Pablo Rauda Mendoza, cond. de Cristhian Castillo Zavala

Expediente 81/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
81/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
09/02/2018

Partes del expediente

  • Pablo Rauda Mendoza, cond. de Cristhian Castillo Zavala

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, nueve de febrero de dos mil dieciocho. Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se obtiene que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto el recurso de queja que establece el numeral 97, fracción I, inciso a), de la propia ley, en contra del auto de veintitrés de enero de dos mil dieciocho (fojas 139 a 146), por el cual se desechó de plano la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2, se declara que ha causado estado dicho auto; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, y con base en lo establecido por el numeral 214 de la ley en la materia, se ordena el archivo de este asunto como totalmente concluido, en virtud de que no existe actuación pendiente por realizar. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo. 3. Dése vista a la parte quejosa, para que acuda al local de este juzgado de distrito dentro del plazo de noventa días, a recoger los instrumentos notariales que exhibió con la demanda de amparo; lo anterior, de conformidad con los puntos Segundo, fracción XVIII, Capítulo I, y Décimo Primero, párrafo último, Capítulo Tercero, y Vigésimo, fracción III, Capitulo Quinto, apercibida que, en caso de no hacerlo, podrá ser destruido junto con el presente expediente, haciendo de su conocimiento que para tal efecto deberá acudir en día hábil preferentemente en el horario de diez a trece horas. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma el Juez José Antonio Lozano Batarse, titular del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistido del secretario que autoriza Arturo Gómez Castro, quien certifica que el presente acuerdo se encuentra debidamente incorporado al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LAS PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE NUEVE DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, QUE DICE: ...Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, nueve de febrero de dos mil dieciocho. Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se obtiene que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto el recurso de queja que establece el numeral 97, fracción I, inciso a), de la propia ley, en contra del auto de veintitrés de enero de dos mil dieciocho (fojas 139 a 146), por el cual se desechó de plano la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2, se declara que ha causado estado dicho auto; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, y con base en lo establecido por el numeral 214 de la ley en la materia, se ordena el archivo de este asunto como totalmente concluido, en virtud de que no existe actuación pendiente por realizar. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo. 3. Dése vista a la parte quejosa, para que acuda al local de este juzgado de distrito dentro del plazo de noventa días, a recoger los instrumentos notariales que exhibió con la demanda de amparo; lo anterior, de conformidad con los puntos Segundo, fracción XVIII, Capítulo I, y Décimo Primero, párrafo último, Capítulo Tercero, y Vigésimo, fracción III, Capitulo Quinto, apercibida que, en caso de no hacerlo, podrá ser destruido junto con el presente expediente, haciendo de su conocimiento que para tal efecto deberá acudir en día hábil preferentemente en el horario de diez a trece horas. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma el Juez José Antonio Lozano Batarse, titular del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistido del secretario que autoriza Arturo Gómez Castro, quien certifica que el presente acuerdo se encuentra debidamente incorporado al expediente electrónico. Doy fe.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO QUE DICE: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintitrés de enero de dos mil dieciocho. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Pablo Rauda Mendoza, a través de su apoderado legal Cristhian Castillo Zavala, personalidad que acredita con el instrumento notarial once mil ciento cuarenta y cuatro, volumen ciento setenta y seis, pasada ante la fe del Notario Público Número Cuarenta y Siete en el Estado, contra actos del Fiscal del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Alto Impacto, Titular de la Mesa de Trámite Número Tres, dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado, residente en esta ciudad. Los que hizo consistir en: "IV. ACTOS RECLAMADOS. De la autoridad ordenadora en citada se reclama: La resolución de fecha 8 de diciembre del 2017, en la que determina la negativa de devolución al quejoso, del bien inmueble de su propiedad, localizado en el Municipio de Marqués de Comillas, Chiapas, ubicado sobre la carretera Fronteriza Sur del Tramo Carretero Benemérito de las Américas-Comitán de Domínguez, Chiapas, a la altura del Ejido La Unión y el Crucero Chajul del Municipio de Marqués de Comillas, Chiapas, dictada en la Averiguación Previa 60/FECDO/2009-10.". ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 81/2018-VI. DESECHAMIENTO Ahora bien, de la demanda se advierte que el quejoso señala como acto reclamado la resolución de ocho de diciembre de dos mil diecisiete, dictada en la Averiguación Previa 60/FECDO/2009-10, del índice del Fiscal del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Alto Impacto, Titular de la Mesa de Trámite Número Tres, dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado, residente en esta ciudad, que niega la devolución del bien inmueble ubicado en el municipio de Marqués de Comillas, sobre la carretera fronteriza sur del tramo carretero de Benemérito de las Américas - Comitán de Domínguez, Chiapas, a la altura del ejido La Unión y el crucero Chajul del citado municipio. Por lo que, una vez que es analizada la demanda de amparo de que se trata, este juzgador advierte de oficio un motivo manifiesto e indudable de improcedencia en relación al acto reclamado en mención; lo anterior, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, por lo que procede a desechar de plano la demanda de amparo, toda vez que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el diverso 17, ambos de la Ley de Amparo, por los siguientes razonamientos de índole jurídico. En la especie, en torno al acto reclamado consistente en la resolución de ocho de diciembre de dos mil diecisiete, dictada en la Averiguación Previa 60/FECDO/2009-10, del índice del Fiscal del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Alto Impacto, Titular de la Mesa de Trámite Número Tres, dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado, residente en esta ciudad, como ya se dijo, se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el diverso 17, ambos de la Ley de Amparo. Los numerales en cita, respectivamente establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.". "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". (El énfasis es propio). De los anteriores preceptos legales, se infiere entre otras cosas, que el juicio de amparo resulta improcedente contra actos consentidos tácitamente; es decir, contra aquéllos que no se promueva el juicio de control constitucional dentro de la temporalidad que prevé la ley; que el término en general para su promoción es de quince días, los cuales jurídicamente transcurren a partir de que surta efectos la notificación del acto o resolución, conforme a la ley que lo rige; de que se haya tenido conocimiento de éstos; o bien, de que el gobernado se haya ostentado sabedor del o los mismos. También, el segundo de los preceptos invocados señala las diversas excepciones al término genérico de quince días, esto es, en los casos en que a partir de la vigencia de una ley ésta sea reclamable o el procedimiento de extradición, el lapso temporal para promover el juicio de amparo se amplía a treinta días; cuando se trate de sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, tendrá el término de hasta ocho años para hacer valer su acción de amparo; cuando los actos tengan relación con la privación de los derechos agrarios, el plazo será de siete años; o cuando los actos reclamados importen peligro de privación de la libertad, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación o expulsión, destierro, desaparición forzada o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, la demanda podrá presentarse en cualquier tiempo. Asimismo en términos del artículo 18 de la ley de la materia, para la presentación del juicio de amparo, el plazo, debe computarse: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso de la ley o el acto reclamado; b) Al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; y c) Al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Destaca que el legislador hizo especial énfasis en tres formas para computar el plazo de quince días dentro del cual ha de interponerse la demanda de amparo para tenerla por oportunamente presentada, todas ellas con características propias y excluyentes entre sí, pues de la primera debe apuntarse la existencia de una actuación procesal efectuada por la autoridad responsable en virtud de la cual, en fecha precisa, hace saber al agraviado el acto reclamado; como característica adicional, las notificaciones practicadas se estiman legales y, por ende, válidas para efectos del cómputo de los quince días para la promoción del juicio de amparo, mientras tanto el quejoso no combata su nulidad o ilegalidad. La segunda manera para computar el plazo de quince días, importa un acto de naturaleza variable por parte de la autoridad responsable -distinto a la notificación-, de una autoridad diversa, o incluso del propio quejoso, que conlleve a la certeza de que este último "tuvo conocimiento" en determinada fecha de los actos reclamados; pero tal conocimiento debe producir la convicción de que el peticionario de amparo conoció en forma directa, plena y completa el acto reclamado. Por su parte, en la hipótesis contenida en el artículo 18 de la Ley de Amparo, al establecer que el plazo de quince días para la promoción de la demanda de amparo se contará desde el día siguiente ".al en que se hubiera ostentado sabedor de los mismos", implica una expresión exclusiva del quejoso, a través de la cual se manifiesta que sabe del acto reclamado; conducta que puede estimarse entraña una confesión expresa por parte del afectado porque se supone que la fecha en que se ostenta sabedor del acto reclamado con respecto a la presentación de la demanda, le perjudica. Es aplicable el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se lee como sigue: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías será de quince días que se computará desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. Así pues, si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiestan "que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día", como esa confesión hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria; de ello se sigue que si el Juez de Distrito con base en dicha manifestación, realiza el cómputo del término de la presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal determinación es correcta, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del acto reclamado para efectuar el cómputo del término respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa respecto a la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado" . En apoyo a las consideraciones vertidas, se cita también la jurisprudencia J/32, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, de rubro y tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados" .(El énfasis es propio) Precisado lo anterior, cabe mencionar que de la consulta al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se advierte que existe diverso juicio de amparo radicado con el número 123/2017, de la estadística de este órgano de control constitucional, en el que figura como quejoso, Pablo Rauda Mendoza, a través de su apoderado legal Cristhian Castillo Zavala, y como autoridad responsable, el Fiscal del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con domicilio en esta ciudad. En dicho juicio, se señaló como acto reclamado La negativa de devolución del inmueble asegurado denominado "Hotel Paraíso del Rey" ubicado en el municipio de Marqués de Comillas, sobre la carretera fronteriza sur del tramo carretero de Benemérito de las Américas - Comitán de Domínguez, Chiapas, así como el diverso predio rustico que refería de su propiedad. En sentencia de veintisiete de abril de dos mil diecisiete, este órgano de control constitucional, por una parte, sobreseyó en el juicio y negó el amparo a la parte quejosa en dicho juicio (fojas 78 a la 96 del juicio de amparo 123/2017). Contra dicha determinación, el aquí quejoso, interpuso recurso de revisión, el cual, en sesión de quince de noviembre de dos mil diecisiete, en los autos del recurso de revisión 204/2017, (fojas 137 a la 195 del juicio de amparo 123/2017), fue resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad, revocándose la sentencia recurrida; y, en su lugar, se otorgó el amparo y protección de la Justifica Federal al quejoso Pablo Rauda Mendoza, para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: ".Por tanto en acatamiento a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la responsable: I) Deje jurídicamente insubsistente la resolución reclamada de veinte de enero de dos mil diecisiete; y II) En su lugar, dicte una nueva resolución, en la que atendiendo a las consideraciones que informa la presente ejecutoria, motive por qué en su consideración resulta aplicables los artículos 229, 231, 232 y 233 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que citó como fundamento y con plenitud de jurisdicción resuelva lo que conforme a derecho proceda, con la única limitante de no incurrir nuevamente en la falta de motivación anotada. En el entendido de que al emitir la nueva resolución, el fiscal responsable deberá tener en cuenta que la declaración que rindió ante el fiscal investigador José Sánchez Guzmán, en la que señaló al quejoso de formar o haber formado parte de una organización criminal que operaba en la región de Marqués de Comillas, Chiapas; se trata del dicho de un testigo singular o único, quien además se retractó en dos ocasiones de su declaración primigenia en la que incriminó al quejoso, alegando haber sido objeto de tortura por parte de los policías aprehensores, según se observa de los escritos presentados ante el fiscal responsable el tres y siete de noviembre de dos mil nueve. Dado que la presente ejecutoria se analizó la existencia de un vicio en forma, es viable omitir el análisis de los agravios planteados que refieren al fondo del asunto (.)". En consecuencia, el Fiscal del Ministerio Público Titular de la Mesa de Trámite Número Tres adscrito a la Fiscalía de Alto Impacto, residente en esta ciudad, en cumplimiento a dicha ejecutoria, dictó la resolución de ocho de diciembre de dos mil diecisiete, (fojas 209 a la 216 del juicio de amparo 123/2017), -resolución que constituye aquí el acto reclamado-, en el que decretó el aseguramiento provisional y precautorio del inmueble denominado "Hotel Paraíso del Rey", ubicado en el municipio de Marqués de Comillas, Chiapas. Determinación que se tuvo por recibida en proveído de doce de diciembre de dos mil diecisiete, y en el mismo se ordenó notificar personalmente a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés conviniera (foja 219 del juicio de amparo 123/2017). Ahora, por escrito presentado el dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, el aquí quejoso, por conducto de su apoderado legal, desahogó la vista que se le dio el citado proveído (fojas 224 a la 227 del juicio de amparo 123/2017). Lo anterior, constituye un hecho notorio para este juzgador, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia VI.1o.P. J/25 , sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, de rubro y texto: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O LOS JUECES DE DISTRITO. Por hechos notorios para un tribunal, deben entenderse aquellos que conozcan por razón de su actividad jurisdiccional. En ese sentido, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, los Magistrados de Tribunal de Circuito y los Jueces de Distrito pueden válidamente invocar de oficio, como un hecho notorio, las ejecutorias que se hayan emitido anteriormente, a fin de poder resolver un asunto en específico, sin que se haya ofrecido ni alegado por las partes, ya que esa es una facultad que la propia ley les confiere y que desde luego es de su conocimiento". De lo anterior se colige, que el quejoso tuvo conocimiento de la resolución de ocho de diciembre de dos mil diecisiete, dictada en la averiguación previa 060/FECDO/2009, desde el dieciocho de ese mes, fecha, se reitera, en que contestó la vista que se le dio en proveído de dice de diciembre de dos mil diecisiete, emitido en los autos del juicio de amparo 123/2017, del índice de este juzgado; por lo que, el término de quince días, comenzó a correr a partir del día siguiente hábil, es decir, el diecinueve de diciembre del año pasado y feneció el diez de enero de dos mil dieciocho, sin contar los días veintitrés, veinticuatro, veinticinco, treinta y treinta y uno de la anualidad pasada y uno, seis y siete del mes en curso, por haber sido inhábiles en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso la jurisprudencia 30/2007 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXV, Mayo de 2007, página 28, registro 172550, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA PROMOVERLA EN LAS DISTINTAS HIPÓTESIS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO DEL CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. El citado artículo dispone que el término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días, el cual se computará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo reclamado; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Así, el indicado artículo hace tres distinciones para el cómputo aludido, y los supuestos que menciona son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación; por tanto, es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de garantías fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. Sin embargo, no debe soslayarse la idoneidad de cada supuesto y la posición del quejoso respecto del acto reclamado, toda vez que para que éste se haga sabedor de dicho acto puede actualizarse la notificación, el conocimiento o la confesión, que al ser medios distintos que sirven de punto de partida para el cómputo respectivo, obviamente deben ser idóneos para cada caso determinado, porque no es lo mismo la notificación de un acto que tener conocimiento de él, en virtud de que aquélla es una actuación procesal que requiere formalidades y produce el conocimiento del acto, mientras que tal conocimiento no siempre proviene de una notificación. Esto es, tratándose de la notificación, la Ley se refiere a los procedimientos en que existe ese medio legal de dar a conocer determinada resolución, así como a las personas que siendo partes en tales procedimientos pueden ser notificadas; en cambio, el conocimiento de la resolución se refiere a los diversos procedimientos en donde no se establece la notificación, así como a las personas que no hayan sido partes en un procedimiento contencioso, porque aun cuando lo previera la Ley, por la sola circunstancia de no haber sido partes, no podrían ser notificadas. En cambio, cuando en una misma fecha se notifique el acto reclamado por Boletín Judicial y se obtengan las copias que lo contienen, el término para el cómputo de la presentación de la demanda de garantías debe iniciarse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación, conforme a la ley del acto". En ese sentido, si el escrito de demanda se presentó hasta el diecinueve de enero de dos mil dieciocho, pese a que el término respectivo feneció el diez de enero de dos mil dieciocho, por ende, es claro que transcurrió en exceso el término de quince días hábiles que prevé la ley, dado que tal presentación tuvo lugar aproximadamente siete días después del vencimiento del aludido plazo, conforme al cómputo ya mencionado. Lo anterior es así, pues no es inadvertido que el quejoso afirma que se enteró del acto reclamado cuando se tuvo por cumplido el fallo protector, en los autos del juicio de amparo 123/2017, del índice de este juzgado, toda vez que su manifestación se encuentra desvirtuada, con el escrito presentado el dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, en el que contestó la vista con la que se le dio a conocer el contenido de la resolución aquí reclamada. Es aplicable a lo expuesto, la jurisprudencia 40/2015, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, libro 25, tomo I, diciembre de 2015, página 5, registro 2010666, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTARLA, CUANDO EL ACTO RECLAMADO SE EMITE EN CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA QUE CONCEDIÓ LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación de los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo se sigue que el plazo para presentar la demanda cuando el acto reclamado se emite en cumplimiento de una sentencia que concedió la protección constitucional, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación al quejoso del nuevo acto o resolución que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto emitido en cumplimiento o de su ejecución, y no así hasta el momento en que se le notifique, tenga conocimiento o se haga sabedor del acuerdo que declare cumplida la ejecutoria de amparo, ya que ese supuesto no está previsto en las disposiciones legales apuntadas y, por tanto, no constituye una salvedad a la regla general para el cómputo del plazo establecido en la ley para presentar la demanda respectiva". Así como la jurisprudencia 31/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XV, mayo de 2002, página 104, registro 186961, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. EL TÉRMINO PARA SU PROMOCIÓN CONTRA UN LAUDO EMITIDO EN CUMPLIMIENTO A UNA SENTENCIA DE AMPARO ANTERIOR, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO HAYA TENIDO CONOCIMIENTO DE AQUÉL. El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que el término para la interposición del juicio de garantías es de quince días contados a partir del día siguiente: 1) al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; 2) al en que el quejoso haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución; o 3) al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. Ahora bien, de una recta interpretación del precepto citado, se desprende que los supuestos antes precisados son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno y, por tanto, es claro que la intención del legislador fue la de establecer que el término para la promoción del juicio de amparo se compute a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de aquéllos. En congruencia con lo anterior, cuando se impugna un laudo emitido en cumplimiento a una sentencia de amparo, resulta incuestionable que el cómputo del plazo para la interposición de la demanda de garantías deberá iniciarse a partir del día siguiente al en que el tribunal de amparo notifique personalmente al quejoso el auto por virtud del cual le dio vista con ese laudo para que manifestara lo que a su interés legal conviniera respecto de dicho cumplimiento, cuando no exista constancia de notificación anterior del laudo impugnado por parte de la autoridad responsable, o bien, cuando ésta se haya practicado con posteridad por la Junta responsable dentro del juicio laboral de origen. No es óbice a lo antes expuesto, la circunstancia de que la vista otorgada al quejoso con el laudo emitido en cumplimiento a una sentencia de amparo, tenga por objeto que éste manifieste su conformidad o inconformidad con ese cumplimiento, pues ello en nada desvirtúa el hecho de que a partir de ese momento tiene conocimiento de su existencia y, por ende, puede impugnarlo a través de un nuevo juicio de garantías, sin que ello implique que se le esté imponiendo una doble carga procesal ni que se le deje en estado de indefensión, pues tiene oportunidad de preparar, con la acuciosidad debida, el desahogo de la vista y la nueva demanda de garantías". En consecuencia de lo anterior, al advertirse en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia previstas en la fracción XIV del artículo 61, esta última en relación con el artículo 107 fracción V, ambos de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sustentado por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, contenido en la página 1631, tomo XX, septiembre de 2004, Novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita". Asimismo, es aplicable el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Segundo Circuito, publicado en la página 618, tomo V, mayo de 1997, del Semanario Judicial de la Federación, Novena época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO POR CAUSA NOTORIA Y MANIFIESTA DE IMPROCEDENCIA. ÉSTA DEBE ESTAR PLENAMENTE PROBADA. Para desechar una demanda de amparo por causa notoria y manifiesta de improcedencia se requiere que la causal sea indudable, esto es, que esté plenamente demostrada, pues en caso contrario, es indispensable admitir la demanda a trámite, para que en el curso del procedimiento se dilucide si efectivamente se actualiza o no la causal, pues no debe olvidarse que las causales de improcedencia deben estar debidamente acreditadas por ser denegatorias de justicia, y si al acordar sobre la admisión de la demanda tal causal no está fehacientemente probada, y pese a ello se desecha aquélla, se estaría privando al afectado de su derecho a instar el juicio constitucional sin posibilidad de prueba al respecto". Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que al efecto indica en esta ciudad; asimismo, téngase como autorizado en términos restringidos a que hace referencia el artículo 12 de la Ley de Amparo, a la persona que señala, por así haberlo solicitado. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Con fundamento en los artículos 1, 6, 8, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, referente a los criterios de clasificación y conservación de la información reservada o confidencial para garantizar el respeto a la privacidad; hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en la sentencia respectiva, en el entendido que de no realizar manifestación alguna serán omitidos y solamente en caso de consentimiento expreso serán publicados. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Agréguense copias certificadas de las actuaciones conducentes relativas al juicio de amparo 123/2017, del índice de este juzgado. Finalmente, procédase al resguardo de los instrumentos notariales que exhibe el promovente en un sobre cerrado el cual se ordena glosar a los autos. Notifíquese personalmente al promovente.

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