Pablo Rico Soto
Expediente 17/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 17/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 26/01/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Pablo Rico Soto
Actuaciones
- Principal
ESTADO DE AUTOS. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y de la certificación que antecede, se advierte que no fue recurrido dentro del término legal el auto de quince de enero de dos mil dieciocho, en el que SE DESECHÓ DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, promovida por PABLO RICO SOTO. CAUSA ESTADO. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98, ambos de la Ley de Amparo, en relación 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia, de conformidad con el numeral 2°, se declara que dicho fallo ha causado estado. ARCHIVO. Por tanto, se ordena archivar el presente expediente, como asunto totalmente concluido, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de la Materia. SIN RELEVANCIA DOCUMENTAL. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos vigésimo y vigésimo primero, es de precisarse que este expediente no es de relevancia documental. DESTRUCCIÓN DEL EXPEDIENTE. Por otra parte, toda vez que en el presente juicio de amparo se desechó de plano la demanda de amparo, éste expediente es susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II del acuerdo citado en el párrafo que antecede.
- Principal
Visto lo de cuenta, téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ***; contra los actos que reclama del Presidente Municipal de Comonfort, Guanajuato y otra autoridad, que estiman violatorios de los derechos que se encuentran consagrados en los artículos 14, 16 y 20, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivamente, bajo el número 17/2018-III.1, anótese su ingreso en el libro de Gobierno de este Juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias referentes para la integración del expediente electrónico, en el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado Federal. Ahora bien, una vez analizada la demanda promovida y documentales que ella de adjuntaron, se acuerda lo siguiente: El artículo 113 de la Ley de Amparo a la letra dice: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En el caso, Pablo Rico Soto, por su propio derecho, solicita el amparo y protección de la Justicia Federal contra el que denomina como acto de autoridad que reclama del Presidente Municipal de Comonfort, Guanajuato; que identifica de la forma siguiente: 1.- QUE LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO RESPONSABLES, CONJUNTAMENTE CON LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PRETENDEN COLOCAR UNA SERIE DE POSTES DE ENERGÍA ELECTRICA DENTRO DEL ÁREA DE DICHO CAMPO DE FUTBOL, ALTERANDO COMPLETAMENTE SU FUNCIONALIDAD. Del contenido de la demanda se obtiene, que el promovente aduce que el ocho de noviembre de dos mil dieciséis, celebró un contrato de donación, entre él y un representante legal del Municipio de Comonfort, Guanajuato, sobre el bien inmueble identificado como resto del predio ubicado en la Comunidad de *** Municipio de Comonfort, Guanajuato, en dicho contrato se especificó que el inmueble en cita se destinaría exclusivamente como campo de futbol y que acude a la presente instancia constitucional, en atención a que el Presidente Municipal en conjunto con la Comisión Federal de Electricidad pretenden colocar postes de energía eléctrica dentro del bien inmueble materia del presente juicio. Acto éste último que el promovente señala como acto de autoridad y en contra del mismo promueve la demanda de amparo que nos ocupa. Fijado lo anterior, se estima que en el caso, se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia que se desprende del artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1º, fracción I y 5, fracción II, aplicados a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo; como a continuación se verá. Dichos preceptos establecen lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: II.- La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En efecto, de acuerdo a los preceptos transcritos por autoridad para los efectos del juicio de amparo, se debe entender aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse, crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; por tanto, interpretados a contrario sensu los numerales 1º, fracción I y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo resulta improcedente en contra de aquellos entes que no les recaiga tales características. En esta tesitura, la definición del concepto de autoridad responsable ha quedado a cargo de los Tribunales Federales, especialmente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su carácter de Máximo intérprete de la Carta Magna, el cual ha sido ampliamente estudiado en diversos asuntos por ésta; en la actualidad, el Pleno de ese órgano colegiado sostiene que por autoridad responsable debe considerarse a las personas que con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. Por otro lado, de conformidad a los criterios establecidos por el Máximo Órgano de Control Constitucional en el País las características distintivas que debe tener una autoridad a fin de ser considerada como tal para los efectos del amparo, son las siguientes: - La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; - Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; - Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y - Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Como puede observarse, estas características no restringen el concepto de autoridad a aquellos organismos que forman parte de la administración pública en sus distintos niveles (federal, estatal o municipal), sino que se habla de cualquier ente público, en donde se incluyen organismos paraestatales, descentralizados, autónomos, cualquiera que sea su denominación. También puede verse que no siempre los entes que conforman directamente la administración pública serán autoridad para los efectos del amparo. En este orden de ideas, el concepto de autoridad se encuentra en estrecha vinculación con la naturaleza del acto reclamado, las atribuciones y características mismas de aquel a quien se le imputa la violación de garantías, por ello, será indispensable analizar las particularidades del caso concreto para verificar si se está en presencia de una acción u omisión que contenga las características que la propia ley establece y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha señalado en sus diversas interpretaciones a través de la jurisprudencia por ella emitida. Así, para los efectos del amparo, la autoridad ordenadora será el órgano del Estado investido de facultades de decisión que expide la ley o dicta una orden o mandato que se estima violatorio de garantías o del sistema de distribución de competencias entre la Federación y los Estados y sobre el cual está obligado a rendir un informe previo o justificado, dentro del plazo legal, en el que expresará si son o no ciertos los actos que se le imputan. Esto es, se trata de aquella autoridad del Estado que por razón de su jerarquía tiene la facultad para emitir un mandato o una orden que debe cumplirse por la autoridad subalterna y en contra de un gobernado; orden en contra de la cual se promueve el amparo por el agraviado. Por su parte, la autoridad ejecutora es la que ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado, es decir, aquella que lleva a cabo el mandato legal o la orden de la autoridad responsable ordenadora o decisoria, hasta sus últimas consecuencias; es la que tiene el carácter de autoridad subalterna que ejecuta o trata de ejecutar o ya ejecutó el acto reclamado dictado por la autoridad ordenadora, en virtud de que conforme a las facultades y obligaciones que la ley le confiere le corresponde el cumplimiento de la decisión emitida por su superior jerárquico, esto es, la actuación inmediata tendente a acatar la determinación respectiva conforme a las consideraciones y resolutivos que contenga. En esa línea de pensamiento, resulta conveniente citar la tesis aislada 2a. XXXVI/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena Época, tomo IX, marzo de 1999, página 307, que dice: AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. La teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado." (Lo subrayado es de este juzgado). Con base en lo anterior, para establecer con claridad cuándo un ente tiene el carácter de autoridad, habrá que atender a la existencia de una relación de supra a subordinación con un particular; que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que da a tal entidad una facultad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable; que con motivo de esa relación emita actos unilaterales, por los que cree, modifique o extinga situaciones jurídicas que afecten el ámbito legal del particular, y que para la emisión de tales actos no requiera acudir a los órganos jurisdiccionales, ni precise el consenso de la voluntad del afectado. Por ello, se colige con toda precisión que el ente de quien se reclamen actos presumiblemente violatorios de derechos Constitucionales, no debe tratarse de un particular, sino de un ente que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra a subordinación, regidas por el derecho público, y que afecten el ámbito jurídico del gobernado, lo que a juicio de quien esto resuelve, en el caso, NO ACONTECE. Efectivamente, resulta evidente e indudable que al haber sido señalado como acto reclamado lo que hace consistir en el incumplimiento del contrato de donación celebrado el ocho de noviembre de dos mil dieciséis, entre el aquí peticionario de amparo y un representante legal del Municipio de Comonfort, Guanajuato, sobre el bien inmueble identificado como resto del predio ubicado en la Comunidad de "Agua Blanca", Municipio de Comonfort, Guanajuato, en el cual se especificó que el inmueble en cita se destinaría exclusivamente como campo de futbol, son cuestiones que atañen a una relación de coordinación, y no a una relación de supra a subordinación, necesaria para determinar el carácter de autoridad responsable para los efectos del amparo; lo anterior, con base en los siguientes fundamentos y razonamientos: Al realizar tales actos, el Presidente Municipal de Comonfort, Guanajuato no actúa con carácter de autoridad, sino de particular en un plano de igualdad, pues existe un contrato de donación celebrado entre el promovente del amparo y el referido Presidente, los cuales se obligaron a su cumplimiento, lo que no implica la realización de actos de autoridad, debido a que no se advierte que esté desarrollando tareas propias del Estado actuando frente a los gobernados a través de actos unilaterales e imperativos, cuya constitucionalidad estaría obligada a defender con motivo de la sustanciación del juicio de amparo, sino como se dijo, como propietario de tal inmueble disponiendo del mismo. Por su puntual aplicación, se cita la Jurisprudencia 159/2009, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Octubre de 2009, Materia Administrativa, Página 125, del tenor literal siguiente: SERVIDUMBRE LEGAL DE PASO PARA LA INSTALACIÓN DE POSTES Y CABLEADO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. NO ES IMPUGNABLE MEDIANTE JUICIO DE AMPARO, PORQUE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD NO ES AUTORIDAD RESPONSABLE CUANDO REALIZA ESTE TIPO DE ACTOS. La servidumbre legal de paso, cuya finalidad es la instalación de postes y cables para la conducción de energía eléctrica, se constituye cuando se colocan los materiales necesarios y se entrega al propietario del predio gravado la indemnización correspondiente, sin que su establecimiento deba ordenarse previamente por autoridad jurisdiccional, pues ésta sólo se pronuncia en caso de discrepancia en cuanto a las medidas y ubicación del paso; cuando haya diversos predios que puedan dar acceso e impere desacuerdo sobre cuál debe proporcionarlo en función del menor perjuicio que deba causarse o cuando no hubiere existido una indemnización previa al dueño de la finca gravada, supuestos en los cuales el propietario del terreno puede ejercer la acción relativa para que, en términos de los artículos 1099 a 1102 del Código Civil Federal, dicha autoridad determine lo que en derecho proceda. Por consiguiente, la constitución de la servidumbre legal de paso por la instalación de las líneas y postes de conducción de energía eléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad no es impugnable mediante juicio de amparo, en virtud de que ésta no tiene el carácter de autoridad responsable, porque dicha constitución requiere de la voluntad del dueño de la finca sirviente, particularidad que indefectiblemente conduce a determinar que no se trata de un acto unilateral a través del cual se crea, modifica o extingue por sí o ante sí una situación jurídica que afecta la esfera legal de aquél, sin requerir para ello de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Por lo hasta ahora expuesto, como se ha anotado, si de lo que se duele la promovente del amparo, es del incumplimiento del contrato de donación celebrado el ocho de noviembre de dos mil dieciséis, entre el aquí peticionario de amparo y un representante legal del Municipio de Comonfort, Guanajuato, sobre el bien inmueble identificado como resto del predio ubicado en la ** Municipio de Comonfort, Guanajuato, aquello no constituye por tanto un acto de autoridad para la procedencia del Juicio de Amparo, puesto que, el Presidente Municipal de Comonfort, Guanajuato, está llevando a cabo el usufructo de un bien inmueble otorgado en donación, ejerciendo potestad de propietario, con base en la donación otorgada. Por lo tanto, resulta indudable que en el caso a estudio se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 1 y 5, fracción II, del mismo ordenamiento; aplicado a contrario sensu; al tratarse de una relación entre particulares que no puede ser considerado de acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, por lo que se desecha la demanda de amparo promovida por ***. Por otra parte, con fundamento en los artículos 12 y 27 fracción I, de la Ley de Amparo, téngase por autorizado en amplios términos al licenciado ***, toda vez que su Cédula Profesional se encuentra inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito que la autoriza a ejercer la profesión de Abogado y en términos restringidos de los citados numerales a ***, por así haberlo solicitado. En observancia al principio de la pronta y expedita impartición de justicia, a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de cualquiera de las diligencias que lleve a cabo el Actuario judicial adscrito a este Juzgado de la Federación, en las ocasiones que sean necesarias; esto último con fundamento el artículo 21 tercer párrafo, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece.
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