículo 22, del Acuerdo General 21/2020 citado; se exhorta a todas las partes, esto es, autoridades responsables, tercero interesado y Fiscal Ejecutivo Titular adscrito; para que: 1) de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea o bien, 2) propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Para lo anterior, deberán proporcionar el nombre de usuario o usuarios, que autorizan para la consulta del expediente electrónico, y solicitar de manera expresa que las notificaciones se les practiquen de manera electrónica, a través de alguno de los usuarios que indiquen. O bien, deberán especificar y proporcionar los datos necesarios, para entablar las comunicaciones no procesales; en el entendido de que éstas, quedarán sujetas a la autorización previa de este juzgado, tomando en consideración su idoneidad y pertinencia. Finalmente, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, a fin de notificar las determinaciones que deban ser de carácter personal en el presente expediente, se habilitan días y horas inhábiles durante todo el procedimiento. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Óscar Horacio Escobedo Návar, quien autoriza. Doy fe.
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