Pablo Rauda Mendoza
Expediente 123/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 23 actuaciones registradas, la última del 28 de diciembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 123/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 28/12/2017
Partes del expediente
- Pablo Rauda Mendoza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete. Visto el estado de autos se advierte que en proveído de veinte de diciembre del año en curso, se declaró cumplida la ejecutoria de amparo dictada en este asunto y se ordenó el archivo definitivo del mismo; en tales condiciones, devuélvase al Fiscal del Ministerio Público Titular de la Mesa de Trámite Número Tres adscrito a la Fiscalía de Alto Impacto, residente en esta ciudad, las constancias consistentes en copias certificadas de la averiguación previa ************* (tres tomos), tomando en consideración que éstas ya no son necesarias, en virtud de que este juicio se encuentra concluido. Notifíquese.
- Incidental
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veinte de diciembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que en esta propia fecha dentro del juicio de amparo del cual deriva este incidente de suspensión, se ordenó el archivo como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio que se sobreseyó y negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. 3. Destruir el cuaderno original del incidente de suspensión, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción III del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse negado la suspensión definitiva respecto de los actos reclamados. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Juez José Antonio Lozano Batarse, titular del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistido de la secretaria que autoriza Elda Karen Carral Chávez, quien certifica que este acuerdo se encuentra debidamente incorporado al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
SE NOTIFICXA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE VEINTE DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, QUE DICE: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas veinte de diciembre de dos mil diecisiete. Visto el estado de autos, este órgano jurisdiccional, de oficio, se pronuncia sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria, tomando en consideración en su caso, las constancias que obran en autos. Previo al análisis del cumplimiento dado por la autoridad responsable, es necesario establecer que los efectos y alcances de la ejecutoria de amparo en comento fueron los siguientes: ".Por tanto en acatamiento a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la responsable: I) Deje jurídicamente insubsistente la resolución reclamada de veinte de enero de dos mil diecisiete; y II) En su lugar, dicte una nueva resolución, en la que atendiendo a las consideraciones que informa la presente ejecutoria, motive por qué en su consideración resulta aplicables los artículos 229, 231, 232 y 233 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que citó como fundamento y con plenitud de jurisdicción resuelva lo que conforme a derecho proceda, con la única limitante de no incurrir nuevamente en la falta de motivación anotada. En el entendido de que al emitir la nueva resolución, el fiscal responsable deberá tener en cuenta que la declaración que rindió ante el fiscal investigador ********, en la que señaló al quejoso de formar o haber formado parte de una organización criminal que operaba en la región de Marqués de Comillas, Chiapas; se trata del dicho de un testigo singular o único, quien además se retractó en dos ocasiones de su declaración primigenia en la que incriminó al quejoso, alegando haber sido objeto de tortura por parte de los policías aprehensores, según se observa de los escritos presentados ante el fiscal responsable el tres y siete de noviembre de dos mil nueve. Dado que la presente ejecutoria se analizó la existencia de un vicio en forma, es viable omitir el análisis de los agravios planteados que refieren al fondo del asunto (.)". Por tanto, mediante proveído de cinco de diciembre de dos mil diecisiete se tuvo por recibida la ejecutoria de amparo dictada el quince de noviembre del año en curso, en autos del recurso de revisión 204/2017 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, residente en esta ciudad, en la que dicho Tribunal revocó la sentencia emitida en este asunto el veintisiete de abril del actual, en la que por una parte se sobreseyó y por otra se negó el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso **********, seguida la secuela procesal, por auto de doce de diciembre del año que transcurre se dio vista a la parte quejosa, con el oficio de la autoridad responsable mediante al cual remitió copias certificadas de los acuerdos de seis y ocho del mes y año en curso, en los que determinó lo siguiente: 1. Dejó insubsistente la resolución reclamada de veinte de enero de dos mil diecisiete. 2. En ocho de diciembre de dos mil diecisiete con plenitud de jurisdicción dictó nueva resolución, en la que ateniendo a las consideraciones informadas en la ejecutoria de amparo, determinó desaplicar los artículos 229, 231, 232 y 233 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que citó como fundamento; otorgó valor probatorio a la primera declaración emitida en la indagatoria de origen por el testigo ********, fundamentando y motivando tal circunstancia y como consecuencia decretó continuar con el aseguramiento provisional y precautorio del bien inmueble denominado ******* con una superficie *********, ubicado en el municipio de ***********. Lo anterior, en atención a los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo dictada por el tribunal de alzada en comento. Por su parte, el normativo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 196. Cuando el órgano judicial de amparo reciba informe de la autoridad responsable de que ya cumplió la ejecutoria, dará vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado, para que dentro del plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga. En los casos de amparo directo la vista será de diez días donde la parte afectada podrá alegar el defecto o exceso en el cumplimiento. Dentro del mismo plazo computado a partir del siguiente al en que haya tenido conocimiento de su afectación por el cumplimiento, podrá comparecer la persona extraña a juicio para defender su interés. Transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla". De lo anterior se desprende que a fin de determinar si en este caso la autoridad responsable cumplió con la ejecutoria de amparo, debe analizarse en su integridad las constancias que constituyen la materia del cumplimiento, a efecto de verificar que las obligaciones básicas hayan sido correctamente cumplidas pues incluso, es factible en el nuevo esquema de cumplimiento que el órgano que conoció del juicio de amparo, se pronuncie sobre un posible cumplimiento defectuoso o excesivo. Precisado lo anterior, este juzgado estima que en el caso se cumplió con la ejecutoria de amparo, porque del contenido de las constancias remitidas por el Fiscal responsable, se advierte que dejó insubsistente la resolución reclamada de veinte de enero de dos mil diecisiete y el ocho de diciembre de dos mil diecisiete, dictó nueva resolución, en la que desaplico los artículos 229, 231, 232, y 233 del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgó valor probatorio a la primera declaración emitida en la indagatoria de origen por el testigo *********, fundamentando y motivando tal circunstancia y como consecuencia decretó continuar con el aseguramiento provisional y precautorio del bien inmueble denominado ***** con una superficie *****, ubicado en el municipio de ******. Ahora bien, se tiene por recibido el ocurso signado por ******** apoderado legal de la parte quejosa, mediante el cual realiza diversas manifestaciones en relación al cumplimiento de la autoridad responsable; en tales condiciones, en cuanto a los referidos argumentos, si bien no existe en la Ley de Amparo disposición alguna que vincule al juzgador a hacer el estudio de las alegaciones; ello, porque se tiene el deber de estudiar de manera oficiosa si las autoridades responsables acataron el fallo protector, conforme lo dispone en el artículo 196 de la propia ley. En consecuencia, al estar obligado este tribunal a tomar en consideración lo alegado por la parte quejosa; y, a pronunciarse al respecto, y a fin de no causar un agravio al peticionario de amparo, ni la vista se haga nugatoria. Tiene aplicación la tesis aislada CIV/2004, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 366, en el tomo XX, octubre de 2004, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, Materia Común, que en su rubro y texto dice: "INCONFORMIDAD. CAUSA AGRAVIO AL QUEJOSO SI LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE, AL RESOLVER SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA, NO TOMA EN CUENTA LO ALEGADO POR AQUÉL AL DESAHOGAR LA VISTA; OMISIÓN QUE DEBE REPARARSE OFICIOSAMENTE POR LA AUTORIDAD QUE RESUELVA ESE MEDIO DE DEFENSA. Si bien es cierto que no existe en la Ley de Amparo disposición alguna que vincule al Juez de Distrito o al Tribunal Colegiado de Circuito a estudiar lo alegado por la parte quejosa al desahogar la vista que se otorga respecto de las constancias que exhibe la autoridad responsable con el objeto de que se tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, también lo es que si antes de dictar resolución acerca de su cumplimiento o incumplimiento, el a quo debe dar vista al quejoso con las documentales exhibidas por la responsable para que exprese su anuencia o haga las observaciones que estime pertinentes; por ende, resulta evidente que en la resolución que recaiga a la vista, el juzgador está obligado a tomar en consideración lo alegado por la parte quejosa y a pronunciarse al respecto, pues de lo contrario se le causaría un agravio a ésta y la vista se convertiría en una formalidad inútil. Además, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece que no podrá archivarse ningún juicio de amparo, sin que quede enteramente cumplida la sentencia en que se haya concedido la protección federal, y en virtud de que dicho cumplimiento es una cuestión de orden público, la referida omisión deberá repararse oficiosamente por la autoridad que conozca de la inconformidad hecha valer". En los argumentos que expone el quejoso esencialmente expresa que la resolución de ocho de diciembre se encuentra sin fundamento ni sustento legal, ya que la declaración del testigo ******* en la indagatoria de origen, al ser un ateste singular o único, no tiene el carácter de definitivo, sino se encuentra asociado con otros medios convicción sino solamente es una presunción y en el caso de la retractación de la declaración es por haber sido presionado por los policías aprehensores. Al respecto, contrario a lo alegado por el quejoso, se advierte que la autoridad responsable al emitirla resolución correspondiente, fundamento y motivó, porque decretó continuar con el aseguramiento provisional y precautorio del bien inmueble denominado "****** con una superficie****, ubicado en el municipio de *******, toda vez que desaplicó los artículos 229, 231, 232, y 233 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que anteriormente había citado como fundamentos, y otorgó valor probatorio a la primera declaración emitida en la indagatoria de origen por el testigo **********, fundamentando y motivando tal circunstancia lo que resolvió con plena libertad de jurisdicción atendiendoa lo establecido en la ejecutoria de amparo. Es así, pues de la citada resolución emitida por Fiscal del Ministerio Público Titular de la Mesa de Trámite Número Tres adscrito a la Fiscalía de Alto Impacto, residente en esta ciudad, fue emitida de manera congruente, fundada y motivada. Por lo que, en las relatadas circunstancias y una vez analizada la ejecutoria de referencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, SE TIENE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DICTADA EN ESTE ASUNTO. Sin que este juzgado advierta que la autoridad señalada como responsable haya incurrido en exceso o defecto en el cumplimiento, debido a que, como ya se precisó, cumplió con la obligación a que se le constriñó sin ir más allá de lo estrictamente requerido en el fallo protector, o haberla omitido. VISTA A LAS PARTES Se da vista a las partes para los efectos del citado 202 de la ley de la materia. ANOTACIONES Por tales motivos, y con apoyo en lo dispuesto por los artículos 196 párrafo cuarto y 214, ambos de la ley en la materia, se ordena el archivo de este asunto como totalmente concluido, al haberse declarado cumplida la ejecutoria, por lo que no existe actuación pendiente por realizar. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio que se sobreseyó y negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. 3. Destruir el cuaderno original del incidente de suspensión, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción III del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse negado la suspensión definitiva respecto de los actos reclamados. 4. Finalmente, de conformidad con los puntos Segundo, fracción XVIII, Capítulo I y Décimo Primero, párrafo último, Capítulo Tercero, de dicho acuerdo, requiérase a la parte quejosa, a fin de que acuda al local de este juzgado de Distrito dentro de un plazo de noventa días, a recoger los documentos exhibidos que obran agregados en autos apercibida que en caso de no hacerlo, podrán ser destruidos junto con las constancias judiciales. Notifíquese personalmente la parte quejosa y agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado; y por oficio a la autoridad responsable.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, doce de diciembre de dos mil diecisiete. Agréguese la comunicación oficial remitida por la autoridad responsable Fiscal del Ministerio Público Titular de la Mesa de Trámite Número Tres adscrito a la Fiscalía de Alto Impacto, residente en esta ciudad y anexos; en atención a su contenido, se acuerda: Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa, con el oficio y anexos citados en el párrafo que anteceden por el plazo de tres días a efecto de que manifieste lo que a su interés convenga; apercibida que de no hacerlo, considerando los elementos que obren en el expediente, así como los datos aportados por la autoridad en comento se resolverá respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo dictada en este asunto. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma el Juez José Antonio Lozano Batarse, titular del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistido de la secretaria que autoriza Elda Karen Carral Chávez, quien certifica que la promoción que generó este acuerdo y el proveído mismo se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.
Quedan 19 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez · 10,116 expedientes
- Pablo Misael de la Cruz651/2017
- Pablo Misael de la Cruz1011/2018
- Pablo Murillo Calderón1584/2019
- Pablo Oscar Marín Camposeco2328/2016
- Pablo Pérez Arias1216/2021
- Pablo Pérez García437/2022
- Pablo Rauda Mendoza, cond. de Cristhian Castillo Zavala81/2018
- Pablo Rauda Mendoza, conducto Cristhian Csatillo Zavala32/2016
- Pablo Toledo Ruiz y Otros.844/2021
- Pablo Valencia Sánchez2388/2016
- Pablo Zenteno Jiménez1498/2016
- Paco Alejandro Rincón Sánchez1180/2017