Pablo Pérez Ortiz
Expediente 860/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 10 actuaciones registradas, la última del 17 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 860/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 17/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Pablo Pérez Ortiz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Ciudad de México, a diecisiete de agosto de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa, que es a quien pudiera causarle perjuicio la sentencia dictada el dieciocho de junio de dos mil veintiuno, en la que se determinó sobreseer en el presente juicio de garantías, no la recurrió dentro del plazo que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo; con fundamento en la fracción II, del artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que la citada sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, por lo que, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplicable en términos del séptimo transitorio del mencionado Acuerdo, se determina que este expediente es susceptible de destrucción en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso a) de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto sobreseído y además no se considera de relevancia documental, toda vez que no se encuentra dentro de los supuestos que establece el artículo 15 del Acuerdo aludido así como el numeral 5.1 del referido Manual, esto es: 1) No es promovido por delitos contra la seguridad de la Nación, derecho internacional, humanidad, administración de justicia, ambiente y gestión ambiental; 2) No se trata de resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; 3) No es un asunto relativo a un conflicto laboral colectivo trascendente, ni versa sobre temas relativos al patrimonio histórico, arqueológico, artístico, y no es un asunto en materia agraria; 4) No es un asunto generado por los Plenos de Circuito y; 5) No se integró jurisprudencia o tesis aislada derivada del presente asunto, por parte de los Tribunales de Circuito. Por lo tanto, una vez que haya transcurrido el término de tres años a que se refiere el párrafo primero del artículo 21, del multicitado Acuerdo, contados a partir del presente archivo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Juan de Dios García Munguía, quien autoriza. Doy fe.
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En Ciudad de México, a las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIECIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO, día y hora señalados para la celebración de la audiencia constitucional relativa al juicio de garantías número 860/2020-I, en audiencia pública el Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Francisco Javier Rebolledo Peña, asistido por el Secretario Juan de Dios García Munguía que da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la asistencia de las partes ni representante de ellas. Acto seguido, el Secretario hace relación de las constancias que obran en autos, dando lectura de ellas, entre las que se encuentra la demanda de garantías, que dio origen al presente asunto, promovida por Pablo Pérez Ortiz, por propio derecho, proveído de diecisiete de septiembre de dos mil veinte, en el que se admitió a trámite la demanda, informes justificados rendidos por las autoridades responsables, las pruebas, constancias de notificación a las partes, y proveídos que acordaron lo conducente. Por otro lado, el Secretario da cuenta con el estado procesal que guardan los presentes autos, y CERTIFICA: que feneció el plazo quince días concedido a la parte quejosa, mediante auto de veinte de abril de dos mil veintiuno, en razón de que el mismo le fue notificado por medio de lista el veintisiete de abril del año en curso, por lo que en términos de lo dispuesto en el artículo 31, fracción II, de la citada Ley, dicha notificación surtió sus efectos el veintiocho de abril siguiente, y el término aludido transcurrió del veintinueve de abril al veinte de mayo del año que transcurre, previo descuento de los días uno, dos, cinco, ocho, nueve, quince y dieciséis de mayo del año que transcurre, por ser días inhábiles en términos del artículo 19 de la ley de la materia. El Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 117 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias de autos y por rendidos los informes justificados de las autoridades responsables. Por otra parte, en relación con lo certificado por el Secretario y advirtiéndose que la parte quejosa omitió desahogar la vista ordenada en auto de veinte de abril del año en curso, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho proveído, por lo que únicamente se tiene como acto reclamado y autoridades responsables los señalados de manera destacada en su escrito de demanda. En período probatorio: El Secretario da cuenta con las pruebas ofrecidas por las partes. El Juez acuerda: Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se admiten y desahogan por su propia y especial naturaleza las pruebas ofrecidas por las partes. No existiendo pruebas pendientes que desahogar se cierra el periodo probatorio. Periodo de alegatos, abierto éste, el Secretario hace constar que las partes no hicieron uso del derecho que les confiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, y que el Fiscal Ejecutivo Titular adscrito no presentó la intervención ministerial que a su representación social compete. El Juez acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se declara desierto el periodo de alegatos. Sin existir pruebas, diligencias o pedimento alguno, pendientes por desahogar, se tienen por celebradas las presentes etapas de la audiencia constitucional en términos de esta acta. Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto número 860/2020-I, promovido por Pablo Pérez Ortiz, por propio derecho, contra actos del Subdelegado de Prestaciones en la Zona Oriente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O . PRIMERO. Por escrito recibido el diez de septiembre de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, remitido a este Juzgado de Distrito por razón de turno, Pablo Pérez Ortiz, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES Subdelegado de Prestaciones en la Zona Oriente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. ACTO RECLAMADO La omisión de dar contestación al escrito de solicitud de la concesión de la pensión de retiro por edad y tiempo de servicios, de fecha de acuse 10 de septiembre de 2019. SEGUNDO. Por auto de diecisiete de septiembre de dos mil veinte, se admitió la demanda registrada con el número 860/2020-I, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, se dio la intervención que legalmente compete al Fiscal Ejecutivo Titular adscrito y se señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos, inició en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente sentencia; y, C O N S I D E R A N D O . PRIMERO. Este Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones IV y VII, de la Constitución General de la República; 37 y 107, fracción II de la Ley de Amparo; 52, fracciones II y IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General número 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en los que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, dado que se reclama un acto de autoridades administrativas distintas de las judiciales, con residencia en la jurisdicción que corresponde a este juzgado. SEGUNDO. Para efectos de determinar la certeza de los actos reclamados, con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se toma en consideración que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 40/2000, aplicada por analogía, estableció la obligación de que el juez de amparo analice la demanda de garantías en su integridad a efecto de determinar con exactitud la intención del promovente y precisar los actos materia de la litis constitucional. La citada jurisprudencia es de rubro: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. (Novena Época, Registro: 192097, Instancia: Pleno, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de dos mil (2000), Materia Común, Página: 32) La jurisprudencia citada señala que la demanda de garantías es un todo y debe interpretarse en su integridad y si el quejoso designa de manera imprecisa o errónea el acto que combate, pero del análisis integral del escrito correspondiente, se advierte el error en que incurrió, lo correcto es que el Juez de Distrito lo corrija, a fin de que el gobernado no vea obstaculizado su acceso a la justicia. Por lo anterior, del análisis integral que al efecto se realiza de la demanda, se colige que el acto reclamado por el quejoso es la omisión de dar contestación al escrito de solicitud de concesión de pensión de retiro por edad y tiempo de servicios, presentado el diez de septiembre de dos mil diecinueve. TERCERO. No es cierto el acto que se reclama al Titular del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, consistente en la omisión de dar contestación al escrito de solicitud de concesión de pensión de retiro por edad y tiempo de servicios, presentado por el quejoso el diez de septiembre de dos mil diecinueve, toda vez que así lo manifestó al rendir su informe justificado. Lo expuesto se afirma, toda vez que si bien tratándose de actos omisivos es a la autoridad a quien se reclaman la obligada a desvirtuar su existencia, es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que el peticionario indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido. Bajo ese tenor, es preciso destacar que el quejoso adjuntó a su escrito inicial de demanda el original del acuse de recibo del escrito de petición presentado el diez de septiembre de dos mil diecinueve, cuya falta de respuesta se reclama, el cual se encuentra dirigido al Subdelegado de Prestaciones en la Zona Regional Oriente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Lo anterior pone de relieve que la obligación de dar respuesta a tal solicitud, corresponde a una autoridad distinta al Titular del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Por ende, resulta innegable que la omisión que le atribuye no puede tenerse por cierta, además de que al reclamarse actos omisivos, es que le corresponde al quejoso acreditar de manera fehaciente que efectivamente realizó los trámites conducentes para exigir la actuación de la autoridad responsable, sin que en el caso que se analiza se acrediten tales extremos, pues no basta tan sólo su dicho, porque sería tanto como tener por cierto el acto reclamado a la responsable con la sola afirmación del quejoso en su escrito inicial de demanda de amparo, siendo de explorado derecho que tratándose de juicios de amparo en donde se reclamen actos de naturaleza omisiva la carga de la prueba a fin de justificar su exigibilidad, corresponde precisamente a la parte quejosa, quien al efecto omitió aportar elemento de convicción fehaciente con el que se acreditara la omisión del Titular del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Es decir, el ejercicio del derecho de petición que consagra el artículo 8° constitucional, debe realizarse de manera personal y directa ante la autoridad de la que se pretende obtener una repuesta, de ahí que no puede reclamarse violación a tal garantía mediante la vía constitucional, por la circunstancia de que el superior jerárquico de una autoridad a quien se elevó el escrito, no le haya dado respuesta. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio respecto del acto y autoridad a que se hace mención en el presente considerando. Sirve de apoyo a la anterior consideración, la tesis 2a. CXLI/97, de rubro y texto: ACTOS NEGATIVOS ATRIBUIDOS A UNA AUTORIDAD. SI SU EXISTENCIA REQUIERE DE PREVIA SOLICITUD, AL QUEJOSO CORRESPONDE DEMOSTRAR QUE LA FORMULÓ. La jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia, en cuyo sumario se dice: "ACTOS NEGATIVOS.- TRATÁNDOSE DE ACTOS NEGATIVOS, LA PRUEBA CORRESPONDE NO A QUIEN FUNDA EN ELLOS SUS DERECHOS, SINO A SU CONTENDIENTE.", constituye una regla genérica que no es aplicable cuando la existencia de la conducta negativa de la autoridad responsable aplicadora requiere, necesariamente y de una manera previa, la existencia de una solicitud del particular el quejoso para que la autoridad ejerza la facultad prevista en la ley aplicable, lo cual implica que si bien al quejoso no corresponde probar la conducta omisa de la responsable, sí le toca, en cambio, acreditar que realizó los trámites conducentes para exigir la actuación de esta última. (Novena Época, Registro: 197269, Instancia: Segunda Sala, Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, VI, Diciembre de 1997 , Materia(s): Común, Tesis: 2a. CXLI/97, Página 366) De igual forma es aplicable la jurisprudencia número VI. 2°. J/308, que dice: ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL, CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, ésta obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados. (Octava Época, Registro: 210769, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 80, Agosto de 1994, Materia(s): Común, Tesis: VI.2o. J/308, Página 77) CUARTO. Es cierto el acto reclamado al Subdelegado de Prestaciones en la Zona Oriente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, consistentes en la omisión de dar contestación al escrito de solicitud de concesión de pensión de retiro por edad y tiempo de servicios, presentado por el quejoso el diez de septiembre de dos mil diecinueve, ya que si bien al rendir su informe justificado no negó ni acepto la existencia del mismo, lo cierto es que realizó manifestaciones que evidencian su existencia, tales como que tiene un atraso en las respuestas a las solicitudes realizadas por los derechohabientes, así como que se encuentra realizando las diligencias pertinentes para dar una respuesta concreta a dicha solicitud, por tanto, procede presumir la certeza del acto por las consideraciones expuestas, pues a la fecha de la presentación de la demanda no había atendido esa solicitud. QUINTO. Previamente al estudio del fondo de la cuestión planteada, se deben analizar las causas de improcedencia que hagan valer las partes o aquéllas que se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de garantías tal como lo establece el artículo 62, de la Ley de Amparo, que dice: Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. En el caso, por lo que hace a la omisión que se reclama, cobra vigencia la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, por las razones que se exponen a continuación. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .... XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; Para que dicha causa de improcedencia se actualice, es necesario que todos los efectos del acto o actos reclamados, se hayan destruido en forma total o incondicional, por parte de las autoridades que participaron en su creación. Resulta aplicable a lo anterior, por identidad jurídica, la jurisprudencia 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso, la desobediencia constitucional de la cual se queja el gobernado, consiste en la omisión de dar respuesta a su escrito de petición presentado el diez de septiembre de dos mil diecinueve. Solicitud a través de la cual, sustancialmente, pidió le fuera otorgada la pensión de retiro por edad y tiempo de servicios. Sin embargo, tal como se advierte de las constancias que integran el presente expediente, la Apoderada Legal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en la Zona Oriente de la Ciudad de México, exhibió copia certificada del oficio DRO/SP/DPSH/334/2020, de quince de enero de dos mil veinte, a través del cual, el Jefe de Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene de la Delegación Regional Oriente del citado Instituto, dio respuesta a la solicitud del quejoso, la cual se digitaliza a continuación: Como se advierte de las imágenes digitalizadas, el Jefe de Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene de la Delegación Regional Oriente del citado Instituto, dio respuesta a la petición del quejoso, por lo que se concluye que se atendió lo solicitado a través de su escrito de diez de septiembre de dos mil diecinueve, pues con independencia del sentido en que se resolvió, cesó la omisión reclamada. Esto es, la omisión alegada desapareció, puesto que el Jefe de Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene de la Delegación Regional Oriente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, atendió a lo solicitado por el peticionario de garantías, aunado a que por auto de veinte de abril pasado, este juzgado ordenó correrle traslado con dicho documento a fin de que en el plazo de quince días manifestara si a su interés convenía ampliar su demanda, sin que al efecto lo haya hecho, no obstante haber sido debidamente notificado de tal determinación el veintisiete de abril siguiente. Por tanto, se concluye que han cesado los efectos de la omisión reclamada, pues como se advierte de la narración anterior, se dio respuesta a su solicitud de diez de septiembre de dos mil diecinueve; en consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer por lo que a la omisión reclamada se refiere. Sobre el particular, cobra aplicación, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 9/98, que a la letra establece: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezca, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. (Número de Registro: 196,820, Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, VII, Febrero de 1998, Página: 210) Asimismo la tesis número P.CL/97, que a la letra dispone: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. (Número de Registro: 197,367, Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, VI, Noviembre de 1997, Página: 71) No es óbice a lo anterior, el hecho de que la respuesta a la solicitud del quejoso haya sido otorgada por diversa autoridad a la que fue elevada, pues las facultades de quien la suscribió lo vinculan con lo solicitado. Al respecto cobra vigencia, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 129/2006, de rubro y texto: INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. DEBE TENERSE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA QUE CONCEDIÓ EL AMPARO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, CUANDO SE DEMUESTRE QUE UN INFERIOR JERÁRQUICO DE LA RESPONSABLE, CUYAS FUNCIONES SE VINCULAN CON LO SOLICITADO, DIO CONTESTACIÓN POR ESCRITO. Cuando se concede la protección federal por violación al derecho de petición contenido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe tenerse por cumplida la ejecutoria relativa si se demuestra que ya se dio contestación por escrito a la solicitud del quejoso aunque provenga de una autoridad diversa de la responsable, siempre que se trate de un inferior jerárquico cuyas funciones se vinculen con la petición. (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXIV, Septiembre de dos mil seis (2006), Novena Época, Instancia: Segunda Sala, página: 279) Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 61, fracción XXI, 63, fracción V, 73, 74, 75, 76 y 124 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el juicio 860/2020-I. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Juan de Dios García Munguía, con quien actúa y da fe. Doy fe.
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Ciudad de México, a veinte de abril de dos mil veintiuno. Se tiene por recibido el oficio signado por la Apoderada Legal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en la Zona Oriente de la Ciudad de México, por medio del cual, remite copia certificada del diverso DRO/SP/DPSH/334/2020, de quince de enero de dos mil veinte, mediante el cual se da respuesta al escrito de petición presentado por el quejoso, cuya falta de contestación reclama, el cual ofrece como prueba superveniente; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, agréguese a sus autos el oficio y anexo de cuenta, para que obren como corresponda. Con apoyo en lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de su parte la documental que refiere, sin perjuicio de ser relacionada nuevamente y darle el valor que le corresponda en la audiencia constitucional. Ahora bien, toda vez que el acto reclamado dentro del presente juicio lo constituye la omisión de dar contestación al escrito presentado por la parte quejosa el diez de septiembre de dos mil diecinueve, por medio del cual solicitó la concesión de su pensión por retiro por edad y tiempo de servicio, y tomando en consideración que la autoridad oficiante remite copia certificada del oficio DRO/SP/DPSH/334/2020, de quince de enero de dos mil veinte, a través del cual se dio contestación a dicha solicitud; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 17, 108 y 111, de la Ley de Amparo, con copia del oficio de cuenta y anexos, requiérase a la parte quejosa, para que dentro del plazo de QUINCE DÍAS, contado a partir del presente proveído, manifieste por escrito y bajo protesta de decir verdad, si a su interés legal conviene ampliar su demanda respecto del oficio DRO/SP/DPSH/334/2020, de quince de enero de dos mil veinte y señalar como autoridad responsable al Jefe de Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene de la Delegación Regional Zona Oriente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; en el entendido de que deberá de cumplir con los requisitos que establecen los artículos 108 y 110 de la Ley de Amparo, apercibido que de no desahogar lo requerido, únicamente se tendrá como acto reclamado y autoridad responsable los señalados de manera destacada en su demanda. Sirve de apoyo la jurisprudencia número 149/2006, la cual es del rubro siguiente: DEMANDA DE AMPARO. EL QUEJOSO PUEDE AMPLIARLA PARA IMPUGNAR LA RESPUESTA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, DURANTE LA TRAMITACIÓN DE UN JUICIO DE GARANTÍAS PROMOVIDO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. (Época: Novena Época, Registro: 174107, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Octubre de 2006, Materia(s): Administrativa, Tesis: 2a./J. 149/2006, Página: 334). Así como la Jurisprudencia 1a./J. 136/2011 (9a.), en lo conducente, del siguiente rubro: INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA EXISTENCIA DE UN NUEVO ACTO VINCULADO A LA OMISIÓN RECLAMADA POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICAR PERSONALMENTE AL QUEJOSO SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE SI LO ESTIMA CONVENIENTE AMPLÍE SU DEMANDA. (Registro: 160116, Décima Época, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 1, Materia Común, página: 801). Importa destacar que el requerimiento que antecede únicamente podrá ser desahogado por el promovente de amparo, no así por las personas que autorice en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo. Apoya a la anterior determinación la jurisprudencia 1a./J. 37/2011, de rubro: AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA. (Registro: 161909, Novena Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXXIII, Junio de 2011, Página: 68, Materia: Común). Así como la Jurisprudencia 1a./J. 50/2014 (10a.), del siguiente rubro y texto: AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. (Registro: 2007285, Décima Época, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I; Materia Común, página: 210). Notifíquese personalmente a la parte quejosa Pablo Pérez Ortiz, en el domicilio ubicado en local número doce (12) del edificio Miguel Lerdo de Tejada, Unidad Habitacional Nonoalco, Tlatelolco, alcaldía Cuauhtémoc, código postal cero seis mil novecientos (06900), en esta Ciudad. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Juan de Dios García Munguía, quien autoriza. Doy fe.
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Ciudad de México, a veintidós de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal del presente asunto, se impone destacar que en términos del artículo 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, es un hecho notorio que, del cinco de diciembre de dos mil veinte al quince de febrero de dos mil veintiuno, a través de las Circulares números SECNO/29/2020, SECNO/1/2021, SECNO/4/2021, SECNO/6/2021 y SECNO/9/2021, emitidas por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se ordenó la suspensión de los plazos y términos proceCiudad de México, a veintidós de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal del presente asunto, se impone destacar que en términos del artículo 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, es un hecho notorio que, del cinco de diciembre de dos mil veinte al quince de febrero de dos mil veintiuno, a través de las Circulares números SECNO/29/2020, SECNO/1/2021, SECNO/4/2021, SECNO/6/2021 y SECNO/9/2021, emitidas por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se ordenó la suspensión de los plazos y términos procesales en todos los asuntos judiciales y como forma de trabajo el esquema de contingencia previsto por el "Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19", como medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales con sede en la Ciudad de México derivado del virus COVID-19. Ahora bien, de conformidad con la Circular SECNO/10/2021 emitida por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, con motivo de la prolongación del periodo de contingencia sanitaria, el dieciséis y diecisiete de febrero del año en curso se continuó con el esquema de contingencia previsto en las Circulares anteriores, y a partir del dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, se reactiva en su totalidad el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales conforme a los lineamientos contenidos en el "Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID19", cuya vigencia fue prorrogada al treinta de junio de dos mil veintiuno, a través del "Acuerdo General 1/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID19, con relación al periodo de vigencia", en consecuencia, se reanudan los plazos y términos procesales en el presente juicio. Cabe destacar que el presente asunto no se ubica en ninguno de los supuestos a que se refirió el citado Acuerdo General 13/2020 para que previamente se reanudara su trámite, por lo que hasta la fecha en que se actúa, se procede acordar lo conducente. En tales circunstancias, atendiendo a que no fue posible que tuviera verificativo la mencionada audiencia por las razones expuestas y derivado de las cargas de trabajo, con fundamento en el artículo 124, de la Ley de Amparo, se fijan las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIECIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO, para la celebración de la audiencia constitucional. Al caso se cita, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "AUDIENCIA EN EL AMPARO. QUEJA INFUNDADA CONTRA EL SEÑALAMIENTO DE ELLA FUERA DEL TÉRMINO LEGAL." Así como la diversa de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo LXVIII, página 519, de rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, SEÑALAMIENTO DE." Asimismo, con fundamento en las fracciones I y II del artículo 2 del mencionado acuerdo 21/2020, se hace del conocimiento de las partes que los plazos, términos y vistas, ordenados en los acuerdos y requerimientos dictados en este juicio, se reanudarán a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación del presente proveído; por lo que se deberán de estar a lo ahí´ determinado y a los apercibimientos respectivos. Por otra parte, del estado procesal de autos se advierte que el Jefe de Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene de la Subdelegación de Prestaciones de la Delegación Regional Zona Oriente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ha sido omiso en desahogar el requerimiento de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, no obstante estar debidamente notificado del citado proveído, tal como se advierte de la constancia de notificación respectiva. En ese sentido, con fundamento en el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, REQUIÉRASE NUEVAMENTE al Jefe de Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene de la Subdelegación de Prestaciones de la Delegación Regional Zona Oriente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que dentro del término de TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir de que surta efectos la notificación de éste proveído, remita a este juzgado de distrito original o copia certificada completa y legible del oficio DRO/SP/DPSH/334/2020, de quince de enero de dos mil veinte. Apercibido que de no hacerlo, se le impondrá una multa de cincuenta veces la unidad de cuenta vigente en la Ciudad de México, de conformidad con lo establecido en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Por otra parte, en términos del artículo 22, del "Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19"; se exhorta a todas las partes, esto es, a la parte quejosa, autoridades responsables y Fiscal Titular adscrito; para que: 1) De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea o bien, 2) Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Para lo anterior, deberán proporcionar el nombre de usuario o usuarios, que autorizan para la consulta del expediente electrónico, y solicitar de manera expresa que las notificaciones se les practiquen de manera electrónica, a través de alguno de los usuarios que indiquen. O bien, deberán especificar y proporcionar los datos necesarios, para entablar las comunicaciones no procesales; en el entendido de que éstas, quedarán sujetas a la autorización previa de este juzgado, tomando en consideración su idoneidad y pertinencia. Finalmente, se ordena practicar las notificaciones del presente asunto, de manera escalonada y en el turno que le corresponda, de conformidad con los lineamientos del citado Acuerdo 21/2020. Notifíquese personalmente a la parte quejosa Pablo Pérez Ortiz, en el domicilio ubicado en local número doce (12) del edificio Miguel Lerdo de Tejada, Unidad Habitacional Nonoalco, Tlatelolco, alcaldía Cuauhtémoc, código postal cero seis mil novecientos (06900), en esta Ciudad y por oficio a las autoridades responsables. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Juan de Dios García Munguía, quien autoriza. Doy fe. El Juez
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