Pablo Presa Cruz
Expediente 996/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 9 actuaciones registradas, la última del 18 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 996/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 18/01/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Pablo Presa Cruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
ESTADO DE AUTOS. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos a virtud que de la certificación que antecede, se advierte que no fue recurrida dentro del término legal la determinación de veinticuatro de diciembre de dos mil dieciocho, en el cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, por cesación de efectos de los actos reclamados. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 81 inciso d), y 86, de la Ley de Amparo, así como el ordinal 356, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la ley de la materia, de conformidad con el numeral 2°, se declara que el referido sobreseimiento ha causado estado. Se precisa que el cómputo para interponer el recurso de revisión en cita, únicamente se realiza respecto de la parte quejosa y del agente del ministerio público de la federación adscrito, ya que es inadmisible la revisión intentada en contra de un fallo de sobreseimiento (como en la especie ocurre) por parte de las autoridades responsables, pues éste no les causa ningún perjuicio. En tales condiciones el dictado de sobreseimiento, si bien puede resultar perjudicial para el quejoso, no así a las responsables, porque no vincula su actuación en algún sentido, y menos aún prejuzga sobre la constitucionalidad del acto reclamado. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis de jurisprudencia XX J/74, consultable en la página 83, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Noviembre de 1994, Materia Común, Octava Época, Instancia de los Tribunales Colegiados de Circuito; del rubro siguiente: "AUTORIDAD RESPONSABLE. CARECE DE LEGITIMACION PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISION SI LA SENTENCIA PRONUNCIADA POR EL A QUO NO AFECTA DIRECTAMENTE AL ACTO QUE SE LE RECLAMÓ." ARCHIVO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio de amparo, como asunto totalmente concluido. EXPEDIENTE NO ES RELEVANTE. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos vigésimo y vigésimo primero, es de precisarse que este expediente no es de relevancia documental. DESTRUCCIÓN DEL EXPEDIENTE EN CINCO AÑOS. Por otra parte, toda vez que en el presente juicio se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia el mismo será susceptible de DESTRUCCIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II del acuerdo citado en el párrafo que antecede. ORIGINAL DEL CUADERNO INCIDENTAL ES DESTRUIBLE. En relación al cuaderno original del incidente de suspensión, será susceptible de DESTRUCCIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse archivado, toda vez que en el presente asunto aparece que le fue negada la suspensión provisional como la definitiva de los actos reclamados; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el manual para la organización de archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicados en diciembre 2012; por tanto, mientras acontece lo anterior, glósese el original del cuaderno incidental para mejor resguardo al presente expediente. DUPLICADO DEL INCIDENTE ES DESTRUIBLE EN SEIS MESES. Atento a lo que dispone el punto vigésimo, fracción III del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses. DOCUMENTALES A DISPOSICIÓN DE PARTE QUEJOSA. Finalmente, advirtiéndose de las constancias que integran el expediente en que se actúa que la parte quejosa, adjuntó diversas documentales al presente juicio. Por tanto, requiérasele para que en el término máximo de noventa días, según lo establece el dispositivo Décimo primero, párrafo tercero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, acuda ante este órgano jurisdiccional a que le sean devueltos los mismos, previa copia simple que de los mismos exhiba, para el cotejo correspondiente, conforme al numeral 136 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia. En la inteligencia que de no hacerlo en el término indicado, dichos documentos seguirán la suerte del presente expediente. Se hace del conocimiento de dicha parte, que en el momento en que comparezca ante este juzgado a recibir dichas documentales, deberá hacerlo de preferencia en día viernes de las nueve a las trece horas, debidamente identificada con credencial oficial con fotografía, asentándose la razón de recibo correspondiente.
- Principal
Al no ser atendido el aviso por parte del quejoso, por este conducto se le notifica: ESTADO DE AUTOS. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos a virtud que de la certificación que antecede, se advierte que no fue recurrida dentro del término legal la determinación de veinticuatro de diciembre de dos mil dieciocho, en el cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, por cesación de efectos de los actos reclamados. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 81 inciso d), y 86, de la Ley de Amparo, así como el ordinal 356, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la ley de la materia, de conformidad con el numeral 2°, se declara que el referido sobreseimiento ha causado estado. Se precisa que el cómputo para interponer el recurso de revisión en cita, únicamente se realiza respecto de la parte quejosa y del agente del ministerio público de la federación adscrito, ya que es inadmisible la revisión intentada en contra de un fallo de sobreseimiento (como en la especie ocurre) por parte de las autoridades responsables, pues éste no les causa ningún perjuicio. En tales condiciones el dictado de sobreseimiento, si bien puede resultar perjudicial para el quejoso, no así a las responsables, porque no vincula su actuación en algún sentido, y menos aún prejuzga sobre la constitucionalidad del acto reclamado. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis de jurisprudencia XX J/74, consultable en la página 83, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Noviembre de 1994, Materia Común, Octava Época, Instancia de los Tribunales Colegiados de Circuito; del rubro siguiente: "AUTORIDAD RESPONSABLE. CARECE DE LEGITIMACION PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISION SI LA SENTENCIA PRONUNCIADA POR EL A QUO NO AFECTA DIRECTAMENTE AL ACTO QUE SE LE RECLAMÓ." ARCHIVO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio de amparo, como asunto totalmente concluido. EXPEDIENTE NO ES RELEVANTE. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos vigésimo y vigésimo primero, es de precisarse que este expediente no es de relevancia documental. DESTRUCCIÓN DEL EXPEDIENTE EN CINCO AÑOS. Por otra parte, toda vez que en el presente juicio se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia el mismo será susceptible de DESTRUCCIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II del acuerdo citado en el párrafo que antecede. ORIGINAL DEL CUADERNO INCIDENTAL ES DESTRUIBLE. En relación al cuaderno original del incidente de suspensión, será susceptible de DESTRUCCIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse archivado, toda vez que en el presente asunto aparece que le fue negada la suspensión provisional como la definitiva de los actos reclamados; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el manual para la organización de archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicados en diciembre 2012; por tanto, mientras acontece lo anterior, glósese el original del cuaderno incidental para mejor resguardo al presente expediente. DUPLICADO DEL INCIDENTE ES DESTRUIBLE EN SEIS MESES. Atento a lo que dispone el punto vigésimo, fracción III del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses. DOCUMENTALES A DISPOSICIÓN DE PARTE QUEJOSA. Finalmente, advirtiéndose de las constancias que integran el expediente en que se actúa que la parte quejosa, adjuntó diversas documentales al presente juicio. Por tanto, requiérasele para que en el término máximo de noventa días, según lo establece el dispositivo Décimo primero, párrafo tercero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, acuda ante este órgano jurisdiccional a que le sean devueltos los mismos, previa copia simple que de los mismos exhiba, para el cotejo correspondiente, conforme al numeral 136 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia. En la inteligencia que de no hacerlo en el término indicado, dichos documentos seguirán la suerte del presente expediente. Se hace del conocimiento de dicha parte, que en el momento en que comparezca ante este juzgado a recibir dichas documentales, deberá hacerlo de preferencia en día viernes de las nueve a las trece horas, debidamente identificada con credencial oficial con fotografía, asentándose la razón de recibo correspondiente.
- Principal
Glósese únicamente para que obre como corresponda el oficio signado por el director de personal dependiente de la Oficialía Mayor de la Presidencia Municipal, con residencia en Celaya, Guanajuato, mediante el cual rinde el informe justificado que le fuera solicitado; toda vez que en fecha veinticuatro de diciembre actual, se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente expediente.
- Principal
Al no atender el aviso la parte quejosa, por este conducto se procede a notificar el proveído de veinticuatro de diciembre de esta anualidad, que en lo conducente dice: Visto el estado procesal que guarda el juicio de amparo en que se actúa, se advierte que mediante oficio y anexos remitidos por conocimiento previo por el secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad, el cual contiene proveído de veintiocho de noviembre del presente año, en el que se estimó que correspondía a este juzgado federal conocer de dicha demanda, oficio que fue recibido el veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, en la Oficialía de Partes de este juzgado federal, ***, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra actos del director de personal de la Presidencia Municipal de Celaya, Guanajuato, y otras autoridades, mismo que hizo consistir en: La resolución emitida dentro del oficio 037/OMPD/2018, en el que se da respuesta a la solicitud del derecho de jubilación, cuya petición fue realizada por el suscrito ante las ahora responsables, presente año. (sic) Resolución que atenta en contra de los derechos humanos y a la no discriminación por razón de género. Lo cual consideró violatorio de los artículos 1, 4, 8, 14, 16 y 17 de la Constitución Federal. Mediante proveído de treinta de noviembre de dos mil dieciocho, se admitió únicamente la demanda de amparo en contra del director de personal de la Presidencia Municipal de Celaya, Guanajuato, solicitándole su informe justificado, y se dio la intervención correspondiente al agente del ministerio público federal adscrito a este Órgano de Control Constitucional. Ahora, es un hecho notorio que en el propio quejoso ***, promovió diverso juicio de amparo en contra de la titular de la Oficialía Mayor del municipio de Celaya, Guanajuato, y otras autoridades, el cual se registró bajo el número de expediente 733/2018-V.1, de este juzgado federal, en el que se dictó sentencia el veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, en el sentido de conceder el amparo solicitado contra la omisión de dar respuesta a la solicitud presentada el seis de agosto de dos mil dieciocho, por la Oficial Mayor del Municipio de Celaya, Guanajuato, determinación que causó ejecutoria el veintiuno de noviembre de mismo año. Motivo por el cual mediante oficio 037/OMDP/2018, de fecha veintinueve de octubre de dos mil dieciocho -oficio que como se apuntó previamente, es el identificado como acto reclamado en el presente juicio de amparo-, la autoridad responsable Oficial Mayor del Municipio de Celaya, Guanajuato, pretendió dar cumplimiento a la mencionada ejecutoria. En el referido expediente 733/2018-V.1, mediante auto de cinco de diciembre de dos mil dieciocho, se asentó que la sentencia de amparo no estaba cumplida, ya que no se explicó al quejoso por qué no había cumplido los años necesarios de servicio ni mucho menos la edad requerida para obtener su pensión. Motivo por el cual se otorgó el plazo de tres días a la autoridad responsable para que diera respuesta congruente, completa y específica a la solicitud formulada por el quejoso. El once de diciembre de dos mil dieciocho, la autoridad responsable emitió nuevo oficio, mismo que fue registrado bajo el número 9661, el cual fue acordado el trece del mismo mes y año, y se notificó al quejoso por parte de este juzgado federal el diecinueve de diciembre del presente año; y de los cuales se agregan copias certificadas al presente expediente para que obren como correspondan; circunstancia que lleva a concluir que el oficio 037/OMDP/2018 de veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, materia del reclamo constitucional en el presente asunto, fue sustituido por el diverso dictado el once de diciembre de dos mil dieciocho, al ser el que rige la actual situación del quejoso en el expediente de amparo antes identificado. No obsta que la autoridad no la haya establecido expresamente, pues así debe entenderse al ser como se destacó previamente este segundo oficio el que define la solicitud formulada inicialmente por el hoy quejoso. Sentado lo anterior, se arriba a la conclusión de que en relación al acto que ahora se reclama consistente en la resolución emitida en el oficio 037/OMDP/2018, de fecha veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, se actualiza de manera indudable y manifiesta, la causal de improcedencia establecida en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, como enseguida se verá: El supuesto de improcedencia invocado dispone: ARTICULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. La causal de improcedencia prevista en el artículo y fracción mencionados, se actualiza cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto reclamado en la vía de amparo, pero además con su actuación destruye todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso particular, si el objetivo de la tramitación del presente juicio de amparo, fue para el efecto de analizar la constitucionalidad del oficio 037/OMDP/2018, de veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, emitido por el director de personal de la Presidencia Municipal de Celaya, Guanajuato, a través del cual se le dice a ***, que no es posible acceder a su petición, toda vez que, actualmente no se encuentra en los supuestos establecidos en los artículo 10 y 11 del Reglamento de Pensiones y Jubilaciones para los trabajadores del municipio de Celaya, Guanajuato, foja 13 de autos. Es claro que cesaron los efectos el citado oficio 037/OMDP/2018, toda vez que en el expediente 733/2018-V.1, se requirió a la responsable Oficial Mayor del municipio de Celaya, Guanajuato, el debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo, para el efecto de que emita una nueva resolución en la que dé respuesta congruente, completa y específica a la solicitud formulada por el quejoso. En el caso particular, si el objetivo de la tramitación del presente juicio de amparo, fue para el efecto de analizar la constitucionalidad del oficio 037/OMDP/2018, de veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, emitido por el director de personal de la Presidencia Municipal de Celaya, Guanajuato; es claro que, al no tener por cumplida la ejecutoria dictada en el referido juicio de amparo 733/2018-V.1, y requiriendo a la responsable su debido cumplimiento para el efecto de que emitiera nueva resolución en la que diera respuesta congruente, completa y específica a la solicitud formulada por el quejoso. Cesaron los efectos del acto reclamado, lo que provoca que jurídicamente no sea posible abordar el estudio del oficio citado en primer término. Resulta aplicable por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia 2a./J. 103/2007 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 285, tomo XXV, junio de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que señala: HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a./J.63/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XII, Agosto de 2000, página 309, del siguiente contenido: TERCERO INTERESADO EN EL PROCESO LABORAL. EL AUTO QUE DECLARA NO HABER LUGAR A LLAMAR A JUICIO A QUIEN LAS PARTES SEÑALAN CON TAL CARÁCTER SÓLO PUEDE RECLAMARSE POR ALGUNA DE ELLAS EN EL AMPARO DIRECTO QUE, EN SU CASO, PROMUEVAN CONTRA EL LAUDO. De la interpretación sistemática de lo dispuesto en los artículos 107, fracción III, de la Constitución Federal y 114, fracción IV, y 158 a 161 de la Ley de Amparo, se desprende que tratándose de actos dentro de juicio, como son las violaciones procesales, por regla general, son impugnables en el amparo directo que se promueva en contra de la sentencia definitiva o laudo y, por excepción, en el amparo indirecto cuando esas violaciones revistan una ejecución irreparable, esto es cuando afectan de manera directa e inmediata los derechos sustantivos del quejoso. La negativa de la Junta a llamar al presunto tercero interesado designado por alguna de las partes con apoyo en el artículo 690 de la Ley Federal del Trabajo, no constituye la afectación directa e inmediata a derechos sustantivos, ni tampoco tiene una ejecución tan grave o de efectos exorbitantes que objetivamente analizada amerite sujetarla al control constitucional inmediato sin esperar a que se dicte el laudo en contra del cual procede el amparo directo, toda vez que sólo puede implicar la infracción de derechos adjetivos, lo que únicamente produce efectos dentro del procedimiento, los cuales pueden ser reparados, sin afectación para las partes, como consecuencia del cumplimiento que, en su caso, la autoridad responsable tenga que dar a la sentencia de amparo directo, en la que, de ser necesario, procedería otorgar la protección constitucional para el efecto de que se deje insubsistente el laudo reclamado y se ordene la reposición del procedimiento para llamar a juicio a las personas mencionadas y resolver lo que en derecho proceda. Es aplicable la tesis 2a. XLIX/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VIII, abril de 1988, materia Común, visible a página 242, del siguiente tenor: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. También resulta aplicable la tesis de Jurisprudencia 2a./J.9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VIII, febrero de 1998, consultable en la página 210, del siguiente contenido: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. Igualmente, es aplicable la tesis del entonces Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 91-96 Sexta Parte, página 163, que reza: PETICIÓN, AMPARO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE. SOBRESEIMIENTO. Si lo que pretendió la quejosa era que la responsable le resolviera una petición respetando el artículo 8o. constitucional, y esta última lo hizo antes de fallar el juicio de amparo, entonces resulta correcta la sentencia que lo sobreseyó, por haber sobrevenido la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 73, fracción XVI, en relación con el 74, fracción III, de la Ley de Amparo, sin que importe que la petición se haya acordado meses después de formulada la demanda de garantías. Así mismo, es ilustrativa la tesis II.1o.C.T.217K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, visible en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, octubre de 1994, página 313, de rubro y texto siguiente: INEXISTENCIA Y CESACIÓN DE EFECTOS CUANDO LO RECLAMADO ES LA FALTA DE CONTESTACIÓN A UN ESCRITO. Cuando lo que se reclama es la falta de contestación a un escrito formulado por el gobernado, entonces la inexistencia del acto reclamado provendrá o de que no existe la solicitud, o bien, que antes de interponerse la demanda ya se haya dado la respuesta por escrito a dicha solicitud; en cambio, si a la fecha de presentación de la demanda no se ha dado contestación a la solicitud del gobernado pero tal respuesta se produce con posterioridad, entonces no es dable concluir con la inexistencia del acto reclamado, sino con la improcedencia del juicio porque han cesado los efectos del acto negativo reclamado, en términos del artículo 73 fracción XVI de la Ley de Amparo. Atento al contenido del artículo 17, segundo párrafo, primera parte, Constitucional, resulta innecesario esperar a que llegue la fecha que se encuentra señalada a las nueve horas con catorce minutos del veintiséis de diciembre de dos mil dieciocho, en el juicio en que se actúa para que tenga verificativo la audiencia constitucional y ahí mismo se resuelva sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. Ello en atención a que con independencia de que sea en este momento o cuando tenga verificativo la audiencia constitucional, el sentido de la determinación tomada no cambiaría, motivo por el cual procede el sobreseimiento apuntado, fuera de la audiencia constitucional. Es aplicable la Jurisprudencia número 10/2003, emitida al resolver la Contradicción de Tesis número 26/2002-PL, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, de fecha siete de febrero del dos mil tres, por unanimidad de votos, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del catorce de febrero del dos mil tres; cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En consecuencia, hágase la anterior circunstancia del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes, haciéndoles saber que por los motivos expuestos, no tendrá verificativo la audiencia constitucional que se encuentra fijada para las nueve horas con catorce minutos del veintiséis de diciembre de dos mil dieciocho. Por lo expuesto y fundado en los artículos 61 fracción XXI, 62 fracción V, 73, 74, 75 y 217, aplicables y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO.- SE SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por ***, de conformidad con las consideraciones expuestas en los párrafos precedentes.
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